Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en bancos mexicanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno no permitirá la impunidad, pero exigió pruebas contundentes antes de proceder legal o administrativamente.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó la mandataria durante una conferencia.

Sheinbaum reiteró que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado evidencia concreta que respalde las acusaciones. Como ejemplo, recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 bajo acusaciones de narcotráfico, pero liberado posteriormente por falta de pruebas.

“Si hay pruebas, se actúa. No importa quién sea. Pero si no las hay, no puede actuarse como en cualquier delito”,declaró. Además, pidió al Departamento del Tesoro enviar la documentación necesaria para que las autoridades mexicanas puedan acompañar el proceso desde sus instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sobre la relación bilateral, la presidenta fue enfática: “México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos”, afirmó. Subrayó que la relación con Estados Unidos debe ser de iguales, basada en el respeto mutuo.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que el sistema financiero mexicano es fuerte y que su administración ha mantenido una política activa contra el lavado de dinero. No obstante, subrayó que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas verificables.

Fuente: Presidencia de la República / Comunicado oficial, 26 de junio de 2025.

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Durante su intervención, Sheinbaum señaló que actualmente, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas pueden obtener suspensiones judiciales para acceder a sus cuentas sin necesidad de un juicio completo, lo que calificó como un acto de corrupción y colusión dentro del Poder Judicial.

“Cuando hay evidencia de la UIF sobre el uso indebido de recursos y lavado de dinero, se procede al congelamiento de cuentas. Sin embargo, estas personas obtienen amparos y, en la suspensión, sin un juicio de fondo, los jueces les liberan los fondos. No puede seguir esta corrupción dentro del sistema judicial”, enfatizó la mandataria.

Reforma legal en camino

En este contexto, el titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que se planean modificaciones a la Ley de Amparo y otras leyes de procedimiento para garantizar que las cuentas solo sean liberadas mediante un juicio formal, en caso de que se demuestre una mala interpretación por parte de la UIF.

“Es fundamental que exista un juicio de fondo antes de desbloquear cualquier cuenta. No podemos permitir que recursos de procedencia ilícita sigan fluyendo en la economía nacional por decisiones judiciales sin sustento”, afirmó Gómez.

El funcionario reveló que, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta marzo de 2025, la UIF ha bloqueado cuentas de 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales, acumulando un total de 7,815 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas. En este periodo, las instituciones financieras han congelado alrededor de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. No obstante, 23,575 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales, lo que evidencia la necesidad de ajustes legales.

Caso Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

Un ejemplo reciente de la problemática mencionada es la resolución del Poder Judicial que ordenó la eliminación de Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF. Esto les permitirá utilizar el sistema financiero nacional sin restricciones, a pesar de que ambos tienen orden de aprehensión en su contra.

Pablo Gómez subrayó que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para frenar el uso de recursos de origen presuntamente ilícito y evitar que continúen circulando en la economía formal. Por ello, reiteró la urgencia de reformas legales que impidan su liberación sin el debido proceso judicial.

Con estas modificaciones, el Gobierno de México busca fortalecer el combate al lavado de dinero y la corrupción, garantizando que la liberación de recursos financieros sea el resultado de un juicio de fondo y no de suspensiones judiciales cuestionables.

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