Ciudad de México.— El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 víctimas, según cifras preliminares presentadas por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los resultados demuestran el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que el objetivo de su administración es garantizar que la población pueda vivir en paz. La reducción equivale a aproximadamente 44 homicidios menos cada día respecto del mes utilizado como punto de partida.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, aseguró que julio de 2026 registró el promedio más bajo para ese mes desde 2015. Al ampliar la comparación a los primeros siete meses de cada año, el promedio diario de 2026 se ubicó en 48.6 homicidios, también el menor desde hace once años.

La comparación requiere distinguir sus bases estadísticas. El descenso de 51 por ciento resulta de confrontar dos meses específicos: septiembre de 2024 y julio de 2026. No representa una reducción acumulada de 51 por ciento en todos los homicidios ocurridos durante el periodo. Las cifras, además, son preliminares y proceden de la información remitida por las fiscalías y procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo.

La tendencia descendente ya aparecía en reportes anteriores. En mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había informado una reducción preliminar de 49 por ciento, al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 44.3. El nuevo reporte prolonga esa trayectoria hasta julio, de acuerdo con los datos difundidos por la SSPC.

Pese al descenso nacional, la violencia letal continúa concentrada territorialmente. Entre enero y julio de 2026, siete entidades reunieron 49 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato, con 8.6 por ciento; Baja California, 8.2; Chihuahua, 8.1; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6; Guerrero, 5.6; y Morelos, 5.5 por ciento.

El Gobierno informó que 30 estados redujeron su promedio diario frente al mismo periodo de 2025. Las caídas porcentuales más pronunciadas se registraron en San Luis Potosí, con 80.5 por ciento; Nayarit, 63.2; Quintana Roo, 60.4; y Zacatecas, 53.2 por ciento.

Figueroa Franco también reportó una disminución de 33 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto, de 636.6 en octubre de 2024 a 424.4 en julio de 2026. La categoría agrupa conductas distintas, por lo que el dato agregado no permite conocer por sí solo la evolución particular de cada delito.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, 518 toneladas de drogas y más de cinco millones de pastillas de fentanilo. Las autoridades reportaron además el desmantelamiento de dos mil 725 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetamina.

En materia de extorsión, el Gobierno contabilizó mil 847 personas detenidas entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026. El comunicado, sin embargo, no indicó cuántas de las detenciones anunciadas derivaron en vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias o absoluciones.

Esa ausencia resulta relevante frente a la afirmación oficial de que “la seguridad y la justicia funcionan”. Los arrestos, decomisos y operativos permiten medir actividad institucional, pero no son equivalentes a resultados judiciales definitivos. Para evaluar el desempeño de la justicia también se requieren datos sobre esclarecimiento de casos, judicialización, sentencias, reparación del daño e impunidad.

La percepción ciudadana muestra una mejoría, aunque todavía revela una brecha entre los indicadores delictivos y la experiencia cotidiana. En junio de 2026, 59.8 por ciento de la población adulta de 91 ciudades consideró inseguro vivir en su localidad. El porcentaje disminuyó de manera estadísticamente significativa frente al 61.5 por ciento de marzo de 2026 y al 63.2 por ciento de junio de 2025.

La percepción de inseguridad alcanzó 65.6 por ciento entre las mujeres y 52.6 por ciento entre los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. La reducción es relevante, pero seis de cada diez habitantes de las principales zonas urbanas todavía consideran insegura su ciudad.

En seguridad carretera, la Guardia Nacional reportó que los robos al autotransporte pasaron de 13 mil 68 en 2018 a seis mil 263 en 2025, una reducción de 52.07 por ciento. Debido a que la comparación comienza seis años antes del actual gobierno, el resultado abarca acciones desarrolladas durante administraciones distintas.

La Estrategia Balam, aplicada en 12 estados, registró una disminución de 37.19 por ciento en el robo al transporte de carga entre 2024 y 2025, mientras que la recuperación de unidades aumentó 26.09 por ciento.

Como parte del despliegue tecnológico, el Gobierno anunció que el C4 carretero comenzará a operar el 1 de septiembre. El sistema contará con 88 estaciones, más de mil puntos de monitoreo, tres mil 15 cámaras y 120 arcos para la lectura automática de placas, además de herramientas de geolocalización y coordinación con la Guardia Nacional y los gobiernos estatales.

El comunicado no detalló los protocolos de conservación de imágenes, protección de datos personales, auditoría tecnológica o acceso a la información recopilada por esta red de vigilancia.

La reducción preliminar de homicidios representa un cambio favorable en uno de los indicadores más graves de la violencia. Su consolidación deberá observarse en las cifras definitivas y acompañarse de avances verificables en investigación criminal, sentencias, extorsión, desapariciones, atención a víctimas y percepción de seguridad.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Toluca, Estado de México, 22 de julio de 2026.— Veintiuna personas fueron asesinadas en México durante el 21 de julio.

En cualquier país que aspire a vivir en paz, la cifra seguiría siendo dolorosa. En el contexto mexicano, sin embargo, representa el registro diario más bajo reportado en años y confirma que la reducción de la violencia letal ya no puede explicarse únicamente como una variación aislada.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el dato durante su conferencia matutina en Toluca y lo vinculó con los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación entre instituciones.

La mandataria reconoció que detrás del indicador existen personas. Esa precisión es indispensable.

Los homicidios no son puntos descendiendo en una gráfica. Son vidas interrumpidas, familias que enfrentan pérdidas y comunidades afectadas por una violencia que México todavía no puede considerar superada.

Pero reconocer a las víctimas tampoco obliga a minimizar una reducción estadística que, de mantenerse, podría significar miles de vidas preservadas.

El registro más bajo supera otro mínimo reciente

El 7 de junio de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó 28 víctimas de homicidio doloso y presentó esa jornada como la menos violenta de la última década.

El 21 de julio, el registro bajó a 21 víctimas.

Esto significa que, en poco más de seis semanas, México rompió dos veces el mínimo diario reportado por las autoridades federales. citeturn105603view2

El dato por sí solo no permite declarar que la crisis de violencia terminó. Los homicidios pueden fluctuar considerablemente de un día a otro debido a enfrentamientos, ataques colectivos, conflictos territoriales o retrasos en la integración de los reportes.

Sin embargo, la jornada adquiere mayor relevancia porque coincide con una tendencia mensual descendente.

El promedio diario nacional pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026. La diferencia representa aproximadamente 41 asesinatos menos cada día y una disminución cercana a 48%. 

No es una reducción marginal.

Mantener una diferencia de esa magnitud durante un año completo equivaldría, en términos aritméticos, a miles de víctimas menos frente al nivel registrado al inicio del periodo.

Un día no demuestra una estrategia; una tendencia sí empieza a hacerlo

El Gobierno federal tiene razones para presentar el resultado como un avance.

La caída mensual se ha mantenido durante varios cortes estadísticos y junio de 2026 registró el promedio diario más bajo para ese mes desde que comienza la serie comparativa de 2015.

Además, el primer semestre de 2026 terminó con 49.7 víctimas diarias en promedio, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016. 

Esto no demuestra automáticamente que cada acción federal haya producido una proporción específica de la reducción.

La violencia homicida responde a múltiples factores: disputas criminales, detenciones, acuerdos locales, capacidades policiales, mercados ilegales, dinámicas económicas, actuación de fiscalías y condiciones particulares de cada entidad.

Atribuir toda variación a una sola política sería una simplificación.

Pero también sería incorrecto negar que la coordinación, la inteligencia, las investigaciones y la intervención territorial pueden influir en el comportamiento de los homicidios.

La pregunta ya no debe ser si la reducción existe.

Los datos muestran que existe.

La discusión responsable debe concentrarse en por qué está ocurriendo, dónde se concentra y qué necesita hacer el Estado para volverla sostenible.

Los datos diarios son preliminares

El registro de 21 homicidios debe leerse con una advertencia metodológica.

El informe diario es elaborado por un equipo interinstitucional con información de las fiscalías estatales y dependencias federales. Su propósito principal es proporcionar insumos rápidos para las decisiones del Gabinete de Seguridad.

Los propios reportes gubernamentales advierten que estas cifras son preliminares y pueden modificarse cuando las fiscalías actualicen la clasificación jurídica de las muertes investigadas.

Por ejemplo, una muerte inicialmente reportada como homicidio puede reclasificarse después, mientras que casos conocidos posteriormente pueden incorporarse al registro.

Esto no invalida el dato.

Significa que debe presentarse como lo que es: un conteo preliminar de víctimas reportadas durante una jornada, no una cifra definitiva e inamovible.

El indicador más sólido para evaluar el comportamiento de la violencia sigue siendo la serie mensual consolidada del SESNSP y, con mayor retraso, las estadísticas de defunciones por homicidio elaboradas por el INEGI.

Las comparaciones entre sexenios necesitan contexto

Sheinbaum contrastó los promedios diarios al cierre de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

La comparación busca mostrar el crecimiento de la violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico y la disminución observada durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La trayectoria histórica es clara: México pasó de niveles inferiores a 30 homicidios diarios al final del sexenio de Fox a cifras cercanas o superiores a cien durante los años más violentos posteriores.

Sin embargo, las comparaciones entre presidentes deben considerar población, periodos completos, fuentes estadísticas, metodologías y contextos criminales distintos.

No es lo mismo comparar el último año de un gobierno que el promedio completo de un sexenio. Tampoco es equivalente contrastar carpetas de investigación con defunciones registradas posteriormente por autoridades sanitarias.

La comparación política puede ayudar a dimensionar el problema.

La evaluación rigurosa debe utilizar la misma fuente, el mismo periodo y una tasa por cada cien mil habitantes.

La reducción debe sentirse en todos los territorios

El promedio nacional puede disminuir mientras algunas regiones continúan enfrentando niveles críticos de violencia.

Una reducción concentrada en determinadas entidades podría mejorar la cifra general sin modificar la vida cotidiana de comunidades atrapadas por disputas criminales, desapariciones, desplazamiento, extorsión o control territorial.

Por ello, la siguiente fase del análisis deberá mostrar:

• Qué estados explican la mayor parte de la reducción.
• Qué municipios mantienen aumentos.
• Cuántas regiones acumulan meses de descenso.
• Qué zonas presentan repuntes.
• Cuántos homicidios están relacionados con delincuencia organizada.
• Cuántas víctimas son mujeres, niñas, niños o adolescentes.
• Qué porcentaje de los casos llega ante un juez.
• Cuántas sentencias se obtienen.
• Qué estrategias locales pueden replicarse.

La seguridad no puede medirse únicamente desde Palacio Nacional.

Debe comprobarse en la colonia donde una persona vuelve a caminar de noche, en la carretera donde transportistas dejan de ser atacados y en la comunidad donde las familias ya no tienen que abandonar sus hogares.

Menos homicidios no significa ausencia de violencia

El homicidio doloso es uno de los indicadores más importantes para evaluar la seguridad porque existe una víctima identificable y suele presentar una cifra oculta menor que otros delitos.

Pero no describe por sí solo toda la violencia.

México también debe evaluar desapariciones, feminicidios, extorsiones, secuestros, reclutamiento criminal, trata, desplazamiento y violencia contra periodistas, defensores y comunidades.

Una estrategia puede reducir los asesinatos y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos en otros delitos.

Reconocer esta complejidad no disminuye el logro.

Evita que una buena cifra se convierta en una narrativa donde cualquier crítica sea presentada como negación de los avances.

El Gobierno tiene derecho a defender los resultados.

La ciudadanía conserva el derecho a exigir que esos resultados alcancen todas las formas de violencia que alteran su vida.

La atención a las causas debe producir evidencia

Uno de los cuatro ejes gubernamentales consiste en atender las causas que permiten a los grupos criminales reclutar principalmente a jóvenes.

El enfoque representa una diferencia frente a estrategias construidas casi exclusivamente alrededor del despliegue militar, la captura de dirigentes y los enfrentamientos.

Becas, educación, empleo, cultura, deporte y recuperación comunitaria pueden reducir factores de riesgo.

Pero para demostrar su efecto, el Gobierno necesita publicar evaluaciones que conecten las intervenciones sociales con los cambios territoriales.

No basta con afirmar que un programa previene la violencia porque beneficia a jóvenes.

Es necesario medir:

• Permanencia escolar.
• Acceso al empleo.
• Reducción del reclutamiento.
• Disminución de delitos juveniles.
• Recuperación del espacio público.
• Percepción de seguridad.
• Confianza comunitaria.
• Continuidad de los programas.

La atención a las causas puede ser una política transformadora.

Para sostenerla más allá del discurso necesita evidencia, seguimiento y presupuesto.

Inteligencia no debe significar vigilancia sin controles

El segundo eje privilegia la inteligencia y la investigación.

La apuesta busca identificar estructuras financieras, redes logísticas, mandos, operadores y vínculos institucionales, en lugar de depender únicamente de patrullajes o detenciones en flagrancia.

Una estrategia de inteligencia puede reducir la violencia cuando desarticula capacidades criminales sin provocar enfrentamientos indiscriminados.

Sin embargo, también requiere controles democráticos.

Las herramientas tecnológicas, las bases de datos y las intervenciones de comunicación deben utilizarse con autorización legal, supervisión y protección de derechos.

Combatir al crimen organizado no puede convertirse en justificación para vigilar masivamente a periodistas, activistas, opositores o población civil.

La eficacia y los derechos humanos no son objetivos opuestos.

Una institución que investiga mejor debería necesitar menos arbitrariedad, no más.

La coordinación debe evitar la impunidad local

El Gobierno federal ha presentado la coordinación como uno de los elementos centrales de su estrategia.

La colaboración entre fuerzas federales, gobiernos estatales, fiscalías y autoridades municipales puede permitir respuestas más rápidas y diagnósticos compartidos.

Pero la coordinación enfrenta un límite: gran parte de las investigaciones por homicidio corresponde a fiscalías locales con capacidades desiguales.

Reducir asesinatos es indispensable.

Investigar los que continúan ocurriendo también lo es.

Una baja en la incidencia acompañada por expedientes deficientes dejaría intacta una parte central del problema: la posibilidad de matar sin enfrentar consecuencias.

La estrategia necesita medir no solo cuántas personas fueron detenidas, sino cuántos casos fueron esclarecidos, judicializados y concluyeron con sentencias obtenidas mediante procesos legales sólidos.

La paz no es únicamente que ocurran menos crímenes.

También es que las víctimas encuentren verdad y justicia.

El resultado debe institucionalizarse

Una disminución dependiente exclusivamente de reuniones presidenciales, operativos especiales o funcionarios específicos podría revertirse cuando cambien las autoridades.

La reducción debe convertirse en capacidad permanente del Estado.

Eso implica fortalecer policías locales, servicios periciales, ministerios públicos, unidades de análisis, búsqueda de personas y mecanismos de prevención.

También requiere información abierta que permita a universidades, organizaciones y medios revisar los resultados.

El mejor dato para un gobierno no debería ser el que solo puede celebrarse.

Debería ser el que puede verificarse.

Veintiuna víctimas siguen siendo demasiadas

El Gobierno federal tiene derecho a señalar que el 21 de julio fue un día excepcionalmente bajo dentro de la historia reciente de violencia en México.

Negar el significado de la cifra sería ignorar una tendencia que ya aparece en los promedios mensuales.

Pero el reconocimiento no debe convertirse en festejo.

Veintiuna personas fueron asesinadas.

Veintiuna familias comenzaron un duelo.

El objetivo de una política de seguridad no puede ser producir un día que luzca bien en una presentación, sino hacer que las jornadas con menos homicidios sean cada vez menos excepcionales.

La reducción de 86.9 a 45.4 víctimas diarias muestra que el país puede cambiar de dirección.

Ahora debe demostrar que puede mantenerla, extenderla a los territorios más violentos y acompañarla con justicia, búsqueda, prevención y protección para las comunidades.

El 21 de julio puede ser una señal de avance.

La verdadera victoria llegará cuando una jornada así deje de ser noticia porque vivir sin violencia se haya convertido en la normalidad.

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