La discusión gira en torno a si el documento aprobado constituye jurídicamente un “proyecto alternativo”

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 21 de agosto de 2026.— La diputada local Leonor Mejía Barraza, del Grupo Legislativo del PAN, sostuvo que el dictamen sobre las observaciones a la reforma del Código Civil en materia de identidad de género se aprobó sin la mayoría calificada que, en su lectura, exige la Constitución del estado.

El documento fue avalado el 19 de agosto con 15 votos a favor y 10 en contra. Mejía Barraza plantea que, al integrarse la LXI Legislatura por 25 diputados, eran necesarios 17 votos —las dos terceras partes.

“No debemos aprobar leyes cuya validez nazca cuestionada desde el momento mismo de su votación. La Constitución no se negocia. ¡La Constitución se cumple!”, expresó desde tribuna.

El argumento de la legisladora

Mejía Barraza fundamentó su planteamiento en dos disposiciones.

La primera es el artículo 19 de la Constitución del Estado, que establece un procedimiento específico cuando el Poder Ejecutivo formula observaciones a una ley previamente aprobada. Al tratarse —en su lectura— de una segunda deliberación legislativa sobre el mismo asunto, correspondía aplicar la mayoría reforzada.

La segunda es el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también refiere el voto de las dos terceras partes ante observaciones del Ejecutivo.

El núcleo de su argumento, sin embargo, no está en las cifras sino en la naturaleza del documento: sostuvo que denominar “proyecto alternativo” a un dictamen no modifica su naturaleza jurídica ni permite apartarlo del procedimiento constitucional aplicable.

Qué establecen las normas invocadas

Para entender el debate conviene tener a la vista el texto completo de las disposiciones en juego, porque ambas partes se apoyan en el mismo artículo.

El artículo 19 constitucional, en efecto, dispone que un proyecto observado por el Ejecutivo requiere dos terceras partes para aprobarse de nueva cuenta. Pero la fracción VII de ese mismo artículo contempla expresamente un supuesto distinto:

“Si la Legislatura al resolver sobre un proyecto observado, presentara un proyecto alternativo, a éste se le dará tratamiento de proyecto enviado para su publicación por primera vez.”

En términos idénticos, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo —titulado precisamente “Proyecto alternativo”— establece que cuando una comisión presenta un proyecto alternativo al observado y este es aprobado, se le da tratamiento de proyecto enviado por primera vez para publicación.

De modo que la controversia no es si existe la figura del proyecto alternativo —está prevista tanto en la Constitución como en la ley secundaria—, sino si el dictamen aprobado el 19 de agosto reúne o no las características para considerarse uno.

La posición de quienes respaldaron el dictamen

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez, de Morena, sostuvo durante la sesión que el documento sí constituye un proyecto alternativo, por incorporar cambios sustanciales respecto del aprobado originalmente el 30 de abril. La Mesa Directiva asumió ese criterio y consideró aprobado el dictamen con los 15 votos obtenidos.

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, explicó al término de la sesión: “Al ser una iniciativa alternativa, procede la mayoría simple, es decir, con 13 votos se pasa para su publicación.”

Los cambios que se invocan como sustantivos incluyen, según explicó el diputado Eric Silva Hernández, que el trámite sea personalísimo —solo puede realizarlo la persona interesada, sobre actas en las que figure como titular—, y que el reconocimiento de la identidad de género no modifique ni extinga obligaciones, investigaciones, procesos judiciales, responsabilidades penales ni resoluciones previamente existentes. A ello se suman precisiones sobre reserva documental, protección de datos, trazabilidad registral, gratuidad, capacitación del personal y régimen transitorio.

Cómo votó cada bancada

A favor del dictamen se pronunciaron las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y la diputada Georgina Guzmán, del PVEM. En contra votaron PAN, PRI y la diputada Perla Flores, también del PVEM.

Lo que sigue en el proceso

El dictamen fue remitido al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días naturales para formular observaciones o, en su defecto, un plazo de 30 días para su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

La discusión sobre la mayoría requerida podría, eventualmente, plantearse ante instancias jurisdiccionales. En el sistema mexicano, las controversias sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo local se resuelven mediante acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vías que pueden promover, entre otros, un porcentaje de los integrantes de la propia Legislatura, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ninguna de esas acciones había sido anunciada al cierre de esta edición.

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El Pleno resolvió las observaciones del Ejecutivo con un proyecto alternativo; también avaló dictámenes sobre educación, bienestar animal y lectura en paraderos

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 20 de agosto de 2026.— La LXI Legislatura aprobó por segunda ocasión la reforma al Código Civil en materia de identidad de género, esta vez mediante un proyecto alternativo que atiende las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. La votación fue de 15 votos a favor y 10 en contra.

La reforma mantiene el reconocimiento de la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, sin necesidad de un juicio, y ahora establece de manera expresa que el trámite corresponde únicamente a personas mayores de edad.

Qué cambió respecto del texto original

Las modificaciones incorporadas son, según los considerandos del dictamen, de naturaleza estrictamente técnico-registral, administrativa y operativa. Precisan ocho aspectos:

• Titularidad de las actas
• Mecanismos de reserva documental
• Coordinación interinstitucional
• Protección de datos personales
• Trazabilidad registral
• Gratuidad del trámite
• Capacitación del personal
• Régimen transitorio de implementación

El dictamen, elaborado por la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, incluye una salvaguarda explícita en su considerando 30: “Ninguna de dichas adecuaciones deberá interpretarse como autorización para condicionar, patologizar, judicializar o restringir injustificadamente el ejercicio del derecho a la identidad de género”, ni como aceptación de argumentos contrarios a los principios de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

En el considerando 31, la comisión sostiene que las observaciones del Ejecutivo “no invalidan la necesidad, pertinencia ni constitucionalidad del reconocimiento de la identidad de género autopercibida por vía administrativa”, y que el proyecto alternativo atiende los aspectos operativos “evitando que exigencias formales se traduzcan en barreras de acceso, cargas desproporcionadas o dilaciones injustificadas”.

El debate sobre cuántos votos se necesitaban

La votación estuvo precedida por una discusión procesal relevante. La diputada panista Leonor Mejía Barraza sostuvo que, al derivar de un proyecto observado por el Ejecutivo, el dictamen requería 17 votos —las dos terceras partes de la Legislatura—.

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, explicó el criterio contrario al término de la sesión: “Al ser una iniciativa alternativa, procede la mayoría simple, es decir, con 13 votos se pasa para su publicación.”

La distinción es técnica pero determinante. La Constitución local establece que un proyecto observado por el Ejecutivo requiere mayoría calificada para aprobarse por insistencia; pero cuando la Legislatura, al resolver las observaciones, presenta un proyecto distinto, se aplica el umbral ordinario. Con 15 votos, el dictamen superó ese piso.

A favor se pronunciaron los legisladores Arturo Maximiliano García Pérez y Teresita Calzada Rovirosa.

Cómo llegó hasta aquí

Este proceso lleva casi cuatro meses.

30 de abril. El Congreso aprueba la reforma con 14 votos a favor y 11 en contra. Querétaro se convierte en la entidad número 25 del país en reconocer el derecho a la identidad de género por vía administrativa.

25 de mayo. El gobernador Mauricio Kuri González anuncia el veto mediante un video en redes sociales. Sostiene que la reforma “permite que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción” y la califica como impulsada por “la izquierda radical”.

Esa afirmación fue verificada y desmentida. La unidad El Sabueso, de Animal Político, consultó la Gaceta Legislativa del 30 de abril y documentó que el artículo 131 Ter enlista como requisitos ser mayor de edad, tener nacionalidad mexicana y contar con acta de nacimiento registrada en cualquier entidad del país. El texto no contiene mención alguna a personas menores de 18 años.

Mayo-agosto. Colectivos trans y organizaciones civiles se manifiestan frente al Congreso y en Plaza de Armas. La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 revisa las observaciones y elabora el proyecto alternativo.

19 de agosto. El Pleno lo aprueba con 15 votos a favor y 10 en contra.

Lo que sigue en el proceso

El dictamen alternativo queda nuevamente sujeto a la facultad de observación del Ejecutivo estatal. Piedragil Ortiz precisó los plazos: 15 días para que el gobernador formule observaciones, y un mes para su publicación si no las hubiera.

De publicarse en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, las personas trans y no binarias mayores de edad podrán solicitar ante el Registro Civil la rectificación de sus datos de nombre y sexo-género sin acudir a un juicio, un procedimiento que hasta ahora ha implicado tiempo y costos considerables.

Los otros dictámenes aprobados

En la misma sesión, presidida por Piedragil Ortiz e integrada por Juliana Hernández Quintanar como vicepresidenta y María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos como secretarias, el Pleno avaló otros cuatro dictámenes:

Participación familiar en la escuela. Reforma al artículo 59 de la Ley de Educación del Estado, presentada por la Comisión de Educación y Cultura, para reconocer el papel de la familia en los procesos educativos y establecer herramientas de participación efectiva en la vida escolar. Se pronunciaron a favor Piedragil Ortiz y Paul Ospital Carrera.

Bienestar animal en los municipios. Reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos prevean en su estructura una dependencia o unidad de atención y protección animal, sin que ello constituya un mandato de creación o ampliación de estructuras administrativas. Intervinieron Perla Flores Suárez y Paul Ospital Carrera, autor de la iniciativa.

Día del Bienestar del Perro. Declaratoria del 21 de julio de cada año, a propuesta de Enrique Correa Sada, orientada a promover el cuidado responsable, el trato digno y la protección de estos animales.

Lectura en paraderos. Acuerdo por el que la Legislatura exhorta al Ejecutivo estatal —a través de las secretarías de Cultura y Educación y la Agencia de Movilidad— a analizar la viabilidad de instalar módulos de lectura, bibliotecas móviles, programas de intercambio de libros y actividades culturales en paraderos del transporte público. Se pronunció a favor Juliana Hernández Quintanar.

Asuntos generales

En la última parte de la sesión, el diputado Guillermo Vega Guerrero abordó el tema de la imparcialidad del próximo proceso electoral, con intervención para hechos de la diputada Andrea Tovar Saavedra. Adriana Meza Argaluza reconoció a los deportistas queretanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y Juliana Hernández Quintanar se refirió a las obras de la carretera federal 57, con intervención para hechos de Piedragil Ortiz.

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Querétaro, Qro.11 de agosto del 2026— La LXI Legislatura de Querétaro inscribió en letras doradas la frase “Ejército Mexicano: Patria, Honor y Lealtad” en el Salón de Sesiones Constituyentes de 1916-1917, como reconocimiento institucional a las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad, protección civil, atención de emergencias y defensa de la soberanía.

La develación se realizó durante una sesión solemne del pleno, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz. Asistieron el comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, general de Brigada de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, y el comandante del Cuarto Regimiento Blindado, coronel José Ramón Pereira.

La inscripción deriva de una iniciativa presentada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y aprobada por la Legislatura el 30 de abril de 2026. La propuesta buscó dejar un reconocimiento permanente en el recinto parlamentario a las mujeres y hombres que integran el Ejército.

Piedragil Ortiz afirmó que las palabras inscritas sintetizan una vocación de servicio presente en distintos momentos de la historia nacional. Destacó la participación militar en la protección de instalaciones estratégicas, el combate al robo de hidrocarburos, la atención de la pandemia de COVID-19 y la ejecución de proyectos federales de infraestructura.

Entre estos proyectos mencionó el Tren Maya y la construcción del sistema ferroviario Ciudad de México-Querétaro. El legislador también resaltó la intervención de las Fuerzas Armadas durante desastres naturales mediante el Plan DN-III-E.

El homenaje se produce en un periodo de expansión de las responsabilidades asignadas al Ejército. Además de sus funciones tradicionales de defensa, la institución participa en seguridad pública, construcción y administración de infraestructura, vigilancia de instalaciones estratégicas, atención de emergencias y operación de empresas estatales.

Esa ampliación también tiene un componente constitucional. La reforma publicada el 30 de septiembre de 2024 incorporó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la definió como una fuerza de seguridad pública permanente integrada por personal militar con formación policial. La nueva Ley de la Guardia Nacional entró en vigor en julio de 2025, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.

Piedragil sostuvo que el reconocimiento representa gratitud hacia quienes cumplen tareas de seguridad y auxilio a la población. Consideró que la inscripción debe funcionar también como un recordatorio sobre la responsabilidad de colocar el bienestar social por encima de cualquier circunstancia.

Durante su intervención, Teresita Calzada realizó un recuento histórico de la institución y señaló que su actuación no se limita a los enfrentamientos armados. Subrayó las tareas de asistencia a la población civil, ejecución de obras sociales y respuesta ante incendios, inundaciones, deslaves y otras emergencias.

La legisladora recordó las labores realizadas por personal militar durante las lluvias e incendios registrados en Querétaro. También hizo referencia al terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto en Colombia, cuyo movimiento fue percibido en Ecuador y Panamá.

Al momento de la ceremonia, México había ofrecido apoyo humanitario y preparado personal y suministros para una eventual misión en Colombia, aunque el despliegue se encontraba a la espera de una solicitud formal del gobierno de ese país. Por ello, la afirmación de que el Ejército ya había brindado respaldo operativo debe entenderse como una referencia a los preparativos de asistencia y no necesariamente a una misión desplegada, según la información disponible al cierre del 11 de agosto.

Calzada también afirmó que el Ejército es la corporación de seguridad mejor evaluada por la ciudadanía. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 ofrece un panorama ligeramente distinto.

El Ejército fue la autoridad de seguridad e impartición de justicia más reconocida por la población, con una identificación de 81.5 por ciento. Sin embargo, la institución que generó mayor confianza fue la Marina, con 91 por ciento, seguida de la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3 por ciento. El Ejército se mantuvo entre las instituciones con mayor respaldo, pero no ocupó el primer lugar en ese indicador, de acuerdo con el INEGI.

El general José Guillermo Lira Hernández agradeció la distinción en nombre del Ejército y del personal adscrito a la Décimo Séptima Zona Militar. Señaló que el reconocimiento comprende tanto a quienes actualmente portan el uniforme como a las generaciones que han servido al país.

“Patria, Honor y Lealtad no son únicamente palabras; son principios que sintetizan nuestra identidad y orientan nuestra conducta”, expresó el mando militar.

Lira Hernández destacó que detrás de cada integrante del Ejército existen jornadas de vigilancia, preparación constante, periodos lejos de la familia y disposición para atender misiones en distintas regiones del país. Sostuvo que la mejor manera de corresponder al homenaje será mantener el servicio a la población.

Después de la develación, Piedragil Ortiz entregó un reconocimiento al comandante de la Décimo Séptima Zona Militar.

El comunicado legislativo no reportó intervenciones contrarias al homenaje ni una discusión sobre los mecanismos civiles de supervisión, transparencia y rendición de cuentas que acompañan la ampliación de las tareas militares. Aunque se trató de una sesión ceremonial, ese debate forma parte del contexto nacional en el que las Fuerzas Armadas han adquirido una presencia creciente fuera de sus funciones tradicionales.

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La final estatal rumbo al “Juan Escutia 2026” se celebró en el recinto legislativo; el nacional será el 11 de septiembre en Nayarit

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 10 de agosto de 2026.— La tribuna del Congreso del Estado, habitualmente ocupada por legisladores, fue durante dos días el escenario de cuatro jóvenes queretanos que compitieron en la final del Concurso Estatal de Oratoria rumbo al certamen nacional “Juan Escutia 2026”. El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, entregó los reconocimientos a los finalistas.

Los finalistas

La etapa estatal se desarrolló el 7 y 8 de agosto en las instalaciones del Congreso del Estado. Los cuatro jóvenes que llegaron a la final fueron:

• Frida Guadalupe Reyes Hernández
• Oliver Pérez Peregrina
• Leonardo Daniel Rivera García
• Karen Valdelamar Pérez

El planteamiento del presidente de la Mesa Directiva

Piedragil Ortiz propuso que el concurso deje de depender de la voluntad de cada administración legislativa: “El concurso de oratoria debe institucionalizarse para exigir año con año a que el presidente en turno, se le exija realizar el concurso de Oratoria”.

Planteó también ampliar este tipo de actividades hacia cursos de oratoria, círculos de lectura y poesía encabezados por las juventudes, y subrayó la importancia del debate en la tribuna del Pleno. Reconoció que en años anteriores hubo menor apertura hacia estos espacios y expresó su compromiso de abrirlos.

Qué es el “Juan Escutia” y qué sigue

El certamen nacional llega este año a su octava edición. Lo convoca el Congreso del Estado de Nayarit, donde el concurso está instituido formalmente desde 2016, y se celebrará el 11 de septiembre en el recinto legislativo de Tepic, con representantes designados por los congresos de las entidades federativas.

Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, y para esta edición se definieron 33 temas de análisis y exposición. Entre ellos figuran la figura histórica de Juan Escutia y el civismo, pero también asuntos de plena actualidad: salud mental, redes sociales, inteligencia artificial, gestión del agua, combate a la corrupción, preservación de lenguas originarias, representación política de grupos vulnerables, liderazgo de las mujeres en el ejercicio del poder, retos del campo mexicano y desafíos de la migración.

Los premios nacionales son de 30 mil pesos para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 15 mil para el tercero, además de medallas de participación. El Congreso de Nayarit cubre hospedaje y alimentación de las representaciones estatales.

Un ejercicio que crece en el país

El “Juan Escutia” se ha consolidado como el principal certamen de oratoria organizado desde los poderes legislativos estatales. Este año, congresos como los de Sinaloa y Guerrero desarrollaron sus propias etapas estatales para designar representante, con procesos que incluyeron desde certámenes presenciales hasta modalidades virtuales.

En Nayarit, sede del nacional, la etapa estatal reunió en febrero a 111 participantes de todo el estado, lo que da una idea del alcance que este tipo de convocatorias puede tener cuando se sostienen durante varios años.

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El Ejecutivo entrega su iniciativa de reforma judicial: nuevos órganos, exámenes de conocimientos y una fecha que se recorre

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026.— El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió este martes la iniciativa con la que el Poder Ejecutivo estatal propone reformar la Constitución local en materia judicial. La entregó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, acompañado del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, quien manifestó su conformidad con el contenido.

El dato que define esta iniciativa y que el boletín legislativo no menciona: la elección popular de jueces y magistrados queretanos se realizaría el primer domingo de junio de 2028.

Una fecha que se movió

No es la fecha que se había planteado antes. La iniciativa que se discutió en Comisiones Unidas en febrero de este año contemplaba realizar esa elección en 2027, el mismo año en que Querétaro renovará gubernatura, ayuntamientos y Congreso local. Aquella sesión, cabe recordar, no pudo desarrollarse por falta de quórum.

Con la propuesta entregada ayer, la elección judicial queda fuera del calendario político de 2027 y se traslada a un año en el que no hay comicios locales. El secretario de Gobierno explicó que el objetivo es reducir costos y fomentar la participación al empatar el ejercicio con elecciones federales.

Ese punto merece verificación adicional antes de darlo por sentado: en el calendario electoral mexicano, los comicios federales ordinarios corresponden a 2027 y 2030. Este medio solicitará precisión a la Secretaría de Gobierno sobre con qué proceso federal coincidiría junio de 2028.

Qué crea la reforma

Más allá de la fecha, la iniciativa plantea una reestructuración del aparato judicial estatal con dos órganos nuevos:

Órgano de Administración Judicial. Sería responsable de la gestión, planificación y administración operativa del Poder Judicial, funciones que hoy concentra el propio órgano de gobierno judicial.

Tribunal de Disciplina Judicial. Se encargaría de evaluar de manera continua el desempeño de los juzgadores, supervisar la ética profesional y vigilar su capacitación. En la versión discutida en febrero, este tribunal se integraría por cinco personas electas por voto popular, con sustitución escalonada y sin posibilidad de reelección.

El filtro técnico: exámenes antes de la boleta

El componente que el gobierno estatal ha presentado como su sello propio es el mecanismo de selección de candidaturas. La iniciativa contempla la creación de Comités de Evaluación para revisar los perfiles de quienes aspiren a un cargo judicial, y una Comisión Coordinadora que unificaría los criterios de evaluación y aplicaría exámenes de conocimientos.

Es la traducción operativa de lo que Kuri González planteó en mayo, cuando se publicó una reforma previa en la materia: “No solo que sean votados, que sean los mejores”. La apuesta consiste en que el voto ciudadano opere sobre una lista previamente filtrada por criterios técnicos, no sobre el universo completo de aspirantes.

Lo que significa para quien va a un juzgado

Traducido a la vida cotidiana: si la reforma se aprueba en estos términos, a partir de 2028 la persona que resuelva un juicio familiar, un litigio laboral o un asunto mercantil en Querétaro habrá llegado a ese cargo por voto ciudadano, tras aprobar un examen de conocimientos y ser evaluada por un comité. Y existirá un tribunal específico —también electo— con facultades para sancionarla si incurre en faltas.

Lo que sigue

La iniciativa apenas fue recibida por la Mesa Directiva. Deberá turnarse a comisiones, dictaminarse y votarse en el Pleno, donde una reforma constitucional requiere mayoría calificada y, posteriormente, la aprobación de los ayuntamientos.

Ese es el punto de mayor incertidumbre: la reforma judicial ya se atoró una vez en este Congreso por falta de quórum. Las preguntas pendientes son cuántos votos reúne el Ejecutivo esta vez, si las bancadas de oposición respaldarán el recorrido de la fecha a 2028, y qué observaciones formulará el propio gremio judicial más allá del respaldo expresado por su magistrado presidente.

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Legislatura de la Juventud 2026: hasta el 21 de agosto para presentar una iniciativa; el primer lugar recibe 45 mil pesos

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 3 de agosto de 2026.— Hay una diferencia entre pedirle a los jóvenes que opinen sobre salud mental y pedirles que redacten la ley. La convocatoria de la “Legislatura de la Juventud 2026”, presentada este lunes por la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, junto con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, apuesta por lo segundo: los equipos participantes deberán elaborar y presentar una iniciativa de ley enfocada en atender problemáticas de salud mental en el estado.

Cómo participar

Quiénes: jóvenes en dos categorías —de 12 a 17 años y de 18 a 29 años—, organizados en equipos de dos a cuatro personas.

Qué se entrega: una iniciativa de ley en materia de salud mental.

Fecha límite: 21 de agosto de 2026.

Etapas: evaluación inicial de las iniciativas; una jornada de capacitación legislativa para los equipos finalistas; y una presentación final ante un jurado calificador. Las tres etapas están a cargo del Congreso del Estado.

Criterios de selección: viabilidad, innovación, impacto social y contribución al fortalecimiento del marco normativo en materia de salud mental.

Premios: se elegirán tres equipos ganadores por categoría. Primer lugar, 45 mil pesos; segundo, 25 mil; tercero, 15 mil, además de un reconocimiento oficial.

Las bases y el registro pueden consultarse en el portal de convocatorias de la SEJUVE

La capacitación es la parte que más suele importar

De las tres etapas, la segunda es la que distingue este ejercicio de un concurso de ensayos. Los equipos finalistas reciben formación legislativa antes de la presentación final, lo que significa aprender cómo se estructura una iniciativa real: exposición de motivos, articulado, fundamento jurídico y viabilidad presupuestal.

Hernández Vázquez planteó el objetivo en esos términos: que los participantes refuercen sus conocimientos sobre el trabajo legislativo y afinen sus propuestas “para que sus iniciativas sean sólidas, confiables y con verdadero impacto”. Y agregó: “queremos conocer las propuestas y demostrar que los jóvenes tienen mucho que aportar cuando se trata de construir soluciones para los retos que se viven como sociedad”.

La promesa que habrá que seguir

Piedragil Ortiz añadió un compromiso que va más allá del certamen: dijo que se pretende que estas propuestas concluyan en una iniciativa real, impulsada desde el Congreso, con posibilidad de convertirse en política pública. También invitó a sus compañeros legisladores a convocar a esta actividad en sus distritos.

Es un compromiso concreto y, por lo mismo, verificable. La pregunta que este medio dará seguimiento es si alguna de las iniciativas ganadoras llega efectivamente a comisiones, o si el ejercicio se cierra con la entrega de premios. Sobre la elección del tema, el legislador señaló que responde a la incidencia de suicidio entre jóvenes —una afirmación que el boletín no acompaña de cifras oficiales— y a la necesidad de escuchar a esa población sobre su estado emocional.

No es la única puerta abierta

Vale la pena que quienes se interesen por el tema sepan que la SEJUVE opera ya otros programas en la materia: “Contigo Sanamente 2026”, que integra brigadistas de psicoeducación y promoción de la salud mental para acciones de sensibilización, prevención y atención dirigidas a jóvenes; y un proyecto de cooperación binacional entre México y Uruguay orientado a construir una red juvenil de salud mental. Ambos tienen sus propias convocatorias abiertas en el portal de la dependencia.

Para quienes no busquen legislar sino participar, esas son vías paralelas al certamen.

Si necesitas apoyo

Si tú o alguien cercano atraviesa una situación difícil, la Línea de la Vida ofrece atención gratuita, confidencial y las 24 horas al 800 911 2000. En Querétaro también opera el servicio de atención psicológica de la Secretaría de Salud estatal.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 9 de julio de 2026.— La reforma electoral local avanzó en el Congreso de Querétaro, pero no sin tensión política. La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó el dictamen conjunto de diversas iniciativas en materia electoral, un paquete que busca modernizar la legislación, fortalecer la paridad, actualizar lenguaje incluyente y dar mayor certeza jurídica a los próximos procesos.

El dictamen fue aprobado con dos votos a favor y uno en contra, este último emitido por la diputada Adriana Meza Argaluza.

La sesión fue encabezada por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, acompañado por las legisladoras Adriana Meza Argaluza y Leonor Mejía Barraza, secretaria e integrante, respectivamente. También estuvieron presentes las diputadas Teresita Calzada y Claudia Díaz Gayou, cuyas propuestas forman parte del debate electoral local.

La reforma avanza, pero deja una pregunta incómoda: ¿Querétaro está dispuesto a llevar la paridad hasta los espacios donde realmente se disputa el poder?

Un dictamen amplio para actualizar las reglas electorales

El dictamen aprobado integra distintas iniciativas turnadas a la comisión, entre ellas propuestas relacionadas con requisitos para ocupar cargos de elección popular, asociaciones políticas estatales, doble postulación, candidaturas comunes, participación de partidos políticos, integración proporcional de ayuntamientos, prevención de sobrerrepresentación municipal, modernización institucional y reformas impulsadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

También incluye reformas vinculadas al artículo 166 de la Ley Electoral, uno de los puntos más sensibles de la discusión, por su relación directa con la paridad sustantiva y la postulación de mujeres en presidencias municipales.

Sinuhé Piedragil sostuvo que el dictamen parte de una visión técnica e institucional, tomando como base la iniciativa presentada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que permitió realizar un análisis legislativo “serio, responsable y cuidadoso”.

El diputado afirmó que la reforma no debe concentrarse en intereses particulares, coyunturales o partidistas, sino en fortalecer las instituciones democráticas.

Una reforma electoral no solo cambia reglas: define quién puede competir, en qué condiciones y con qué garantías frente al poder.

Sinuhé Piedragil: una legislación “más moderna, incluyente y sólida”

Durante su intervención, Piedragil aseguró que el dictamen busca contribuir a una legislación “más moderna, más incluyente y más sólida” para Querétaro.

El presidente de la comisión destacó que uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del principio de paridad, al señalar que no debe entenderse únicamente como una obligación numérica o formal.

A partir de la reforma constitucional conocida como paridad en todo, dijo, el mandato es avanzar hacia una igualdad sustantiva: que las mujeres no solo sean postuladas, sino que accedan efectivamente a espacios de decisión pública.

La paridad real no se mide únicamente por cuántas mujeres aparecen en la boleta. Se mide por cuántas llegan a los cargos donde se toman decisiones.

Piedragil también defendió el valor de la gradualidad, al considerar que las medidas afirmativas deben implementarse de forma proporcional, revisarse con resultados y avanzar hacia una igualdad real en el tiempo.

Lenguaje incluyente y violencia política

Otro punto destacado por el diputado fue la actualización del lenguaje de la Ley Electoral.

Piedragil señaló que el lenguaje incluyente no es un asunto menor, porque las leyes nombran derechos, sujetos, instituciones y obligaciones. Por ello, afirmó, deben reflejar una visión de igualdad, respeto e inclusión.

“Modernizar el lenguaje normativo también es parte de modernizar nuestra democracia”, sostuvo.

El dictamen también contempla vínculos con la prevención de la violencia política y la violencia contra las mujeres en razón de género, además de la modernización de procedimientos, uso de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de la certeza jurídica en la actuación de autoridades electorales.

Una democracia moderna no solo necesita urnas. Necesita reglas claras, lenguaje incluyente, instituciones confiables y condiciones para que competir no implique violencia ni exclusión.

El punto que encendió el debate: el artículo 166

La discusión más sensible se concentró en el artículo 166 del dictamen, relacionado con la postulación de mujeres en ayuntamientos.

La diputada Claudia Díaz Gayou recordó que su iniciativa planteaba que los partidos políticos postularan mujeres en al menos tres de los cinco municipios más poblados del estado.

Sin embargo, señaló que el dictamen aprobado propone una fórmula distinta: que los partidos garanticen la postulación de mujeres para encabezar planillas de ayuntamientos en al menos dos municipios donde históricamente nunca han sido gobernados por mujeres.

Díaz Gayou cuestionó que la redacción final no corresponda plenamente ni a su propuesta ni a otras iniciativas presentadas.

“Me parece que no es ni una iniciativa ni la otra”, señaló.

También advirtió que, bajo esa lógica, las mujeres podrían seguir encabezando espacios en municipios más pequeños, sin necesariamente acceder a territorios de mayor peso político, poblacional y presupuestal.

Ahí está el centro del debate: no basta con postular mujeres; importa dónde se les postula.

Municipios grandes o municipios sin antecedente femenino

La diferencia entre ambas fórmulas no es menor.

La propuesta de Díaz Gayou buscaba empujar candidaturas de mujeres en municipios de mayor población, es decir, territorios con mayor presupuesto, visibilidad, estructura política e impacto electoral.

La fórmula del dictamen, en cambio, se centra en municipios donde históricamente no ha habido mujeres electas como presidentas municipales.

Ambas rutas buscan corregir rezagos, pero no producen el mismo efecto político.

Postular mujeres en municipios históricamente cerrados puede abrir puertas. Pero postularlas en municipios de alta concentración poblacional puede disputar el poder donde más pesa.

Esa es la tensión de fondo.

Querétaro puede avanzar en paridad sin tocar los espacios más competitivos, o puede usar la reforma para obligar a los partidos a abrir candidaturas femeninas en territorios de mayor relevancia.

Adriana Meza intentó ampliar la exigencia

La diputada Adriana Meza Argaluza presentó una reserva al artículo 166.

Su propuesta buscaba que los partidos políticos garantizaran la postulación de mujeres para encabezar planillas de ayuntamientos en al menos tres municipios donde históricamente no han sido electas por voto popular como presidentas municipales.

Meza argumentó que el principio de igualdad sustantiva obliga a transitar de la paridad numérica a la paridad en el ejercicio real del poder.

Aunque reconoció que la redacción del dictamen representaba una acción afirmativa valiosa al considerar dos municipios con rezago histórico, sostuvo que elevar la exigencia a tres ayudaría a acelerar el desmantelamiento de los techos de cristal en el ámbito local.

La reserva no procedió. Al someterse a votación, registró un voto a favor y dos abstenciones.

La reserva fallida dejó expuesta la tensión entre avanzar con cautela o empujar con más fuerza la presencia de mujeres en espacios ejecutivos municipales.

Claudia Díaz: “Es un tema de lo que le debemos a las mujeres”

En asuntos generales, Sinuhé Piedragil aclaró que la discusión del dictamen no está cerrada, ya que será sometido a consideración del Pleno para su análisis, discusión y votación.

Claudia Díaz Gayou coincidió en que el proceso legislativo aún no concluye y llamó a buscar otras instancias para empujar mayor progresividad.

“Ya no es un tema de partidos políticos, es un tema de lo que le debemos a las mujeres”, afirmó.

La diputada recordó que el Congreso cuenta con mayoría simple de mujeres y llamó a sus compañeras legisladoras a trabajar en conjunto para fortalecer la progresividad de la reforma.

El mensaje fue directo: si hay una mayoría de mujeres en el Congreso, la pregunta es hasta dónde están dispuestas a usar esa mayoría para abrir más poder a otras mujeres.

Teresita Calzada reabre el debate por gubernatura

La diputada Teresita Calzada, coordinadora de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, recordó que el 16 de enero de 2026 su partido presentó una iniciativa para derogar el transitorio tercero de la Constitución local relativo a la paridad de género para la gubernatura de Querétaro.

Calzada señaló que México vive un momento histórico en materia de representación femenina, con una presidenta de la República y 13 gobernadoras.

En ese contexto, afirmó que Querétaro cuenta con mujeres competitivas en cada uno de los partidos políticos y consideró que una mujer podría ser elegida constitucionalmente para la gubernatura del estado en 2027.

La discusión electoral local ya no se limita a regidurías o ayuntamientos. También toca la pregunta que Querétaro ha postergado: cuándo una mujer gobernará el estado.

La paridad como disputa de poder, no como trámite

La aprobación del dictamen muestra que Querétaro avanza en una reforma electoral amplia, pero también revela que la paridad sigue siendo uno de los campos más complejos de la democracia local.

Todos los partidos suelen declararse a favor de la igualdad. El problema aparece cuando esa igualdad exige mover candidaturas competitivas, municipios relevantes o espacios con poder real.

La paridad se vuelve incómoda cuando deja de ser discurso y empieza a tocar candidaturas.

Ese es el punto que atraviesa la discusión del artículo 166.

Las diputadas que empujan una versión más fuerte de la paridad sostienen que las mujeres no deben quedar confinadas a espacios secundarios. La redacción aprobada, aunque reconoce rezagos históricos, fue vista por ellas como insuficiente para acelerar la igualdad sustantiva.

¿Modernización o avance a medias?

El dictamen contiene elementos importantes: lenguaje incluyente, fortalecimiento institucional, actualización normativa, prevención de violencia política, herramientas tecnológicas y mayor certeza jurídica.

Pero el debate sobre paridad puede convertirse en el corazón político de la reforma cuando llegue al Pleno.

Una reforma puede ser moderna en el papel y quedarse corta en el reparto real del poder.

Ahí estará la prueba para las y los diputados.

Si el Congreso mantiene la redacción actual, defenderá una vía gradual. Si modifica el artículo 166, podría enviar una señal más fuerte sobre representación femenina en municipios donde históricamente las mujeres han sido excluidas o relegadas.

Lo que sigue

El dictamen aprobado en comisión deberá pasar al Pleno de la Legislatura para su discusión y votación.

Ahí las reservas podrían volver a plantearse y el debate sobre paridad tendrá una nueva oportunidad.

El resultado será clave para definir las reglas electorales rumbo a los próximos procesos en Querétaro.

La reforma electoral ya avanzó. Ahora falta saber si también avanzará la igualdad real.

Porque una democracia no se fortalece únicamente con reglas más ordenadas.

Se fortalece cuando esas reglas abren puertas donde antes había techos de cristal.

Y en Querétaro, la discusión apenas comienza.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 1 de julio de 2026.— La integración de los ayuntamientos de Querétaro está a punto de cambiar. La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local aprobó por unanimidad una reforma constitucional para establecer que los municipios cuenten con una sola sindicatura.

La modificación busca armonizar la Constitución Política del Estado de Querétaro con la reforma federal al artículo 115, que fija una nueva regla para la integración de los gobiernos municipales.

En palabras simples: los cabildos queretanos deberán ajustarse al nuevo modelo nacional, donde cada ayuntamiento tendrá una presidencia municipal, una sindicatura y regidurías conforme a la ley.

La sesión fue encabezada por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, con la participación de las legisladoras Adriana Meza Argaluza y Leonor Mejía Barraza, secretaria e integrante, respectivamente.

Como parte del procedimiento del Constituyente Permanente local, el Congreso notificó a los 18 ayuntamientos del estado para que pudieran enviar sus observaciones sobre el dictamen.

De acuerdo con lo informado, respondieron formalmente los municipios de Colón, Amealco, Tequisquiapan, Tolimán y Pinal de Amoles. El resto no presentó comentarios dentro del plazo establecido, por lo que se entiende que no formularon observaciones.

La reforma todavía no está completamente cerrada. Tras su aprobación en comisión, el dictamen deberá pasar al Pleno del Congreso. Si ahí se aprueba, será enviado nuevamente a los ayuntamientos para que los cabildos lo voten como parte del Constituyente local.

Para que la reforma avance, deberá contar con mayoría del Pleno de la Legislatura y mayoría de los cabildos municipales. Después tendría que publicarse oficialmente para entrar en vigor.

Sinuhé Piedragil explicó que el cambio responde a un mandato federal y que actualmente la Constitución local y la Ley Electoral de Querétaro todavía contemplan la integración de ayuntamientos con dos sindicaturas.

“Tenemos que establecer que solamente habrá un síndico, sobre esto versa la modificación”, detalló el legislador.

Aunque pueda parecer una reforma técnica, el cambio toca la forma en que se integran los gobiernos municipales.Las sindicaturas no son cargos menores: tienen funciones de representación jurídica, vigilancia del patrimonio municipal, revisión de actos administrativos y participación en el cabildo.

Para la ciudadanía, el tema puede sonar lejano. Pero los ayuntamientos son el primer nivel de gobierno con el que la gente suele tratar: servicios públicos, permisos, obra local, seguridad municipal, movilidad, mercados, parques, agua en algunos casos y atención comunitaria.

Por eso, cualquier cambio en la integración de los cabildos importa: define quién toma decisiones, quién vigila y cómo se reparte la representación dentro del gobierno municipal.

El argumento central de la reforma es uniformar criterios con el modelo federal y reducir la duplicidad de sindicaturas. Sin embargo, el verdadero reto será que la reducción no debilite la vigilancia interna ni la capacidad jurídica de los municipios.

Tener menos cargos puede sonar a eficiencia, pero la eficiencia no debe confundirse con menos contrapesos. Si habrá una sola sindicatura, deberá contar con capacidad técnica, respaldo institucional y condiciones suficientes para cumplir su función.

La pregunta no es solo cuántos síndicos habrá, sino cómo se garantizará que esa sindicatura pueda vigilar bien al gobierno municipal.

La reforma forma parte de una discusión nacional más amplia sobre el tamaño de los cabildos, la representación política y el costo de los gobiernos municipales. En estados como Querétaro, donde hay municipios con dinámicas muy distintas —desde zonas metropolitanas hasta demarcaciones serranas—, la aplicación deberá cuidar que el ajuste sea funcional y no solo formal.

La Comisión de Gobernación ya dio el primer paso. Ahora tocará al Pleno y a los ayuntamientos decidir si Querétaro concreta esta modificación constitucional.

El cambio puede parecer pequeño en número, pero es relevante en estructura: modifica la manera en que se integran los gobiernos más cercanos a la vida diaria de la gente.

Porque en los municipios se resuelven —o se complican— muchas de las cosas que más importan: la calle, el servicio, el permiso, la obra, la comunidad y la respuesta inmediata del gobierno.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.— El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro llevó formalmente al Congreso local una propuesta de reforma al marco electoral de la entidad, en un momento en el que las reglas democráticas comienzan a tomar relevancia rumbo al próximo ciclo político.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió al Pleno del TEEQ, integrado por el magistrado presidente Daniel Estrada García, la magistrada Josetty Irais Serrano García y el magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez.

Durante el encuentro, las magistraturas entregaron la “Iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, así como a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral”, propuesta por el propio Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

La entrega no es un trámite menor. Cuando el órgano encargado de resolver conflictos electorales propone modificar las reglas del juego, el Congreso recibe algo más que un documento: recibe una discusión sobre certeza, justicia electoral y confianza ciudadana.

Sinuhé Piedragil señaló que la propuesta queda formalmente recibida y que será materia de trabajo legislativo, particularmente en lo relacionado con la Ley Electoral.

“Hoy oficializaron esta propuesta de iniciativas, en la cual vamos a estar trabajando, sobre todo, lo que conlleva a la Ley Electoral y recibimos con mucho beneplácito esta propuesta”, comentó el presidente de la Mesa Directiva.

El boletín legislativo no detalla todavía el contenido específico de los cambios planteados por el TEEQ. Sin embargo, el alcance anunciado es amplio: toca la Constitución local, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Es decir, tres piezas centrales para organizar, revisar y resolver la vida electoral en Querétaro.

En términos simples, estas leyes definen aspectos que pueden impactar directamente en partidos, candidaturas, autoridades electorales, procedimientos, impugnaciones, competencias del tribunal y garantías para la ciudadanía durante los procesos electorales.

Para la gente, una reforma electoral puede sonar lejana, técnica o reservada a abogados. Pero sus efectos son muy concretos: define cómo se compite, cómo se cuentan los votos, cómo se resuelven inconformidades, qué pasa si alguien viola la ley y qué tan fuerte es el árbitro para actuar.

La reunión entre el Congreso y el TEEQ ocurre en un contexto donde Querétaro empieza a revisar su arquitectura electoral antes de los próximos procesos políticos. Ese calendario vuelve más importante la discusión: las reglas deben estar claras antes de que comience la competencia, no cuando los conflictos ya están encima.

El Tribunal Electoral tiene una función clave en cualquier democracia local. No organiza elecciones, pero sí resuelve controversias, protege derechos político-electorales y revisa actos de autoridades, partidos y candidaturas cuando se presentan impugnaciones.

Por eso, la autonomía, capacidad técnica y claridad legal del TEEQ importan. Una elección no solo se gana en las urnas; también debe poder defenderse con instituciones confiables si hay irregularidades, dudas o conflictos.

La propuesta entregada por las magistraturas abre ahora una ruta legislativa. El Congreso deberá revisar el contenido, discutirlo en comisiones, escuchar posibles posturas y definir si avanza, se modifica o se queda en análisis.

El reto será evitar que una reforma electoral se convierta en traje a la medida de coyunturas partidistas. Las reglas democráticas deben pensarse para la ciudadanía, no para favorecer a quien hoy tenga más fuerza en el tablero político.

En ese sentido, la participación del TEEQ puede aportar una mirada técnica desde quienes conocen, en la práctica, los vacíos, contradicciones o áreas de mejora del sistema electoral local.

La clave estará en la transparencia. Si la propuesta busca fortalecer la justicia electoral, la ciudadanía debe conocer con claridad qué se quiere cambiar, por qué se quiere cambiar y cómo esos ajustes mejorarían la certeza democrática en Querétaro.

La recepción de la iniciativa marca apenas el inicio de la discusión. Pero el mensaje institucional ya está puesto sobre la mesa: Querétaro tendrá que revisar sus reglas electorales antes de que el próximo proceso político eleve la tensión pública.

Porque una democracia no solo necesita votos. También necesita reglas claras, árbitros fuertes y confianza suficiente para que nadie sienta que la elección se juega con cartas marcadas.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de junio de 2026.— El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, Sinuhé Piedragil Ortiz, presidió la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Querétaro, un encuentro que colocó en el centro una de las preguntas más importantes para el futuro del estado: ¿quién va a formar al talento que sostendrá el crecimiento queretano en los próximos años?

La sesión se realizó en la sede del Poder Legislativo local, con la participación del director del ITQ, Ramón Soto Arriola, y de la presidenta de COPARMEX Querétaro y del Consejo de Vinculación, Beatriz Hernández Rojas, así como representantes del sector educativo, empresarial e institucional.

El encuentro no fue solo protocolario. En un Querétaro que crece, atrae inversión, expande su zona metropolitana y se prepara para nuevos proyectos de conectividad, la vinculación entre universidades, empresas y poderes públicos se vuelve una condición estratégica para evitar que el desarrollo avance más rápido que la formación de sus juventudes.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes, Piedragil agradeció al Instituto Tecnológico de Querétaro por permitir que el Poder Legislativo forme parte de estos espacios de coordinación.

“Estos espacios públicos son de ustedes, de las instituciones, de las y los ciudadanos, en este caso del ámbito educativo y también del empresarial”, expresó el legislador.

La frase apunta a una idea central: el Congreso no solo debe ser sede de debate político, también puede convertirse en puente entre conocimiento, empresa y sociedad. En tiempos donde el crecimiento económico exige perfiles técnicos, capacidades digitales, innovación y formación humanista, abrir el Legislativo a estos diálogos tiene un sentido público profundo.

Durante su intervención, Sinuhé Piedragil recordó su experiencia como director general en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública entre 2019 y 2022, etapa en la que tuvo acercamiento con el sistema dual y con los modelos de vinculación entre instituciones educativas y sector productivo.

El diputado señaló que quedó sorprendido por el funcionamiento de este modelo y por la forma en que las y los estudiantes fortalecen su formación al integrarse al ámbito empresarial.

“Me quedé sorprendido de este modelo, pero también de los estudiantes, de su formación no solamente académica y del expertise que tomaban en el momento en el que se introducían en el ámbito empresarial”, compartió.

El modelo dual aparece como una de las respuestas más concretas frente al reto de empleabilidad juvenil. No se trata únicamente de que las y los estudiantes aprendan teoría, sino de que desarrollen habilidades reales en entornos productivos, conozcan dinámicas laborales y construyan experiencia antes de egresar.

Piedragil recordó que, en los casos que conoció, una alta proporción de estudiantes se integraba al modelo dual y las empresas buscaban que permanecieran colaborando. Ese dato revela el valor de una formación conectada con la realidad económica: cuando la educación dialoga con la industria, el talento joven deja de ser promesa y se convierte en capacidad productiva inmediata.

El legislador manifestó su disposición para sumar a este tipo de convenios y destacó que Querétaro ha vivido un fuerte dinamismo durante las últimas dos décadas.

Ese crecimiento, sin embargo, no llega sin desafíos. La expansión demográfica, la presión sobre servicios, la movilidad, la vivienda, el agua, la infraestructura y la demanda de perfiles especializados obligan a pensar la educación no como un sector aislado, sino como columna vertebral del desarrollo estatal.

Piedragil compartió que existen estudios que plantean la posibilidad de que, en menos de siete años, la zona metropolitana de Querétaro pueda duplicarse, lo que implicaría retos económicos, sociales y formativos de gran escala.

Si Querétaro va a crecer, necesita hacerlo con talento propio, con jóvenes preparados y con instituciones capaces de anticiparse. De lo contrario, el estado puede enfrentar una paradoja: tener inversión, industria y proyectos estratégicos, pero no suficiente capital humano para sostenerlos con equidad y visión de futuro.

En ese contexto, el diputado también recordó el proyecto ferroviario México-Querétaro, previsto como un detonante económico y social para la entidad, al ampliar la conectividad y fortalecer la integración regional.

La llegada de un proyecto ferroviario de esa magnitud puede acelerar todavía más el pulso económico del estado.Pero también puede aumentar las exigencias de planeación, movilidad, empleo especializado, logística, servicios y formación técnica. Por eso, la vinculación entre el ITQ, el empresariado y las instituciones públicas no es un asunto académico: es una decisión estratégica.

Piedragil resaltó algunas ventajas de Querétaro, entre ellas su ubicación, su territorio, su condición geográfica y, sobre todo, su capital humano.

Esa es quizá la idea más importante de la jornada: Querétaro no será competitivo solo por su suelo industrial, sus parques o su conectividad, sino por las mujeres y hombres que pueda formar con conocimiento, técnica, valores comunitarios y compromiso social.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que será necesario dar un paso adelante ante el futuro inmediato, fortaleciendo la formación de estudiantes, la integración de empresas y la colaboración con otras instituciones.

“Es muy importante desarrollar este tipo de espacios, estos encuentros, estas sinergias que son un compromiso de todas y todos. Este es un espacio para ustedes, para lo público y sobre todo para aportar a la sociedad queretana”, concluyó.

Por su parte, el director del ITQ, Ramón Soto Arriola, y la presidenta del Consejo de Vinculación, Beatriz Hernández Rojas, reconocieron la voluntad del diputado Sinuhé Piedragil para “hacer que las cosas pasen y pasen bien”.

Ambos agradecieron la anfitrionía en la sede legislativa y destacaron la importancia de celebrar este encuentro en un espacio relevante para la vida política y democrática de Querétaro.

La vinculación entre empresas e instituciones educativas fue reconocida como una ruta indispensable para fortalecer la formación de estudiantes, con la colaboración de quienes aportan experiencia, conocimiento, compromiso y entusiasmo desde distintos sectores.

La Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación del ITQ deja un mensaje claro: el futuro de Querétaro no se improvisa. Se planea desde las aulas, se fortalece en los talleres, se prueba en las empresas y se articula desde instituciones capaces de mirar más allá del calendario político.

En un estado que crece a gran velocidad, la pregunta ya no es si Querétaro tendrá más industria, más población o más conectividad. La pregunta decisiva es otra: si tendrá suficientes jóvenes preparados para que ese crecimiento se convierta en bienestar, innovación y comunidad.

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