ImmigrationOS: la infraestructura que decide a quién deportan primero

Por: Rodrigo Vissuet

San Juan del Río, Qro. 17 de agosto de 2026.— Hay un documento público en el sistema federal de contrataciones de Estados Unidos con el número 70CTD022FR000170. Es la justificación con la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas explica por qué contrató a una empresa sin licitación, sin competencia y con urgencia.

En ese documento aparece una frase que describe con precisión burocrática lo que el sistema hace: “ciclo de vida migratorio de extremo a extremo, desde la identificación hasta la expulsión.”

La empresa es Palantir. Su cofundador y presidente del consejo es Peter Thiel, el mismo que en 2009 escribió que la libertad y la democracia ya no eran compatibles. Esta es la segunda entrega de nuestra serie sobre sus ideas, y toca el punto donde dejan de ser ideas.

La cifra que circuló y la cifra real

En abril de 2025, la prensa internacional reportó que ICE había otorgado a Palantir un contrato de 30 millones de dólares. Ese número se quedó en el imaginario público, pero es apenas el primer piso del edificio.

El desglose verificable:

• 29.8 millones de dólares — contrato del 17 de abril de 2025 para desarrollar el prototipo de ImmigrationOS, con entrega el 25 de septiembre de ese año.
• 29.9 millones de dólares — segunda orden otorgada el 25 de septiembre de 2025 para renovación de licencias, operación y mantenimiento adaptativo del mismo sistema.
• Más de 145 millones de dólares — valor acumulado del contrato matriz de gestión de casos sobre el que ImmigrationOS se construyó.
• Más de 900 millones de dólares — total de contratos federales que Palantir ha obtenido desde el inicio de la actual administración, según registros públicos obtenidos por The New York Times.

Y un dato de procedimiento que importa tanto como las cifras: el contrato se adjudicó sin licitación. ICE argumentó en su justificación que existía una necesidad “urgente e imperiosa” y que Palantir era “la única fuente” capaz de entregarlo a tiempo, porque “los sistemas de Palantir ya están ingiriendo y procesando datos de múltiples fuentes de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional y externas”.

Traducido: la empresa está tan integrada en la infraestructura del organismo que ningún competidor podría alcanzarla. En el lenguaje de la industria eso se llama vendor lock-in —dependencia de proveedor único. En el lenguaje del ensayo de 2009, se parece bastante a un monopolio.

Las tres funciones, según el propio contrato

El documento oficial enumera qué debe hacer el sistema. Son tres capacidades:

1. Priorización de objetivos y aplicación de la ley. El contrato habla de “agilizar las operaciones de selección y aprehensión”. El sistema jerarquiza a quién buscar primero. Las categorías prioritarias que menciona son “criminales violentos”, “afiliados de organizaciones criminales transnacionales conocidas” y —esta es la que cambia todo— personas que excedieron la vigencia de su visa.

2. Seguimiento de la autodeportación. El contrato exige “visibilidad casi en tiempo real” sobre las personas que abandonan el país por cuenta propia, para “informar la política” y reportar con exactitud las salidas.

3. Gestión del ciclo de vida migratorio. El proceso completo, “de la identificación a la expulsión”, con “mayor eficiencia en la logística de deportación, minimizando tiempo y gasto de recursos”.

El detalle que debería importarle a cualquier mexicano con visa

Volvamos a la primera categoría. En la legislación estadounidense, exceder la vigencia de una visa ha sido tradicionalmente una falta administrativa, no un delito. Sin embargo, en el contrato aparece listada junto a “criminales violentos” y miembros de organizaciones criminales transnacionales como prioridad del sistema.

No estamos hablando de una interpretación: es el texto del documento. Y significa que la persona que se quedó unas semanas más de lo permitido después de visitar a su familia queda categorizada, para efectos operativos del sistema, en la misma cola de prioridad que alguien acusado de un delito violento.

De dónde saca los datos

ImmigrationOS no genera información nueva. Su función es unir la que ya existe en bases de datos separadas. Según los registros contractuales y los reportes de organizaciones especializadas, el sistema integra:

• Registros de pasaportes
• Archivos del Seguro Social
• Datos fiscales del servicio de recaudación
• Lectores automáticos de placas vehiculares
• Bases de datos de agencias federales de investigación
• Registros de visas estudiantiles
• Información de corredores de datos privados

A eso se suma una herramienta complementaria llamada ELITE —Identificación Mejorada de Pistas y Focalización para Aplicación de la Ley—, que según reportes públicos ubica objetivos en un mapa digital, arma expedientes individuales y les asigna “puntajes de confianza” sobre la exactitud del domicilio.

Un puntaje de confianza sobre dónde vive una persona. Ese es el nivel de granularidad del sistema.

La Unión Americana de Libertades Civiles, que sigue a Palantir desde 2011, documentó que estas herramientas “forman la columna vertebral del régimen de deportación masiva de ICE”.

Lo que dijeron desde adentro de Silicon Valley

Aquí es donde la historia deja de ser solo contractual.

Cuando se conoció el contrato, Paul Graham —fundador de Y Combinator, la incubadora más influyente del sector tecnológico— escribió públicamente: “Es un momento muy emocionante en la tecnología ahora mismo. Si eres un programador de primer nivel, hay muchísimos otros lugares donde puedes ir a trabajar en lugar de la empresa que está construyendo la infraestructura del Estado policial.”

La respuesta de Palantir llegó de Ted Mabrey, su director global comercial, quien defendió a la compañía recordando que su trabajo con Seguridad Nacional comenzó tras el asesinato del agente Jaime Zapata a manos de los Zetas, en una operación llamada “Héroe Caído”. Su argumento fue: “Cuando hay personas vivas por lo que construiste, y otras muertas porque lo que construiste no era todavía suficientemente bueno, uno…”

Es un argumento que merece registrarse completo, porque es el mejor que la empresa tiene y porque tiene fondo real: Palantir empezó a trabajar con el gobierno estadounidense en 2011, bajo una administración demócrata, y el asesinato de Zapata ocurrió en territorio mexicano.

En mayo de 2025, trece exempleados de Palantir firmaron una carta abierta con una valoración distinta: “Las empresas están apaciguando a la administración, suprimiendo la disidencia y alineándose con su agenda xenófoba, sexista y oligárquica.”

El conflicto de interés documentado

Un elemento que las organizaciones civiles han señalado y que conviene consignar con precisión: Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de la administración estadounidense, mantiene una participación financiera sustancial en Palantir, según reportó el American Immigration Council.

No es una acusación de ilegalidad. Es un hecho registrado que describe cómo se solapan la decisión política y el beneficio corporativo en este caso concreto.

Lo que ya no se limita a migrantes

En diciembre de 2025, nuevos registros contractuales revelaron que Palantir construye también una plataforma tecnológica para el servicio de Ciudadanía e Inmigración —la agencia que otorga beneficios migratorios, no la que los persigue. Es decir, el mismo proveedor que opera el sistema de expulsión ahora participa en el sistema que decide quién obtiene residencia o ciudadanía.

Organizaciones de libertades civiles han advertido un riesgo estructural: nada en el diseño técnico del sistema limita su uso a personas sin documentos. La arquitectura que rastrea a un migrante puede rastrear a cualquiera.

La línea que conecta con 2009

En la primera entrega documentamos que Thiel escribió: “la gran tarea para los libertarios es encontrar una vía de escape de la política en todas sus formas”, y que identificó tres territorios donde construirla —el ciberespacio, el espacio exterior y el mar.

Diecisiete años después, el ciberespacio dejó de ser una vía de escape de la política. Se convirtió en el instrumento con el que un gobierno ejerce una de sus funciones más coercitivas: decidir quién puede quedarse en el país y quién debe irse, y en qué orden.

Hay una diferencia importante que este medio no va a omitir: Thiel cofundó Palantir y preside su consejo, pero no dirige su operación diaria ni firma sus contratos. Atribuirle cada decisión de la empresa sería inexacto.

Lo que sí es exacto es esto: el hombre que escribió que había que escapar de la política construyó, en cambio, una de las herramientas de poder estatal más precisas de este siglo. No la usó para huir del Estado. Se la vendió.

En la próxima entrega: Competir es de perdedores. La tesis de Zero to One que enseña a Silicon Valley que el capitalismo y la competencia son opuestos, y por qué esa idea explica tanto el éxito de Palantir como el contrato sin licitación que acabamos de describir.

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Las fronteras de México, tanto al norte con Estados Unidos como al sur en Chiapas, se encuentran en un momento de alta tensión. En Los Ángeles, California, las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han escalado, mientras que en Chiapas, la violencia desatada por cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha generado un clima de inseguridad que trasciende fronteras. Estos eventos, que parecen alimentar un estado de agitación en ambos extremos del país, han levantado sospechas sobre si podrían estar siendo orquestados para desestabilizar la región, en un contexto donde la llegada del nuevo embajador estadounidense, Ronald Johnson, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China añaden capas de complejidad a la situación.

Protestas contra el ICE en Los Ángeles: Una ciudad en ebullición

Desde el viernes 6 de junio de 2025, Los Ángeles ha sido escenario de manifestaciones masivas en respuesta a las redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según reportes, al menos 42 ciudadanos mexicanos han sido detenidos en operativos del ICE, lo que ha desatado la indignación de comunidades migrantes y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que planea una protesta pacífica el 9 de junio en el centro de la ciudad. Las movilizaciones han derivado en enfrentamientos violentos, con la Guardia Nacional desplegando más de 2,000 efectivos, el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y reportes de vehículos incendiados y grafitis con mensajes como “Our City” en edificios federales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha condenado las protestas violentas, afirmando que “los manifestantes violentos en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano” y destacando la importancia de reforzar el Estado de Derecho. Sin embargo, un post en X de @UnnimediosMx, cuya veracidad no ha sido confirmada, sugiere que mafias mexicanas, venezolanas y cubanas podrían estar detrás de la violencia, lo que ha generado especulaciones sobre una posible manipulación de las protestas para exacerbar tensiones. Esta información, aunque no verificada, refleja el clima de desconfianza y polarización en torno a las políticas migratorias de Trump, que incluyen la amenaza de deportaciones masivas y la difusión de anuncios antimigrantes en México, calificados como “discriminatorios” por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Chiapas: Un polvorín controlado por cárteles

En el sur de México, Chiapas enfrenta una crisis de violencia que ha convertido al estado en un campo de batalla entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Según un informe de ACLED, México es el cuarto país con un conflicto armado más extremo en 2024, solo superado por Palestina, Myanmar y Siria, debido en gran parte a la fragmentación de los cárteles y su lucha por el control territorial. En Chiapas, esta “guerra civil de cárteles” ha desplazado a más de 4,000 personas en Tila y ha generado enfrentamientos que incluso han cruzado la frontera con Guatemala, donde autoridades reportan incursiones del CJNG.

La Guardia Nacional mexicana, empleada para contener tanto la migración como el crimen organizado, ha sido señalada por abusos, incluyendo la ejecución de migrantes en Chiapas. Esta situación ha llevado a agencias turísticas de Francia, Reino Unido y Bélgica a suspender viajes a la selva Lacandona, evidenciando el impacto internacional de la violencia. La escalada de inseguridad coincide con un aumento en la retórica estadounidense que vincula la migración y el narcotráfico, con figuras como el ex-senador Marco Rubio responsabilizando a los cárteles de “inundar” Estados Unidos con inmigrantes y fentanilo.

¿Una desestabilización orquestada?

La simultaneidad de las crisis en ambas fronteras ha generado especulaciones sobre si estos eventos podrían estar siendo manipulados para desestabilizar a México. La llegada de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un exmilitar con experiencia en inteligencia y relaciones con gobiernos de América Latina, ha avivado estas sospechas. Johnson no ha descartado la posibilidad de acciones militares unilaterales contra cárteles si la seguridad de ciudadanos estadounidenses está en riesgo, aunque enfatiza la cooperación con México. Su nombramiento, ha sido recibido con cautela en México, donde se teme que su experiencia en operaciones de seguridad pueda presionar por una mayor intervención estadounidense.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China aparece como un trasfondo clave. México ha superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023, beneficiándose de las tensiones entre Washington y Pekín. Sin embargo, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si no se detiene el flujo migratorio y el transbordo de productos chinos a través de México. Estas medidas podrían debilitar la economía mexicana, que depende en gran medida de las remesas y el comercio con Estados Unidos. Algunos analistas, como Guadalupe González, sugieren que las políticas de Trump buscan no solo controlar la migración, sino también proyectar poder internacional y debilitar a México como competidor en el contexto de la rivalidad con China.

La respuesta mexicana y el papel de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de cautela y negociación frente a las presiones de Trump. En respuesta a las redadas en Los Ángeles, ha prometido apoyo a los migrantes mexicanos y ha criticado la retórica antimigrante de Estados Unidos, mientras aboga por una reforma migratoria integral. En Chiapas, su administración enfrenta el desafío de controlar la violencia sin ceder a la militarización impulsada por Estados Unidos, manteniendo el programa “Constructores de Paz” para prevenir el reclutamiento de jóvenes por los cárteles.

Sin embargo, la estrategia mexicana enfrenta críticas. Organizaciones de derechos humanos temen que las políticas migratorias de Trump, como la reinstalación del programa “Quédate en México” o el Título 42, se implementen con la complicidad de México, como ocurrió durante el primer mandato de Trump. Además, la falta de una respuesta contundente a la violencia en Chiapas podría exacerbar la percepción de debilidad institucional.

 Un juego geopolítico de alto riesgo

Las crisis en las fronteras de México no son hechos aislados, sino parte de un entramado geopolítico donde la migración, el narcotráfico y la guerra comercial entre Estados Unidos y China convergen. La llegada de Ronald Johnson como embajador podría intensificar la presión sobre México para alinearse con los intereses de Washington, mientras que las protestas en Los Ángeles y la violencia en Chiapas reflejan las tensiones sociales y políticas de una relación bilateral asimétrica. Si bien no hay evidencia concluyente de que estos eventos sean orquestados para desestabilizar México, las declaraciones de Trump y la retórica de su administración sugieren una estrategia de coerción que podría tener consecuencias económicas y sociales devastadoras para el país.

En este contexto, México enfrenta el desafío de proteger su soberanía y a sus ciudadanos, tanto en su territorio como en el extranjero, mientras navega las complejidades de una relación bilateral marcada por la desconfianza y la dependencia mutua. La pregunta sigue siendo si la diplomacia de Sheinbaum podrá contrarrestar las políticas de mano dura de Trump y mantener la estabilidad en un momento de incertidumbre global.

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