La declaración surgió a propósito de la investigación periodística #TelevisaLeaks, encabezada por la periodista Carmen Aristegui, un trabajo que Villamil describió como “imprescindible” para toda mexicana y mexicano comprometido con el derecho a la información y la transparencia. En palabras del periodista, este trabajo revela con precisión quirúrgica el funcionamiento de lo que denominó como “fábricas de mentiras”, articuladas desde las entrañas de una de las corporaciones mediáticas más influyentes del mundo hispanoparlante.

Una acusación de alto voltaje: Latinus, ¿la extensión digital de Televisa?

Fue durante ese mismo diálogo, tras reflexionar sobre la necesidad de seguir la ruta del dinero detrás de las estrategias de desinformación, cuando Sabina Berman preguntó a Villamil sobre los otros actores que podrían operar con lógicas similares. Fue entonces cuando el presidente del SPR formuló una hipótesis que, aunque reconoció carecer de pruebas documentales concluyentes, se apoya en indicios que considera contundentes:

“Mi sospecha —porque eso es, una sospecha— es que Latinus es otro brazo ejecutor de guerra sucia de Televisa. No forma parte orgánicamente de la televisora, pero hay muchas señales que indican esta conexión”, afirmó Villamil.

Entre los elementos que sustentan esta conjetura, Villamil destacó el alto nivel de producción audiovisual de Latinus, inusual para un medio que se presenta como nativo digital e independiente. También subrayó el hecho de que la empresa esté registrada legalmente en Delaware, EE.UU., un conocido paraíso fiscal, lo que abre interrogantes sobre su financiamiento y modelo de operación. A esto se suma la presencia sistemática de analistas y opinadores ligados a Televisa en sus espacios de debate, lo cual, a juicio del periodista, refuerza el perfil de Latinus como una extensión mediática informal de la televisora.

Sabina Berman fue aún más incisiva al calificar a algunos de estos participantes como “tontos útiles” de este entramado, aludiendo directamente a figuras como Denisse Dresser y Jesús Silva-Herzog Márquez, cuyos vínculos mediáticos han sido objeto de amplio debate.

El desafío legal y ético ante la era de la desinformación

Villamil, sin limitarse a la denuncia, fue enfático al señalar la urgencia de una legislación robusta contra la desinformación, tomando como referencia cuatro países que ya han tipificado las mentiras deliberadas en medios —sean públicos o digitales— como conductas sancionables: Reino Unido, Francia, Turquía e India.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta es la desinformación”, sentenció Villamil, diferenciando con claridad entre el derecho legítimo a opinar y la fabricación sistemática de falsedades con fines políticos y económicos.

Desintoxicar el debate público: una urgencia democrática

En el cierre de esta conversación intensa y esclarecedora, ambos periodistas coincidieron en que el país necesita con urgencia una “desintoxicación del debate público”. Un llamado que no apela al silenciamiento de voces, sino a la reconstrucción de un ecosistema informativo más honesto, plural y riguroso.

En tiempos donde la línea entre información y propaganda se difumina con facilidad, las palabras de Jenaro Villamil retumban como un desafío para los medios, para las audiencias y para los poderes públicos: recuperar la verdad no es solo un imperativo ético, sino un requisito imprescindible para la democracia.

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