Por Román André Martínez Bravo

La diplomacia formal tiene comunicados, cumbres y acuerdos firmados a varias manos. Pero hay otro idioma, más frío y más preciso, con el que Washington habla cuando quiere hacerse escuchar sin decir una palabra: el estatus migratorio de quienes gobiernan al otro lado de la frontera.

En las últimas semanas, ese idioma se ha vuelto el verdadero termómetro de la relación bilateral, mucho más revelador que cualquier declaración conjunta.

El episodio más reciente llegó esta semana, cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación de su visa estadounidense. En una carta abierta dirigida al presidente Donald Trump, fechada en Teapa, Tabasco, López Beltrán atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quien calificó con el mote de “el quita visas”.

La calificó como un acto “político”, “politiquero” y “propagandístico”, y llegó a describirla como expresión de una “fobia conservadora” contra Morena y sus dirigentes. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a López Beltrán, al considerar la medida como un acto de “injerencia política”.

El caso, sin embargo, no es aislado ni excepcional: es apenas el más visible de una lista que ya supera los cincuenta políticos mexicanos —la mayoría de Morena— que han perdido su visa estadounidense desde 2025. Entre ellos figuran gobernadoras y gobernadores en funciones, como Marina del Pilar Ávila, en Baja California, y Alfonso Durazo, en Sonora, además de alcaldes de ciudades fronterizas y otros funcionarios de distintos niveles.

El Departamento de Estado no ha explicado las razones individuales de ninguno de estos casos, lo cual alimenta la percepción de que se trata de un instrumento discrecional, aplicado sin criterios públicos ni mecanismos claros de defensa.

Un instrumento de presión, no un trámite consular

Conviene no perder de vista lo obvio: cancelar una visa no es, en el fondo, un simple acto administrativo. Es una herramienta de política exterior que Washington ha usado históricamente contra gobiernos y personajes que considera adversarios o incómodos, normalmente reservada para funcionarios vinculados con corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos.

Lo distintivo del momento actual es la escala y el patrón: la medida se aplica de manera sistemática a una franja política identificable, sin que trascienda evidencia pública de delitos o faltas concretas.

Esto convierte al fenómeno en algo más cercano a una presión diplomática dirigida que a un ejercicio ordinario de control migratorio. La propia Sheinbaum lo planteó en esos términos al cuestionar que estas cancelaciones no se apliquen de manera uniforme entre países ni bajo estándares claros, sugiriendo que el criterio real es político antes que legal o de seguridad.

Vale la pena notar, además, el componente simbólico del gesto. Una visa cancelada no impide gobernar, legislar o hacer campaña dentro de México; su efecto es casi enteramente reputacional.

Al dirigirse contra figuras públicas y no contra ciudadanos comunes, Washington sabe que la noticia se propaga, que obliga a un pronunciamiento oficial y que coloca a cada afectado en la disyuntiva de mostrarse desafiante o conciliador ante su propia base política.

Es, en ese sentido, diplomacia dirigida tanto a Palacio Nacional como a la opinión pública mexicana.

El contexto que lo explica: la región como prioridad estratégica

Estas fricciones no ocurren en el vacío. Se inscriben en una redefinición más amplia de la política exterior estadounidense, que desde finales del año pasado colocó al hemisferio occidental como prioridad estratégica, con un enfoque explícito en control migratorio, combate a organizaciones criminales, seguridad de rutas marítimas y reordenamiento económico en torno al nearshoring.

La acción militar y coercitiva contra Venezuela es la manifestación más dura de esa doctrina. Pero la presión sobre funcionarios mexicanos es su versión más silenciosa y, en cierto sentido, más incómoda: no apunta a un régimen declarado como enemigo, sino a un gobierno con el que Estados Unidos mantiene una relación comercial y de seguridad profundamente entrelazada.

Ahí radica la paradoja central que enfrenta México. La integración económica con su vecino del norte —consolidada durante décadas y profundizada por el propio nearshoring que Washington promueve— limita severamente el margen de respuesta de México ante gestos que, en cualquier otra relación bilateral, podrían calificarse abiertamente como hostiles.

No es casual que la reacción del gobierno mexicano se haya mantenido, hasta ahora, en el terreno discursivo: declaraciones de respaldo, señalamientos de doble estándar, pero sin medidas recíprocas ni una ruptura del tono cooperativo en temas de seguridad y comercio.

Esa cautela no es debilidad gratuita; es cálculo, en un año en el que además se perfila la revisión del T-MEC como el asunto que definirá buena parte del futuro económico del país.

Esa misma cautela, sin embargo, tiene un costo político interno. Cada nueva cancelación refuerza, dentro de la narrativa oficial, la idea de un país sometido a presiones externas que no puede responder en espejo. Eso alimenta tanto el discurso soberanista del gobierno como las críticas de quienes ven en el silencio estratégico una forma de subordinación.

El reto para la diplomacia mexicana es sostener ambos registros a la vez: firmeza retórica hacia adentro y pragmatismo absoluto hacia afuera.

Lo que revela como termómetro bilateral

Si se le mira con distancia, el patrón de cancelaciones de visa funciona como un indicador más confiable que los comunicados oficiales sobre el verdadero estado de la relación.

Mientras las cumbres y los discursos hablan de “vecindad”, “cooperación” y “seguridad compartida”, la práctica consular sugiere una relación crecientemente asimétrica, en la que Washington se reserva el derecho de sancionar individualmente a la clase política mexicana sin necesidad de pasar por canales diplomáticos formales ni justificar sus decisiones ante la contraparte.

Para México, el reto no es solamente reactivo. Cada cancelación de visa erosiona, una tras otra, la capacidad de construir una relación basada en reglas predecibles. Además, traslada la incertidumbre desde el terreno comercial —donde existen mecanismos de resolución de disputas, como los del propio T-MEC— hacia el terreno personal y político, donde no existe ningún contrapeso institucional.

Es, en ese sentido, una forma de poder que opera fuera de los marcos que ambos países han construido durante treinta años de integración.

El riesgo de que se vuelva la nueva normalidad

El mayor peligro de este patrón no es el episodio aislado, sino su normalización. Cuando un instrumento excepcional se convierte en rutina —cincuenta casos y contando, sin criterios públicos ni respuesta institucional equivalente— deja de ser noticia para volverse parte del paisaje de la relación bilateral.

Eso tiene consecuencias de largo plazo: desincentiva la colaboración transfronteriza de funcionarios locales, introduce autocensura en gobernadores y alcaldes que dependen de vínculos con contrapartes estadounidenses, y traslada a terceros —empresarios, académicos, periodistas— la señal de que ningún actor mexicano está exento de convertirse en el próximo caso.

La pregunta de fondo, entonces, no es si México puede o no responder con símbolos equivalentes —evidentemente no tiene ese margen—, sino qué tanto puede permitirse que la relación bilateral se gestione, cada vez más, a través de decisiones administrativas unilaterales y opacas, mientras la agenda formal sigue hablando el lenguaje de la asociación estratégica.

Ese desfase entre el discurso y la práctica es, hoy, la clave geopolítica más honesta para entender el momento que vive México frente a su vecino del norte.

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Por Román André Martínez Bravo

Todo gobierno mexicano hereda un mismo lenguaje diplomático: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Son principios que datan de la Doctrina Estrada de 1930 y que quedaron inscritos en el artículo 89 constitucional.

Pero un lenguaje compartido no garantiza una misma práctica. Lo interesante de observar en la administración de Claudia Sheinbaum no es que repita esas fórmulas —todos los presidentes lo hacen—, sino cómo las está poniendo a prueba frente a una región cada vez más fracturada y frente a un vecino, Estados Unidos, que exige alineamiento antes que principios.

Una herencia con nombre propio

La presidenta ha insistido, en distintos foros internacionales, en que la política exterior mexicana representa una suerte de vanguardia moral: un país que defiende la soberanía de las naciones y rechaza el uso de la fuerza como método para resolver conflictos, en contraste con lo que describe como un mundo cada vez más militarizado.

Ha llegado a proponer, en cumbres de líderes progresistas, que el gasto militar global se redirija hacia la reforestación y el empleo en países pobres. Es un discurso que conecta explícitamente con el legado de Andrés Manuel López Obrador y con el concepto de “economía del bienestar” que él mismo promovió.

El problema de toda doctrina basada en principios universales es que, tarde o temprano, choca con casos concretos que exigen decisiones políticas, no solo declaraciones. Ahí es donde vale la pena mirar de cerca.

Los casos que ponen a prueba la doctrina

Tres episodios recientes ilustran la tensión entre principio y pragmatismo.

El primero es Ecuador. México rompió relaciones diplomáticas con ese país después de que autoridades ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un episodio que Sheinbaum ha calificado como un agravio directo a la soberanía nacional.

Aquí la doctrina no es ambigua: la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es uno de los pilares más antiguos del derecho internacional, y México aplicó el principio sin matices.

El segundo es Perú, con un matiz distinto. México restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Dina Boluarte esta misma semana, después de una ruptura previa motivada por el asilo que México otorgó a la expresidenta Betssy Chávez, condenada tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Sheinbaum ha explicado que la reconciliación se dio cuando quien ahora encabeza el gobierno peruano —Keiko Fujimori— tomó la iniciativa de llamar personalmente para resolver el diferendo, y que un salvoconducto para Chávez estaría disponible en cuanto ella pueda salir del país.

La presidenta ha subrayado que México debe sostener relaciones diplomáticas con el mundo más allá de la orientación política de los gobiernos. Esa frase, en realidad, describe bastante bien el pragmatismo detrás de la doctrina: los principios se sostienen, pero las relaciones se negocian caso por caso.

El tercero es la relación con Cuba y Venezuela, hacia donde México continúa enviando ayuda humanitaria pese a las presiones de Washington para aislar a ambos gobiernos.

Aquí la autodeterminación de los pueblos se invoca de forma más ideológica que jurídica, y es el punto donde más críticas recibe la doctrina desde sectores que la acusan de aplicarse de forma selectiva: firme frente a Ecuador, flexible frente a Perú y condescendiente frente a La Habana y Caracas.

El verdadero examen: diversificar sin romper con Washington

La aplicación más estratégica de la doctrina, sin embargo, no está en los principios declarativos, sino en una decisión estructural: diversificar alianzas mientras se gestiona la dependencia comercial con Estados Unidos.

La Cancillería mexicana ha impulsado en meses recientes una comisión binacional con Brasil que busca ampliar la cooperación energética y tecnológica, incluida una posible alianza entre Pemex y Petrobras, además del acompañamiento diplomático que Brasil ofrece a México en Perú.

En un entorno donde casi el 83% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, construir relaciones alternativas en América Latina ya no es un gesto retórico de solidaridad regional: es una cobertura de riesgo.

Y es aquí donde la doctrina enfrenta su límite más evidente. Toda la arquitectura discursiva de no intervención y soberanía convive, en la práctica diaria del gobierno, con una negociación mucho más dura y silenciosa: la revisión del T-MEC.

Washington presiona por cambiar reglas de origen, ha impuesto aranceles bajo distintas figuras legales y empuja el concepto de “seguridad económica”: un término que ni siquiera existía cuando se firmó el tratado original. México ha optado por no confrontar abiertamente estas exigencias con el mismo lenguaje de soberanía que utiliza frente a Ecuador o Venezuela.

Frente a Washington, la doctrina se vuelve notablemente más cautelosa.

La doctrina como equilibrio, no como dogma

Leída en conjunto, la política exterior de Sheinbaum no funciona como un catálogo rígido de principios aplicados por igual en cualquier circunstancia. Funciona, más bien, como un equilibrio calculado: firmeza retórica y jurídica donde el costo político es bajo —Ecuador y foros multilaterales—; flexibilidad pragmática donde conviene reconstruir puentes —Perú—; acompañamiento ideológico donde hay afinidad histórica —Cuba y Venezuela—; y cautela estratégica donde el interés económico es demasiado grande para arriesgarlo —Estados Unidos—.

Esto no necesariamente es una contradicción ni una debilidad. Ningún país de tamaño medio, con una economía tan integrada a la de su vecino del norte, puede permitirse una política exterior puramente principista.

Lo que sí vale la pena observar, semana con semana, es hasta dónde llega el margen real de esos principios cuando se enfrentan a un interlocutor —Washington— que no juega bajo las mismas reglas.

La doctrina Sheinbaum, más que una novedad, es la versión 2026 de un viejo dilema mexicano: cómo sostener la soberanía discursiva sin poner en riesgo la dependencia estructural que define, en los hechos, buena parte de la política exterior del país.

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