Por: Redacción | LYPmultimedios

Morelia, Michoacán.— El Gobierno de Michoacán activó un operativo integral de atención y protección a víctimas tras la explosión registrada en las inmediaciones de la comandancia de la Policía Comunitaria en Coahuayana, un hecho que movilizó a autoridades estatales y federales y que ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al uso de explosivos.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se implementó un protocolo de respuesta urgente para trasladar a las personas heridas —por vía aérea y terrestre— a hospitales donde reciben atención especializada. De manera paralela, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía estatal aseguraron la zona para iniciar las investigaciones.

Zepeda detalló que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos ya brinda acompañamiento integral a las víctimas directas e indirectas. También informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se trasladó al municipio para supervisar acciones de apoyo, incluido el respaldo a comerciantes cuyas propiedades resultaron afectadas. Subrayó que no se registraron víctimas civiles.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, explicó que la explosión ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre. Confirmó que la FGR atrajo el caso por tratarse de un evento relacionado con explosivos, mientras que la Fiscalía michoacana colaborará en los peritajes de identificación de personas fallecidas y lesionadas.

Hasta el momento, se reportan cinco víctimas mortales: tres integrantes de la Policía Comunitaria y dos personas aún sin identificar, presumiéndose que una de ellas conducía el vehículo que transportaba los explosivos. Además, siete personas resultaron lesionadas, una de ellas hospitalizada en el IMSS de Morelia.

Los primeros peritajes contabilizan 12 vehículos dañados, y cámaras de seguridad confirman que la unidad involucrada ingresó desde el estado de Colima. En el sitio trabajan cerca de 30 especialistas en la recolección de indicios.

Torres Piña señaló que se mantiene comunicación constante con la fiscal de la República, Ernestina Godoy, y con el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para garantizar una investigación coordinada y transparente.

Mientras avanzan los peritajes, las autoridades reiteraron su compromiso de informar de manera puntual y de garantizar justicia para las víctimas, en un hecho que vuelve a poner en el centro la urgencia de fortalecer la seguridad en la región limítrofe entre Michoacán y Colima.

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