Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 13 de enero de 2026.—
El diputado local Ulises Gómez de la Rosa, integrante del grupo parlamentario de Morena, salió al paso de las críticas emitidas por la secretaria del Trabajo del estado, Liliana San Martín Castillo, quien calificó como una “ocurrencia” la iniciativa legislativa que propone una reestructura de la política laboral en Querétaro. El legislador rechazó dicha descalificación y aseguró que la propuesta cuenta con pleno sustento constitucional y legal.
Gómez de la Rosa subrayó que su responsabilidad como legislador es analizar el marco jurídico vigente y presentar iniciativas que mejoren la eficiencia del aparato público, optimicen el uso de recursos y armonicen la legislación estatal con las reformas federales ya aprobadas.
En ese sentido, recordó que la reforma constitucional en materia laboral de 2017 y las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo de 2019 transformaron de fondo el sistema de justicia laboral en México, al desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y trasladar la resolución de conflictos laborales a tribunales del Poder Judicial, con una etapa conciliatoria obligatoria previa.
Derivado de ese nuevo modelo, explicó, en Querétaro se creó el Centro de Conciliación Laboral del Estado, organismo que hoy concentra funciones clave como la conciliación, el registro de sindicatos y contratos colectivos, lo que dejó sin competencia directa a la Secretaría del Trabajo en los asuntos laborales individuales y colectivos.
“El planteamiento no es una ocurrencia. Es el resultado de una revisión exhaustiva de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, a la luz de la reforma constitucional vigente”, afirmó.
La iniciativa propone reorganizar las funciones laborales y trasladarlas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante la creación de una Dirección de Promoción al Empleo y Capacitación Laboral, con el objetivo de evitar duplicidades, fortalecer la eficiencia administrativa y generar ahorros en el gasto público, particularmente en servicios personales.
El diputado advirtió que mantener una dependencia sin facultades constitucionales en materia laboral implica sostener un “elefante blanco” con costos injustificados, recursos que —dijo— podrían destinarse a áreas prioritarias para la ciudadanía.
Finalmente, Gómez de la Rosa hizo un llamado a que el análisis de la iniciativa se realice con argumentos técnicos y jurídicos, no con descalificaciones políticas, y reiteró que se trata de un proceso de homologación legal que el propio estado reconoce desde legislaturas anteriores.
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