Por Román André Martínez Bravo

Todo gobierno mexicano hereda un mismo lenguaje diplomático: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Son principios que datan de la Doctrina Estrada de 1930 y que quedaron inscritos en el artículo 89 constitucional.

Pero un lenguaje compartido no garantiza una misma práctica. Lo interesante de observar en la administración de Claudia Sheinbaum no es que repita esas fórmulas —todos los presidentes lo hacen—, sino cómo las está poniendo a prueba frente a una región cada vez más fracturada y frente a un vecino, Estados Unidos, que exige alineamiento antes que principios.

Una herencia con nombre propio

La presidenta ha insistido, en distintos foros internacionales, en que la política exterior mexicana representa una suerte de vanguardia moral: un país que defiende la soberanía de las naciones y rechaza el uso de la fuerza como método para resolver conflictos, en contraste con lo que describe como un mundo cada vez más militarizado.

Ha llegado a proponer, en cumbres de líderes progresistas, que el gasto militar global se redirija hacia la reforestación y el empleo en países pobres. Es un discurso que conecta explícitamente con el legado de Andrés Manuel López Obrador y con el concepto de “economía del bienestar” que él mismo promovió.

El problema de toda doctrina basada en principios universales es que, tarde o temprano, choca con casos concretos que exigen decisiones políticas, no solo declaraciones. Ahí es donde vale la pena mirar de cerca.

Los casos que ponen a prueba la doctrina

Tres episodios recientes ilustran la tensión entre principio y pragmatismo.

El primero es Ecuador. México rompió relaciones diplomáticas con ese país después de que autoridades ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un episodio que Sheinbaum ha calificado como un agravio directo a la soberanía nacional.

Aquí la doctrina no es ambigua: la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es uno de los pilares más antiguos del derecho internacional, y México aplicó el principio sin matices.

El segundo es Perú, con un matiz distinto. México restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Dina Boluarte esta misma semana, después de una ruptura previa motivada por el asilo que México otorgó a la expresidenta Betssy Chávez, condenada tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Sheinbaum ha explicado que la reconciliación se dio cuando quien ahora encabeza el gobierno peruano —Keiko Fujimori— tomó la iniciativa de llamar personalmente para resolver el diferendo, y que un salvoconducto para Chávez estaría disponible en cuanto ella pueda salir del país.

La presidenta ha subrayado que México debe sostener relaciones diplomáticas con el mundo más allá de la orientación política de los gobiernos. Esa frase, en realidad, describe bastante bien el pragmatismo detrás de la doctrina: los principios se sostienen, pero las relaciones se negocian caso por caso.

El tercero es la relación con Cuba y Venezuela, hacia donde México continúa enviando ayuda humanitaria pese a las presiones de Washington para aislar a ambos gobiernos.

Aquí la autodeterminación de los pueblos se invoca de forma más ideológica que jurídica, y es el punto donde más críticas recibe la doctrina desde sectores que la acusan de aplicarse de forma selectiva: firme frente a Ecuador, flexible frente a Perú y condescendiente frente a La Habana y Caracas.

El verdadero examen: diversificar sin romper con Washington

La aplicación más estratégica de la doctrina, sin embargo, no está en los principios declarativos, sino en una decisión estructural: diversificar alianzas mientras se gestiona la dependencia comercial con Estados Unidos.

La Cancillería mexicana ha impulsado en meses recientes una comisión binacional con Brasil que busca ampliar la cooperación energética y tecnológica, incluida una posible alianza entre Pemex y Petrobras, además del acompañamiento diplomático que Brasil ofrece a México en Perú.

En un entorno donde casi el 83% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, construir relaciones alternativas en América Latina ya no es un gesto retórico de solidaridad regional: es una cobertura de riesgo.

Y es aquí donde la doctrina enfrenta su límite más evidente. Toda la arquitectura discursiva de no intervención y soberanía convive, en la práctica diaria del gobierno, con una negociación mucho más dura y silenciosa: la revisión del T-MEC.

Washington presiona por cambiar reglas de origen, ha impuesto aranceles bajo distintas figuras legales y empuja el concepto de “seguridad económica”: un término que ni siquiera existía cuando se firmó el tratado original. México ha optado por no confrontar abiertamente estas exigencias con el mismo lenguaje de soberanía que utiliza frente a Ecuador o Venezuela.

Frente a Washington, la doctrina se vuelve notablemente más cautelosa.

La doctrina como equilibrio, no como dogma

Leída en conjunto, la política exterior de Sheinbaum no funciona como un catálogo rígido de principios aplicados por igual en cualquier circunstancia. Funciona, más bien, como un equilibrio calculado: firmeza retórica y jurídica donde el costo político es bajo —Ecuador y foros multilaterales—; flexibilidad pragmática donde conviene reconstruir puentes —Perú—; acompañamiento ideológico donde hay afinidad histórica —Cuba y Venezuela—; y cautela estratégica donde el interés económico es demasiado grande para arriesgarlo —Estados Unidos—.

Esto no necesariamente es una contradicción ni una debilidad. Ningún país de tamaño medio, con una economía tan integrada a la de su vecino del norte, puede permitirse una política exterior puramente principista.

Lo que sí vale la pena observar, semana con semana, es hasta dónde llega el margen real de esos principios cuando se enfrentan a un interlocutor —Washington— que no juega bajo las mismas reglas.

La doctrina Sheinbaum, más que una novedad, es la versión 2026 de un viejo dilema mexicano: cómo sostener la soberanía discursiva sin poner en riesgo la dependencia estructural que define, en los hechos, buena parte de la política exterior del país.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

El tiempo no sólo transcurre, también se escribe. Y cuando las mujeres toman la pluma del poder, las páginas que redactan tienen tinta de justicia, dignidad y memoria. Este 11 de octubre de 2025, en el corazón republicano de Querétaro, la Senadora Beatriz Robles Gutiérrez marcará un hito: será la primera mujer de izquierda en rendir un informe de actividades legislativas desde el mismo estrado donde se proclamó la Constitución de 1917 —esa que en su origen reconocía derechos laborales, pero negaba el derecho al voto a las mujeres.

Hoy, más de un siglo después, otra voz femenina resonará en ese recinto histórico. No una voz solitaria, sino la representación viva de miles de mujeres mexicanas que han resistido, caminado, luchado y construido. Y lo hará desde una trinchera que ha sido clave en la transformación del país: el Senado de la República, donde Beatriz Robles preside la Comisión de Energía, impulsando la soberanía nacional sobre recursos estratégicos como el litio, la electricidad y el petróleo.

La senadora de Morena: una trayectoria entre convicción y resistencia

Beatriz Robles no es nueva en la lucha pública. Es parte del primer piso de la Cuarta Transformación, aquella que encabezaría el presidente López Obrador y que hoy abre paso a una nueva era con Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia de México. Robles ha sido parte de las reformas constitucionales más relevantes de este sexenio: la transformación del Poder Judicial, la consolidación de la soberanía energética, y la inminente reforma electoral.

Pero más allá de los logros institucionales, su historia es una de persistencia. Como tantas mujeres en política, ha sido criticada, subestimada, invisibilizada. Sin embargo, ha respondido con trabajo, cercanía con la ciudadanía y, sobre todo, con una defensa inquebrantable del derecho de las mujeres a ocupar todos los espacios, incluso —y especialmente— aquellos que antes les fueron negados.

Un informe desde el pueblo y para el pueblo

El Teatro de la República no será testigo de un acto protocolario más. Será el escenario donde converjan militantes, académicos, empresarios, líderes sociales y ciudadanos, todos convocados por el mismo principio: la rendición de cuentas. El informe de Robles será, en sí mismo, un acto político, feminista y transformador. Un gesto de transparencia y legitimidad en tiempos donde el debate público exige profundidad, responsabilidad y conexión con el territorio.

Ella no llega sola. Llega con el respaldo de una generación que ha caminado casa por casa, colonia por colonia, llevando un mensaje de esperanza y justicia social. Llega como la primera mujer senadora de Morena por Querétaro, pero también como una representante del anhelo de miles de queretanas que hoy saben que “el poder también se parece a ellas”.

El eco de nuestras ancestras

Este 11 de octubre, los nombres de Leona Vicario, Carmen Serdán, Josefa Ortiz Téllez Giron y Elvia Carrillo Puerto resonarán en las butacas y en los corazones de quienes asistan. Porque como dice la historia: no hay transformación sin mujeres. Y esta vez, no seremos nota al pie, sino protagonistas del capítulo que se escribe con valentía y convicción.

El nombre de Beatriz Robles quedará inscrito, no sólo por sus cargos o iniciativas, sino por su capacidad de hacer política con alma, con causa y con historia. Este informe será más que un acto de rendición: será una afirmación del poder femenino, progresista y soberano que avanza con fuerza en Querétaro y en México.

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