Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 26 de julio de 2026.— En México, un proceso penal puede celebrarse en dos salas al mismo tiempo: la del tribunal, donde deberían hablar las pruebas, y la del micrófono, donde los partidos intentan dictar sentencia antes que los jueces.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, eligió este martes la segunda.

Durante su conferencia de prensa, llamó “corruptos” a quienes han expresado respaldo al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel y describió la defensa política del acusado como una red de “amigos y malhechores”.

No fue una frase aislada.

Montiel aseguró que Ingemar, la empresa vinculada con Ruffo, mantiene actividades ilícitas; afirmó que el antiguo Poder Judicial protegió sus operaciones y presentó el caso como una consecuencia directa de la corrupción creada por la reforma energética de 2013. 

Morena tenía razones para responder.

El PAN ha intentado convertir a Ruffo en símbolo de una persecución política y un grupo de exmandatarios latinoamericanos y españoles acusó al Gobierno mexicano de utilizar la justicia como venganza.

Pero responder a una absolución partidista con una condena partidista no fortalece el Estado de derecho.

Lo reemplaza con propaganda.

La acusación existe y debe investigarse

El caso no nació de una ocurrencia en la conferencia de Morena.

Ernesto Ruffo y otras siete personas fueron vinculados a proceso dentro de una investigación sobre una presunta red que habría introducido combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas.

La FGR sostiene que reunió 96 datos de prueba y que la operación investigada habría movilizado cientos de millones de litros, con un daño fiscal multimillonario. Ruffo ha negado conocer las posibles irregularidades y afirma que Ingemar se limitaba a realizar gestiones de importación. 

Es un expediente grave.

Debe llegar hasta el fondo, seguir el dinero, identificar a las empresas beneficiadas y esclarecer qué autoridades permitieron el paso de los cargamentos.

La condición de exgobernador no debe funcionar como blindaje.

Su historia política tampoco puede darle inmunidad.

Pero investigar no es condenar.

La vinculación a proceso significa que una jueza encontró elementos para continuar el procedimiento. No significa que Ruffo haya sido declarado responsable de dirigir una red criminal.

Ese límite, aparentemente sencillo, desapareció durante la conferencia de Morena.

De “presunto responsable” a “malhechor”

La frase más polarizante de Montiel fue también la más reveladora:

“Entre corruptos se defienden permanentemente”.

Después habló de una lógica de “protección entre amigos y malhechores”. 

El problema no es únicamente el tono.

La palabra “malhechor” no describe a una persona investigada. Describe a alguien a quien ya se considera delincuente.

Cuando esa expresión proviene de la dirigente del partido gobernante, deja de ser una bravata de redes sociales. Se convierte en una señal política dirigida a una sociedad que observa el proceso, a fiscales que lo sostienen y a jueces que deberán resolverlo.

Montiel puede defender la investigación.

Puede cuestionar la doble moral del PAN y exigir que nadie reciba impunidad por su apellido o trayectoria.

Lo que no debería hacer es anunciar desde una tribuna partidista la conclusión que todavía corresponde demostrar a la Fiscalía.

La presunción de inocencia no es un premio para personas simpáticas ni una cortesía reservada para militantes de Morena.

Es una protección frente al poder.

También cuando el acusado pertenece a la derecha.

El PAN construye su propia sentencia

Acción Nacional tampoco ha mostrado paciencia por la justicia.

Jorge Romero declaró a Ruffo “preso político”, afirmó que no existen pruebas y exigió su libertad. Lo hizo pese a la vinculación a proceso y sin presentar públicamente un análisis completo del expediente que permita demostrar la supuesta fabricación del caso.

El PAN intenta presentar cualquier investigación contra uno de sus personajes históricos como persecución de la 4T.

Morena responde llamando corruptos a todos los que piden cautela.

En medio queda la justicia, utilizada como uniforme de dos equipos enfrentados.

Para el PAN, la trayectoria opositora de Ruffo parece suficiente para declararlo inocente.

Para Morena, su relación con una empresa investigada parece suficiente para tratarlo como culpable.

Ambos partidos borran la zona donde debería trabajar el periodismo: los documentos, las contradicciones, el origen del dinero, la responsabilidad concreta y las garantías procesales.

Una disputa por la historia de 1989

Montiel llevó el enfrentamiento más lejos al cuestionar uno de los principales símbolos históricos del PAN.

Ruffo ganó en 1989 la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido durante décadas de dominio priista.

Para Morena, esa victoria no fue una conquista democrática, sino el resultado de una negociación entre el PAN y el Gobierno de Carlos Salinas para legitimar el fraude presidencial de 1988.

La relación entre Salinas y Acción Nacional estuvo marcada por negociaciones y acuerdos. El concepto de “concertacesión” forma parte de la discusión histórica sobre aquella etapa.

Pero una cosa es analizar el acercamiento político entre el Gobierno y el PAN.

Otra es afirmar, sin documentos presentados durante la conferencia, que el voto de miles de bajacalifornianos fue apenas una concesión diseñada para encubrir la elección presidencial anterior.

La historia política puede discutirse.

No debería reescribirse únicamente porque uno de sus protagonistas enfrenta hoy una acusación penal.

Si Ruffo cometió delitos, deberá responder por ellos.

Eso no convierte automáticamente su victoria de 1989 en una ficción.

El viejo Poder Judicial como culpable universal

La presidenta de Morena aseguró además que el Poder Judicial anterior protegió a Ruffo al conceder amparos que obligaron a restituir permisos de importación.

El señalamiento conecta con una narrativa constante del oficialismo: los jueces del “viejo régimen” como guardianes de empresarios y delincuentes.

Puede haber decisiones judiciales cuestionables. También pueden existir redes de influencia y sentencias favorables a intereses poderosos.

Pero obtener un amparo no demuestra, por sí solo, que el juez protegiera una actividad criminal.

Un tribunal puede considerar que una autoridad canceló irregularmente un permiso sin determinar si años después la empresa participó en un delito.

Convertir cualquier resolución contraria al Gobierno en prueba de corrupción judicial debilita la función misma de los tribunales: revisar al poder.

La investigación tendría que demostrar si hubo complicidad, sobornos, conflictos de interés o decisiones deliberadamente ilegales.

Sin esas pruebas, “el Poder Judicial los protegió” funciona mejor como consigna que como explicación.

El oficialismo no puede apropiarse de la Fiscalía

Montiel insistió en respaldar a la FGR y rechazó que exista una “fábrica de delitos”.

Morena tiene derecho a defender la legitimidad de una institución atacada por la oposición.

Pero un partido gobernante debe ser especialmente cuidadoso al hablar de una investigación penal.

La Fiscalía no debería necesitar el respaldo político de Morena.

Necesita independencia, pruebas sólidas y capacidad para sostenerlas ante un tribunal.

Cuando la dirigencia partidista explica el expediente, celebra la prisión y descalifica a la defensa, borra la distancia que debería existir entre el partido, el Gobierno y la persecución penal.

Aunque la investigación sea legítima, la intervención política puede contaminarla.

Y puede ofrecer a la defensa un argumento que no tenía: que el resultado ya fue decidido fuera de la audiencia.

Una justicia sin héroes ni enemigos predestinados

El caso Ruffo enfrenta dos relatos que intentan evitar el trabajo incómodo de probar.

El PAN quiere un héroe democrático perseguido por el autoritarismo.

Morena quiere un representante del viejo régimen finalmente alcanzado por la justicia.

Es posible que ninguno de esos relatos describa por completo lo ocurrido.

Ruffo puede haber sido una figura importante de la alternancia y, al mismo tiempo, tener responsabilidades penales que deben investigarse.

También puede estar vinculado empresarialmente con las operaciones sin que la Fiscalía consiga demostrar que conocía o dirigía los delitos.

Para eso existe el proceso.

No para protegerlo.

Tampoco para fusilarlo políticamente antes de la sentencia.

La frase “entre corruptos se defienden” puede entusiasmar a la militancia y alimentar titulares. No ayuda a esclarecer quién introdujo el combustible, quién alteró los documentos, quién recibió el dinero y qué funcionarios dejaron pasar los cargamentos.

La lucha contra el huachicol fiscal exige menos espectáculo y más investigación.

El PAN no puede absolver a Ruffo por amistad.

Morena no puede condenarlo por enemistad.

La justicia comienza cuando ambos partidos guardan silencio suficiente para que hablen las pruebas.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 25 de julio de 2026.— El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel como “un preso político del gobierno de la 4T” y sostuvo que su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, aunado a lo que describió como la “inexistencia de pruebas” en su contra, confirma un uso político de las instituciones de justicia. El pronunciamiento, difundido este domingo, llegó tres días después de que una jueza federal resolviera vincularlo a proceso.

La posición del PAN

Romero Herrera afirmó que el gobierno federal “prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, y enumeró los nombres de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila —todos de Morena— como ejemplos de figuras que, dijo, han enfrentado señalamientos graves sin que las autoridades actúen “con la misma rapidez y severidad”.

El dirigente panista acotó que nadie está por encima de la ley y que, cuando existan pruebas de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, advirtió que tampoco puede permitirse que las instituciones se usen “para perseguir adversarios o fabricar culpables”. En el caso específico de Ruffo, sostuvo que se busca atacar a una figura emblemática de la democratización mexicana —fue el primer gobernador de oposición reconocido en la historia moderna del país, en 1989— mediante un proceso que, afirmó, está marcado por inconsistencias. Romero respaldó además el pronunciamiento de los exgobernadores panistas y del expresidente Vicente Fox en favor de una justicia imparcial.

Lo que resolvió la autoridad judicial

El comunicado del PAN no menciona un hecho ocurrido tres días antes: el 23 de julio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó auto de vinculación a proceso contra Ruffo Appel y siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal. La resolución se emitió tras una audiencia que se extendió por más de 30 horas, celebrada a puerta cerrada a solicitud de la propia FGR, pese a que la defensa manifestó preferir que fuera pública. La jueza fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria.

Conviene precisar el alcance de esa decisión, porque es el punto donde se cruzan las dos narrativas: la vinculación a proceso no declara culpable a nadie. Es una determinación intermedia en la que el juez evalúa si existen datos que hagan probable la comisión de un delito y la participación del imputado. Ruffo Appel conserva íntegra su presunción de inocencia, no ha sido condenado, y su defensa mantiene el derecho de impugnar la resolución y presentar pruebas en las siguientes etapas. Pero, en estricto sentido jurídico, tampoco puede afirmarse que el expediente carezca de elementos: una autoridad judicial ya los consideró suficientes para continuar.

Lo que sostiene la Fiscalía

De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, la red investigada introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando apenas una fracción del volumen real transportado, lo que —según la FGR— derivó en un daño a la hacienda pública que la dependencia ha estimado en más de 4 mil millones de pesos. Godoy describió el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento. Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada y trasladado al penal del Altiplano el 19 de julio, donde permanece bajo prisión preventiva junto con otros cuatro imputados; dos más enfrentan el proceso en prisión domiciliaria por razones de salud.

El punto que sí queda abierto

Más allá del choque de narrativas, hay un elemento del reclamo panista que no depende de quién tenga razón sobre el fondo del expediente: la proporcionalidad de la medida cautelar. Ruffo Appel tiene 79 años y permanece en un penal federal de máxima seguridad antes de cualquier sentencia. Esa discusión —si procede una medida menos restrictiva mientras avanza el proceso— corresponde resolverla a la autoridad judicial mediante los recursos que la propia defensa puede promover, no a un comunicado partidista ni a una conferencia de prensa.

El caso, en los hechos, se ha convertido en una prueba doble: para la Fiscalía, que deberá acreditar en las etapas siguientes lo que hasta ahora son datos de prueba; y para el debate público, que tendrá que sostener dos ideas simultáneas sin colapsarlas en una sola consigna: que un imputado sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que un expediente abierto por una autoridad judicial no desaparece porque un partido lo declare inexistente.

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