Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 24 de junio de 2026.— La tortilla, uno de los alimentos más presentes en la mesa mexicana, volvió al centro del debate público. La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para exhortar al Gobierno Federal a implementar acciones urgentes que permitan estabilizar el precio de la tortilla y proteger la economía familiar.

La propuesta legislativa está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor. El objetivo es atender el posible incremento de entre 2 y 4 pesos por kilogramo advertido por la industria ante el encarecimiento de insumos.

El precio de la tortilla no es un dato menor en la economía cotidiana: es un termómetro del poder adquisitivo de millones de hogares. En México, más del 90% de la población consume tortilla de manera regular y destina cerca del 6.9% de su presupuesto alimentario a este producto básico, de acuerdo con la información presentada por la legisladora.

En el caso de Querétaro, el boletín señala que el precio pasó de 25.17 pesos en junio de 2025 a 27 pesos actualmente, lo que representa un incremento local de 7.27%. La cifra prácticamente duplica la inflación registrada el año pasado, ubicada en 3.69%, según los datos incluidos en la iniciativa.

La discusión rebasa el mostrador de la tortillería. Un aumento en este alimento golpea de forma directa a las familias con menores ingresos, porque la tortilla no es un producto sustituible en la dieta popular: acompaña desayunos, comidas y cenas; sostiene hábitos alimentarios, cultura comunitaria y gasto diario.

La legisladora advirtió que, hasta ahora, los productores queretanos han absorbido el alza en combustibles y refacciones, pero la situación ya fue calificada como insostenible por el sector. Cuando los costos de producción se vuelven impagables, el riesgo es que el aumento termine trasladándose al consumidor final.

La iniciativa de Calzada Rovirosa plantea tres rutas de acción. La primera es instalar una mesa de diálogo urgente para analizar los costos reales de producción junto con representantes de la industria. Este punto busca abrir una conversación técnica antes de que el incremento se normalice en el mercado.

El segundo eje es frenar abusos comerciales mediante vigilancia activa de las autoridades competentes. La intención es evitar incrementos arbitrarios que lesionen la economía popular bajo el argumento general del alza de insumos.

El tercer punto propone evaluar programas de subsidios focalizados para pequeños y medianos productores, con el fin de que puedan costear combustibles, refacciones y otros insumos sin trasladar completamente el aumento al precio final de la tortilla.

El fondo de la propuesta es político y social: quién absorbe el costo de la inflación alimentaria. Si el productor no recibe apoyo, el consumidor paga más; si el mercado queda sin vigilancia, pueden abrirse espacios para abusos; y si el Estado no interviene con inteligencia, el alimento más cotidiano del país puede convertirse en un nuevo factor de presión económica.

La iniciativa también coloca sobre la mesa una conversación más amplia sobre seguridad alimentaria. En un país donde la tortilla forma parte de la identidad cultural y de la nutrición diaria, su encarecimiento no debe leerse solo como variación comercial, sino como un problema público con impacto directo en bienestar, desigualdad y estabilidad económica de los hogares.

Para Querétaro, el reto consiste en construir una respuesta que no enfrente a consumidores contra productores, sino que reconozca las presiones de ambos lados: familias que no pueden pagar más y tortillerías que ya enfrentan costos crecientes para operar.

La propuesta de Tere Calzada deberá avanzar en el análisis legislativo correspondiente. Su relevancia radica en que lleva al Congreso una preocupación que se mide todos los días en efectivo, en filas de tortillería y en mesas familiares: cuando sube la tortilla, sube también la angustia económica de quienes viven al día.

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Por: Redacción LYPmultimedios | Sede: Ciudad de México | 16 de abril de 2026

En un movimiento estratégico para contener la inflación en los productos de la canasta básica, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, sostuvo una reunión de alto nivel con los principales representantes de la industria de la masa y la tortilla, confirmando que no habrá aumento en el precio de este alimento fundamental para la dieta nacional.

El encuentro, celebrado este miércoles en la capital del país, tuvo como objetivo central fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla e identificar acciones conjuntas que garanticen la estabilidad de precios frente a las fluctuaciones del mercado global.

Soberanía Alimentaria y Precios Justos

A través de sus canales oficiales, el titular de la Sader envió un mensaje de certidumbre a las familias mexicanas, subrayando que la prioridad del Gobierno Federal es mantener el acceso asequible al principal derivado del maíz.

“Mensaje claro: no hay aumento en el precio de la tortilla. Seguimos trabajando por precios justos y soberanía alimentaria”, sentenció Berdegué.

Alianza Industrial y Gubernamental

La relevancia de la reunión radicó en la representatividad de los asistentes, logrando un consenso entre los sectores productivos y las autoridades de regulación:

• Representación Industrial: Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), el Consejo Rector de la Tortilla, la Red de Maíz y cámaras regionales como la CARIT (Tlaxcala, Puebla y Veracruz).

• Acompañamiento Federal: La reunión contó con la presencia de Iván Escalante (Profeco), María Luisa Albores(Alimentación para el Bienestar) y representantes de la Secretaría de Economía y Cofepris, garantizando que la vigilancia de precios y la calidad sanitaria vayan de la mano.

Vigilancia del Consumidor

Con la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se anunció que se mantendrán operativos de vigilancia para evitar abusos o especulaciones en el precio final al público. Este acuerdo busca mitigar las presiones económicas en las zonas populares y rurales, donde la tortilla representa el eje central de la nutrición.

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