Por Redacción LYP / Negocios

El titular era irresistible y circuló solo: la inflación en México cayó a 3.10% anual, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Es un dato real, verificado y celebrable. Pero si un director financiero leyó esa cifra y concluyó que el crédito está por abaratarse en los próximos meses, conviene que revise el resto del boletín. Porque en el mismo documento, el INEGI publicó otro número que apunta exactamente en dirección contraria, y que explica por qué Banxico va a seguir donde está.

La cifra que se leyó y la que no

En la primera quincena de julio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel de 145.091 puntos, con un aumento de apenas 0.07% respecto a la quincena previa —contra 0.15% en el mismo periodo de 2025—. Con eso, la inflación general anual se ubicó en 3.10%, octava quincena consecutiva de desaceleración y por debajo incluso del 3.12% que anticipaban los analistas.

Hasta ahí, la nota que publicó todo el mundo. Lo que casi no se reportó es la composición. Según el boletín del INEGI, el índice subyacente registró un aumento anual de 3.95%, mientras que el no subyacente creció apenas 0.21%. Un año antes, esas cifras eran 4.25% y 1.24%, respectivamente.

Léalo otra vez, porque el detalle no es menor: la inflación subyacente está por encima de la inflación general. No es un matiz técnico, es una inversión que cambia por completo la lectura del dato.

Por qué esa inversión lo cambia todo

El índice subyacente excluye los bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado. Es decir, deja fuera frutas, verduras, productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Es la medida que los bancos centrales usan para distinguir entre una baja de precios estructural y una baja coyuntural que puede revertirse en cualquier momento. Banxico vigila la subyacente, no el titular.

Y lo que la composición de julio revela es que prácticamente toda la desaceleración del índice general vino del componente volátil. A tasa quincenal, el no subyacente descendió 0.23%: los precios de frutas y verduras cayeron 1.50%, con el jitomate como el producto que más contuvo el índice, con una baja de 13.18%. En sentido opuesto, y por temporada vacacional, el transporte aéreo subió 12.44%.

Traducido: la inflación en México bajó a mínimos de cinco años, en buena medida, porque hubo buena cosecha.

El otro factor que casi nadie conectó

Hay un segundo componente dentro del índice no subyacente que merece atención especial: los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron apenas 0.03% quincenal. Esa cifra, prácticamente plana, no es casualidad ni resultado de las condiciones del mercado internacional. Es el reflejo estadístico de una decisión de política pública.

El gobierno federal mantiene un acuerdo con los empresarios gasolineros para conservar la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro, sostenido con estímulos fiscales al IEPS que, de acuerdo con lo informado por la propia presidencia, ya suman 20,000 millones de pesos. Es decir: mientras el crudo internacional se sacudía por la crisis del Estrecho de Ormuz, el componente energético del índice de precios mexicano se mantuvo prácticamente inmóvil porque el Estado está pagando la diferencia.

Dicho de otro modo, una parte del 3.10% que se celebró la semana pasada está financiada con recursos públicos. Y ese subsidio, como advirtió Fitch Ratings, tiene un costo fiscal creciente y una duración que nadie ha garantizado.

La buena noticia que sí es estructural

Sería injusto quedarse solo en la advertencia, porque hay una mejora real en el dato y conviene reconocerla con la misma precisión. La inflación subyacente viene cayendo de forma sostenida a lo largo del año: fue de 4.47% en la primera quincena de enero, 4.27% en la primera de abril, 4.12% en la primera de junio y ahora 3.95%. Es la primera vez en el año que rompe el umbral del 4%, el límite superior del rango de tolerancia de Banxico, cuyo objetivo permanente es de 3% con un margen de un punto porcentual.

Eso significa que el componente estructural de los precios sí está cediendo. Pero lo hace lentamente, y a 3.95% sigue instalado en el borde superior del rango, no en el centro del objetivo.

Por qué Banxico no va a moverse

Con ese cuadro, la decisión del banco central se explica sola. Banxico mantuvo la tasa de referencia en 6.50% en su reunión más reciente y señaló que hacia adelante sería apropiado conservarla en ese nivel, tras un largo periodo de recortes. La encuesta más reciente de Citi confirma que la mayoría de los especialistas no anticipa cambios en la política monetaria ni en 2026 ni en 2027, con la tasa de fondeo esperada en 6.50% para el cierre de ambos años. Analistas del sector señalan además que el nivel actual de la tasa objetivo se ubica dentro del rango estimado de neutralidad, y que un panorama todavía retador para la inflación, sumado al riesgo de estrechar demasiado el diferencial frente a la Reserva Federal, hacen suponer que no habrá ajustes en lo que resta del año.

Ese último punto se vuelve especialmente relevante hoy: la Fed sesionó ayer y anuncia su decisión de política monetaria esta tarde. Cualquier movimiento que estreche el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos presiona al peso y reduce todavía más el margen de maniobra de Banxico, con independencia de lo que digan los precios del jitomate.

Por qué importa para las empresas

Para cualquier dirección financiera, la conclusión operativa es directa: el costo del dinero en México no va a bajar en el horizonte que anticipa el mercado. Una empresa que haya construido su plan de financiamiento del segundo semestre —o su presupuesto de 2027— asumiendo que la caída de la inflación general se traduciría en recortes de tasa está trabajando con un supuesto que ni Banxico ni el consenso de analistas respaldan.

Hay un segundo efecto, menos evidente. Con la inflación general en 3.10% y la tasa de referencia en 6.50%, la tasa real ronda los 3.4 puntos porcentuales. Es un nivel restrictivo, que encarece el crédito empresarial en términos reales justo cuando el crecimiento económico se proyecta débil. Para empresas apalancadas o con planes de expansión que dependan de deuda, esa combinación —crédito caro y demanda floja— es el escenario que hay que modelar, no el de un ciclo de recortes que aún no aparece en ninguna proyección seria.

Y para las áreas de compras y planeación de costos: la estabilidad en el precio de los combustibles que hoy abarata sus operaciones es una decisión de política pública con costo fiscal creciente, no una condición de mercado. Conviene tener un escenario alternativo por si ese acuerdo se ajusta.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su plan de financiamiento para lo que resta de 2026 y para 2027 asume un abaratamiento del crédito que ni Banxico ni el consenso de analistas están anticipando, y qué tan expuesta queda su estructura de costos si el tope a los combustibles deja de sostenerse?

Cierre

La inflación en México está en su nivel más bajo en más de cinco años. Es cierto, y es una buena noticia. Pero bajó porque hubo jitomate barato y porque el Estado está pagando por que la gasolina no suba. La inflación que Banxico vigila —la que sí depende de la estructura de la economía y no de la cosecha ni del presupuesto— está en 3.95%, apenas debajo del techo de tolerancia. Por eso la tasa se queda donde está. Y por eso el crédito de su empresa, también.

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Por Redacción LYP / Negocios

México acaba de tener el mejor mes exportador de su historia. El INEGI reportó ayer que en junio las ventas al exterior alcanzaron 72,551 millones de dólares, el mayor valor mensual jamás registrado, y que el superávit comercial prácticamente se duplicó respecto a mayo. En el acumulado del semestre, el saldo positivo se multiplicó casi por siete. Son cifras que, en cualquier otro contexto, se leerían como una victoria sin matices.

El contexto, sin embargo, es este: cuatro días después del cierre de ese mes, Estados Unidos cambió las reglas bajo las que México tendrá que sostener esos números. Y la composición del récord —no su tamaño— dice bastante sobre qué tan expuesto está.

Las cifras del mes

El superávit comercial de junio se ubicó en 4,090 millones de dólares, frente a los 2,259 millones de mayo. Las exportaciones totales crecieron 34.4% anual hasta 72,551 millones de dólares; las importaciones avanzaron 28.0% hasta 68,461 millones. La balanza no petrolera aportó un superávit de 7,486 millones, mientras que la petrolera registró un déficit de 3,396 millones, ampliándose desde los 2,642 millones de mayo. Con cifras desestacionalizadas —la lectura que elimina efectos de calendario— el superávit fue de 3,843 millones, contra 1,034 millones del mes previo.

El semestre completo confirma la magnitud: entre enero y junio, las exportaciones sumaron 389,723 millones de dólares, un récord, con un alza de 24.6% anual. Las importaciones llegaron a 379,866 millones, 22% más. El superávit acumulado de 9,857 millones de dólares se compara con apenas 1,433 millones en el mismo periodo de 2025.

La divergencia que importa: automotriz contra todo lo demás

Aquí empieza la letra chica. Las exportaciones manufactureras de junio sumaron 67,219 millones de dólares, con un crecimiento anual de 35.3%. Pero ese promedio esconde dos realidades opuestas: las ventas automotrices crecieron 7.6% anual, mientras que las manufacturas no automotrices avanzaron 48.8%. Los mayores incrementos se registraron en minerometalurgia (40.9%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%) y alimentos, bebidas y tabaco (14.5%).

La lectura es difícil de evitar: el sector que ya carga con aranceles sectoriales —el automotriz, sujeto a los gravámenes de la Sección 232 sobre acero y aluminio y bajo escrutinio permanente en las negociaciones de reglas de origen— creció a una sexta parte del ritmo del resto de la manufactura. No es una anomalía estadística de un mes: es la evidencia de lo que le ocurre a una cadena exportadora cuando el arancel deja de ser hipótesis y se vuelve costo.

Las exportaciones agropecuarias y pesqueras, por su parte, retrocedieron 2.8% anual, con caídas en melón, sandía y papaya, café, aguacate y cítricos, aunque pimiento y legumbres frescas mostraron incrementos relevantes.

La dependencia, en un solo número

Estados Unidos concentró 84.16% de las exportaciones no petroleras mexicanas en junio. Esa cifra, que en tiempos de estabilidad se leía como eficiencia logística y ventaja geográfica, hoy se lee distinto: significa que más de ocho de cada diez dólares que México vende al exterior dependen de las decisiones de una sola oficina en Washington. La USTR cambió el fundamento legal de los aranceles el 23 de julio; el 84.16% no se movió.

El dato que conecta el récord con el nuevo riesgo

Y aquí está el punto que ninguna cobertura del dato ha desarrollado. Durante el primer semestre, los bienes de uso intermedio concentraron casi ocho de cada diez dólares importados por México. Es decir: el récord exportador no se construyó sobre producción enteramente nacional, sino sobre una operación de transformación que compra componentes, partes e insumos afuera, los procesa y los reexporta.

Ese modelo funcionó impecablemente durante décadas. El problema es que desde el viernes 24 de julio, bajo el nuevo esquema de la Sección 301 por trabajo forzoso, esos insumos intermedios son precisamente los que las empresas mexicanas deben poder documentar. No basta con acreditar que el producto final califica como T-MEC: hay que poder demostrar que los componentes que lo integran no provienen de cadenas vinculadas a trabajo forzoso. El récord de junio, en otras palabras, se construyó sobre exactamente el tipo de flujo que ahora está bajo exigencia probatoria.

El paréntesis petrolero

El déficit petrolero se amplió a 3,396 millones de dólares. Las exportaciones de crudo y derivados sumaron 2,091 millones —1,600 millones de petróleo crudo y 491 millones de otros productos—, con un alza anual de 43.4%. El volumen exportado subió a 648 mil barriles diarios, contra 616 mil en mayo y 520 mil en junio de 2025. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 82.30 dólares por barril: 19.02 dólares menos que en mayo, pero 19.27 dólares más que un año antes. Es decir, México vendió más volumen a mejor precio anual y aun así el saldo petrolero se deterioró, señal de que el peso de las importaciones de refinados sigue siendo el factor determinante de esa balanza.

Por qué importa para las empresas

El récord de junio no es una ilusión estadística: las exportaciones efectivamente crecieron y el superávit efectivamente se amplió. Pero para cualquier dirección de operaciones o comercio exterior, la lectura útil está en la composición, no en el total.

Primero, la divergencia automotriz-no automotriz (7.6% contra 48.8%) es la mejor estimación disponible de lo que le hace un régimen arancelario a una cadena exportadora una vez que se aplica. Cualquier empresa que quiera anticipar el efecto del nuevo esquema sobre su sector tiene ahí un caso de referencia con datos reales, no con proyecciones.

Segundo, la concentración de 84.16% en Estados Unidos y el hecho de que ocho de cada diez dólares importados sean bienes intermedios definen el perfil de riesgo del modelo exportador mexicano: alta dependencia de un solo mercado y alta dependencia de insumos externos que ahora requieren trazabilidad documental. Los sectores que más crecieron en junio —electrónicos, minerometalurgia— son también los que más dependen de proveeduría asiática, es decir, los de mayor exposición al nuevo requisito probatorio.

Tercero, y en sentido inverso: este dato es la mejor foto de línea base que van a tener las empresas. Junio es el último mes completo bajo el régimen anterior. Cualquier medición seria del impacto del nuevo esquema arancelario debería tomar estas cifras como punto de partida, sector por sector.

La pregunta para el consejo directivo

Si el sector automotriz creció 7.6% mientras el resto de la manufactura creció 48.8% bajo el peso de sus aranceles sectoriales, ¿qué tasa de crecimiento está proyectando su empresa para el segundo semestre, y ese supuesto ya incorpora el costo de documentar el origen de su proveeduría?

México cerró junio exportando como nunca en su historia. Cuatro días después, cambiaron las reglas bajo las que tendrá que repetirlo. El récord es real y merece reconocerse; la pregunta es si la estructura que lo produjo —ocho de cada diez dólares importados en insumos, ocho de cada diez dólares exportados a un solo país— sigue siendo una ventaja o empezó a ser una exposición. Los próximos datos, ya bajo el nuevo régimen, van a responderlo sin necesidad de interpretación.

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Aunque las lluvias pueden sacar temporalmente al estado de la sequía, el problema profundo está bajo tierra: siete de los 11 acuíferos de Querétaro registran disponibilidad negativa. La crisis hídrica no solo se mide en presas o nubes; se mide en el déficit invisible que sostiene a la ciudad, al campo, a la industria y al futuro digital.

Por Redacción LYPmultimedios
Querétaro, Qro., domingo 26 de julio de 2026.

Querétaro suele medir su angustia hídrica mirando hacia arriba. Si llueve, respira. Si las presas suben, se tranquiliza. Si el Monitor de Sequía mejora, la conversación pública baja de intensidad. Pero el verdadero termómetro del futuro no está solamente en el cielo ni en los embalses: está bajo tierra.

Ahí, debajo de la ciudad que crece, de los parques industriales que se expanden, de los fraccionamientos que se multiplican y de los data centers que prometen futuro, hay un dato que debería ordenar toda la política pública del estado: siete de los 11 acuíferos de Querétaro tienen disponibilidad media anual negativa.

Eso significa que el problema no es únicamente si llueve este mes. El problema es que varias de las reservas subterráneas que sostienen al estado están operando en déficit. Querétaro no solo enfrenta una crisis de agua visible. Enfrenta una crisis de saldo.

De acuerdo con la información oficial de CONAGUA, el Valle de Querétaro registra una disponibilidad negativa de -65.56 hectómetros cúbicos anuales; el Valle de San Juan del Río, -56.89 hm³; Amazcala, -22.16 hm³; Buenavista, -13.87 hm³; Tequisquiapan, -5.14 hm³; Tolimán, -4.93 hm³, y Huimilpan, -4.53 hm³. Los acuíferos con saldo positivo son Tampaón-Zona de Sierra, Valle de Amealco, Valle de Cadereyta y Moctezuma.

Dicho sin el lenguaje técnico que suele esconder la dimensión política del dato: Querétaro está gastando agua subterránea que no alcanza a reponer.

Esa es la frase que debería estar en el centro de cada autorización inmobiliaria, de cada ampliación industrial, de cada proyecto de infraestructura, de cada centro de datos, de cada parque logístico y de cada discusión presupuestal. Porque un acuífero no es una alcancía infinita. Es una reserva viva, lenta y vulnerable. Cuando se extrae más de lo que se recarga, el problema no aparece de inmediato en forma de espectáculo. No truena una alarma. No se seca una fuente pública en cadena nacional. No hay un video viral del subsuelo bajando.

Pero el daño avanza.

La paradoja de 2026 es que Querétaro puede tener semanas de alivio climático y, al mismo tiempo, conservar intacta su crisis estructural. El Monitor de Sequía de México se actualiza de manera quincenal y permite determinar la presencia e intensidad de sequía en el territorio; a finales de junio, reportes basados en ese monitoreo señalaron que Querétaro llegó a estar con 100% de su superficie libre de sequía o condición anormalmente seca, después de un junio con 140.9 milímetros de lluvia acumulada, tres veces más que mayo.

Pero esa mejoría no debe confundirse con seguridad hídrica.

Apenas unas semanas después, durante la primera quincena de julio, se reportó el regreso de superficie anormalmente seca en siete municipios: Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Juan del Río y Tequisquiapan. Es decir, el mapa climático se mueve rápido; el déficit subterráneo, en cambio, es más profundo y más difícil de revertir.

Ahí está el riesgo político de las lluvias: pueden producir una sensación falsa de normalidad.

Cuando llueve, el discurso público se relaja. Cuando suben algunas presas, la urgencia se diluye. Cuando desaparece temporalmente la mancha roja de sequía en un mapa, las autoridades pueden administrar la narrativa. Pero un acuífero en déficit no se recupera con una buena semana de lluvia. Y menos si la ciudad sigue expulsando agua por drenajes, sellando zonas de recarga con concreto, perdiendo agua en fugas y extrayendo más de lo que infiltra.

La crisis de Querétaro no es solo meteorológica. Es hidrogeológica, urbana, industrial y política.

El crecimiento poblacional añade otra capa al problema. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró 2 millones 368 mil 467 habitantes en Querétaro; los municipios más poblados fueron Querétaro, con 1 millón 49 mil 777 habitantes, San Juan del Río, con 297 mil 804, y El Marqués, con 231 mil 668. Entre 2010 y 2020, la tasa media de crecimiento anual del estado fue de 2.7%, una presión demográfica que se traduce en más vivienda, más servicios, más vialidades, más consumo y más demanda de infraestructura.

Pero la pregunta incómoda no es cuánta gente llega. La pregunta es bajo qué modelo territorial se recibe ese crecimiento.

Porque no todo crecimiento pesa igual sobre el agua. Una ciudad compacta, con captación pluvial, reúso, parques infiltrantes, medición inteligente y red eficiente no se comporta igual que una ciudad extendida, impermeable, dependiente del pozo, fragmentada por fraccionamientos, estacionamientos, vialidades y desarrollos que convierten el suelo en una superficie que expulsa lluvia.

Querétaro se ha vendido como una historia de éxito económico. Y en muchos sentidos lo es. Tiene industria, logística, conectividad, servicios, universidades, crecimiento tecnológico y capacidad de atracción. Pero el éxito económico sin contabilidad hídrica puede convertirse en una deuda ambiental que termine pagándose como conflicto social.

El agua ya no puede tratarse como una variable secundaria del desarrollo. Debe ser el filtro principal.

Ese filtro toca al campo, donde el agua define productividad y sobrevivencia. Toca a la vivienda, donde la falta de continuidad se vuelve tinaco, cisterna, pipa y gasto familiar. Toca a la industria, donde la seguridad hídrica condiciona competitividad. Toca a la salud pública, porque la confianza en la calidad del agua no es un lujo. Y toca a la tecnología, porque la llegada de data centers exige algo más que inversión: exige compatibilidad territorial.

La ciudadanía ya vive señales de ese desgaste. La ENCIG 2025 del INEGI reporta que, en zonas urbanas queretanas de más de 100 mil habitantes, 92.2% de la población recibe el servicio de agua potable de la red pública, pero solo 65.7% reporta suministro constante. Es decir, la cobertura existe, pero la continuidad no está garantizada para una parte importante de la población.

Ese dato cambia la discusión. Tener red no equivale a tener seguridad hídrica. Tener infraestructura no equivale a tener confianza. Tener acceso formal no equivale a tener un servicio robusto frente al crecimiento y al estrés climático.

Y entonces vuelve la pregunta de fondo: si el subsuelo está en déficit, si la ciudad crece, si la red pierde agua, si la ciudadanía no siempre recibe suministro constante y si la economía exige más infraestructura, ¿qué sigue?

La respuesta más cómoda es buscar más agua. La más responsable es revisar el modelo completo.

El Sistema Batán se presenta como una de las apuestas más ambiciosas del gobierno estatal: regenerar y reutilizar 1,800 litros por segundo de agua previamente tratada para abastecer a la Zona Metropolitana de Querétaro, mediante procesos como MBR, carbón activado y ozonificación. El propio portal del proyecto reconoce que la demanda de agua en la zona metropolitana supera la oferta disponible y estima un déficit de al menos 0.21 m³/s para 2026.

El reúso será indispensable. El agua regenerada será parte de cualquier futuro serio. Pero Batán no debe convertirse en coartada para seguir urbanizando como si el subsuelo fuera infinito. Si una nueva fuente entra a una ciudad que pierde agua, impermeabiliza suelo y no protege zonas de recarga, la solución termina funcionando como anestesia, no como transformación.

La política hídrica que Querétaro necesita debe empezar por una frase sencilla: los acuíferos no son un trámite técnico; son el límite físico del desarrollo.

Eso implica tomar decisiones que incomodan. Mapas de recarga con valor vinculante. Restricciones reales a cambios de uso de suelo en zonas estratégicas. Obligación de captación pluvial en vivienda nueva, escuelas, edificios públicos, plazas y parques industriales. Reúso de agua tratada para usos que no requieren agua potable. Auditoría pública de fugas. Metas anuales de reducción de pérdidas. Medición abierta por zona. Incentivos para infiltración urbana. Sanciones al desperdicio sistémico. Y una regla básica para grandes consumidores: ninguna inversión debe recibir aplauso público si no presenta su balance hídrico local.

La conversación sobre data centers, por ejemplo, no puede quedarse en el titular de “enfriamiento sin agua”. Eso puede ser relevante y positivo si se verifica, pero no agota la discusión. La huella territorial incluye energía, suelo, infraestructura, permisos, presión urbana y legitimidad social. Si Querétaro quiere ser sede de la economía digital, debe construir también una economía de reparación hídrica: que mida, compense, infiltre, reutilice y transparente.

El dilema no es desarrollo contra agua. El dilema es desarrollo con contabilidad o desarrollo con deuda.

La historia del Acueducto debería recordarle al estado que el agua siempre ha sido política, ingeniería y poder. Querétaro no nació ajeno a la escasez. La ciudad aprendió históricamente que el agua debía traerse, conducirse, cuidarse y administrarse. La diferencia es que hoy el reto ya no es solo llevar agua a una ciudad colonial: es sostener una metrópoli industrial, tecnológica y demográfica en un territorio con acuíferos en números rojos.

Por eso el debate público debe abandonar la comodidad de la coyuntura.

No basta con preguntar si las presas subieron.
Hay que preguntar si los acuíferos se recuperan.
No basta con celebrar que llovió.
Hay que preguntar cuánta lluvia se infiltró.
No basta con anunciar nuevas obras.
Hay que preguntar cuánta agua se pierde.
No basta con atraer inversión.
Hay que preguntar qué devuelve al territorio.
No basta con pedir ahorro ciudadano.
Hay que exigir rendición de cuentas institucional.

El problema hídrico de Querétaro no se resolverá con una sola obra, una sola campaña ni una sola temporada de lluvias. Se resolverá cuando el estado deje de tratar el agua como un insumo administrativo y empiece a tratarla como el eje rector del territorio.

La provocación es necesaria: Querétaro no está en crisis porque no sepa crecer. Está en crisis porque todavía no decide qué crecimiento cabe dentro de sus límites hídricos.

El subsuelo ya puso el dato.
Siete acuíferos en déficit.
Una metrópoli en expansión.
Una ciudadanía con suministro irregular.
Una economía que quiere más futuro.
Un territorio que exige contabilidad.

La pregunta ya no es si Querétaro puede seguir creciendo. La pregunta es más seria:

¿Puede crecer sin seguir vaciando el suelo que lo sostiene?

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Por Redacción LYP / Negocios

Hay dos formas de leer el mismo dato económico: como una buena noticia moderada o como una advertencia disfrazada de buena noticia. Esta semana, con el IOAE de junio publicado esta mañana por el INEGI y la Encuesta Citi de Expectativas difundida el mismo día, la economía mexicana ofrece material de sobra para las dos lecturas. La primera dice que la actividad económica creció. La segunda dice que los analistas privados ya no esperan que crezca mucho más, y llevan semanas sin cambiar de opinión.

Lo que dice el dato de hoy: el IOAE de junio

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.2% a tasa mensual en junio, con una variación anual de 1.7%. El avance vino de un impulso parejo: tanto las actividades secundarias —industria, construcción, minería, generación eléctrica— como las terciarias —comercio y servicios— avanzaron 0.2% mensual. En su comparación anual, sin embargo, la brecha es más reveladora: las terciarias crecieron 2.2%, mientras que las secundarias apenas avanzaron 0.5%, evidencia de que el motor de la economía mexicana sigue siendo el consumo y los servicios, no la producción industrial.

El repunte de junio llega después de que mayo registrara una contracción mensual de 0.3%, arrastrada por una caída de 0.8% en las actividades secundarias. Visto en conjunto, el primer semestre de 2026 acumuló un crecimiento de 1.07% anual en el IOAE, prácticamente el triple del 0.41% registrado en el mismo periodo de 2025 —una mejora real, aunque construida sobre una base de comparación débil—. Las actividades terciarias acumulan ya 64 meses consecutivos de crecimiento anual, una racha que no se ha interrumpido desde febrero de 2021.

Vale la pena subrayar lo que este dato no dice: pese a que junio fue el mes de arranque del Mundial 2026 en México, el crecimiento mensual de la actividad económica general fue de apenas 0.2%, en línea con lo que ya habíamos documentado esta semana sobre el consumo privado —que también se desaceleró en el mismo mes—. La lectura conjunta de ambos indicadores refuerza la misma conclusión: el torneo generó actividad económica localizada y visible, pero no fue suficiente para mover con fuerza los agregados nacionales.

El consenso privado no se mueve: la Encuesta Citi

La Encuesta Citi de Expectativas, elaborada entre 35 grupos de análisis de bancos, casas de bolsa y firmas independientes, confirmó hoy que la estimación mediana de crecimiento del PIB para 2026 se mantiene en 1.1%, la misma cifra que ya se había registrado en ediciones anteriores durante varias semanas consecutivas. El rango de opiniones va de 0.5% —la proyección más pesimista, de Signum Research— a 1.5%, el techo que manejan BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano. En medio, firmas como Bank of America, Banca Mifel, Bradesco BBI y UBS coinciden en un magro 0.8%.

El dato que más debería llamar la atención de cualquier consejo directivo es la distancia entre este consenso privado y las cifras que maneja el propio gobierno mexicano, que sigue proyectando un crecimiento de entre 1.8% y 2.8% para el año. Es una brecha de hasta 1.7 puntos porcentuales entre la lectura oficial y la del mercado, y no es una diferencia nueva: se ha mantenido estable, lo que sugiere que ninguno de los dos lados está revisando su posición a la luz de la información más reciente. La encuesta también señaló que el consenso de especialistas no anticipa movimientos en la tasa de referencia de Banxico ni en 2026 ni en 2027, lo que indica que el mercado no espera que el banco central use la política monetaria para estimular un crecimiento que, según sus propios pronósticos, seguirá siendo modesto.

Por qué esto se cruza con todo lo demás que está pasando esta semana

Este dato no llega en un vacío. Hoy mismo arranca en la Ciudad de México la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC, que se extenderá hasta el 23 de julio, y la semana ya trae encima el costo fiscal de la crisis en el Estrecho de Ormuz, que el gobierno ha contenido con 20,000 millones de pesos en subsidios a los combustibles. Ninguno de esos dos frentes está todavía reflejado por completo en las cifras del IOAE de junio ni en la Encuesta Citi de esta semana —los datos de actividad económica llegan con rezago y la revisión del T-MEC apenas comienza—, pero ambos son, precisamente, el tipo de presión adicional que explica por qué el consenso privado no encuentra motivos para revisar al alza su pronóstico de crecimiento.

Por qué importa para las empresas

La lectura estratégica para cualquier área de planeación financiera es esta: el 1.1% de crecimiento no es un piso de crisis, pero tampoco es una cifra que sostenga proyecciones de expansión agresiva. Es un escenario de estancamiento moderado y persistente, no de recuperación acelerada, y las empresas que construyan sus presupuestos de 2026 sobre las cifras oficiales de crecimiento —más cercanas a 2%— corren el riesgo de sobreestimar la demanda agregada frente a lo que efectivamente está anticipando el mercado. La estabilidad en la expectativa de tasas de Banxico, por su parte, es una señal relativamente favorable para el costo del financiamiento: no hay presión inminente de alza, pero tampoco hay expectativa de un recorte que abarate el crédito en el corto plazo.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su presupuesto de 2026 está construido sobre el rango de crecimiento que maneja el gobierno (1.8%-2.8%) o sobre el que sostiene, semana tras semana, el consenso de analistas privados (1.1%)?

Cierre

La economía mexicana no se detuvo en junio. Tampoco aceleró. Y mientras el gobierno sigue apostando a un crecimiento cercano al doble de lo que proyecta el mercado, los analistas privados llevan ya varias semanas sin encontrar ninguna razón para moverse de ese 1.1%. Esa terquedad del consenso, más que cualquier cifra aislada, es el dato que debería estar sobre la mesa de cualquier comité de planeación esta semana.

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Mientras siete acuíferos del estado operan con déficit, la Comisión Estatal de Aguas ha reconocido pérdidas cercanas al 40% del agua potable por fugas, clandestinaje o mala medición. El problema no es solo de sequía: es de infraestructura, transparencia y responsabilidad pública.

Por Redacción LYPmultimedios
Querétaro, Qro.

Querétaro discute el agua casi siempre mirando hacia el cielo. Espera lluvias, mide presas, teme sequías, anuncia obras, promete soluciones. Pero una parte decisiva de la crisis no está en las nubes ni en los embalses: está debajo del pavimento.

Está en tuberías que no se ven.
En fugas que no se vuelven virales.
En conexiones irregulares.
En mediciones deficientes.
En redes presurizadas sin suficiente inteligencia operativa.
En litros que ya fueron extraídos, bombeados, tratados, conducidos y pagados… pero nunca llegaron completos a su destino.

En 2025, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, reconoció que en Querétaro se pierde cerca del 40% del agua potable por fugas, clandestinaje o mala medición. El dato no debería tratarse como una falla técnica menor. En un estado que habla de estrés hídrico, crecimiento acelerado y nuevas fuentes de abastecimiento, perder cuatro de cada diez litros es una emergencia pública.

La frase es incómoda, pero necesaria: Querétaro pierde agua antes de buscarla.

Y lo hace en un territorio donde el subsuelo ya está en números rojos. De acuerdo con la información oficial de CONAGUA sobre disponibilidad media anual de agua subterránea, siete de los once acuíferos de Querétaro tienen disponibilidad negativa. El Valle de Querétaro registra un déficit de -65.56 hm³ anuales; el Valle de San Juan del Río, -56.89 hm³; Amazcala, -22.16 hm³; Buenavista, -13.87 hm³; Tequisquiapan, -5.14 hm³; Tolimán, -4.93 hm³, y Huimilpan, -4.53 hm³.

Dicho de otro modo: varios de los acuíferos que sostienen la vida cotidiana, la vivienda, la industria, el campo y el crecimiento metropolitano del estado están entregando más agua de la que pueden reponer.

Ahí está la contradicción central.

Querétaro busca nuevas soluciones, pero todavía no ha convertido la reducción de pérdidas en la primera gran política hídrica del estado. Busca agua nueva mientras una parte de la que ya tiene se escapa. Pide ahorro doméstico mientras el sistema arrastra pérdidas estructurales. Discute megaproyectos mientras la red existente exige una auditoría profunda, pública y territorializada.

La primera fuente de agua para Querétaro no tendría que venir necesariamente de más lejos. Podría estar enterrada en sus propias fugas.

No es una metáfora bonita. Es una tesis de política pública.

Reducir pérdidas en una red de agua no solo ahorra líquido. Ahorra energía, disminuye presión sobre pozos, retrasa nuevas extracciones, mejora continuidad del servicio, reduce costos operativos y recupera confianza ciudadana. Cada litro que no se pierde es un litro que no tiene que extraerse otra vez del subsuelo.

Por eso el dato del 40% debería abrir una discusión mucho más seria que la indignación momentánea. La pregunta no es únicamente cuánta agua se pierde. La pregunta es dónde, por qué, desde cuándo, por responsabilidad de quién y con qué plan verificable se va a reducir.

La ciudadanía ya percibe que la cobertura formal no equivale a seguridad hídrica. La ENCIG 2025 del INEGI reporta que, en las zonas urbanas de Querétaro mayores a 100 mil habitantes, 92.2% de la población recibe agua potable de la red pública, pero solo 65.7% reporta suministro constante y apenas 28.7% considera que el agua es bebible sin temor a enfermarse.

Tener toma no significa tener tranquilidad. Tener red no significa tener confianza. Tener recibo no significa tener justicia hídrica.

El problema de las fugas tiene una característica política muy conveniente para los gobiernos: muchas veces no se ve. Una presa seca puede fotografiarse. Una lluvia extrema puede convertirse en video. Una colonia sin agua puede organizarse. Pero una fuga subterránea no siempre tiene imagen, rostro ni hora exacta. Puede durar días, semanas o meses sin producir escándalo. Puede filtrar el futuro de una ciudad gota por gota, sin que nadie la nombre como crisis.

Y, sin embargo, se paga.

Se paga en más bombeo.
Se paga en más extracción.
Se paga en recibos.
Se paga en cortes.
Se paga en baja presión.
Se paga en colonias que aprenden a vivir con tinacos, pipas y horarios inciertos.
Se paga en desconfianza.

Por eso la conversación pública debe dejar de cargar todo el peso moral sobre la ciudadanía. Sí: hay que cerrar la llave, evitar desperdicios, cambiar hábitos y entender que el agua no es infinita. Pero ninguna campaña de “cultura del agua” será plenamente legítima si antes no existe una cultura institucional de medición, reparación, transparencia y rendición de cuentas.

El mensaje no puede ser: “ciudadano, ahorra”, mientras el sistema pierde demasiado.

El mensaje debe ser otro: todos ahorran, pero el sistema rinde cuentas primero.

La CEA ha señalado avances operativos. En julio de 2025, Vega Ricoy afirmó que se trabajaba en disminuir el 40% de pérdida de agua en el estado, particularmente en la zona metropolitana, y destacó que a junio de ese año el 93.5% de las fugas reportadas se atendía y resolvía en menos de 24 horas. Ese dato importa, pero también abre una segunda pregunta: ¿qué ocurre con las fugas que no se reportan, las pérdidas subterráneas, las zonas con infraestructura más vieja, las conexiones irregulares y la medición deficiente?

Atender fugas reportadas es necesario. Pero una estrategia moderna no puede limitarse a esperar el reporte ciudadano. Una ciudad que enfrenta estrés hídrico necesita anticipar la pérdida, no solo reaccionar cuando el agua ya rompió el pavimento.

La tecnología existe: sectorización hidráulica, macromedición, micromedición, sensores de presión, detección acústica, telemetría, modelación de redes, control de presiones, renovación programada de tuberías, auditorías de agua no contabilizada y tableros públicos por zona.

La pregunta es si Querétaro tiene la voluntad de convertir esa información en conversación pública.

Porque una cosa es decir “se pierde cerca del 40%”. Otra muy distinta es publicar, mes a mes, colonia por colonia, cuánta agua entra a cada distrito hidráulico, cuánta se factura, cuánta se pierde, cuántas fugas se reportan, cuántas se reparan, cuánto tiempo tardan, cuántas reinciden y cuánto dinero cuesta esa ineficiencia.

Eso sería cambiar el debate.
Eso sería ponerle mapa a la crisis.
Eso sería pasar de la retórica del ahorro a la administración verificable del agua.

El Sistema Batán aparece en este contexto como una de las apuestas oficiales más importantes. El proyecto plantea regenerar y reutilizar 1,800 litros por segundo de agua previamente tratada, con procesos como MBR, carbón activado y ozonificación, para suministrar agua potable a la Zona Metropolitana de Querétaro.

El reúso será indispensable. La regeneración de agua será parte del futuro. Pero ninguna solución de gran escala debería usarse para evadir la pregunta más básica: ¿qué pasa si el agua nueva entra a una red que sigue perdiendo demasiado?

No hay megaproyecto que sustituya a una red eficiente.
No hay obra que alcance si el sistema no mide.
No hay discurso de sustentabilidad que sobreviva a una fuga permanente.

El problema se vuelve todavía más urgente porque Querétaro no está detenido. Crece su población, se expande la mancha urbana, aumentan los parques industriales, se multiplican desarrollos inmobiliarios y se fortalece el corredor tecnológico. Cada nuevo fraccionamiento, nave, plaza, escuela, hospital, parque industrial o centro de datos se monta sobre la misma pregunta estructural: ¿hay agua suficiente, bien medida y bien administrada para sostener ese modelo?

La respuesta no puede depender solo de traer más agua. Debe incluir una política agresiva de reducción de pérdidas.

Querétaro necesita un programa público con metas claras: bajar las pérdidas de cerca del 40% a 30%, luego a 25%, luego a estándares más ambiciosos. Necesita publicar avances, costos y zonas intervenidas. Necesita distinguir entre fuga física, clandestinaje y error de medición. Necesita explicar qué parte se debe a infraestructura vieja, qué parte a crecimiento desordenado y qué parte a falta de supervisión. Necesita tratar el agua no como un servicio opaco, sino como el dato central del futuro del estado.

Porque la crisis hídrica no es solo una crisis natural. También es una crisis de información.

Lo que no se mide no se corrige.
Lo que no se transparenta no se exige.
Lo que no se audita se normaliza.

Y Querétaro ya no puede normalizar que una parte tan alta de su agua potable se pierda mientras sus acuíferos cargan déficit, su ciudadanía reporta suministro irregular y sus autoridades anuncian nuevas soluciones para un problema que también está enterrado bajo sus calles.

La pregunta pública debe ser directa:

¿Dónde está el mapa de fugas?
¿Dónde está el tablero de pérdidas?
¿Dónde está la meta anual de reducción?
¿Dónde está la auditoría independiente?
¿Dónde está el costo real de no reparar a tiempo?
¿Dónde está la explicación de cuánto paga la ciudadanía por la ineficiencia del sistema?

Querétaro no necesita una conversación más sobre culpa. Necesita una conversación sobre responsabilidad.

Responsabilidad ciudadana, sí.
Pero también responsabilidad institucional.
Responsabilidad industrial.
Responsabilidad inmobiliaria.
Responsabilidad política.
Responsabilidad técnica.

Porque el agua que se pierde no desaparece del debate: regresa como desabasto, como presión sobre acuíferos, como tarifa, como conflicto social, como incertidumbre y como límite al crecimiento.

Antes de buscar más agua afuera, Querétaro debe mirar debajo de sus calles.

Ahí podría estar una de sus mayores reservas.
No en una presa nueva.
No en una promesa.
No en una campaña.

En las fugas que todavía no se reparan, en las pérdidas que todavía no se explican y en los datos que todavía no se publican.

La primera presa de Querétaro está enterrada en su propia red.

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Por Redacción LYP / Negocios

Con las cámaras de medio planeta puestas sobre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante el Mundial 2026, quedó expuesto un problema que la industria y los inversionistas del nearshoring ya venían señalando en privado desde hace tiempo: la infraestructura de movilidad urbana en México no ha crecido al ritmo de la demanda que el propio país generó. El INEGI publica hoy la lectura de mayo de su Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP); antes de esa cifra, el dato más completo disponible —abril, el mes previo al arranque del torneo— ya anticipaba el tamaño del reto.

Lo que dice el dato

En abril de 2026, los sistemas de transporte urbano en las principales zonas metropolitanas del país movilizaron 244.1 millones de pasajeros, un aumento de 5.1% frente al mismo mes de 2025. La Zona Metropolitana del Valle de México concentró la mayor parte de esa demanda, con 179.2 millones de pasajeros —crecimiento anual de 6.0%—, de los cuales 100.4 millones viajaron en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y 34.9 millones en Metrobús. Entre ambos sistemas absorbieron tres de cada cuatro viajes realizados en la capital ese mes.

El acumulado de enero a abril confirma la tendencia: la Zona Metropolitana del Valle de México registró 714.8 millones de viajes en el cuatrimestre, 26.9 millones más que en el mismo periodo de 2025. El Trolebús fue el sistema con mayor crecimiento porcentual —40.9%, atribuible a nuevas rutas puestas en operación específicamente con motivo del Mundial—, mientras que el Tren Ligero perdió 17.2% de sus usuarios por las obras de modernización que se realizaron de cara al torneo.

El número que debería preocupar más que cualquier otro

Aquí está el dato que mejor resume el problema estructural: el Metro de la Ciudad de México operó en abril con 269 trenes en servicio, una cifra que se mantuvo sin cambios durante varios meses y que continúa por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia. Es decir, la ciudad llegó al evento deportivo más grande que ha organizado en su historia reciente con la misma flota que ya limitaba su capacidad antes de que se anunciara la sede mundialista. El crecimiento de la demanda —6% anual en la ZMVM— no vino acompañado de un crecimiento equivalente en la oferta de trenes disponibles.

El patrón se repite, con variantes, en las otras dos sedes. En Monterrey, las líneas 4 y 6 de Metrorrey no estarán listas a tiempo para el torneo, por lo que las autoridades optaron por una solución de contingencia: la compra de 4,000 autobuses provisionales para atender los cuatro partidos que se disputarán en la ciudad, en lugar de resolver la ampliación estructural del sistema de tren. En abril, el transporte público de Monterrey movilizó 12.1 millones de pasajeros, de los cuales 7.7 millones correspondieron a Metrorrey y 4.4 millones a Transmetro. Guadalajara, en cambio, muestra una lectura distinta: movilizó 26.8 millones de pasajeros en abril, con el Tren Eléctrico Urbano como columna vertebral (13.6 millones) y una ampliación reciente de 24 kilómetros en su red de Tren Ligero que sí alcanzó a completarse antes del Mundial.

Lo que viene: tarifas al alza, capacidad fija

La respuesta de fondo al estrés de capacidad no ha sido, hasta ahora, expandir la flota de trenes disponible, sino ajustar tarifas. Transmetro en Monterrey subirá su tarifa a 17 pesos en agosto de 2026, y Metrorrey lo hará gradualmente hasta 15 pesos hacia 2030. Es una señal relevante para cualquier análisis de largo plazo: el financiamiento del sistema se está ajustando por el lado de la demanda (tarifas), no todavía por el lado estructural de la oferta (trenes, líneas, unidades).

Por qué importa para las empresas

Este no es un tema exclusivo de movilidad urbana o de gobiernos municipales: es un tema de competitividad industrial. La conversación sobre nearshoring en México se ha concentrado casi por completo en aranceles, reglas de origen y certidumbre del T-MEC, y con razón —son las variables que más pesan en la decisión de invertir—. Pero la infraestructura de movilidad que conecta a los trabajadores con las plantas, los centros de distribución y las zonas industriales es una variable de competitividad tan real como cualquier arancel, y este dato muestra que ya está operando al límite en al menos una de las tres ciudades mexicanas que el mundo entero observó durante cinco semanas.

Para empresas de manufactura, logística y bienes raíces industriales que evalúan ubicación de plantas, centros de distribución o headquarters regionales, la lectura correcta de este dato es directa: la proximidad geográfica a una zona metropolitana no garantiza, por sí sola, que la fuerza laboral pueda trasladarse con la fluidez que requiere una operación de turnos continuos. Los cuellos de botella de movilidad se traducen, tarde o temprano, en ausentismo, rotación y costos operativos que rara vez se contemplan en el análisis inicial de sitio.

La pregunta para el consejo directivo

Si su empresa opera o planea operar en una de estas zonas metropolitanas, ¿el análisis de ubicación de planta o centro de distribución ya incorporó la capacidad real —no la teórica— del transporte urbano disponible para su fuerza laboral, o asumió que la infraestructura existente sería suficiente?

El Mundial no creó ningún problema de infraestructura que no existiera ya en México. Lo que hizo fue ponerlo bajo la luz más intensa posible, con el mundo entero mirando. La pregunta que queda, ahora que el torneo termina, es si esa exposición se traduce en inversión real de capacidad —más trenes, más líneas, más unidades— o si, como con las tarifas, la respuesta sigue siendo ajustar por el lado más fácil en lugar del más necesario.

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Por Redacción LYP / Negocios

Durante cinco semanas, México tuvo cámaras de todo el planeta apuntando a tres de sus ciudades, turistas extranjeros llenando hoteles y aficionados gastando en bares, restaurantes y transporte por el Mundial 2026. Y aun así, el consumo privado de los hogares mexicanos apenas avanzó en junio. El dato que publicó hoy el INEGI no es alarmante, pero sí es una llamada de atención para cualquier empresa que estaba apostando a que el torneo iba a mover la aguja del gasto interno de forma significativa: no lo hizo.

Lo que dice el dato

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del INEGI, publicado este 15 de julio, estima que el consumo privado creció 2.8% anual en mayo y 2.6% anual en junio, una desaceleración de dos décimas entre un mes y otro. En términos mensuales, el indicador anticipa un avance de 0.4% en mayo y de apenas 0.1% en junio, prácticamente un estancamiento. El nivel del índice —que usa 2018 como año base— se ubicaría en 114.2 puntos para mayo y 114.3 para junio.

Vale la pena entender qué mide exactamente esta cifra: el IOCP es una estimación anticipada que utiliza modelos econométricos y de aprendizaje automático para anticipar el comportamiento del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) oficial, que tarda alrededor de nueve semanas en publicarse. El IOCP ofrece una primera lectura en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis. Es decir, la cifra de junio de hoy es una primera aproximación; la de mayo ya es la versión más refinada.

El efecto base que explica (parte de) la desaceleración

La desaceleración anual no necesariamente significa que las familias estén gastando menos: en buena medida responde a un efecto de comparación. En el mismo periodo de 2025, el consumo privado ya había crecido con fuerza, lo que eleva la base contra la que se mide 2026 y reduce matemáticamente la variación porcentual anual. Es una explicación técnica real, pero no debe usarse como excusa editorial para minimizar lo que muestra el dato en términos absolutos: un crecimiento mensual de apenas 0.1% en junio es, en cualquier lectura, un ritmo débil.

El Mundial no fue el acelerador que se esperaba

Aquí está el punto que más debería llamar la atención de cualquier directivo de consumo o retail: el arranque del Mundial 2026 —con partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México y trece encuentros distribuidos entre la capital, Guadalajara y Monterrey— coincide exactamente con el periodo que este indicador mide, y aun así el consumo privado no aceleró. Se desaceleró.

Esto no contradice las estimaciones de derrama económica del torneo que han circulado en semanas recientes —Deloitte, Concanaco Servytur y distintas instituciones financieras han calculado impactos de entre 3,000 y 4,050 millones de dólares—, pero sí pone esas cifras en la perspectiva correcta: se trata de un impacto concentrado en sectores y ciudades muy específicas (hospedaje, gastronomía, transporte en las tres sedes), no de un fenómeno con fuerza suficiente para mover el agregado nacional del consumo de los hogares. Analistas de instituciones financieras ya habían anticipado esta lectura, calculando que el efecto del Mundial sobre el crecimiento del PIB de 2026 rondaría apenas entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales, y advirtiendo que se trata de un impulso temporal y acotado, no de un cambio de tendencia.

El otro dato que preocupa: el empleo formal

El consumo no se sostiene solo; depende de que los hogares tengan ingreso disponible, y ahí hay una señal adicional que conviene leer junto con el IOCP. En el primer semestre de 2026 se crearon 262,628 puestos de trabajo formales registrados ante el IMSS, el segundo acumulado más bajo para un primer semestre desde 2005 —solo por debajo de 2025, y excluyendo periodos de crisis como la Gran Recesión de 2008-2009 y la pandemia de 2020. Las industrias de la transformación, que representan una quinta parte de la economía mexicana y concentran más del 80% del empleo formal del país, también registraron uno de sus menores acumulados semestrales de la serie.

Esa combinación —consumo que apenas avanza y generación de empleo formal debilitada— es la que debería ocupar más espacio en los comités de dirección que la conversación sobre el Mundial como catalizador económico.

Por qué importa para las empresas

Para el sector de consumo, retail y servicios, la lectura correcta de este dato no es “el Mundial va a salvar el segundo semestre”: es que el mercado interno mexicano está creciendo a un ritmo moderado y sin señales claras de aceleración, en un entorno donde además pesa la incertidumbre derivada de la revisión anual del T-MEC y su efecto sobre la inversión y, en consecuencia, sobre la creación de empleo formal. Las empresas que basen sus proyecciones de ventas del segundo semestre en un “efecto Mundial” generalizado corren el riesgo de sobreestimar la demanda fuera de las categorías y ciudades directamente beneficiadas por el torneo.

Para el sector financiero y de bienes de consumo duradero, el dato del empleo formal es igual de relevante: menos puestos formales creados significa menor base de clientes con capacidad de crédito formal, ahorro y consumo sostenido a mediano plazo.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su proyección de ventas para el segundo semestre de 2026 distingue entre el impulso temporal y localizado del Mundial y la tendencia real y moderada del consumo nacional, o los está tratando como el mismo fenómeno?

El Mundial dejó estadios llenos, hoteles a tope y una cifra de derrama que sonará bien en cualquier comunicado oficial. Pero el consumo de los hogares mexicanos, medido con la metodología más rigurosa que existe para anticiparlo, apenas se movió. Y esa es, precisamente, la diferencia entre un evento y una tendencia: el primero se celebra: la segunda es la que hay que planear.

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No basta con que llueva. Si el suelo se urbaniza, los acuíferos se sobreexplotan y la red pierde hasta 40% del agua potable, la crisis hídrica no se resuelve mirando al cielo: se resuelve cambiando el modelo de ciudad.

Por: RodrigoVissuet
Querétaro, Qro., 28 de junio de 2026.

Querétaro no se está quedando sin agua únicamente porque llueva menos. Se está quedando sin futuro hídrico porque durante años confundió crecimiento con expansión, infraestructura con suficiencia y lluvia con seguridad. La crisis real no puede explicarse solo desde la sequía: debe entenderse como una fractura entre el agua que cae, el suelo que ya no infiltra, los acuíferos que se sobreexplotan, la industria que crece, las viviendas que se multiplican y una red que todavía pierde una parte inaceptable del recurso.

Los datos oficiales son contundentes. De los 11 acuíferos de Querétaro, siete tienen disponibilidad media anual negativa. El Valle de Querétaro registra un déficit de -65.56 hm³ anuales; el Valle de San Juan del Río, -56.89 hm³; Amazcala, -22.16 hm³; Buenavista, -13.87 hm³; Tequisquiapan, -5.14 hm³; Tolimán, -4.93 hm³, y Huimilpan, -4.53 hm³. Es decir: la base subterránea que sostiene al estado ya opera en deuda hídrica.

La paradoja es brutal: Querétaro puede pasar de la sequía extrema a la inundación sin resolver su escasez estructural. Puede llover con fuerza y, aun así, no recuperar sus acuíferos. Puede abrir nuevos desarrollos, atraer inversiones globales y presumir sofisticación industrial, mientras debajo de la ciudad el agua se extrae más rápido de lo que la naturaleza alcanza a reponer.

Por eso el problema no es solamente cuánta agua cae, sino qué hace Querétaro con ella cuando cae. Si la lluvia golpea techos, avenidas, fraccionamientos cerrados, estacionamientos, parques industriales y suelos sellados por concreto, se convierte en escurrimiento, colapso pluvial, inundación y pérdida. La ciudad moderna expulsa el agua que las civilizaciones antiguas aprendieron a guardar.

La experiencia cotidiana de la ciudadanía ya confirma el deterioro. Según la ENCIG 2025 del INEGI, en las zonas urbanas queretanas de más de 100 mil habitantes, 92.2% de la población reportó que el agua potable proviene de la red pública, pero solo 65.7% dijo recibir suministro constante, apenas 28.7% consideró que el agua es potable sin temor a enfermarse, y 64.3% manifestó satisfacción con el servicio. La cobertura formal existe; la confianza, la continuidad y la calidad ya no son tan sólidas.

En mayo de 2025, el Municipio de Querétaro activó un Protocolo de Seguridad Hídrica ante la emergencia por sequía. Entre sus medidas se incluyó reducir al menos 50% el gasto de agua en edificios municipales, utilizar agua tratada para riego de áreas públicas, impulsar cosecha pluvial y pedir a las familias reducir 33% su consumo doméstico. Cuando una autoridad pide ese nivel de reducción, ya no habla de cultura del agua: habla de administración de escasez.

Pero hay un dato que debería escandalizar más que cualquier campaña: en 2025, el vocal ejecutivo de la CEA informó que Querétaro pierde cerca del 40% del agua potable por fugas, clandestinaje o mala medición. En otras palabras, antes de discutir nuevos megaproyectos, el estado tendría que responder una pregunta elemental: ¿cuánta agua estamos buscando afuera mientras dejamos escapar la que ya tenemos adentro?

La llegada de los data centers no inventó la crisis, pero sí la volvió imposible de ocultar. Querétaro es ya el mercado de centros de datos de más rápido crecimiento en América Latina: CBRE reportó que su inventario aumentó 450.2% anual en el primer trimestre de 2026, hasta 298.2 MW, impulsado por despliegues de hiperescala e inteligencia artificial. El reto más visible para el sector es la energía, pero el dilema público más profundo es hídrico y territorial: ¿qué tipo de economía digital puede crecer sobre acuíferos en déficit?

Las empresas tecnológicas han comenzado a blindar su narrativa. AWS afirma que su región México Central incorpora enfriamiento por aire que elimina la necesidad de agua de enfriamiento en operación. Microsoft anunció diseños de nueva generación con cero agua para enfriamiento evaporativo, capaces de evitar más de 125 millones de litros por año por centro de datos. CloudHQ, que anunció una inversión de 4,800 millones de dólares para seis centros de datos en Querétaro, también informó que usará un sistema de enfriamiento sin agua.

Pero “waterless” no significa “sin impacto”. La huella hídrica de la economía digital no termina en la torre de enfriamiento. También está en la energía, el concreto, el cambio de uso de suelo, la presión urbana, la infraestructura asociada y la percepción social de desigualdad. Para que la industria tecnológica tenga legitimidad pública en Querétaro, no basta con consumir menos agua: debe demostrar cómo ayuda a recuperar, medir, transparentar y regenerar el sistema hídrico del territorio.

La salida tampoco será una sola obra. El Sistema Batán plantea regenerar y reutilizar mil 800 litros por segundo de agua previamente tratada para suministrar a la Zona Metropolitana, reducir extracción de pozos profundos e incrementar el saneamiento. El propio portal del proyecto advierte que la demanda de agua en la zona metropolitana supera la oferta disponible y calcula un déficit de al menos 0.21 m³/s para 2026.

Pero una visión verdaderamente moderna debe ir más lejos: captar lluvia desde las casas, infiltrar en barrios, restaurar zonas de recarga, reducir fugas, reutilizar aguas tratadas, proteger suelos, rediseñar estacionamientos y parques industriales, y convertir la lluvia urbana en infraestructura.

No es una fantasía. Ciudad de México ha reconocido la captación pluvial como medida para reducir inundaciones, aumentar seguridad hídrica y garantizar derechos al agua y la salud. Singapur canaliza la lluvia que cae sobre dos terceras partes de su territorio hacia 17 reservorios y cosecha escorrentía urbana a gran escala para consumo potable.

Tampoco es una idea nueva. Hace miles de años, los mayas diseñaron ciudades capaces de capturar lluvia, almacenar agua en reservorios, usar cenotes, aguadas, canales, filtros naturales y reglas comunitarias para gestionar el recurso. UNESCO recuerda que, ante la ausencia de aguas superficiales permanentes en Yucatán, la civilización maya desarrolló estrategias colectivas para almacenar y administrar el agua de lluvia.

La lección para Querétaro es poderosa: la ciudad inteligente no es la que solo atrae inteligencia artificial; es la que aprende a comportarse como una cuenca. La que no expulsa la lluvia, la guarda. La que no presume desarrollo mientras seca sus acuíferos. La que no separa industria, vivienda, campo, energía y agua como si fueran expedientes distintos.

Querétaro todavía puede corregir. Pero necesita dejar de hablar del agua como emergencia y empezar a tratarla como el eje rector del territorio. Porque la pregunta ya no es si va a llover. La pregunta es más incómoda: cuando vuelva a llover, ¿Querétaro seguirá dejando ir su futuro por las coladeras?

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