José Luis Martínez recibió formalmente la coordinación municipal durante una demostración de fuerza territorial; el partido pretende extender su organización al 90 por ciento de Querétaro antes de terminar 2026

AMEALCO DE BONFIL, Qro.— El Partido del Trabajo formalizó el nombramiento de José Luis Martínez, conocido como “El Tope”, como coordinador municipal de Afiliación en Amealco, en un encuentro que funcionó tanto como ceremonia partidista como demostración anticipada de músculo político rumbo a las elecciones de 2027.

El acto se realizó en San Bartolo y reunió a más de mil personas entre; simpatizantes, operadores territoriales, liderazgos comunitarios y representantes del PT procedentes de diferentes municipios.

La crónica audiovisual producida y difundida por LYPmultimedios muestra a Martínez recibiendo el nombramiento de manos de la comisionada política del PT en Querétaro, Valeria Flores Gauna, quien anunció que el nuevo coordinador encabezará las tareas de afiliación, promoción y posicionamiento del partido en barrios y comunidades de Amealco.

Más que un nombramiento administrativo, la concentración exhibió la pretensión del PT de construir una estructura propia en un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano y donde la coalición integrada por Morena, el Verde y el propio partido petista quedó relegada al tercer lugar en la elección municipal de 2024.

Un nombramiento que oficializa un trabajo previo

La ceremonia no representa propiamente el comienzo de las actividades de José Luis Martínez dentro del PT. Desde mayo de 2026, una publicación del Partido del Trabajo ya lo identificaba como coordinador de Afiliación en Amealco durante recorridos realizados en la comunidad de La Joya.

Por tanto, el encuentro de San Bartolo debe entenderse como la ratificación pública de una responsabilidad que Martínez ya ejercía en los hechos y, sobre todo, como la presentación de un liderazgo alrededor del cual el PT busca articular su operación municipal.

La diferencia no es menor. En política territorial, el nombramiento entrega facultades internas; la concentración pretende aportar legitimidad, capacidad de convocatoria y una narrativa de crecimiento. El mensaje cuidadosamente construido por el partido presentó a “El Tope” como un personaje cercano a las comunidades y respaldado por una estructura que no apareció de manera espontánea.

Martínez agradeció la presencia de sus familiares, simpatizantes y habitantes de distintas localidades. También describió la nueva encomienda como un “proyecto de vida” y aseguró que, con el apoyo de quienes acudieron, buscarán conseguir “el cambio” que desean para Amealco.

La frase no equivale al anuncio de una candidatura, pero sí rebasa el lenguaje técnico de una campaña de afiliación. Coloca al nuevo coordinador dentro de la conversación política municipal y deja abierta la interpretación sobre el papel que pretende desempeñar en 2027.

El territorio que el PT quiere disputar

Amealco llega al siguiente ciclo electoral con un escenario particularmente competido. En 2024, Óscar Pérez Martínez ganó la Presidencia Municipal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano con 10 mil 873 votos, equivalentes a 35.53 por ciento de la votación contabilizada.

La candidatura común de Morena, PT y Partido Verde, encabezada por María de la Luz García Santiago, obtuvo 7 mil 481 votos y quedó en tercer lugar, de acuerdo con los resultados preliminares recopilados por Presencia Universitaria de la UAQ y el archivo histórico del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

La distancia de más de tres mil votos respecto del ganador explica la urgencia organizativa. Si el bloque de la Cuarta Transformación pretende competir seriamente por Amealco, necesita ampliar su presencia comunitaria y, al mismo tiempo, resolver quién conducirá una eventual candidatura común.

El nombramiento de Martínez no despeja esa incógnita. Tampoco define si Morena, el PT y el Verde volverán a competir unidos ni cuál partido tendría derecho a postular la candidatura municipal. Lo que sí hace es proporcionar al PT una estructura propia para llegar con mayor capacidad de negociación cuando comiencen las definiciones.

Afiliación casa por casa y una meta estatal todavía imprecisa

Valeria Flores explicó que la estrategia contempla visitas casa por casa, barrio por barrio y comunidad por comunidad. El objetivo declarado es convertir el reconocimiento personal de Martínez en afiliaciones y presencia orgánica para el partido.

En las entrevistas que realizamos , representantes petistas afirmaron que esperan cerrar 2026 con trabajo territorial en entre 80 y 90 por ciento de los 18 municipios y de los distritos electorales de Querétaro.

La meta, sin embargo, fue presentada sin una base pública que permita medir su avance. No se detalló cuántos comités existen actualmente, cuántas afiliaciones válidas registra el partido, qué municipios carecen de estructura ni bajo qué indicadores se determinará que un territorio se encuentra cubierto.

Esa información será indispensable para distinguir entre una expansión efectiva y una sucesión de nombramientos acompañados por concentraciones políticas. El tamaño de una estructura no se mide solamente por la asistencia a un acto, sino por su permanencia, capacidad de movilización y presencia electoral.

El mensaje indirecto hacia el Congreso

Otro de los pasajes políticamente relevantes apareció cuando Valeria Flores aseguró que la representación del PT en el Congreso queretano permanece “más allá de que exista una persona o no” y sostuvo que el partido mantiene comunicación con legisladores que llegaron mediante sus siglas.

La dirigente no mencionó nombres, pero la declaración ocurre después del enfrentamiento público con la diputada Claudia Díaz Gayou. En julio, Flores afirmó que el PT no mantenía coordinación con la legisladora y que sus iniciativas correspondían a posiciones personales; Díaz Gayou respondió acusando a la dirigencia estatal de permanecer ausente y promovió su remoción.

Por ello, la insistencia de Flores en que “es más la gente que se está sumando que la que se está yendo” puede leerse como una respuesta política a la fractura interna, aunque en el video no la vincula expresamente con Díaz Gayou.

El nombramiento de “El Tope” permite a la dirigencia desplazar la conversación desde sus disputas internas hacia la construcción territorial. También envía un mensaje a Morena: el PT pretende llegar a las negociaciones de 2027 con operadores, comités y posibles perfiles propios, no únicamente como acompañante de la fuerza mayoritaria.

El Tren México-Querétaro y la alineación con Sheinbaum

Durante la jornada, el PT reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto del Tren México-Querétaro. Flores atribuyó las críticas contra la obra a los temores electorales de la oposición y sostuvo que la Cuarta Transformación llegará al gobierno de Querétaro en 2027.

Esa definición coloca el despliegue de Amealco dentro de una estrategia estatal: fortalecer al PT sin romper, por ahora, con la alianza nacional encabezada por Morena. La apuesta consiste en respaldar al Gobierno federal mientras el partido reúne suficientes activos territoriales para reclamar espacios en las futuras candidaturas.

José Luis Martínez recibió formalmente una coordinación de afiliación, no una candidatura. Pero la escenografía política, el discurso sobre el cambio municipal y la magnitud de la convocatoria presentada por el partido anticipan una competencia que ya comenzó fuera de los plazos electorales.

La prueba para “El Tope” será convertir los saludos, las fotografías y el entusiasmo de una mañana dominical en una organización verificable. La del PT será demostrar que puede crecer en Amealco sin reducir su despliegue a la promoción personal de quien acaba de colocar al frente de su estructura.

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La muñeca fue elaborada por artesanas de la región con acompañamiento universitario; la diputada Blanca Benítez ofreció respaldar su difusión

PINAL DE AMOLES, Qro.— Artesanas de la Sierra Gorda presentaron la primera muñeca “Pinali”, una pieza concebida para representar la identidad cultural de Pinal de Amoles y abrir nuevas posibilidades de promoción para el trabajo comunitario de la región.

La presentación se realizó durante las actividades de la Feria de la Manzana 2026, vinculadas con el ejido Sauz de Guadalupe, donde también se desarrollaron una carrera deportiva, exhibiciones artesanales y encuentros dedicados a la producción y comercialización de la manzana.

La diputada local del Distrito XV, Blanca Benítez Estrada, acudió al encuentro, respaldó la organización de la Carrera de la Manzana y acompañó la presentación de la muñeca. Durante su intervención, ofreció colaborar en la difusión del proyecto artesanal y de otras iniciativas culturales originadas en la Sierra Gorda queretana.

Una muñeca para representar a la comunidad

De acuerdo con la información divulgada por la oficina de la legisladora, “Pinali” fue elaborada por artesanas de la región con la colaboración de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El Gobierno Municipal de Pinal de Amoles atribuyó el impulso de la pieza al ejido Sauz de Guadalupe y mencionó directamente la colaboración de la UTSJR. Por su parte, el comunicado de Benítez Estrada también incluye a la UAQ. Representantes de ambas instituciones estuvieron presentes en las actividades de la feria, aunque los documentos difundidos no detallan la intervención específica de cada universidad en el diseño, la capacitación o el desarrollo comercial de la muñeca.

La intención, según los organizadores, es que “Pinali” funcione como una pequeña embajadora de Pinal de Amoles: un objeto artesanal capaz de condensar referencias a su territorio, su cultura y sus comunidades.

Sin embargo, todavía no se han informado públicamente los nombres de las creadoras, los materiales empleados, el tiempo requerido para elaborar cada pieza, su precio de venta ni los mecanismos mediante los cuales podrá adquirirse. Tampoco se conoce si existe una organización colectiva encargada de administrar la marca, proteger el diseño y distribuir los ingresos entre las participantes.

Precisar estos elementos será importante para que la presentación no permanezca únicamente como un acto simbólico, sino que pueda transformarse en una alternativa productiva con beneficios verificables para las artesanas.

La manzana como eje económico y turístico

La edición 2026 de la feria buscó vincular la producción agrícola con el turismo, la gastronomía, el deporte y las expresiones artesanales. El programa incluyó la primera Carrera de la Manzana, una ruta artesanal, talleres, actividades culturales, exposición de fruta y un foro sobre la relación entre la producción de manzana y la actividad turística.

El Ayuntamiento de Pinal de Amoles informó que el encuentro se desarrolló en la zona de Derramadero de Juárez y el ejido Sauz de Guadalupe, con el propósito de fortalecer la comercialización de los productos locales y generar movimiento económico para las familias de ambas comunidades.

Durante el cierre también se impartió una conferencia sobre el valor agregado de la manzana. La discusión resulta relevante para una región donde el desafío no consiste solamente en producir, sino en transformar, conservar, empaquetar y comercializar los frutos bajo condiciones que permitan a las comunidades retener una mayor proporción de los ingresos.

En ese contexto, “Pinali” puede incorporarse a una estrategia más amplia de identidad territorial: una oferta que relacione artesanías, gastronomía, paisajes y producción agrícola. Para conseguirlo, el proyecto necesitará continuidad, capacitación, canales de venta y una política que reconozca claramente la autoría de las mujeres que fabrican las piezas.

Blanca Benítez ofrece apoyar la promoción

Durante la presentación, Blanca Benítez felicitó a las artesanas y sostuvo que la Sierra Gorda debe tener una mayor presencia en el resto de Querétaro. También manifestó su disposición para contribuir a la promoción de la muñeca y de otros proyectos que permitan mostrar la riqueza cultural de Pinal de Amoles.

El comunicado de su oficina no precisa si el respaldo brindado a la Carrera de la Manzana o el ofrecido a “Pinali” consistió en recursos económicos, gestión institucional, apoyo logístico o difusión. La definición de esos alcances permitirá conocer la aportación concreta de la representación legislativa al proyecto.

La aparición pública de “Pinali” constituye un primer paso. Su consolidación dependerá de que las artesanas permanezcan en el centro del proceso, reciban reconocimiento por su trabajo y participen en las decisiones sobre producción, precio y comercialización.

El verdadero alcance de la muñeca no se medirá solamente por las ceremonias en las que sea presentada, sino por su capacidad para generar ingresos, preservar saberes comunitarios y convertir la identidad cultural de Pinal de Amoles en una oportunidad económica administrada por quienes le dieron forma.

La muñeca fue elaborada por artesanas de la región con acompañamiento universitario; la diputada Blanca Benítez ofreció respaldar su difusión

PINAL DE AMOLES, Qro.— Artesanas de la Sierra Gorda presentaron la primera muñeca “Pinali”, una pieza concebida para representar la identidad cultural de Pinal de Amoles y abrir nuevas posibilidades de promoción para el trabajo comunitario de la región.

La presentación se realizó durante las actividades de la Feria de la Manzana 2026, vinculadas con el ejido Sauz de Guadalupe, donde también se desarrollaron una carrera deportiva, exhibiciones artesanales y encuentros dedicados a la producción y comercialización de la manzana.

La diputada local del Distrito XV, Blanca Benítez Estrada, acudió al encuentro, respaldó la organización de la Carrera de la Manzana y acompañó la presentación de la muñeca. Durante su intervención, ofreció colaborar en la difusión del proyecto artesanal y de otras iniciativas culturales originadas en la Sierra Gorda queretana.

Una muñeca para representar a la comunidad

De acuerdo con la información divulgada por la oficina de la legisladora, “Pinali” fue elaborada por artesanas de la región con la colaboración de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El Gobierno Municipal de Pinal de Amoles atribuyó el impulso de la pieza al ejido Sauz de Guadalupe y mencionó directamente la colaboración de la UTSJR. Por su parte, el comunicado de Benítez Estrada también incluye a la UAQ. Representantes de ambas instituciones estuvieron presentes en las actividades de la feria, aunque los documentos difundidos no detallan la intervención específica de cada universidad en el diseño, la capacitación o el desarrollo comercial de la muñeca.

La intención, según los organizadores, es que “Pinali” funcione como una pequeña embajadora de Pinal de Amoles: un objeto artesanal capaz de condensar referencias a su territorio, su cultura y sus comunidades.

Sin embargo, todavía no se han informado públicamente los nombres de las creadoras, los materiales empleados, el tiempo requerido para elaborar cada pieza, su precio de venta ni los mecanismos mediante los cuales podrá adquirirse. Tampoco se conoce si existe una organización colectiva encargada de administrar la marca, proteger el diseño y distribuir los ingresos entre las participantes.

Precisar estos elementos será importante para que la presentación no permanezca únicamente como un acto simbólico, sino que pueda transformarse en una alternativa productiva con beneficios verificables para las artesanas.

La manzana como eje económico y turístico

La edición 2026 de la feria buscó vincular la producción agrícola con el turismo, la gastronomía, el deporte y las expresiones artesanales. El programa incluyó la primera Carrera de la Manzana, una ruta artesanal, talleres, actividades culturales, exposición de fruta y un foro sobre la relación entre la producción de manzana y la actividad turística.

El Ayuntamiento de Pinal de Amoles informó que el encuentro se desarrolló en la zona de Derramadero de Juárez y el ejido Sauz de Guadalupe, con el propósito de fortalecer la comercialización de los productos locales y generar movimiento económico para las familias de ambas comunidades.

Durante el cierre también se impartió una conferencia sobre el valor agregado de la manzana. La discusión resulta relevante para una región donde el desafío no consiste solamente en producir, sino en transformar, conservar, empaquetar y comercializar los frutos bajo condiciones que permitan a las comunidades retener una mayor proporción de los ingresos.

En ese contexto, “Pinali” puede incorporarse a una estrategia más amplia de identidad territorial: una oferta que relacione artesanías, gastronomía, paisajes y producción agrícola. Para conseguirlo, el proyecto necesitará continuidad, capacitación, canales de venta y una política que reconozca claramente la autoría de las mujeres que fabrican las piezas.

Blanca Benítez ofrece apoyar la promoción

Durante la presentación, Blanca Benítez felicitó a las artesanas y sostuvo que la Sierra Gorda debe tener una mayor presencia en el resto de Querétaro. También manifestó su disposición para contribuir a la promoción de la muñeca y de otros proyectos que permitan mostrar la riqueza cultural de Pinal de Amoles.

El comunicado de su oficina no precisa si el respaldo brindado a la Carrera de la Manzana o el ofrecido a “Pinali” consistió en recursos económicos, gestión institucional, apoyo logístico o difusión. La definición de esos alcances permitirá conocer la aportación concreta de la representación legislativa al proyecto.

La aparición pública de “Pinali” constituye un primer paso. Su consolidación dependerá de que las artesanas permanezcan en el centro del proceso, reciban reconocimiento por su trabajo y participen en las decisiones sobre producción, precio y comercialización.

El verdadero alcance de la muñeca no se medirá solamente por las ceremonias en las que sea presentada, sino por su capacidad para generar ingresos, preservar saberes comunitarios y convertir la identidad cultural de Pinal de Amoles en una oportunidad económica administrada por quienes le dieron forma.

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En Nuevo San Isidro se repitió la fórmula de mesas de atención, pintura, señalética y donaciones. El municipio recibió otras 170 solicitudes, pero sigue sin informar cuántas peticiones ha resuelto durante la operación del programa.

San Juan del Río, Qro. 24 de agosto del 2026— El Gobierno Municipal de San Juan del Río trasladó parte de su gabinete a Nuevo San Isidro para celebrar la jornada número 60 de su programa territorial. La administración contabilizó cerca de 170 solicitudes ciudadanas y enumeró acciones de mantenimiento, donaciones y atención en módulos; sin embargo, no informó cuántas peticiones fueron resueltas durante la visita ni qué procedimiento se seguirá con aquellas que requieren obras, presupuesto o intervención posterior.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó una reunión con habitantes y liderazgos de la localidad bajo el argumento de fortalecer la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno. Paralelamente, secretarías, direcciones y organismos municipales instalaron mesas para recibir planteamientos relacionados con agua, asistencia social, seguridad, desarrollo urbano, atención a las mujeres y actividades agropecuarias.

La presencia del gabinete puede facilitar el contacto con personas que enfrentan dificultades para trasladarse hasta el Centro Cívico. No obstante, llevar funcionarios a una comunidad no constituye por sí mismo un resultado de gobierno. La utilidad del ejercicio depende de la capacidad para transformar cada petición en un expediente, asignarle una dependencia responsable, establecer un plazo y comunicar su resolución.

Nada de eso aparece en el boletín.

La administración vuelve a contabilizar solicitudes, no soluciones

El principal indicador presentado por el municipio fue la recepción de “cerca de 170 solicitudes”. No se especificó cuántas correspondieron a agua potable, drenaje, seguridad, obra pública, alumbrado, apoyos sociales o violencia contra las mujeres.

Tampoco se informó si alguna fue atendida inmediatamente, cuántas requieren inspección, cuáles serán incorporadas al presupuesto o cuántas podrían rechazarse por falta de competencia o recursos.

La diferencia es sustancial. Recibir una solicitud acredita contacto; resolverla demuestra capacidad institucional.

Sin un mecanismo público de seguimiento, las cifras pueden crecer jornada tras jornada sin que la ciudadanía conozca su destino. El programa termina midiendo la cantidad de personas que pidieron ayuda, no la eficacia del gobierno para responder.

Un sistema básico de rendición de cuentas tendría que publicar, al menos, un folio por petición, dependencia responsable, estado del trámite, fecha estimada de respuesta y porcentaje de cumplimiento por comunidad. También permitiría identificar asuntos recurrentes que deberían incorporarse a la planeación municipal, en lugar de reaparecer en cada visita.

Pintura, señalética y donaciones: la fórmula se repite

Las acciones materiales reportadas en Nuevo San Isidro fueron pintar 10 reductores de velocidad, instalar cuatro señalamientos, rehabilitar espacios públicos con pintura y entregar árboles, ropa de segunda mano y jitomates.

Desarrollo Social también abrió un registro para personas interesadas en adquirir productos a bajo costo, mientras una campaña de salud visual complementó los módulos de atención.

Estas intervenciones pueden tener utilidad inmediata, pero su alcance es limitado frente a las necesidades estructurales que suelen presentarse en comunidades y asentamientos en expansión. La pintura requiere mantenimiento periódico; la señalización necesita supervisión; la entrega de alimentos alivia una necesidad puntual, pero no modifica las condiciones económicas de los hogares.

El problema no consiste en pintar un reductor o distribuir jitomate. Surge cuando esas tareas ordinarias y asistenciales se presentan como prueba suficiente de transformación comunitaria, sin precisar sus costos, cobertura, criterios de entrega o duración.

El formato tampoco es nuevo. En jornadas recientes realizadas en Cerro Gordo, Rosa de Castilla y San Pablo Potrerillos, el municipio reportó prácticamente la misma combinación: mesas de atención, pintura de reductores, colocación de señalamientos, donación de ropa y árboles, entrega de jitomate y registro para productos económicos.

En esas cuatro ediciones —incluida Nuevo San Isidro— se recibieron alrededor de 500 solicitudes. Los comunicados difundidos no ofrecen un balance conjunto que permita conocer cuántas ya concluyeron, cuántas siguen abiertas y cuántas se repiten porque el problema original permanece.

La reiteración revela un programa operativo estandarizado, pero también expone su principal debilidad: el gobierno reproduce actividades sin publicar una evaluación acumulada de sus efectos.

¿Cercanía o administración itinerante de carencias?

El discurso municipal insiste en la “corresponsabilidad” y en “hacer equipo” con las comunidades. La participación ciudadana es indispensable, pero no debe utilizarse para diluir las obligaciones de la autoridad.

La limpieza, señalización, seguridad, mantenimiento urbano, suministro de agua y atención social no dependen de que una comunidad organice una recepción para el gabinete. Son servicios que deben funcionar de manera continua, con independencia de la fecha en que el alcalde visite la localidad.

La cercanía gubernamental adquiere sentido cuando sirve para corregir fallas que los canales ordinarios no detectaron. Si las dependencias sólo responden con rapidez durante una jornada, el programa corre el riesgo de convertirse en una administración itinerante de carencias: el gobierno aparece, registra, pinta, entrega y se retira, mientras los problemas complejos regresan a la espera burocrática.

El municipio tampoco dio a conocer cuánto cuesta desplazar al alcalde, secretarios, directores, personal operativo, vehículos, módulos y materiales. Sin esa información no es posible comparar el gasto de cada jornada con el valor de las acciones realizadas.

El agua, presente en la mesa, ausente en el balance

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal instaló uno de los módulos, pero el boletín no informó qué peticiones recibió ni si estaban relacionadas con presión, continuidad del servicio, drenaje o regularización.

El propio Gobierno Municipal sostiene que el Tanque Viveros y el Pozo 39 benefician a más de 11 mil habitantes de distintas zonas, entre ellas Ampliación Nuevo San Isidro, de acuerdo con el apartado de JAPAM de su informe institucional.

Precisamente por esa inversión, la jornada era una oportunidad para informar si la infraestructura mejoró efectivamente el suministro y qué problemas persisten. En lugar de presentar datos sobre continuidad, presión o cobertura, el comunicado se limita a mencionar la presencia de JAPAM en una mesa.

La diferencia entre propaganda y rendición de cuentas está en esos detalles.

Sesenta jornadas exigen ya una evaluación pública

Llegar a la edición número 60 debería permitir al municipio ofrecer algo más que una relación de actividades. A estas alturas tendría que existir un informe integral con comunidades visitadas, solicitudes recibidas, asuntos resueltos, obras derivadas, gasto ejercido, tiempos de respuesta y nivel de satisfacción ciudadana.

También debería conocerse cómo se eligen las localidades, qué criterios determinan las acciones realizadas y si el programa privilegia zonas con mayor rezago o responde a decisiones coyunturales.

El boletín no aporta ninguno de esos elementos. En cambio, repite expresiones publicitarias como “Mejor Comunidad” y “Legado de Bien Común”, fórmulas que ocupan el espacio donde deberían aparecer indicadores verificables.

La jornada en Nuevo San Isidro dejó una imagen de despliegue gubernamental: funcionarios reunidos con liderazgos, mesas instaladas y cuadrillas ejecutando tareas visibles. Lo que no dejó fue una ruta pública para las 170 solicitudes recibidas.

La cercanía no se mide por el número de sillas colocadas ni por las fotografías del gabinete fuera de sus oficinas. Se demuestra cuando una petición obtiene respuesta y la comunidad puede comprobar que el problema fue resuelto.

Después de 60 jornadas, el Gobierno de Roberto Cabrera ya no debería pedir que la ciudadanía confíe en el programa. Debería mostrar sus resultados.

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CANACINTRA San Juan del Río, Taxibuses CTM y el regidor Arturo Calvario denunciaron retrasos, mayor consumo de combustible y riesgos viales. Las pérdidas industriales todavía no han sido cuantificadas y el comunicado no precisa el tramo, contrato ni calendario de la obra cuestionada.

San Juan del Río, Qro.— Representantes de la industria, transportistas y el regidor Arturo Calvario exigieron al Gobierno federal informar la estrategia, los plazos y las medidas de seguridad contempladas para las obras que se desarrollan sobre la carretera federal 57, cuyos cierres y modificaciones a la circulación, afirmaron, ya impactan la movilidad y la actividad económica de San Juan del Río.

Durante una rueda de prensa, Calvario estuvo acompañado por Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río, y por Prócoro Martínez, representante del Sindicato Unión de Taxibuses CTM.

Los participantes demandaron acciones para reducir congestionamientos, prevenir accidentes y evitar que los trabajos continúen trasladando sus costos hacia empresas, operadores del transporte público y familias que utilizan diariamente esta vialidad.

“La carretera 57 dejó de ser un problema de tránsito. Hoy es un problema de gobierno”, sostuvo Calvario. Afirmó que una obra de esta magnitud requiere una administración capaz de anticipar sus repercusiones sobre el transporte, la economía y la seguridad vial.

El regidor aclaró que no se opone al desarrollo de infraestructura, pero cuestionó que las intervenciones se prolonguen sin una estrategia eficaz para reducir sus consecuencias.

“La infraestructura siempre será bienvenida. Lo que no podemos aceptar es la improvisación”, declaró.

CANACINTRA prepara medición de pérdidas

Víctor Hugo Rodríguez describió la circulación en la carretera 57 como impredecible debido a bloqueos, accidentes, desvíos y cambios constantes en las rutas. Señaló que esta incertidumbre dificulta la planeación de entregas, el traslado del personal y el cumplimiento de compromisos logísticos.

“Ya no se trata de un pedimento, se trata de una exigencia”, expresó el dirigente industrial, quien pidió a la Federación explicar públicamente qué trabajos siguen, cuánto tiempo durarán y qué estrategia se implementará para mantener la circulación.

Aunque en la rueda de prensa habló de “pérdidas incalculables”, CANACINTRA todavía no cuenta con una cifra consolidada. Días antes, Rodríguez informó que la cámara prepara un censo entre sus empresas afiliadas para dimensionar los costos derivados de retrasos, modificación de horarios, combustible y problemas en las cadenas de suministro, según publicó Presencia Universitaria de la UAQ.

Esa medición será necesaria para convertir las afectaciones denunciadas en un cálculo verificable. El impacto no es uniforme: depende del número de unidades, rutas, horarios de entrega, tamaño de las empresas y características de cada proceso productivo.

Algunas compañías han adelantado la salida de mercancías y personal para compensar las demoras, pero el dirigente empresarial advirtió que ni siquiera esa medida garantiza el cumplimiento de los horarios, pues las condiciones de circulación pueden cambiar durante el trayecto.

Transportistas estiman pérdidas mensuales por combustible

Prócoro Martínez aseguró que la concentración vehicular en las inmediaciones de la terminal de autobuses y en las arterias conectadas con la carretera federal ha prolongado los recorridos del transporte público.

De acuerdo con su estimación, el sector de Taxibuses CTM enfrenta pérdidas de hasta un millón de pesos mensuales por el consumo adicional de combustible. El comunicado, sin embargo, no detalla cuántas unidades fueron consideradas, durante qué periodo se realizó el cálculo ni cuáles eran los consumos antes y después de las modificaciones viales.

La cifra debe entenderse, por ahora, como una estimación del gremio y no como el resultado de una auditoría o estudio técnico publicado.

Más allá del costo para las empresas transportistas, Martínez señaló que las demoras repercuten en las familias que dependen del servicio para llegar a centros de trabajo, escuelas, hospitales y otros destinos.

La saturación de las vías alternas también ha extendido el problema hacia calles municipales que no fueron diseñadas para recibir los volúmenes de tránsito desviados desde la carretera.

Una arteria nacional con impacto urbano

La carretera México-Querétaro forma parte de uno de los principales corredores de pasajeros y mercancías del país. En una respuesta enviada al Congreso de la Unión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la describió como un eje troncal y reportó un tránsito diario promedio de 76 mil 329 vehículos, con base en datos de 2023. El documento también reconoce que el volumen de circulación acelera el deterioro del pavimento y obliga a realizar intervenciones recurrentes. La información puede consultarse en el documento remitido por la SICT.

En San Juan del Río, esta infraestructura federal también funciona como una avenida urbana de facto: conecta zonas industriales, comunidades, fraccionamientos, comercios y la terminal de autobuses. Por ello, cualquier reducción de carriles o modificación de accesos tiene efectos que trascienden a quienes realizan viajes de largo recorrido.

Las preocupaciones empresariales ya habían sido presentadas al Gobierno de Querétaro. El secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, reconoció que representantes industriales solicitaron claridad sobre los trabajos y sus plazos, de acuerdo con información publicada el 21 de agosto por Al Diálogo.

El comunicado no identifica el contrato cuestionado

Pese a la severidad de los señalamientos, la información difundida durante la rueda de prensa no especifica el número de contrato, empresa responsable, tramo kilométrico, monto de inversión, porcentaje de avance ni fecha oficial de conclusión de la obra a la que se atribuyen las afectaciones.

Tampoco diferencia qué cierres corresponden a conservación de la carretera, cuáles están relacionados con infraestructura adicional y cuáles pueden derivar de accidentes u otras contingencias.

Esa precisión es indispensable para exigir responsabilidades a la dependencia, concesionario o contratista correspondiente y para evitar que distintas intervenciones federales sean agrupadas bajo una sola acusación.

La demanda central, no obstante, es concreta: establecer un programa público de cierres, rutas alternas, señalización, vigilancia, atención de emergencias y coordinación con autoridades municipales y estatales.

Un reclamo social con una dimensión política

Arturo Calvario no interviene únicamente como integrante del Ayuntamiento. En agosto de 2025 fue designado por el PAN de Querétaro como vocero partidista sobre la carretera 57, con la encomienda de exigir al Gobierno federal que agilizara y transparentara las obras, según documentó Crónica Regional.

Ese antecedente no invalida las afectaciones descritas por transportistas e industriales, pero sí aporta contexto sobre la dimensión política de una exigencia dirigida a una administración federal encabezada por Morena.

La presión pública deberá acompañarse de documentación técnica y propuestas verificables. Del mismo modo, la Federación tendrá que responder con información precisa, no únicamente con anuncios generales sobre inversión carretera.

“Una obra pública debe acercar personas, no dividir ciudades. Debe impulsar el desarrollo, no frenar la competitividad”, sostuvo Calvario al concluir la rueda de prensa.

Hasta ahora, el boletín no incorpora una respuesta de la SICT, Caminos y Puentes Federales o alguna empresa contratista sobre las acusaciones, el calendario de los trabajos o las medidas que se aplicarán en el tramo de San Juan del Río.

La discusión ya no se limita a determinar si la infraestructura es necesaria. El punto central es quién absorbe los costos mientras se construye y qué autoridad debe garantizar que una obra concebida para mejorar la conectividad no deteriore, durante años, la vida cotidiana de la ciudad que atraviesa.

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“Educación Superior 2026” concentrará opciones para jóvenes que no obtuvieron un lugar en la UNAM u otras instituciones; la plataforma servirá para localizar alternativas, pero no realizará asignaciones automáticas.

Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.— El Gobierno de México anunció la apertura de la plataforma Educación Superior 2026, que concentrará 37 mil 503 lugares disponibles en universidades y distintas carreras, como una alternativa para jóvenes que no consiguieron ingresar a la institución elegida durante el actual proceso de admisión.

La herramienta estará disponible a partir del martes 25 de agosto en educacionsuperior2026.sep.gob.mx y reunirá opciones ofrecidas por instituciones públicas de educación superior, principalmente de la región centro del país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 18 mil 674 de los lugares corresponden a programas presenciales y 18 mil 829 a modalidades virtuales. Esto significa que poco más de la mitad de la oferta anunciada será a distancia, una diferencia relevante para estudiantes que buscan formación dentro de un campus o que no disponen de conectividad y equipo adecuados.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la plataforma como parte de la estrategia de su administración para ampliar el acceso a la educación pública y ofrecer opciones a quienes no fueron admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Vamos a seguir construyendo más universidades y más preparatorias, para que todo aquel joven que quiera estudiar tenga el derecho de estudiar”, declaró durante su conferencia matutina.

La plataforma orientará, pero no asignará lugares

Aunque el Gobierno federal describió los 37 mil 503 espacios como una respuesta para quienes quedaron fuera de la UNAM, la plataforma no funcionará como un sistema centralizado de asignación.

Sheinbaum reconoció que la autonomía de distintas universidades impide que la SEP inscriba directamente a los aspirantes. La herramienta permitirá consultar instituciones, programas y lugares disponibles, pero cada estudiante deberá dirigirse posteriormente a la universidad correspondiente y cumplir sus requisitos, fechas y procedimientos de admisión.

Por tanto, la cifra anunciada no equivale a 37 mil 503 inscripciones garantizadas ni necesariamente a igual número de espacios recién creados. Se trata de lugares que las instituciones reportaron como disponibles y cuya ocupación dependerá de que las personas interesadas concluyan los trámites particulares.

El comunicado tampoco presentó el desglose completo por universidad, entidad federativa o carrera. Esa información deberá conocerse cuando la plataforma comience a operar.

La distinción resulta importante frente al mensaje presidencial de “garantizar” el acceso. La existencia de una vacante constituye una oportunidad, pero la garantía efectiva requiere que el aspirante pueda cumplir los criterios académicos y administrativos, solventar traslados o conectividad y permanecer dentro del programa elegido.

Alternativa ante la insuficiencia de lugares en la UNAM

La presidenta señaló que las personas aspirantes no admitidas en la UNAM no necesariamente carecen de capacidades académicas, sino que enfrentan una disponibilidad de lugares menor a la demanda.

“Para todos aquellos que no son aceptados por la UNAM, les tenemos una buena noticia: hay 37 mil 503 espacios adicionales en las universidades”, expresó.

Sheinbaum defendió el fortalecimiento de las instituciones públicas y sostuvo que estudiar una carrera no debe convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden pagar una universidad privada. También mencionó la creación y expansión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que durante los últimos dos años se abrieron 245 mil 111 lugares en educación superior. El comunicado, sin embargo, no incluyó un desglose por institución, modalidad o ciclo escolar que permita contrastar esa cifra.

Mi Derecho, Mi Lugar asignó a 74.2% en su primera opción

Durante la misma conferencia, la SEP presentó los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar, el sistema de ingreso a bachillerato implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Delgado informó que se recibieron 191 mil 69 solicitudes dentro de la modalidad de acceso directo. De ese universo, 74.2 por ciento fue asignado a su primera opción; 19.7 por ciento, a la segunda; 5.4 por ciento, a la tercera, y 0.7 por ciento, a la cuarta.

Las cifras corresponden específicamente a quienes participaron en la ruta de acceso directo y no deben confundirse con la totalidad de aspirantes que presentaron procesos de selección para instituciones que conservaron examen propio.

El funcionario añadió que en 17 entidades donde se eliminó el examen de ingreso a educación media superior fueron asignados 595 mil 949 estudiantes. De ese grupo, 80.4 por ciento quedó en su primera opción, 12.9 por ciento en la segunda y 3.4 por ciento en la tercera. En conjunto, 96 por ciento obtuvo un lugar dentro de alguna de sus tres primeras preferencias.

El anuncio se produce una semana después de que el Gobierno federal informara que duplicará a 400 mil la meta sexenal de nuevos lugares en bachillerato, incluyendo opciones presenciales, semipresenciales y a distancia, según el comunicado de Presidencia del 17 de agosto.

SEP reporta 657 mil dobles certificaciones

La dependencia también informó que concluyó la primera generación del denominado Bachillerato Nacional, con la expedición de 657 mil 520 dobles certificaciones.

El esquema entrega a cada estudiante un Certificado de Bachillerato Nacional y un segundo documento avalado por una institución de educación superior. El objetivo gubernamental es que las personas egresadas cuenten con una acreditación adicional de los conocimientos o competencias adquiridos.

La apertura de Educación Superior 2026 puede reducir la dispersión de información y acercar alternativas a miles de aspirantes. Su resultado, sin embargo, deberá medirse por el número de jóvenes que formalicen su inscripción y permanezcan estudiando, no únicamente por las vacantes exhibidas en una página electrónica.

La plataforma podrá facilitar el encuentro entre demanda y oferta. Convertir esa posibilidad en un derecho efectivo dependerá de la capacidad académica, presupuestaria y territorial de las universidades que recibirán a las y los estudiantes.

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El gobernador no mencionó al partido gobernante, pero trasladó al escenario local la ofensiva nacional con la que el PAN intenta asociar a Morena con el crimen organizado. Su protocolo ofrece una salida incómoda: someterse a filtros cuestionables o cargar con el costo de rechazarlos.

Querétaro, Qro. 24 de Agosto del 2026— Mauricio Kuri no pronunció la palabra Morena al presentar su “Protocolo Único Antinarcocandidatos”. No le hizo falta.

En el vocabulario político de 2026, expresiones como “narcocandidato”, “narcopolítico” y “narcopartido” dejaron de ser palabras neutrales. Forman parte de una ofensiva cuidadosamente articulada por la dirigencia nacional del PAN para colocar sobre Morena una sospecha colectiva: no sólo la responsabilidad individual de personajes investigados, sino la presunta infiltración criminal de todo un movimiento político.

La iniciativa del gobernador de Querétaro debe ser analizada dentro de ese contexto. Formalmente convoca por igual a los ocho partidos acreditados en la entidad. Políticamente, sin embargo, sus efectos no están distribuidos con la misma simetría.

El destinatario implícito es Morena.

Kuri propone que cada aspirante presente una declaración patrimonial exhaustiva, información fiscal, ausencia de conflictos de interés, constancias de antecedentes penales y obligaciones alimentarias, una prueba toxicológica, una verificación patrimonial independiente y un examen de polígrafo.

El planteamiento se presenta como un estándar universal de integridad. Pero también construye una encerrona discursiva particularmente eficaz rumbo a la disputa por la gubernatura en 2027: quien acepte el protocolo valida el marco narrativo del PAN; quien lo rechace puede ser colocado bajo sospecha; quien cuestione la utilidad del polígrafo corre el riesgo de ser presentado como alguien que teme ser examinado.

No es únicamente una propuesta de seguridad electoral. Es una pieza de posicionamiento.

Una acusación sin pronunciar el nombre

La arquitectura política del mensaje puede resumirse en una frase pronunciada por el propio gobernador: “Quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer”.

La expresión desplaza la carga de la prueba. En lugar de que una autoridad acredite con evidencias la existencia de vínculos delictivos, se exige que cada aspirante demuestre anticipadamente su inocencia mediante mecanismos definidos desde el poder.

Kuri tampoco presentó casos concretos de infiltración criminal en candidaturas queretanas ni un diagnóstico que permita dimensionar el riesgo dentro del estado. Su exposición partió de la violencia, las extorsiones, las desapariciones y la protección política observadas en otras entidades para construir una advertencia local: “Eso no va a ocurrir en Querétaro”.

La ausencia de nombres vuelve el mensaje jurídicamente prudente, pero políticamente elocuente.

Desde mayo, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ha sostenido que Morena se convirtió en un “narcopartido”. Acción Nacional ha difundido expresiones como “narcoestado de Morena”, “narcopacto”, “narcogobiernos” y “Morena protege a los criminales”.

La estrategia llegó a tribunales. El 29 de junio de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares que ordenaron retirar temporalmente diversas publicaciones del PAN y de Jorge Romero. La mayoría consideró, en un análisis preliminar, que esas piezas presentaban como un hecho cierto una relación entre Morena y el narcotráfico sin aportar sustento suficiente para atribuirla al partido como institución. La sentencia SUP-REP-27/2026 y acumulados documenta tanto las frases utilizadas como la lógica comunicativa de la campaña.

El protocolo de Kuri permite trasladar esa misma disputa a un terreno distinto. Ya no afirma directamente que Morena sea un partido asociado con el crimen; plantea una prueba pública y obliga a cada fuerza política a definirse frente a ella.

Es una maniobra más sofisticada: sustituye la acusación por el desafío.

Una regla universal con un efecto desigual

El llamado alcanza al PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM, Morena, PT, Partido Paz y Somos México, las ocho fuerzas acreditadas actualmente ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

No obstante, el escenario político convierte a Morena en el principal sujeto de presión. El partido se encuentra en pleno proceso para definir a la persona que encabezará los Comités de Defensa de la Transformación, antesala de su candidatura al gobierno estatal. Entre los perfiles mencionados públicamente se encuentran Santiago Nieto, Gilberto Herrera y Beatriz Robles, entre otros aspirantes.

El PAN, por su parte, intentará conservar uno de sus bastiones más importantes en el país. Después de casi tres décadas de predominio panista —interrumpidas solamente por el gobierno priista de José Calzada—, Morena considera a Querétaro una de sus prioridades electorales para 2027.

En ese tablero, el protocolo funciona como una prueba política anticipada para los aspirantes morenistas. Cada uno puede ser emplazado públicamente a entregar cuentas bancarias, inversiones, resultados toxicológicos y un polígrafo, aun cuando esos documentos no formen parte de los requisitos legales para obtener una candidatura.

Morena ya incorporó en su proceso interno filtros relacionados con antecedentes penales, violencia, obligaciones alimentarias y autorización para realizar consultas ante autoridades judiciales, de acuerdo con la convocatoria nacional reportada durante junio. La propuesta de Kuri eleva la apuesta al añadir exposición patrimonial ampliada, prueba de adicciones y control poligráfico.

El objetivo político no consiste solamente en aprobar o reprobar candidatos. También permite mantener la conversación electoral dentro del terreno elegido por el PAN: seguridad, crimen organizado y sospechas sobre Morena.

El polígrafo como escenografía de certeza

El instrumento central de la propuesta es también su componente más teatral.

El polígrafo posee una enorme potencia visual: una persona conectada a sensores, sometida a preguntas y evaluada por una máquina que aparenta distinguir la verdad de la mentira. El problema es que esa imagen de precisión no coincide con la evidencia científica.

El aparato no detecta falsedades. Registra variaciones fisiológicas —respiración, sudoración, presión arterial y ritmo cardiaco— que pueden presentarse tanto al mentir como al experimentar ansiedad, miedo o estrés.

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que la evidencia sobre la precisión del polígrafo en procesos de selección es extremadamente limitada. Su empleo puede producir falsos positivos y falsos negativos, particularmente cuando las preguntas son generales y no se relacionan con un hecho específico verificable.

La Suprema Corte mexicana ha admitido este instrumento como parte del control de confianza aplicado a integrantes de instituciones policiales, pero ha precisado que debe valorarse junto con otras evaluaciones. Ese régimen extraordinario no convierte al polígrafo en una prueba autónoma de inocencia ni, mucho menos, en un detector de relaciones criminales.

Un operador político podría aprobarlo y conservar empresas fachada, prestanombres o redes financieras opacas. Una persona sin vínculos delictivos podría reprobar por ansiedad. La máquina no rastrea dinero, no audita campañas y no reconstruye relaciones de poder.

En términos técnicos, es un filtro frágil. En términos propagandísticos, resulta formidable.

¿Consumo de sustancias o pertenencia criminal?

La prueba toxicológica introduce otra asociación problemática. Consumir una sustancia no equivale a formar parte de una organización criminal. Tampoco un resultado negativo demuestra honestidad, independencia patrimonial o ausencia de acuerdos con grupos delictivos.

Convertir una condición relacionada con la salud en un indicador de confiabilidad política puede alimentar estigmas sin aportar información relevante sobre el financiamiento o la captura de una candidatura.

Si el propósito es detener la infiltración criminal, las herramientas decisivas deberían encontrarse en la fiscalización del dinero, la identificación de beneficiarios reales, el origen de aportaciones, la evolución patrimonial y la investigación profesional de vínculos comprobables.

El protocolo se concentra en el cuerpo y las declaraciones del aspirante, pero dice poco sobre las redes económicas que pueden financiarlo.

Las preguntas que Kuri dejó fuera

El anuncio todavía no responde quién pagaría los exámenes, qué institución los aplicaría, quién formularía las preguntas, cómo se protegerían los datos personales y qué recurso tendría una persona ante un resultado erróneo.

Si las evaluaciones fueran financiadas por el Gobierno estatal, surgiría el cuestionamiento sobre el uso de recursos públicos en procesos internos partidistas. Si las pagaran los aspirantes, podría generarse una barrera económica. Si cada partido contratara a un proveedor diferente, sería difícil garantizar condiciones equivalentes.

Tampoco se aclaró qué ocurriría con las candidaturas independientes, a las que el gobernador no mencionó al convocar exclusivamente a los partidos.

La Constitución reconoce el derecho a ser votado y establece que las restricciones deben encontrarse en la ley. La legislación electoral queretana no contempla actualmente el polígrafo ni la prueba toxicológica como requisitos para registrar una candidatura.

Los partidos pueden adoptarlos como filtros internos voluntarios. Convertirlos en causas obligatorias de exclusión exigiría una reforma, un procedimiento con garantías y una revisión sobre su proporcionalidad.

El PAN también tendría que pasar por el detector

La jugada puede producir efectos contra sus propios promotores. Si el protocolo busca ser algo más que un instrumento contra Morena, el PAN tendría que aplicarlo sin excepciones a quienes aspiran a suceder a Kuri, a las candidaturas municipales, a quienes buscan la reelección y a perfiles provenientes de otros partidos.

El gobernador aseguró que, “en lo general”, las personas integrantes de su administración ya cumplen con esos estándares y que sus resultados son públicos. Sin embargo, su mensaje no incorporó enlaces, expedientes ni una relación verificable de funcionarios evaluados.

Antes de exigir transparencia extraordinaria a sus adversarios, el Ejecutivo podría publicar qué integrantes de su gabinete presentaron controles de confianza, cuándo lo hicieron, quién los evaluó y qué información puede consultar la ciudadanía.

De lo contrario, el protocolo corre el riesgo de convertirse en un certificado político administrado por quienes ya ejercen el poder.

La pregunta detrás del “muro”

La infiltración criminal en los procesos electorales es una amenaza demasiado grave para ser reducida a una etiqueta partidista. El problema no pertenece exclusivamente a Morena, al PAN ni a una región del país. Las organizaciones delictivas buscan gobiernos, policías, presupuestos, contratos y protección, sin una fidelidad ideológica permanente.

Por eso el protocolo de Kuri merece una discusión que vaya más allá de la reacción automática.

Su propuesta puede abrir la puerta a mejores controles patrimoniales y a una fiscalización más rigurosa. Pero también puede convertirse en el vehículo local de una campaña nacional destinada a fijar en el electorado una asociación entre Morena y el narcotráfico antes de que comiencen formalmente las campañas.

La regla parece general; el golpe tiene dirección.

Kuri ha colocado a Morena frente a una disyuntiva calculada: aceptar un examen diseñado por un adversario, rechazarlo y alimentar sospechas o cuestionarlo y ser acusado de temer a la transparencia.

Ahora corresponde al gobernador demostrar si busca construir una institución duradera o solamente imponer el tema sobre el que quiere que se dispute la elección de 2027.

Porque un muro contra la delincuencia se levanta con investigaciones, fiscalización y justicia. Un muro hecho de consignas, pruebas dudosas y sospechas selectivas puede terminar sirviendo para otra cosa: delimitar el campo de batalla electoral.

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La asamblea del Distrito Federal 02 convocó a militantes, simpatizantes y figuras de Morena y el Partido Verde. Aunque el discurso se concentró en la soberanía nacional, el encuentro también mostró la movilización territorial de los distintos liderazgos de la 4T rumbo a 2027.

San Juan del Río, Qro.— Óscar Mauricio Sandoval García, regidor de Morena en el Ayuntamiento de San Juan del Río, llamó a mantener la organización y la unidad de la militancia después de participar en la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en el municipio.

El encuentro se llevó a cabo el sábado 22 de agosto en el Jardín de la Familia y formó parte de una serie de reuniones promovidas por Morena para difundir su posición ante el escenario político nacional, fortalecer sus estructuras territoriales y reivindicar la soberanía como uno de los ejes discursivos de la Cuarta Transformación.

“En San Juan del Río dejamos claro que la transformación no la hace una sola persona; se fortalece día con día con un pueblo unido, organizado y profundamente participativo”, escribió Sandoval en sus redes sociales.

El regidor aseguró que el contacto con militantes y simpatizantes reafirma que la base social constituye el motor del movimiento. Añadió que la defensa del país debe construirse “desde abajo” y mediante la participación organizada de la ciudadanía.

Sandoval ocupa la representación de Morena en el Ayuntamiento sanjuanense para el periodo 2024-2027 y preside la Comisión de Trabajadores Migrantes. Su integración al Cabildo se encuentra registrada en el directorio oficial del Gobierno Municipal.

Una asamblea con distintas expresiones políticas

La reunión contó con la presencia del diputado local Edgar “El Güero” Inzunza Ballesteros; Rosy Sinecio, referente política de Morena en el municipio; el diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez; así como Óscar Sandoval, Esaú Hurtado y representantes de estructuras territoriales.

La presencia simultánea de perfiles pertenecientes a Morena y al Verde mostró la intención de sostener la coordinación entre fuerzas que integran el bloque de la Cuarta Transformación. También permitió observar a varios liderazgos interesados en conservar presencia pública en San Juan del Río.

De acuerdo con la convocatoria difundida días antes, la asamblea estaría abierta no solamente a militantes, sino a cualquier persona interesada en discutir la soberanía nacional y el contexto geopolítico de México. El encuentro fue anunciado por Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena en Querétaro, y por Edgar Inzunza.

La convocatoria pública señalaba que el propósito sería escuchar a la población y mantener un diálogo sobre la defensa de las decisiones nacionales frente a presiones externas.

Durante la jornada se reiteraron mensajes sobre organización comunitaria, participación ciudadana, unidad partidista y continuidad del proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Del discurso nacional a la organización territorial

Las asambleas en defensa de la soberanía forman parte de una estrategia nacional de Morena. Durante agosto, la dirigencia del partido programó cientos de encuentros en plazas, municipios y comunidades para comunicar los avances atribuidos a sus gobiernos y responder a lo que considera campañas de desinformación e intentos de intervención extranjera.

En San Juan del Río, sin embargo, la narrativa nacional coincidió con un proceso de reacomodo local.

Morena busca disputar en 2027 uno de los municipios políticamente más relevantes de Querétaro, actualmente gobernado por el panista Roberto Cabrera Valencia. En la elección de 2024, la diferencia entre el PAN y la coalición encabezada por Morena fue de apenas mil 96 votos, de acuerdo con los resultados del cómputo recogidos por el Instituto Electoral del Estado.

Ese antecedente convierte las reuniones partidistas en algo más que ejercicios de difusión ideológica. También funcionan como espacios para fortalecer estructuras, identificar liderazgos, mantener presencia en colonias y comunidades y observar la capacidad de convocatoria de quienes podrían intervenir en las próximas definiciones electorales.

Entre los perfiles con actividad política constante en San Juan del Río se encuentran Edgar Inzunza y Rosy Sinecio, además de representantes municipales como Sandoval. La participación del dirigente verde Ricardo Astudillo añade la dimensión de las negociaciones entre partidos aliados.

Esto no significa que la asamblea haya constituido un acto formal de selección de candidaturas. Morena no presentó durante el encuentro una definición electoral ni anunció apoyos a una persona determinada. No obstante, la concurrencia de actores con proyección hacia 2027 convirtió el acto en una exhibición de presencia territorial.

Unidad como mensaje y como necesidad

El llamado de Óscar Sandoval a recordar que la transformación “no la hace una sola persona” puede leerse como una defensa de la construcción colectiva del movimiento. También adquiere relevancia dentro de un partido donde distintas expresiones compiten por candidaturas, posiciones territoriales y capacidad de interlocución con la dirigencia estatal.

La unidad aparece así como un principio discursivo, pero también como una necesidad electoral. Morena requiere contener sus diferencias internas si pretende disputar con posibilidades reales la Presidencia Municipal y contribuir a la competencia por la gubernatura de Querétaro.

En su publicación, Sandoval no formuló propuestas concretas sobre los problemas municipales ni informó de compromisos o acuerdos derivados del encuentro. Tampoco se proporcionó una cifra verificable de asistentes.

La información difundida se concentró en el ambiente de la reunión, la participación de militantes y el llamado a defender la transformación. Corresponderá a los liderazgos participantes traducir esa movilización en posiciones sobre seguridad, agua, desarrollo urbano, servicios públicos y desigualdad, asuntos que forman parte de la agenda cotidiana de San Juan del Río.

Por ahora, la asamblea dejó dos imágenes políticas: la de un movimiento que intenta proyectar cohesión frente a sus adversarios y la de diversos liderazgos que comienzan a ocupar el territorio antes de que se formalice la competencia electoral de 2027.

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La Ruta del Queso y el Vino de Querétaro no es un circuito único: la forma más realista de recorrerla en un día es reservar una quesería, una vinícola y una comida dentro del mismo corredor. Para agregar Bernal o Tequisquiapan sin pasar la jornada en carretera, conviene dedicar un fin de semana, contratar transporte o designar a una persona que no consuma alcohol.

Por: Daniela Altamirano

La región reúne ranchos productores de quesos, viñedos, bodegas, restaurantes, haciendas y experiencias rurales distribuidas en varios municipios. La oferta turística más conocida se concentra en El Marqués, Colón, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y los alrededores de Bernal, aunque la región enoturística estatal se ha extendido a más localidades.

La Secretaría de Turismo de Querétaro describe esta zona como uno de los destinos emblemáticos del estado, con fincas queseras, haciendas y viñedos ubicados principalmente en el semidesierto. Su portal también señala que Querétaro es el principal productor y exportador de vino espumoso de México y que sus viñedos se encuentran, en promedio, a unos 1,950 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones forman parte de lo que la promoción turística denomina viticultura extrema. La información puede consultarse en la guía oficial de la Región de Quesos y Vinos.

¿Qué es realmente la Ruta del Queso y el Vino de Querétaro?

No existe una entrada general, un boleto que cubra toda la ruta ni un itinerario que deba seguirse obligatoriamente. Cada finca establece sus recorridos, precios, horarios, restricciones y políticas de reservación.

La experiencia puede incluir:

• Recorridos por viñedos y áreas de producción.
• Visitas a cavas y bodegas.
• Explicaciones sobre elaboración y maduración de quesos.
• Degustaciones o catas.
• Comidas y maridajes.
• Tiendas de productos regionales.
• Talleres gastronómicos.
• Cabalgatas, recorridos en bicicleta o actividades campestres.
• Festivales y vendimias.
• Visitas a Tequisquiapan o Bernal.

El error más común es tratar la región como si fuera una atracción compacta. Las sedes se encuentran dispersas y una visita guiada puede durar entre 45 minutos y varias horas. Por ello, reservar cuatro o cinco establecimientos durante una misma jornada rara vez resulta práctico.

¿Qué corredor conviene elegir para empezar?

La ruta puede dividirse en tres corredores funcionales. Esta organización es editorial y sirve para reducir traslados; no sustituye la ubicación que proporcione cada establecimiento.

El corredor de El Marqués es adecuado para una primera excursión desde la capital. La asociación turística Haciendas y Viñedos del Marqués informa que sus establecimientos se encuentran a unos 30 minutos de Santiago de Querétaro y que algunas experiencias integran una quesería, una vinícola y una hacienda. La reservación es necesaria incluso para varios recorridos entre semana, según su ficha turística oficial.

El corredor Colón–Ezequiel Montes concentra algunos de los viñedos de mayor tamaño y permite agregar Bernal como complemento. Tequisquiapan funciona mejor como base de hospedaje, salida de operadores turísticos y destino gastronómico.

¿Cuál es el itinerario más realista para recorrer la ruta en un día?

Para una excursión desde Santiago de Querétaro, lo recomendable es elegir dos experiencias programadas y dejar una tercera parada para comer.

Itinerario de un día

Los horarios son una propuesta de planeación, no los horarios oficiales de las sedes. El itinerario solo debe publicarse con nombres de establecimientos después de confirmar que operan el mismo día y que existe tiempo suficiente para el traslado.

En El Marqués, por ejemplo, la oferta oficial incluye Rancho Santa Marina, Vinos del Marqués, Hacienda Atongo y Puerta del Lobo. En Colón puede considerarse una experiencia quesera como Finca VAI, mientras que Ezequiel Montes concentra bodegas como Sala Vivé, La Redonda, Bodegas de Cote y otros proyectos registrados por Turismo estatal.

La elección debe basarse en disponibilidad, no únicamente en popularidad.

¿Cómo se puede organizar un fin de semana completo?

Un fin de semana permite recorrer dos corredores sin forzar la agenda.

Viernes o primera noche

• Llegar a Tequisquiapan, Bernal o Santiago de Querétaro.
• Confirmar las reservaciones del día siguiente.
• Designar conductor o verificar el transporte contratado.
• Evitar programar una cata inmediatamente después de un traslado largo.

Sábado: queso, vino y pueblo

1. Visitar una finca quesera por la mañana.
2. Comer antes o durante la siguiente experiencia.
3. Recorrer una sola vinícola por la tarde.
4. Terminar el día en Tequisquiapan o Bernal.
5. Hospedarse cerca del corredor del domingo.

Domingo: segunda experiencia

1. Elegir una vinícola diferente o una hacienda.
2. Realizar una visita sin degustación si se conducirá.
3. Comer temprano.
4. Regresar antes de la mayor concentración de tránsito.

No conviene intentar incluir una quesería, tres viñedos, Bernal y Tequisquiapan en un solo día. Incluso algunos recorridos comerciales de la región duran siete u ocho horas e incluyen transporte; al organizar el viaje por cuenta propia deben añadirse estacionamiento, registro, espera y desplazamientos.

¿Es mejor recorrer la ruta en automóvil o contratar un tour?

El automóvil ofrece libertad para elegir establecimientos, pero crea una responsabilidad evidente: la persona que conduce no debe participar en las degustaciones alcohólicas.

El transporte público permite llegar a localidades como Tequisquiapan, Ezequiel Montes o Bernal, pero no necesariamente deja al visitante en la entrada de cada finca. Para enlazar establecimientos rurales deben confirmarse previamente los traslados de última milla.

La Secretaría de Turismo estatal mantiene un directorio de operadores que ofrecen recorridos por la Ruta del Arte, Queso y Vino. Antes de contratar se debe solicitar razón social, itinerario, transporte incluido, seguro, política de cancelación, entradas cubiertas y condiciones para menores.

¿Qué se debe confirmar al reservar una quesería o un viñedo?

Una reserva no está completa hasta recibir confirmación directa del establecimiento.

Lista de comprobación

• Fecha y hora exactas.
• Duración del recorrido.
• Precio por adulto y menor.
• Impuestos y cargos adicionales.
• Anticipo requerido.
• Política de cancelación.
• Número de degustaciones.
• Alimentos incluidos.
• Opciones sin alcohol.
• Edad mínima.
• Accesibilidad.
• Política para mascotas.
• Estacionamiento.
• Calzado recomendado.
• Restricciones para fotografías.
• Punto de acceso correcto en el mapa.

Las fichas oficiales muestran diferencias importantes. Rancho Santa Marina centra su experiencia en quesos de cabra, oveja y vaca, producción rural y sostenibilidad; Finca VAI explica el proceso desde la leche hasta la maduración; Sala Vivé ofrece recorridos por cava, viñedo y catas; otros establecimientos combinan restaurante, hospedaje o actividades campestres. Las descripciones pueden consultarse en las fichas de Rancho Santa Marina, Finca VAI y Sala Vivé.

¿Cuánto cuesta recorrer la Ruta del Queso y el Vino?

No hay una tarifa general. El presupuesto depende del origen, transporte, número de experiencias, comida, hospedaje y compras.

¿Cuándo es la temporada de vendimias en Querétaro?

En 2026, Turismo estatal ubica la temporada de vendimias entre junio y octubre. Durante esos meses, las bodegas organizan recorridos, catas, gastronomía, música, actividades al aire libre y, en algunos casos, el tradicional pisado de uvas. El calendario se consulta en la página oficial de vendimias 2026.

Una vendimia no es lo mismo que una visita ordinaria. Puede requerir un boleto especial, tener mayor afluencia y modificar recorridos, estacionamiento o servicio de restaurante.

Fuera de la temporada de cosecha, la región continúa recibiendo visitantes. Esa época puede ser más conveniente para quien busca grupos pequeños, recorridos educativos y menor saturación.

Las fechas de 2026 no deben copiarse para 2027. Cada bodega anuncia su propia celebración y puede modificarla por condiciones agrícolas u operativas.

¿La ruta es adecuada para familias y personas que no beben alcohol?

Sí, pero la experiencia debe elegirse con cuidado. Algunas fincas incluyen animales, áreas abiertas, restaurantes o explicaciones de producción que pueden ser interesantes para familias. Otras catas o recorridos son exclusivos para mayores de edad.

Antes de reservar se debe preguntar:

• Si los menores pueden entrar a todas las áreas.
• Si existe una tarifa infantil.
• Si la degustación puede sustituirse por otra bebida.
• Si hay alimentos adecuados para alergias o restricciones.
• Si el terreno es accesible para carriolas o sillas de ruedas.
• Si se permiten mascotas.
• Si hay sombra, baños y áreas de descanso.

Una visita enoturística no obliga a consumir alcohol. También puede centrarse en agricultura, gastronomía, historia, arquitectura y procesos de producción.

¿Qué productos conviene comprar durante el recorrido?

La región produce quesos de leche de vaca, cabra y oveja, además de vinos blancos, rosados, tintos y espumosos. La selección depende del gusto personal y de las condiciones de conservación.

Antes de comprar queso hay que preguntar:

• Si requiere refrigeración.
• Cuánto tiempo puede permanecer fuera de ella.
• Fecha de elaboración o caducidad.
• Tipo de leche.
• Tratamiento y maduración.
• Recomendaciones de transporte.

En el caso del vino conviene revisar el productor, variedad, añada, contenido y condiciones de almacenamiento. Las botellas no deben dejarse durante horas dentro de un automóvil expuesto al sol.

Comprar directamente a productores permite conocer el origen, pero no sustituye la revisión de etiqueta, precio y comprobante.

¿Qué errores deben evitarse en la Ruta del Queso y el Vino?

• Reservar establecimientos alejados sin calcular traslados.
• Suponer que todos abren diariamente.
• Llegar sin cita durante un fin de semana o vendimia.
• Conducir después de beber.
• Considerar las degustaciones como sustituto de una comida.
• Programar más de dos visitas guiadas en una jornada.
• Comprar paquetes sin comprobar qué entradas incluyen.
• Utilizar precios de blogs o folletos antiguos.
• Llevar menores a experiencias exclusivas para adultos.
• Ignorar el clima, el sol y el tipo de terreno.
• Confundir una fiesta de vendimia con una visita regular.

¿Cuáles son las preguntas frecuentes sobre la ruta?

¿Dónde comienza la Ruta del Queso y el Vino?

No tiene una entrada única. Puede iniciarse desde Santiago de Querétaro, Tequisquiapan, Bernal o directamente en una finca reservada.

¿Cuántos viñedos pueden visitarse en un día?

Uno o dos, dependiendo de la duración y la distancia. Si también se visita una quesería, lo más realista es limitarse a una sola vinícola.

¿Es obligatorio reservar?

Para recorridos, catas y talleres, sí es muy recomendable. Algunos establecimientos solicitan reservación incluso entre semana.

¿Se puede hacer la ruta sin beber vino?

Sí. Pueden elegirse recorridos de producción, restaurantes, queserías y actividades rurales, o solicitar una experiencia sin degustación.

¿Conviene dormir en Bernal o Tequisquiapan?

Bernal resulta práctico para recorridos en Ezequiel Montes. Tequisquiapan ofrece una base conveniente para su propio corredor y para operadores que salen desde el pueblo.

¿Las vendimias se realizan todo el año?

No. En 2026 la temporada oficial se concentra entre junio y octubre. Las fechas y condiciones cambian cada año.

¿La ruta es adecuada para niños?

Depende del establecimiento. Las áreas agrícolas o gastronómicas pueden admitir familias, mientras que algunas catas son exclusivas para mayores de 18 años.

¿Se puede recorrer en transporte público?

Es posible llegar a algunas localidades, pero conectar fincas rurales resulta más complejo. Debe confirmarse el traslado desde la terminal hasta cada sede.

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El diputado federal con licencia pidió transparentar los criterios de designación y mejorar las condiciones de competencia para los despachos queretanos. El número total de firmas coincide con el proceso estatal de 2026, pero la proporción señalada no puede corroborarse sin conocer la relación completa y el criterio utilizado para definir qué empresa es local.

Santiago de Querétaro, Qro. 23 de agosto del 2026— Luis Humberto Fernández Fuentes cuestionó la limitada participación que, según afirmó, tienen los despachos queretanos en las auditorías externas contratadas para revisar las finanzas del Poder Ejecutivo estatal y sus entidades paraestatales.

Durante una reunión con economistas, contadores públicos y especialistas fiscales, el diputado federal con licencia sostuvo que únicamente tres de las 15 firmas participantes son locales. A partir de ese dato, propuso revisar las reglas de designación y hacer públicos los criterios empleados para distribuir los trabajos.

“Querétaro forma profesionistas de primer nivel. Empresas de todo el mundo confían en ese talento y aquí, en su propia casa, se les abre menos la puerta”, expresó Fernández Fuentes. Aclaró que su planteamiento no busca otorgar privilegios por domicilio, sino generar reglas claras y posibilidades reales de competencia.

El señalamiento coincide parcialmente con información difundida sobre el proceso estatal: la Secretaría de la Contraloría entregó durante agosto designaciones a 15 despachos de auditoría externa para revisar los estados financieros de 2026 del Poder Ejecutivo y de 43 entidades paraestatales.

Sin embargo, en la información pública consultada no aparece la relación completa de las firmas ni su domicilio fiscal, sede corporativa o composición. Por ello, no fue posible verificar de manera independiente que solamente tres sean queretanas.

Auditorías sobre el ejercicio de 2026

Los despachos designados deberán examinar el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Los trabajos comenzaron en agosto y los dictámenes definitivos tendrán que ser entregados en enero de 2027.

Su función será emitir una opinión independiente sobre la preparación de los estados financieros, el cumplimiento de las reglas de contabilidad gubernamental y la observancia de las disposiciones de disciplina financiera.

La revisión abarca al Poder Ejecutivo y a 43 organismos paraestatales. Por su alcance, no se trata de contratos menores ni de una actividad exclusivamente técnica: las firmas seleccionadas tendrán acceso a información financiera relevante y sus dictámenes formarán parte de los mecanismos de control sobre el ejercicio de recursos públicos.

El proceso se encuentra regulado por los lineamientos estatales para la designación de despachos externos, publicados en 2022. Entre los elementos que deben valorarse se encuentran la capacidad técnica, la experiencia, la independencia profesional, la ausencia de conflictos de interés y el cumplimiento de las normas aplicables.

Ser local no sustituye la capacidad técnica

Fernández Fuentes sostuvo que contratar sistemáticamente servicios externos provoca que Querétaro pierda tanto el valor económico de los contratos como la experiencia profesional generada por esos trabajos.

“La contaduría, la economía y la materia fiscal no son profesiones de accesorio. Sostienen la confianza en las finanzas públicas, dan certeza a la inversión y ordenan la vida de miles de empresas”, señaló.

El planteamiento abre una discusión pertinente sobre el desarrollo de proveedores locales, pero también exige distinguir dos asuntos. El primero es si los despachos queretanos enfrentan barreras injustificadas para participar; el segundo, distinto, es si las firmas designadas cumplen con las mejores condiciones técnicas, económicas y de independencia.

El domicilio de una empresa no determina por sí mismo la calidad de una auditoría. Tampoco garantiza autonomía frente al gobierno auditado. Una política que favorezca proveedores estatales tendría que preservar la libre competencia, evitar cuotas automáticas y asegurar que la cercanía territorial no produzca conflictos de interés.

La pregunta relevante no es únicamente cuántas firmas tienen origen en Querétaro, sino cómo fueron convocadas, evaluadas y seleccionadas.

¿Qué significa ser un despacho local?

La afirmación de que tres de 15 firmas son locales requiere definir el criterio utilizado. Una empresa puede tener su sede corporativa en otra entidad, pero mantener oficinas, personal y operaciones permanentes en Querétaro. También puede estar legalmente constituida en el estado y formar parte de una red nacional o internacional.

Para evaluar el señalamiento sería necesario conocer, al menos:

• Los nombres de los 15 despachos designados.
• El domicilio fiscal y las oficinas desde las que prestarán el servicio.
• La cantidad de profesionales queretanos incorporados a cada auditoría.
• Los despachos invitados y las propuestas recibidas.
• Los criterios, puntajes y evaluaciones utilizados para cada designación.
• Los montos de los contratos y la distribución de las 44 revisiones.
• Los antecedentes de cada firma y sus posibles conflictos de interés.

Publicar esta información permitiría determinar si existe una exclusión estructural de los despachos estatales o si la distribución responde a requisitos de experiencia, especialización, rotación e independencia.

Fernández no presentó durante el encuentro una relación documental de las 15 firmas ni un análisis comparativo de sus evaluaciones. Su dato, por tanto, debe entenderse hasta ahora como un señalamiento político que requiere soporte público para convertirse en un diagnóstico verificable.

Reclamos sobre adjudicación y falta de claridad

De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, los profesionistas asistentes expusieron dificultades para competir por contratos, falta de claridad en los criterios de adjudicación y escasas oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen experiencia en el estado.

Fernández propuso mantener abierto el diálogo con colegios y asociaciones profesionales, transparentar la asignación de los servicios e incrementar la participación de despachos queretanos.

En la reunión estuvieron Arturo Muñoz, presidente del Colegio de Economistas; Eric Anaya, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro; Socorro López, expresidenta del Colegio de Contadores Públicos; Ofir Aragón Nieves y Juan de Jesús Maciel, entre otros participantes.

El pronunciamiento también tiene un contexto político. Fernández Fuentes solicitó licencia indefinida como diputado federal y se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Querétaro, proceso vinculado con la definición política de Morena rumbo a 2027. Su perfil oficial todavía puede consultarse en el Sistema de Información Legislativa.

La propuesta expresada durante el encuentro no fue presentada como iniciativa legislativa, denuncia administrativa o solicitud formal de información. Su alcance dependerá de que se traduzca en una revisión concreta de los lineamientos o en una exigencia documentada ante la Secretaría de la Contraloría.

La transparencia reclamada tendría que aplicarse en ambos sentidos: el Gobierno estatal debe explicar cómo distribuyó las auditorías, mientras Fernández debe exhibir la información que sustenta la proporción denunciada. Sólo con ambos elementos podrá establecerse si los despachos queretanos fueron relegados o si el resultado provino de un proceso competitivo basado en capacidades verificables.

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Enrique Correa y Andrea Domínguez entregaron al Congreso estatal una propuesta que contempla atención especializada, capacitación médica, un registro de pacientes y medidas para evitar afectaciones académicas y laborales. El proyecto apenas inicia su ruta legislativa.

Santiago de Querétaro, Qro.— El diputado local Enrique Correa Sada y la activista Andrea Domínguez Castro presentaron ante la Legislatura de Querétaro una iniciativa para crear una ley estatal de atención integral de la endometriosis, enfermedad crónica cuyo diagnóstico puede demorarse hasta 12 años debido, entre otros factores, a la normalización del dolor menstrual.

La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes después del foro “Endometriosis: construyendo una respuesta legislativa”. Su contenido plantea garantizar el diagnóstico temprano, la atención especializada y el tratamiento integral, además de capacitar al personal sanitario y desarrollar campañas de información sobre salud menstrual.

También contempla la creación de un Registro Estatal de Endometriosis, medidas para proteger la continuidad académica de las estudiantes y mecanismos de apoyo laboral, entre ellos incapacidades y ajustes que eviten actos de discriminación.

La presentación formal no significa que las medidas hayan entrado en vigor. La iniciativa deberá ser turnada a las comisiones correspondientes, analizada, eventualmente modificada y sometida a votación. En caso de aprobarse, todavía requerirá disposiciones operativas, recursos presupuestales y coordinación entre autoridades sanitarias, educativas y laborales.

Una enfermedad frecuentemente invisibilizada

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que crece tejido similar al revestimiento interno del útero fuera de ese órgano. Se presenta principalmente en la pelvis, aunque también puede afectar ovarios, intestinos, abdomen y, en casos menos frecuentes, otras partes del cuerpo.

Entre sus manifestaciones se encuentran dolor menstrual intenso, dolor pélvico crónico, sangrado abundante, molestias durante las relaciones sexuales, fatiga y problemas de fertilidad. Los síntomas varían entre pacientes y su intensidad no siempre corresponde con la extensión de las lesiones.

La Organización Mundial de la Salud calcula que afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres en edad reproductiva, alrededor de 10 por ciento de esa población mundial. También puede presentarse en hombres trans y personas no binarias que menstrúan.

El organismo internacional advierte que el diagnóstico puede tardar entre cuatro y 12 años. La demora se relaciona con síntomas diversos, acceso desigual a especialistas y la creencia social de que el dolor incapacitante durante la menstruación debe soportarse como algo normal.

Actualmente no existe una cura definitiva. Los tratamientos se determinan de acuerdo con los síntomas, la gravedad, la disponibilidad de servicios, los efectos secundarios y las decisiones reproductivas de cada paciente. Pueden incluir medicamentos para controlar el dolor, tratamientos hormonales y, en determinados casos, cirugía especializada.

Del testimonio personal a la iniciativa

Durante el foro, Andrea Domínguez relató que durante años vivió con dolor y alteraciones menstruales que llegó a considerar normales. Su experiencia, explicó, la llevó a promover una respuesta legislativa para otras niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan síntomas semejantes.

“Que algo suceda todos los meses no significa que tengamos que normalizar vivir con ello”, expresó. Domínguez sostuvo que la discusión no se limita a una enfermedad, sino que involucra la dignidad, la educación, el trabajo y el derecho de las pacientes a ser escuchadas.

El médico Fernando Paredes señaló que uno de los principales síntomas es el dolor incapacitante y advirtió sobre la insuficiencia de especialistas para diagnosticar y atender casos complejos. Añadió que algunas pacientes necesitan cirugía, pero esos procedimientos deben ser valorados y realizados por personal con experiencia debido a los riesgos involucrados.

México cuenta con una Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, dirigida al personal de los tres niveles de atención. El documento busca estandarizar la detección, la referencia oportuna y las intervenciones terapéuticas.

La existencia de lineamientos nacionales, sin embargo, no garantiza por sí sola que todas las pacientes accedan a estudios, especialistas o tratamientos. La Secretaría de Salud federal estima que en México más de siete millones de mujeres podrían vivir con endometriosis, muchas de ellas sin diagnóstico.

Registro, educación y derechos laborales

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la creación de un registro estatal. Un instrumento de esta naturaleza podría permitir conocer la cantidad de diagnósticos, distribución territorial, necesidades médicas y demanda de atención especializada.

Su funcionamiento deberá acompañarse de reglas estrictas de confidencialidad. La información ginecológica y reproductiva constituye un conjunto de datos personales sensibles, por lo que el eventual registro tendría que precisar quién podrá consultarlo, con qué finalidad y bajo qué mecanismos de protección.

En el ámbito educativo, la propuesta busca evitar que las ausencias provocadas por dolor, consultas o tratamientos deriven automáticamente en rezago o abandono escolar. Para ello plantea mecanismos que protejan la continuidad académica de las estudiantes.

En materia laboral se proponen incapacidades y ajustes razonables sin discriminación. Su aplicación tendrá que armonizarse con la legislación laboral y de seguridad social, así como definir criterios médicos que impidan que el acceso dependa de decisiones discrecionales de empleadores o autoridades.

El planteamiento responde a un problema documentado: la OMS reconoce que el dolor provocado por la endometriosis puede impedir asistir a la escuela o al trabajo, reducir ingresos y generar costos adicionales para las familias.

Los aspectos que deberá precisar el Congreso

El proyecto abre una discusión necesaria, pero su eficacia dependerá de los detalles que se incorporen durante el análisis legislativo.

Entre los asuntos pendientes de precisar se encuentran el presupuesto requerido, la dependencia que administraría el registro, la disponibilidad de médicos especializados, los protocolos de referencia entre centros de salud y hospitales, los plazos de implementación y los mecanismos para evaluar resultados.

También será necesario determinar qué instituciones estarán obligadas a brindar atención, cómo se garantizará el acceso fuera de la zona metropolitana y de qué manera se coordinarán los sistemas estatal y federal de salud.

La distancia entre una ley declarativa y una política pública efectiva suele encontrarse precisamente en esos elementos. Reconocer el derecho constituye un primer paso; garantizar personal, medicamentos, estudios diagnósticos y atención continua es lo que puede modificar la experiencia de las pacientes.

Correa afirmó que la propuesta fue construida con la participación de pacientes, especialistas y organizaciones civiles. Al entregar el documento, señaló que reconocer el dolor es una condición indispensable para comenzar a garantizar derechos.

La iniciativa queda ahora en manos del Congreso. Su avance dependerá de que el testimonio recogido en el foro se traduzca en obligaciones verificables, recursos suficientes y servicios accesibles, no únicamente en una nueva declaración legislativa.

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