“Educación Superior 2026” concentrará opciones para jóvenes que no obtuvieron un lugar en la UNAM u otras instituciones; la plataforma servirá para localizar alternativas, pero no realizará asignaciones automáticas.

Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.— El Gobierno de México anunció la apertura de la plataforma Educación Superior 2026, que concentrará 37 mil 503 lugares disponibles en universidades y distintas carreras, como una alternativa para jóvenes que no consiguieron ingresar a la institución elegida durante el actual proceso de admisión.

La herramienta estará disponible a partir del martes 25 de agosto en educacionsuperior2026.sep.gob.mx y reunirá opciones ofrecidas por instituciones públicas de educación superior, principalmente de la región centro del país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 18 mil 674 de los lugares corresponden a programas presenciales y 18 mil 829 a modalidades virtuales. Esto significa que poco más de la mitad de la oferta anunciada será a distancia, una diferencia relevante para estudiantes que buscan formación dentro de un campus o que no disponen de conectividad y equipo adecuados.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la plataforma como parte de la estrategia de su administración para ampliar el acceso a la educación pública y ofrecer opciones a quienes no fueron admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Vamos a seguir construyendo más universidades y más preparatorias, para que todo aquel joven que quiera estudiar tenga el derecho de estudiar”, declaró durante su conferencia matutina.

La plataforma orientará, pero no asignará lugares

Aunque el Gobierno federal describió los 37 mil 503 espacios como una respuesta para quienes quedaron fuera de la UNAM, la plataforma no funcionará como un sistema centralizado de asignación.

Sheinbaum reconoció que la autonomía de distintas universidades impide que la SEP inscriba directamente a los aspirantes. La herramienta permitirá consultar instituciones, programas y lugares disponibles, pero cada estudiante deberá dirigirse posteriormente a la universidad correspondiente y cumplir sus requisitos, fechas y procedimientos de admisión.

Por tanto, la cifra anunciada no equivale a 37 mil 503 inscripciones garantizadas ni necesariamente a igual número de espacios recién creados. Se trata de lugares que las instituciones reportaron como disponibles y cuya ocupación dependerá de que las personas interesadas concluyan los trámites particulares.

El comunicado tampoco presentó el desglose completo por universidad, entidad federativa o carrera. Esa información deberá conocerse cuando la plataforma comience a operar.

La distinción resulta importante frente al mensaje presidencial de “garantizar” el acceso. La existencia de una vacante constituye una oportunidad, pero la garantía efectiva requiere que el aspirante pueda cumplir los criterios académicos y administrativos, solventar traslados o conectividad y permanecer dentro del programa elegido.

Alternativa ante la insuficiencia de lugares en la UNAM

La presidenta señaló que las personas aspirantes no admitidas en la UNAM no necesariamente carecen de capacidades académicas, sino que enfrentan una disponibilidad de lugares menor a la demanda.

“Para todos aquellos que no son aceptados por la UNAM, les tenemos una buena noticia: hay 37 mil 503 espacios adicionales en las universidades”, expresó.

Sheinbaum defendió el fortalecimiento de las instituciones públicas y sostuvo que estudiar una carrera no debe convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden pagar una universidad privada. También mencionó la creación y expansión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que durante los últimos dos años se abrieron 245 mil 111 lugares en educación superior. El comunicado, sin embargo, no incluyó un desglose por institución, modalidad o ciclo escolar que permita contrastar esa cifra.

Mi Derecho, Mi Lugar asignó a 74.2% en su primera opción

Durante la misma conferencia, la SEP presentó los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar, el sistema de ingreso a bachillerato implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Delgado informó que se recibieron 191 mil 69 solicitudes dentro de la modalidad de acceso directo. De ese universo, 74.2 por ciento fue asignado a su primera opción; 19.7 por ciento, a la segunda; 5.4 por ciento, a la tercera, y 0.7 por ciento, a la cuarta.

Las cifras corresponden específicamente a quienes participaron en la ruta de acceso directo y no deben confundirse con la totalidad de aspirantes que presentaron procesos de selección para instituciones que conservaron examen propio.

El funcionario añadió que en 17 entidades donde se eliminó el examen de ingreso a educación media superior fueron asignados 595 mil 949 estudiantes. De ese grupo, 80.4 por ciento quedó en su primera opción, 12.9 por ciento en la segunda y 3.4 por ciento en la tercera. En conjunto, 96 por ciento obtuvo un lugar dentro de alguna de sus tres primeras preferencias.

El anuncio se produce una semana después de que el Gobierno federal informara que duplicará a 400 mil la meta sexenal de nuevos lugares en bachillerato, incluyendo opciones presenciales, semipresenciales y a distancia, según el comunicado de Presidencia del 17 de agosto.

SEP reporta 657 mil dobles certificaciones

La dependencia también informó que concluyó la primera generación del denominado Bachillerato Nacional, con la expedición de 657 mil 520 dobles certificaciones.

El esquema entrega a cada estudiante un Certificado de Bachillerato Nacional y un segundo documento avalado por una institución de educación superior. El objetivo gubernamental es que las personas egresadas cuenten con una acreditación adicional de los conocimientos o competencias adquiridos.

La apertura de Educación Superior 2026 puede reducir la dispersión de información y acercar alternativas a miles de aspirantes. Su resultado, sin embargo, deberá medirse por el número de jóvenes que formalicen su inscripción y permanezcan estudiando, no únicamente por las vacantes exhibidas en una página electrónica.

La plataforma podrá facilitar el encuentro entre demanda y oferta. Convertir esa posibilidad en un derecho efectivo dependerá de la capacidad académica, presupuestaria y territorial de las universidades que recibirán a las y los estudiantes.

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La deliberación se realizará el 24 y 25 de agosto en los Consejos Técnicos Escolares. El Gobierno federal busca construir una regulación nacional, aunque todavía no ha presentado el proyecto normativo ni la metodología para procesar las opiniones del magisterio.

Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta nacional a más de un millón de maestras y maestros de educación básica para conocer su postura sobre una eventual regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas.

El ejercicio se desarrollará los días 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, y abarcará más de 200 mil planteles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades federativas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Ya 16 estados de la República lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, pero vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El anuncio no supone, por ahora, una prohibición nacional de los teléfonos dentro de los planteles. Se trata de una etapa consultiva cuyo resultado podría alimentar una propuesta de lineamientos administrativos o una iniciativa legislativa. El comunicado oficial, sin embargo, no precisa cuál será la vía jurídica elegida.

Tampoco se ha detallado si las respuestas se recabarán mediante cuestionarios individuales, acuerdos colectivos de cada Consejo Técnico o relatorías escolares; cómo serán sistematizadas; qué peso tendrá cada plantel ni si los resultados serán públicos y vinculantes.

Regulaciones distintas en los estados

El Gobierno federal sostiene que 16 entidades ya cuentan con alguna regulación sobre dispositivos móviles en las escuelas. No obstante, las medidas locales no son uniformes: algunas restringen su utilización durante las clases, otras durante toda la jornada y varias mantienen excepciones para actividades pedagógicas, emergencias, condiciones médicas o necesidades específicas de accesibilidad.

La diversidad de modelos obliga a distinguir entre regular, restringir y prohibir. Una política nacional deberá resolver quién resguarda los dispositivos, qué responsabilidad tendría la escuela frente a pérdidas o daños y cómo podrán comunicarse las familias con el alumnado durante una emergencia.

También deberá evitar que la aplicación dependa exclusivamente de los recursos de cada plantel. Sin protocolos claros, una misma norma podría operar de manera estricta en algunas escuelas y quedar reducida a una recomendación en otras.

La UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos —58 por ciento de los países monitoreados— ya aplicaban restricciones nacionales al uso de celulares en las escuelas. Sin embargo, el organismo advierte que las prohibiciones, por sí solas, no resuelven los desafíos digitales: también se necesita enseñar a evaluar información, administrar el tiempo de pantalla y comprender el funcionamiento y los riesgos de las plataformas.

Los celulares y las plataformas no son el mismo problema

Sheinbaum vinculó la consulta escolar con un debate más amplio sobre la protección de niñas, niños y adolescentes frente a redes sociales y plataformas digitales. Entre los asuntos señalados se encuentran el desplazamiento infinito de contenido, las recomendaciones algorítmicas, los contactos no solicitados y la exposición a materiales sexuales o violentos.

Aunque están relacionados, se trata de dos ámbitos regulatorios diferentes. Las autoridades educativas pueden establecer reglas para el uso de dispositivos dentro de los planteles; intervenir sobre algoritmos, sistemas de recomendación o diseños digitales requiere legislación federal, atribuciones regulatorias específicas y obligaciones dirigidas directamente a las empresas tecnológicas.

La SEP ha planteado que los foros regionales servirán para reunir evidencia y opiniones de docentes, familias, jóvenes, especialistas e instituciones académicas. El primer encuentro se realizará el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León y será transmitido por los canales digitales de la dependencia.

Evidencia internacional con beneficios y riesgos

Durante la presentación oficial, Ravi Iyer, director del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, citó una investigación de Pew Research Center según la cual 45 por ciento de los adolescentes estadounidenses considera que pasa demasiado tiempo en redes sociales; el mismo porcentaje afirma que estas perjudican su sueño y 40 por ciento señala afectaciones en su productividad.

El estudio, realizado entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos, también ofrece una lectura menos unilateral: 74 por ciento dijo que las plataformas lo ayudan a mantenerse conectado con sus amistades y 63 por ciento las identificó como un espacio para expresar su creatividad. Los resultados muestran que el debate no se reduce a eliminar tecnología, sino a establecer condiciones de uso, protección y alfabetización digital.

La conferencia también recuperó una encuesta de la Comisión de Seguridad Digital de Australia aplicada a 3 mil 454 menores de entre 10 y 17 años. El estudio encontró que 47 por ciento había visto comentarios ofensivos o sexistas contra mujeres y niñas, otro 47 por ciento videos de peleas y 46 por ciento retos peligrosos. Además, 69 por ciento de quienes describieron su exposición más reciente señaló que el contenido apareció accidentalmente en una ventana emergente o en su flujo de publicaciones.

Estos datos documentan riesgos reales, pero proceden de poblaciones estadounidenses y australianas. Para construir una regulación ajustada a México será necesario disponer también de evidencia nacional desagregada por edad, región, condición socioeconómica, tipo de escuela y acceso digital.

Las preguntas que deberá responder la consulta

Una eventual regulación tendrá que precisar si los teléfonos podrán permanecer apagados en las mochilas, si deberán entregarse al ingresar al aula o si su utilización quedará sujeta a la autorización del personal docente.

También tendrá que incorporar excepciones para emergencias, necesidades médicas, discapacidad, herramientas de accesibilidad y actividades educativas. La protección de la concentración y la convivencia escolar no debería convertirse en una barrera para estudiantes que dependen de determinadas tecnologías para comunicarse o participar en clase.

Otro punto pendiente es la intervención directa de estudiantes, madres, padres y personas cuidadoras. La consulta anunciada para el 24 y 25 de agosto estará concentrada en el magisterio, aunque el Gobierno asegura que esos sectores serán escuchados durante los foros regionales.

El caso judicial de Nuevo México contra Meta fue presentado por la administración federal como referencia internacional. Un tribunal de esa entidad estadounidense ordenó a la compañía adoptar medidas sobre verificación de edad, funciones adictivas, interacción de chatbots con menores y protección frente a contactos potencialmente peligrosos. Meta anunció que apelará la resolución, cuya aplicación corresponde a aquella jurisdicción.

La consulta docente abre una discusión pertinente, pero todavía no constituye una política pública terminada. Su legitimidad dependerá de la transparencia de la metodología, la publicación de los resultados y la capacidad del Gobierno para convertir las opiniones recogidas en reglas claras, proporcionales y aplicables, sin confundir la reducción de distracciones con la renuncia a formar ciudadanía digital.

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Los lunes en el aula se destinarán a hablar de emociones y del efecto de las redes; hay 15 millones de guías en imprenta

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.— En la tercera entrega del ciclo de conferencias dedicado al uso de plataformas digitales entre menores de edad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó el enfoque con el que su gobierno construye la propuesta de regulación que se aplicará en escuelas: “No se trata solo de prohibir”.

“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la Presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos”, expresó.

Esta sesión, a diferencia de las dos anteriores —centradas en especialistas internacionales y en la industria—, dio el micrófono a quienes están frente al grupo.

Qué es “El ABC de las emociones”

La Presidenta informó que una de las propuestas es que cada lunes las y los docentes conversen con sus alumnos sobre el ABC de las emociones, particularmente en tercero de secundaria y Educación Media Superior.

Conviene precisar qué es ese programa, porque no nació en esta conversación: se trata de la estrategia nacional de salud mental presentada el 22 de abril de este año, que ahora se articula con la discusión sobre pantallas. Sus componentes concretos:

• Una “hora dinámica” semanal de actividades de reconocimiento y manejo de emociones, dirigida a alumnos de tercero de secundaria y primer grado de bachillerato
• Guías diferenciadas para estudiantes, docentes y familias: entre 15 y 18 millones de ejemplares, que la SEP reportó en imprenta el pasado 3 de agosto
• Asambleas escolares con las familias
• 300 brigadas interdisciplinarias que recorren planteles con pláticas y orientación
• Un instrumento de seguimiento socioemocional que, según ha aclarado la SEP, no tiene carácter calificativo ni punitivo: su función es detectar señales de alerta y canalizar a servicios de apoyo

El programa alcanza a más de 6 millones de estudiantes con el respaldo de 678 mil docentes.

Lo que dijeron los maestros

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enumeró los retos que enfrentan los docentes en el aula: sostener la atención del grupo, enseñar frente a la inmediatez digital, gestionar conflictos que nacen en redes —como el ciberacoso— e integrar la tecnología con sentido pedagógico. Anunció que se fortalecerán las habilidades de lectoescritura como contrapeso, apostando por la concentración que exige la lectura.

La pedagoga Yareni Annalie Domínguez Delgado, doctora en Pedagogía por la UNAM, describió el cambio de fondo: se ha pasado de un pensamiento crítico —que procesaba, cuestionaba, contrastaba y evaluaba información— a una hiperatención que responde a múltiples estímulos simultáneos. Su planteamiento fue que la meta no es competir contra la tecnología, sino recuperar los espacios de atención, mediante tres ejes: resistencia (estrategias para la reflexión profunda frente a la inmediatez), cuidado (formar ciudadanía crítica) y comunidad (transformar el aula en un espacio de apoyo mutuo, donde el cuidado humano prevalezca sobre la métrica de los datos).

Sandra Ortega Rivero, licenciada en Educación Primaria con cerca de 30 años de servicio, aportó la mirada del aula. Señaló que el uso excesivo de pantallas ha afectado el descanso, la concentración, el desempeño escolar, la tolerancia, la comunicación y la convivencia familiar. Pero introdujo un matiz importante: las pantallas sí funcionan como herramienta cuando refuerzan contenidos escolares, se usan con propósito didáctico y hay acompañamiento docente.

Su propuesta fue de responsabilidad compartida:

Con las niñas y niños: acompañarlos para desarrollar un uso crítico y equilibrado, reforzar espacios de diálogo y convivencia, y ayudarlos a regular su propia relación con la tecnología.

Con las y los docentes: brindarles formación y estrategias para fortalecer el pensamiento crítico frente a la tecnología, y respaldo institucional para establecer acuerdos.

Con la escuela: generar acuerdos colaborativos entre docentes y familias, con trabajo colegiado que considere la realidad de cada comunidad.

Querétaro, con año y medio de experiencia previa

Para las familias queretanas, esta discusión llega con antecedente propio. En febrero de 2025 Querétaro se convirtió en la primera entidad del país en regular el uso de celulares en escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, con alcance en 2 mil 111 planteles y más de 362 mil alumnos. Desde entonces, al menos diez estados adoptaron medidas similares, y el pasado 26 de julio el propio secretario Delgado envió un reconocimiento al gobierno estatal por ese antecedente.

Lo que sigue

La propuesta de regulación para escuelas se presentará antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el 31 de agosto. Las guías del ABC de las emociones se distribuirán en secundarias y preparatorias de todo el país durante ese mismo ciclo, y el ciclo de conferencias de los lunes continuará abriendo la discusión a distintos sectores.

Si tú o alguien cercano atraviesa una situación emocional difícil, la Línea de la Vida ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas al 800 911 2000.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 13 de julio de 2026.— Una cifra puede ser histórica en una conferencia de prensa. Para una niña que estudia en un salón con goteras, un adolescente que evita utilizar sanitarios sin agua o un estudiante con discapacidad que no puede entrar a su escuela, la inversión solo se vuelve histórica cuando transforma su vida cotidiana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes una bolsa federal de 58 mil 415.3 millones de pesos para infraestructura educativa durante 2026, destinada a obras, ampliaciones, mantenimiento y nuevos espacios en educación básica, media superior y superior.

El Gobierno presentó la cifra como una inversión sin precedentes y como parte de una estrategia más amplia que incluye becas, incremento salarial al magisterio, pensiones y expansión de la oferta escolar.

“Son muchas acciones y programas para mejorar la educación de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, y que haya acceso a la educación como un derecho”, afirmó la mandataria.

La dimensión presupuestal es relevante. Pero convertir el derecho a la educación en una realidad requerirá algo más que anunciar recursos: hará falta publicar avances, supervisar obras y demostrar que el dinero llegó primero a las escuelas con mayores carencias.

¿Cómo se repartirán los 58 mil 415 millones?

De acuerdo con el desglose presentado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la mayor proporción se concentrará en educación básica:

• 37 mil 715 millones de pesos para preescolar, primaria y secundaria.
• 10 mil 916.4 millones para educación media superior.
• 9 mil 783.9 millones para educación superior.

La suma exacta es de 58 mil 415.3 millones de pesos, redondeada por el Gobierno a “cerca de 59 mil millones”.

Dentro de la bolsa para educación básica se contemplan 22 mil 694 millones de pesos de La Escuela es Nuestra, además de 15 mil 21 millones correspondientes a otros mecanismos de infraestructura, entre ellos recursos vinculados con el Fondo de Aportaciones Múltiples.

En educación media superior, el plan incluye 31 nuevos Bachilleratos Nacionales, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y la operación de 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza. La SEP estima que estas acciones crearán 156 mil 240 nuevos lugares.

Para educación superior, los recursos abarcan planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, escuelas normales, universidades interculturales, instituciones estatales y Universidades para el Bienestar.

La Escuela es Nuestra: dinero directo y decisiones comunitarias

Uno de los ejes principales de la política federal es La Escuela es Nuestra, programa que deposita recursos directamente a comités integrados por madres y padres de familia.

Según la SEP, durante 2026 han sido atendidas 71 mil 482 escuelas con 22 mil 694 millones de pesos. Los recursos se distribuyen conforme a criterios de vulnerabilidad, marginación y rezago social.

La distribución reportada contempla:

• 27 mil 29 preescolares.
• 21 mil 325 primarias.
• 15 mil 634 secundarias.
• 5 mil 737 planteles de educación media superior.
• Mil 346 Centros de Atención Múltiple.
• 411 centros de educación inicial.

El modelo tiene una fortaleza evidente: permite que cada comunidad defina si su prioridad es reparar los baños, impermeabilizar un techo, sustituir cableado eléctrico, construir una rampa o recuperar un espacio deportivo.

La decisión deja de tomarse exclusivamente desde un escritorio central y se acerca a quienes conocen diariamente el plantel.

Pero entregar el dinero directamente tampoco libera al Estado de su responsabilidad técnica.

Una madre o un padre de familia no tendría por qué asumir sin acompañamiento especializado la revisión estructural de un edificio, el cálculo de una instalación eléctrica o la contratación de una obra compleja. La participación comunitaria debe complementarse con asesoría gratuita, vigilancia, transparencia y garantías de seguridad.

Un análisis presupuestario de Mexicanos Primero ha advertido que el modelo puede trasladar responsabilidades técnicas y administrativas a los comités escolares si no existe suficiente acompañamiento institucional. La organización también señaló que el financiamiento de La Escuela es Nuestra ha mostrado variaciones durante los últimos años, por lo que su sostenibilidad debe evaluarse en términos reales y no solamente nominales.

“Atendida” no significa necesariamente “obra terminada”

El lenguaje presupuestal importa.

Cuando una autoridad informa que una escuela fue “atendida”, esa categoría puede referirse a la selección del plantel, la integración del comité, la entrega del recurso o la ejecución de una mejora. No necesariamente significa que la obra ya concluyó y funciona correctamente.

El anuncio de este lunes no presentó un tablero nacional con el avance físico de cada intervención ni distinguió entre recursos aprobados, transferidos, comprometidos y ejercidos.

Tampoco detalló cuántas escuelas utilizarán el dinero para mantenimiento menor y cuántas requieren reconstrucciones, reforzamiento estructural o sustitución completa de instalaciones.

La transparencia debería permitir que cualquier familia consulte:

• Cuánto recibió su plantel.
• Qué obra aprobó la asamblea.
• Qué empresa, proveedor o trabajador fue contratado.
• Cuándo comenzó la intervención.
• Cuánto se ha gastado.
• Quién verificó la seguridad de los trabajos.
• Cuándo se consideró concluido el proyecto.

El presupuesto público no termina su recorrido cuando llega a una tarjeta bancaria. Termina cuando la obra funciona, es segura y puede ser comprobada.

La expresión “todas las escuelas” necesita precisión

El encabezado oficial asegura que habrá infraestructura “en todas las escuelas del país”. Sin embargo, el propio desglose muestra que La Escuela es Nuestra alcanzará una parte del universo escolar, no cada plantel individual.

Durante el ciclo 2024-2025, la SEP registró 220 mil 234 escuelas públicas dentro de un sistema nacional de 262 mil 351 planteles públicos y privados. Las 71 mil 482 escuelas reportadas por La Escuela es Nuestra representan una cobertura importante, pero no universal.

Otros recursos de la bolsa federal financiarán construcción, ampliación y mantenimiento fuera de este programa. Aun así, la administración no presentó un padrón consolidado que permita identificar exactamente cuántos centros escolares recibirán alguna intervención durante 2026.

La formulación más precisa sería que la inversión se distribuye en todos los niveles educativos y en las entidades del país, no necesariamente en cada una de las escuelas existentes.

La diferencia no es menor. En política pública, una frase ambiciosa puede generar una expectativa que el propio presupuesto no está diseñado para cumplir de manera literal.

El rezago cabe en un baño sin agua

La inversión llega a un sistema educativo que todavía enfrenta carencias básicas.

Un diagnóstico de Coneval elaborado con información del ciclo 2022-2023 encontró que solo 77.8% de las escuelas de educación básica contaba con agua potable y 46.9% tenía conexión a internet. Apenas 34.3% disponía de infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

En educación media superior, 74.5% de los planteles tenía agua potable, 52.6% conexión a internet y 38.6% infraestructura accesible. Aunque los datos no describen por sí solos la situación de 2026, muestran la profundidad del punto de partida que el Gobierno deberá actualizar y atender.

Estas carencias no son accesorios administrativos.

Una escuela sin agua compromete la higiene, la gestión menstrual y la preparación de alimentos. Un plantel sin baños funcionales afecta la salud y puede provocar ausentismo. La falta de rampas y señalización excluye a estudiantes con discapacidad. Un aula sin ventilación o con instalaciones eléctricas dañadas convierte la permanencia escolar en un riesgo.

La infraestructura también educa: le dice a cada estudiante cuánto valor concede el Estado a su seguridad y dignidad.

¿La inversión es realmente histórica?

El Gobierno calificó el monto como histórico, pero no presentó durante el anuncio una serie comparable que muestre la evolución anual de la inversión, descontando inflación y utilizando la misma metodología.

Esa comparación es necesaria porque la cifra de 58 mil 415 millones integra programas, fondos y proyectos de diferentes niveles educativos. No puede contrastarse directamente con el presupuesto aislado de La Escuela es Nuestra ni con una sola partida de mantenimiento.

Además, el contexto general presenta claroscuros.

Un análisis del paquete económico realizado por el IMCO estimó un gasto educativo total cercano a 1.2 billones de pesos para 2026, equivalente a alrededor de 4% del producto interno bruto. El estudio reconoció el crecimiento en educación básica y becas, pero advirtió reducciones reales en educación media superior y superior, así como insuficiencia para recuperar el nivel de financiamiento registrado una década antes.

Por su parte, Mexicanos Primero sostuvo que el presupuesto privilegia la permanencia física —becas e infraestructura—, mientras sigue siendo débil la inversión en formación docente, innovación pedagógica, evaluación y fortalecimiento de aprendizajes.

La crítica no invalida la construcción de aulas ni la rehabilitación de escuelas. Advierte que un edificio digno es condición indispensable, pero no suficiente.

Una escuela necesita techo, agua, electricidad e internet. También requiere docentes acompañados, materiales pertinentes, inclusión, seguridad, alimentación y estrategias para que el alumnado comprenda lo que aprende.

Una política progresista debe empezar por las escuelas más olvidadas

La SEP informó que los recursos se asignan considerando marginación, vulnerabilidad y rezago social. Ese criterio es central porque la desigualdad educativa también tiene territorio.

Las escuelas indígenas, rurales, comunitarias y ubicadas en periferias urbanas suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a agua, conectividad, transporte, personal y mantenimiento.

Distribuir el mismo monto a escuelas con necesidades profundamente distintas no produciría igualdad. La justicia presupuestaria exige destinar más a quienes parten de condiciones más precarias.

También implica escuchar a niñas, niños y adolescentes. Las asambleas no deberían limitarse a madres, padres y autoridades. Quienes utilizan diariamente los salones, patios y sanitarios pueden identificar problemas que las personas adultas han normalizado.

El examen comienza después del anuncio

El Gobierno federal ha colocado una cifra importante sobre la mesa. Ahora debe convertirla en información pública, obras seguras y resultados medibles.

El éxito no debería evaluarse solamente por el número de comités formados o transferencias realizadas, sino por indicadores concretos:

• Escuelas que dejaron de tener filtraciones.
• Sanitarios rehabilitados y con agua.
• Planteles con accesibilidad universal.
• Instalaciones eléctricas seguras.
• Aulas nuevas efectivamente ocupadas.
• Comunidades con acceso a internet.
• Obras concluidas sin sobrecostos.
• Reducción de brechas entre regiones.

El derecho a la educación no puede depender del código postal ni de la capacidad de una familia para organizar una reparación que corresponde garantizar al Estado.

Cerca de 59 mil millones de pesos pueden representar un paso decisivo. Pero una inversión no se vuelve histórica porque así la nombre el poder.

Se vuelve histórica cuando la lluvia deja de suspender las clases, cuando un sanitario deja de ser un riesgo, cuando una silla de ruedas puede entrar al aula y cuando cada estudiante entiende, al mirar su escuela, que su vida también importa.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Huejotzingo, Pue., 25 de junio de 2026.— Puebla busca ocupar un lugar estratégico en la nueva conversación tecnológica del país. En el marco del Plan México, la Secretaría de Educación Pública Federal propondrá que la entidad presida un encuentro nacional en áreas clave como robótica, inteligencia artificial y semiconductores, sectores que hoy definen la competitividad industrial, científica y educativa del siglo XXI.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Educación Superior federal, Ricardo Villanueva Lomelí, durante la Reunión Mensual Nacional de Educación Superior, celebrada en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, con participación presencial y virtual de rectoras, rectores y directivos de instituciones de educación superior de todo el país.

La propuesta no es menor: colocar a Puebla en el centro de una agenda nacional sobre IA y semiconductores significa reconocer que la educación superior ya no puede caminar separada del desarrollo industrial. En un mundo donde la tecnología redefine empleos, producción, cadenas de valor y soberanía económica, las universidades aparecen como nodos estratégicos para formar talento, generar innovación y abrir oportunidades a las juventudes.

En representación del secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, Villanueva Lomelí destacó los ejes prioritarios del Plan México, orientados a reforzar la innovación, el desarrollo científico y la formación tecnológica en sectores estratégicos para el país.

El funcionario subrayó la necesidad de impulsar una agenda conjunta que consolide a la educación superior como motor de desarrollo y bienestar, en línea con la política educativa del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el subsecretario sostuvo que la educación constituye una herramienta fundamental para atender las causas sociales y ampliar oportunidades para las juventudes. En esa visión, formar perfiles en robótica, inteligencia artificial y semiconductores no es solo una apuesta técnica: es una política pública para disputar el futuro laboral de una generación.

La reunión contó con la participación de la subsecretaria de Educación Superior de la SEP estatal, Lizbeth Martínez Romero, y de la rectora de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Mirna Toxqui Oliver, además de autoridades educativas de diversas instituciones del país.

Martínez Romero afirmó que el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas atraviesa una etapa de madurez institucional, con bases sólidas para evolucionar hacia un modelo de transformación social integral.

La funcionaria estatal informó que Puebla cuenta con 58 instituciones de educación superior y cerca de 78 mil estudiantes, cifras que reflejan el crecimiento del sistema educativo y el impulso del gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier.

Ese volumen educativo coloca a Puebla frente a una oportunidad decisiva: convertir matrícula en talento especializado, aulas en laboratorios y formación académica en capacidad productiva. Para lograrlo, la entidad deberá articular programas, infraestructura, investigación aplicada, vinculación industrial y actualización curricular.

La rectora Mirna Toxqui Oliver destacó que la coordinación entre gobiernos e instituciones educativas fortalece las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Subrayó que la educación es una herramienta poderosa para transformar vidas, despertar talentos y construir el futuro del país.

El mensaje de fondo fue claro: la formación tecnológica no puede limitarse a discursos de innovación; necesita ecosistemas reales donde estudiantes, docentes, universidades, empresas y gobiernos trabajen con objetivos comunes. La robótica, la IA y los semiconductores requieren inversión sostenida, docentes actualizados, laboratorios, proyectos aplicados y vínculos con sectores productivos.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre la Federación, el Gobierno de Puebla y las instituciones de educación superior permitirá consolidar una educación de calidad, incluyente y vinculada con los retos del desarrollo científico y tecnológico.

El posible encuentro nacional en Puebla podría convertirse en una plataforma para discutir cómo México formará al talento que necesita para participar en industrias de alto valor agregado. En especial, los semiconductores representan una pieza estratégica para cadenas globales de suministro, manufactura avanzada, electromovilidad, telecomunicaciones, dispositivos médicos y tecnologías emergentes.

La inteligencia artificial, por su parte, ya atraviesa procesos educativos, industriales, administrativos y creativos. Preparar juventudes para este nuevo mapa no significa únicamente enseñar herramientas digitales, sino formar criterio, pensamiento crítico, ética tecnológica y capacidad de innovación.

El Plan México encuentra en Puebla un terreno fértil por su red de instituciones, su vocación industrial y su ubicación estratégica. La pregunta central será si el encuentro nacional se traduce en políticas duraderas, inversión educativa y oportunidades concretas para estudiantes, o si queda como una fotografía más dentro de la agenda institucional.

Por ahora, el anuncio abre una ruta de alto valor: Puebla podría pasar de ser sede educativa a convertirse en laboratorio nacional de formación tecnológica. Y en un país que busca disputar su lugar en la economía del conocimiento, el aula puede ser el primer territorio de soberanía.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. – La diputada María Leonor Mejía Barraza, presidenta de la Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la LXI Legislatura, manifestó un enérgico rechazo a la decisión del gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar de educación básica.

La legisladora calificó la medida como “brutal, patética e irresponsable”, señalando que este recorte al calendario escolar no solo ignora la profunda crisis de aprendizaje que atraviesa el país, sino que desestabiliza la organización económica y laboral de millones de familias, particularmente en Querétaro.

Educación bajo sospecha: ¿Estrategia o Mundial de Fútbol?

Mejía Barraza cuestionó duramente la justificación de las altas temperaturas emitida por la federación para acortar las clases. Para la diputada, existen mecanismos preventivos que podrían implementarse sin sacrificar el tiempo efectivo en el aula.

Incluso, sugirió que la decisión podría estar ligada a factores ajenos a lo académico. “Esta decisión parece responder más a intereses ajenos a la educación y a la organización del próximo Mundial de Fútbol, que a una verdadera estrategia pedagógica”, puntualizó, lamentando que el mensaje del gobierno federal sea que la educación no es una prioridad.

El fantasma del rezago educativo

La legisladora recordó que México atraviesa un momento crítico tras los resultados de la prueba PISA 2022 de la OCDE, donde el país obtuvo sus peores registros desde 2006, especialmente en ciencias y matemáticas. En este contexto, reducir el tiempo de enseñanza resulta contraproducente para los estudiantes que aún arrastran rezagos derivados de la pandemia y el abandono institucional.

“La educación de nuestras niñas y niños no puede seguir siendo rehén de decisiones improvisadas. Hoy vemos un país marcado por el debilitamiento de las instituciones y decisiones que lastiman todos los días a las familias mexicanas”, aseveró.

Impacto en la economía familiar

Además del daño pedagógico, la diputada advirtió sobre las complicaciones logísticas para los padres de familia queretanos, quienes ya contaban con un calendario establecido para organizar cuidados y permisos laborales. El adelanto del fin de cursos genera incertidumbre y gastos imprevistos en un entorno económico ya presionado.

Finalmente, Leonor Mejía hizo un llamado urgente a la SEP para escuchar a especialistas y docentes, exigiendo políticas públicas serias que prioricen la recuperación de aprendizajes y la calidad educativa por encima de las “ocurrencias políticas”.

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Por Redacción LYPmultimedios

CIUDAD DE MÉXICO. – Frente a los crecientes retos de depresión, ansiedad y adicciones en las nuevas generaciones, el Gobierno de México anunció un plan de acción sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, denominada “El ABC de las emociones”.

Durante su conferencia matutina de este 22 de abril, la mandataria enfatizó que el bienestar emocional no debe ser un tema aislado ni estigmatizado. “Es una estrategia integral de la sociedad, de todas y todos los mexicanos, porque cuidarnos es una actividad colectiva. Nuestro objetivo es fomentar los valores y atender a los jóvenes que sienten que requieren atención; ¿dónde vamos a encontrarlos? Principalmente en las escuelas”, puntualizó Sheinbaum.

Los datos que encendieron la alerta

La urgencia de este programa está fundamentada en cifras alarmantes. El secretario de Salud, David Kershenobich, reveló que según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, el 10% de los adolescentes (de 12 a 17 años) muestran malestar psicológico, un 3.3% ha tenido ideación suicida, un 18.1% ha sido expuesto a la violencia y un 4.7% ha consumido alguna droga.

Los 6 ejes de la estrategia

Para combatir esta crisis silenciosa de la mano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno Federal desplegará seis ejes de acción a partir de mayo:

1. Campaña masiva de sensibilización: Mensajes preventivos en medios y redes (micrositio lineadelavida.gob.mx).
2. 18 millones de Guías: Distribución digital y física del manual “El ABC de las emociones” para estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, así como para padres y docentes.
3. Actividades en las escuelas: A partir de mayo, se dedicará una hora a la semana en las aulas para hablar exclusivamente de gestión emocional.
4. Asambleas informativas: Reuniones comunitarias con padres, cuidadores y docentes para acompañar a la juventud.
5. Pláticas interactivas: 300 brigadas de salud recorrerán los planteles para desmentir mitos y dar herramientas de autocuidado. La propia presidenta participará en algunas de estas dinámicas.
6. Fortalecimiento de la Línea de la Vida: Mayor capacidad de atención profesional gratuita a través del número 800 911 2000.

Las autoridades concluyeron que la salud mental es ahora una prioridad de Estado, apostando por la prevención temprana, un enfoque comunitario y la intervención directa en las aulas bajo la visión de la Nueva Escuela Mexicana.

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Por Redacción LYPmultimedios

CIUDAD DE MÉXICO. – En lo que perfila como el programa de asistencia educativa más grande en la historia del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno proyecta destinar un billón 136 mil 692 millones de pesos en “Becas para el Bienestar” rumbo al año 2030.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue tajante al defender el uso de estos recursos frente a las críticas económicas: “Es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto”.

Sheinbaum destacó que este inyección de capital social es un programa integral que ya está dando resultados tangibles, logrando disminuir drásticamente las cifras de deserción escolar por motivos económicos, especialmente en el nivel bachillerato.

El contraste histórico

Para dimensionar la cifra, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la proyección al 2030 es casi tres veces mayor a todo lo que se destinó en los 18 años conjuntos de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El gobierno estima entregar un total de 129.5 millones de becas durante el sexenio.

Arranca operativo de pago doble

A la par del anuncio macroeconómico, Julio César León Trujillo, coordinador nacional del programa, anunció una noticia de alto interés ciudadano: a partir de este lunes 13 de abril inicia la dispersión de pagos correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

Los depósitos beneficiarán a estudiantes de la Beca Universal Benito Juárez (Media Superior), Jóvenes Escribiendo el Futuro (Superior) y la beca de transporte Gertrudis Bocanegra.

El operativo bancario se realizará por orden alfabético de la primera letra del apellido:

• Lunes 13: A, B
• Martes 14: C
• Miércoles 15: D, E, F
• Jueves 16: G
• Viernes 17: H, I, J, K, L
• Lunes 20: M
• Martes 21: N, Ñ, O, P, Q
• Miércoles 22: R
• Jueves 23: S
• Viernes 24: T, U, V, W, X, Y, Z

Finalmente, se informó que en agosto se entregará un pago único de 2 mil 500 pesos por la nueva Beca Rita Cetina (Uniformes y Útiles) a los 7.2 millones de estudiantes de primaria ya registrados.

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Por Redacción LYPmultimedios

EZEQUIEL MONTES, QRO. – La Cuarta Transformación ha iniciado una ofensiva legislativa para reconfigurar el sistema educativo en Querétaro. Bajo la batuta del diputado morenista Sinuhé Piedragil Ortiz, arrancaron los foros de análisis para crear una nueva Ley de Educación estatal, una reforma que trae dos frentes claros: blindar legalmente a los docentes y obligar a las escuelas queretanas a alinearse con el modelo federal.

Durante el primer foro realizado en Ezequiel Montes —que contó con la presencia del alcalde Iván Reséndiz y el diputado federal Luis Humberto Fernández—, Piedragil destapó la estrategia jurídica para defender al magisterio. El legislador anunció que la iniciativa no solo tocará la Ley de Educación y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que buscará modificar los Códigos Penal y Civil para castigar con severidad a quienes realicen denuncias falsas contra maestras y maestros, garantizando su debido proceso.

El choque con el modelo federal

Sin embargo, el trasfondo político de esta nueva ley apunta directamente al rezago intencional que, acusa Morena, existe en Querétaro frente a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Piedragil Ortiz fue tajante al señalar que existe un “divorcio” institucional y social, evidenciando que en la entidad hay una resistencia al nuevo modelo de la “Nueva Escuela Mexicana”.

“Hemos visitado escuelas donde efectivamente los libros de texto no se ocupan, donde las discusiones de los lineamientos a nivel nacional no se llevan a cabo”, denunció el diputado, advirtiendo que la nueva ley estatal tendrá que adecuarse obligatoriamente para frenar este boicot operativo.

Los foros, diseñados para escuchar a docentes y padres de familia y darles “rostro” a la iniciativa, continuarán su ruta por los municipios de Tolimán y Peñamiller, para culminar con una gran mesa de debate a finales de abril en la sede de la Legislatura estatal, donde se anticipa un fuerte choque de posturas sobre el futuro de las aulas queretanas.

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Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum afirmó que estos espacios se habilitarán a través de la construcción y ampliación de planteles, así como la reconversión de secundarias en bachilleratos. “Queremos que las y los jóvenes permanezcan en la escuela, y para lograrlo, la escuela debe ser un lugar atractivo y seguro”, subrayó.

Además, destacó que también se abrirán 330 mil lugares en instituciones de educación superior, lo que representa un esfuerzo sin precedentes en materia educativa.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que ya comenzaron obras en 14 nuevos planteles, con cuatro más iniciando en julio, sumando 18 mil nuevos lugares con una inversión de 1,215 millones de pesos. A esto se añaden 33 ampliaciones de bachilleratos —de las cuales siete ya están en marcha— para generar 8 mil 910 espacios más, con una inversión de 580 millones de pesos. Finalmente, se reconvertirán 35 secundarias a bachilleratos, generando 10 mil 500 nuevos lugares con una inversión adicional de 759.5 millones de pesos.

Este programa también contempla la actualización de planes de estudio para hacer más atractiva la educación media superior, con el objetivo de disminuir la deserción escolar en este nivel.

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