SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La discusión sobre el futuro hídrico del estado finalmente se abrió a la ciudadanía, aunque no todas las autoridades quisieron dar la cara. Este jueves arrancó formalmente el Parlamento Abierto para la nueva Ley de Agua del Estado de Querétaro, un ejercicio democrático impulsado por las Comisiones Unidas del Congreso local que logró sentar en la misma mesa a legisladores, académicos y colectivos ambientalistas.

Sin embargo, la primera mesa de trabajo, enfocada en los “Servicios públicos de agua y saneamiento”, estuvo marcada por dos notorias sillas vacías. Pese a haber sido convocados oficialmente para dialogar con los expertos, Luis Alberto Vega Ricoy, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), y José Gerardo Sinecio Ríos, Delegado de CONAGUA en Querétaro, brillaron por su ausencia.

“Un derecho exigible, no una aspiración”

El “desaire” institucional no frenó el debate. El diputado Eric Silva Hernández (Morena), secretario de las Comisiones Unidas, reconoció que la realización de este parlamento es un triunfo exclusivo de los colectivos ciudadanos y académicos (como la UAQ, el Observatorio de Derechos Humanos y Bajo Tierra Museo del Agua). Silva destacó que el dictamen final requerirá 13 votos en el Pleno, por lo que urgió a todas las fuerzas políticas a sumarse al proyecto.

Por su parte, la bancada de la Cuarta Transformación cerró filas. La diputada Claudia Díaz Gayou (PT) recordó que este foro es la culminación de la lucha social que se gestó en contra del polémico “Proyecto Batán”, exigiendo que el derecho humano al agua se dignifique. En sintonía, el legislador Ulises Gómez de la Rosa advirtió que el acceso al líquido debe pasar “de una aspiración política a una obligación exigible”, adelantando que presentará aportaciones técnicas ante la situación crítica que viven varias regiones del estado.

A este respaldo se sumó la diputada Rosalba Vázquez, quien celebró la diversidad de voces técnicas, y la presencia del diputado federal Gilberto Herrera Ruiz.

Los 4 ejes del debate: Privatización y Sistemas Comunitarios

Moderada por la Dra. Alina del Carmen Nettel Barrera, la mesa de diálogo no evadió los temas espinosos. Los especialistas y ciudadanos debatieron sobre cuatro cuestionamientos centrales:

1. Cómo obligar a la autoridad a cumplir el derecho humano al agua.
2. La viabilidad de terminar con la privatización de los servicios de agua potable en los municipios.
3. Las mejoras urgentes para proteger y reconocer a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento.
4. La creación de “Contralorías Autónomas” y mecanismos para blindar y proteger la vida de los defensores del agua en Querétaro.

Con este arranque, el Congreso de Querétaro perfila la ruta para conformar un dictamen que, de ser aprobado, promete cambiar de raíz el modelo de gestión hídrica en la entidad.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO. – El rediseño del aparato gubernamental y la eliminación de los privilegios políticos también deben aplicar a nivel municipal y estatal. Así lo sentenció el diputado local Ulises Gómez de la Rosa al posicionarse a favor de la Reforma Constitucional Federal que impone estrictas medidas de austeridad a los ayuntamientos, legislaturas y órganos electorales.

Durante la sesión de Pleno, el legislador argumentó que las modificaciones legales representan un golpe directo a las estructuras de poder tradicionales que, durante años, han operado de manera sobredimensionada, costosa y alejadas de las necesidades reales de los ciudadanos.

“No se trata de una reforma más, sino de definir qué tipo de democracia queremos: una al servicio del pueblo o una capturada por intereses burocráticos y privilegios históricos”, sentenció Gómez de la Rosa desde la tribuna.

Tijera a los cabildos y al Congreso

El diputado desglosó los impactos inmediatos que traerá este mandato constitucional. En el ámbito municipal, la reforma exige la reducción del número de regidurías a un máximo de 15 integrantes por Ayuntamiento, lo que pondrá fin a la opacidad y a la duplicidad de funciones en los cabildos que hoy lucen “obesos”.

En el ámbito estatal, la medida aprieta el cinturón del propio Poder Legislativo, fijando un tope presupuestal máximo del 0.70 por ciento para los Congresos locales y eliminando de tajo las prestaciones excesivas y sueldos dorados de los servidores públicos electorales.

Paridad total en los municipios

Más allá de los recortes financieros, Gómez de la Rosa destacó que el avance democrático de la reforma radica en su componente de justicia social. La normativa obligará a establecer una paridad de género vertical y horizontal inquebrantable en la integración de los ayuntamientos, garantizando que las mujeres accedan, por ley, a más cargos de representación y toma de decisiones en los municipios clave de Querétaro.

“La transformación no solo ocurre en lo federal, empieza desde lo local, desde donde vive la gente”, concluyó el diputado, reiterando que la reforma no persigue a ningún actor político, sino que responde a la exigencia ciudadana de contar con gobiernos más útiles, transparentes y eficientes.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La revisión de los recursos públicos en Querétaro ha entrado en una fase de choque institucional frontal. Al reanudarse la sesión de la Comisión Especial de Vigilancia, los legisladores de la Cuarta Transformación asestaron un duro golpe a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), determinando oficialmente que su trabajo en la revisión de la Cuenta Pública 2024 no cumplió con las disposiciones legales aplicables.

El Dictamen del Informe General fue aprobado por mayoría con dos votos a favor, emitidos por la presidenta de la comisión, Claudia Díaz Gayou (PT), y el diputado Ulises Gómez de la Rosa (Morena). En contraste, el legislador panista Luis Antonio Zapata Guerrero emitió su voto en contra.

Opacidad y fallas metodológicas de la ESFE

Durante la lectura del documento, la diputada Díaz Gayou fue contundente en las conclusiones: la ESFE no atendió de manera completa los requerimientos de información formulados por la comisión.

El dictamen aprobado señala graves deficiencias en el órgano auditor. Se le exige a la ESFE fortalecer la integración de sus informes, garantizar la adecuada documentación de sus auditorías y, de manera alarmante, observar las leyes de protección de datos personales, acusando que la entidad difundió información confidencial de forma indebida.

Para la comisión, el proceso de fiscalización entregado no satisface los principios rectores que exigen la Ley de Fiscalización de Querétaro y la Constitución federal.

Avanzan 52 entes, Tequisquiapan en vilo y acusaciones del PAN

Previo a la votación general, la comisión aprobó de manera individual los dictámenes de 52 entidades fiscalizadas (que incluyen a la Fiscalía del Estado, el IEEQ, la CEA, la UAQ, dependencias estatales y 16 municipios). Todos avanzaron con la misma votación de 2 a favor y 1 en contra.

Sin embargo, el dictamen correspondiente al municipio de Tequisquiapan quedó en suspenso temporal tras registrarse un empate en la votación, por lo que su situación legal y financiera deberá resolverse en una sesión posterior.

El tono de la jornada subió de nivel durante el bloque de asuntos generales. Mientras el diputado Ulises Gómez respaldaba el rigor del dictamen contra la ESFE, el panista Antonio Zapata justificó su voto en contra lanzando un dardo político: acusó abiertamente a la diputada presidenta, Claudia Díaz Gayou, de actuar bajo un presunto “conflicto de intereses” en el proceso de fiscalización, evidenciando la profunda fractura partidista que envuelve la rendición de cuentas en el estado.

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