Legisladores morenistas cuestionaron las reglas para cubrir vacantes, evaluar aspirantes e integrar el órgano encargado de administrar el Poder Judicial; varios de los mecanismos impugnados, sin embargo, proceden del modelo federal aprobado en junio.

Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— Las diputadas Claudia Díaz Gayou y Rosalba Vázquez Munguía, junto con el legislador Eric Silva Hernández, anunciaron que Morena presentará una propuesta alterna para modificar la reforma judicial de Querétaro, luego de que el Poder Ejecutivo estatal promoviera una nueva iniciativa para trasladar a 2028 la elección de jueces y magistrados locales.

El matiz procesal resulta relevante: aunque el encabezado del comunicado legislativo afirma que los diputados “presentan” una propuesta, el propio documento señala que se trata de una iniciativa que “van a presentar” y no proporciona número de expediente ni el texto íntegro del proyecto. Por ahora, lo difundido corresponde a un posicionamiento político y a una enumeración de cambios, no todavía a una reforma formalmente dictaminada.

La nueva discusión se produce apenas cuatro meses después de que Querétaro publicara, el 30 de abril, su primera reforma constitucional en la materia. Ese ordenamiento estableció que la totalidad de las magistraturas y juzgados locales serían sometidos a elección en 2027. Sin embargo, la reforma federal de junio trasladó la jornada judicial al primer domingo de junio de 2028 y obligó a las entidades federativas a volver a armonizar sus constituciones. La Constitución queretana todavía conserva referencias a la elección de 2027, mientras que el decreto federal dispone que la renovación local deberá concluir en 2028.

No se trata, por tanto, de una reforma enteramente nueva, sino de una modificación de la modificación aprobada en abril. Esa segunda oportunidad abrió la puerta para revisar asuntos que exceden el cambio de calendario y reactivó las diferencias entre Morena, el Ejecutivo estatal y la mayoría panista del Congreso.

La disputa por las vacantes judiciales

Uno de los principales desacuerdos se concentra en el artículo 27 de la Constitución local. El texto vigente establece que, ante la ausencia definitiva de una persona juzgadora, la vacante será ocupada por la siguiente candidatura del mismo género con mayor votación.

De acuerdo con Claudia Díaz, la iniciativa enviada por el Ejecutivo pretendería trasladar esa decisión al Órgano de Administración Judicial. La legisladora calificó el mecanismo como un “dedazo” y sostuvo que permitiría conservar en los cargos a perfiles vinculados con la estructura judicial vigente.

La acusación requiere una precisión: el comunicado no reproduce la redacción completa del artículo propuesto ni aclara si el nombramiento del Órgano de Administración sería provisional, interino o por la totalidad del periodo restante. Esa diferencia es indispensable para evaluar su alcance.

El modelo federal tampoco adopta una sola fórmula. El artículo 98 constitucional dispone que las vacantes definitivas en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina sean cubiertas por la candidatura del mismo género que quedó en segundo lugar. Para jueces de Distrito y magistrados de Circuito, en cambio, ordena que el Órgano de Administración declare la vacante y que el cargo se renueve en la elección siguiente.

Por ello, el debate local deberá precisar qué puestos serían sustituidos mediante prelación electoral, cuáles quedarían temporalmente bajo administración institucional y cómo se evitaría que una suplencia transitoria se convierta en un nombramiento discrecional.

La comisión coordinadora sí aparece en la reforma federal

Morena también cuestionó la creación de una comisión integrada por las personas coordinadoras de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según Díaz Gayou, este mecanismo concentraría la definición de los criterios para seleccionar aspirantes y permitiría cerrar el proceso en favor de determinados perfiles.

En este punto, sin embargo, la afirmación de que la medida contradice el espíritu de la reforma federal no encuentra respaldo en el decreto de junio. El artículo 96 de la Constitución federal establece expresamente que las coordinaciones de los tres comités formen una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios, metodologías, evaluaciones y exámenes de conocimientos.

Además, el artículo 116 ordena que los procesos judiciales locales observen, en lo aplicable, las mismas bases, etapas y procedimientos federales, incluidos criterios y metodologías homologadas.

La existencia de una comisión coordinadora no garantiza por sí misma imparcialidad ni transparencia, pero tampoco constituye una desviación automática del modelo federal. El punto sustantivo será conocer quiénes la integrarán, si sus acuerdos serán públicos, cómo se resolverán los conflictos de interés y qué mecanismos permitirán impugnar una evaluación arbitraria.

El papel de la Escuela de Formación Judicial

La propuesta morenista plantea impedir la intervención de la Escuela de Formación Judicial “en ninguna etapa” del proceso electoral. Los legisladores consideran que su participación podría favorecer a integrantes del actual Poder Judicial.

La Constitución queretana vigente otorga a esa escuela atribuciones amplias para diseñar procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización tanto de aspirantes como de integrantes del Poder Judicial.

El modelo federal, en cambio, ubica a la Escuela Nacional de Formación Judicial principalmente en la capacitación y evaluación posterior de las personas juzgadoras electas, en coordinación con el Tribunal de Disciplina. No le entrega expresamente el control de los comités que seleccionan candidaturas.

Existe, por tanto, una discusión válida sobre la conveniencia de separar la capacitación judicial de la selección electoral. No obstante, una prohibición absoluta también tendría que distinguir entre la evaluación de candidaturas y la formación profesional posterior. Sin esa precisión, la propuesta podría excluir a la escuela incluso de tareas técnicas que no implican decidir quién aparece en la boleta.

Una integración que ya había propuesto el Ejecutivo

Otro de los cambios discutidos corresponde al Órgano de Administración Judicial. La Constitución local vigente establece cinco integrantes: uno designado por el Ejecutivo, dos por el Congreso y dos por el Tribunal Superior de Justicia.

La nueva propuesta del Ejecutivo, según Morena, modificaría la distribución a una designación del Ejecutivo, una del Legislativo y tres del Poder Judicial. Díaz Gayou sostuvo que esa integración coincide con una reserva que su bancada presentó previamente y que fue rechazada.

No obstante, el esquema tampoco era exclusivo de Morena. La primera iniciativa judicial enviada por el gobernador Mauricio Kuri en febrero de 2026 ya proponía tres integrantes designados por el Tribunal Superior de Justicia, uno por el Congreso y otro por el Ejecutivo. Durante el proceso legislativo, esa fórmula fue modificada hasta llegar al reparto de uno, dos y dos publicado en abril.

Más que una reivindicación partidista, el cambio exhibe las rectificaciones de una reforma que fue aprobada sin resolver de manera definitiva la distribución del poder administrativo dentro del nuevo sistema judicial.

Una mayoría de integrantes provenientes del Poder Judicial puede proteger la autonomía frente al Ejecutivo y el Legislativo, pero también puede favorecer la reproducción de las jerarquías internas. En sentido contrario, ampliar la participación del Congreso incrementa los contrapesos externos, aunque abre un espacio mayor para el reparto entre fuerzas partidistas. Ninguna integración elimina por sí sola el riesgo de captura.

Plazo de seis meses, una promesa todavía incompleta

Morena propone, además, que los asuntos judiciales sean resueltos en un plazo máximo de seis meses, salvo que exista una justificación válida.

La medida coloca sobre la mesa el rezago y la lentitud judicial, pero el comunicado no define a qué materias se aplicaría, cuándo comenzaría a correr el plazo, qué circunstancias permitirían suspenderlo ni cuáles serían las consecuencias de incumplirlo. Tampoco presenta un diagnóstico sobre cargas de trabajo, personal, presupuesto o infraestructura.

Sin esas reglas, el plazo podría quedarse en una declaración constitucional difícil de ejecutar. La justicia expedita no depende únicamente de imponer una fecha límite, sino de contar con tribunales, personal especializado, sistemas de gestión y recursos suficientes.

Una reforma que aún necesita votos y ayuntamientos

La propuesta morenista también busca incorporar directamente en la Constitución las facultades del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración, además de conservar la prelación electoral para cubrir ausencias definitivas.

Antes de convertirse en norma, el proyecto deberá presentarse formalmente, acumularse con la iniciativa del Ejecutivo, discutirse en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia y someterse al pleno.

El artículo 39 de la Constitución queretana exige el respaldo de dos terceras partes de los 25 integrantes de la Legislatura —al menos 17 votos— y la aprobación de dos terceras partes de los 18 ayuntamientos, es decir, cuando menos 12 municipios.

Hasta que se conozcan los textos completos, la discusión permanece atrapada entre acusaciones de control político y argumentos de armonización federal. El desafío legislativo será abandonar las descalificaciones y demostrar, artículo por artículo, qué modelo reduce la discrecionalidad, protege la independencia judicial y permite que el voto ciudadano tenga consecuencias reales.

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El Ejecutivo entrega su iniciativa de reforma judicial: nuevos órganos, exámenes de conocimientos y una fecha que se recorre

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026.— El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió este martes la iniciativa con la que el Poder Ejecutivo estatal propone reformar la Constitución local en materia judicial. La entregó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, acompañado del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, quien manifestó su conformidad con el contenido.

El dato que define esta iniciativa y que el boletín legislativo no menciona: la elección popular de jueces y magistrados queretanos se realizaría el primer domingo de junio de 2028.

Una fecha que se movió

No es la fecha que se había planteado antes. La iniciativa que se discutió en Comisiones Unidas en febrero de este año contemplaba realizar esa elección en 2027, el mismo año en que Querétaro renovará gubernatura, ayuntamientos y Congreso local. Aquella sesión, cabe recordar, no pudo desarrollarse por falta de quórum.

Con la propuesta entregada ayer, la elección judicial queda fuera del calendario político de 2027 y se traslada a un año en el que no hay comicios locales. El secretario de Gobierno explicó que el objetivo es reducir costos y fomentar la participación al empatar el ejercicio con elecciones federales.

Ese punto merece verificación adicional antes de darlo por sentado: en el calendario electoral mexicano, los comicios federales ordinarios corresponden a 2027 y 2030. Este medio solicitará precisión a la Secretaría de Gobierno sobre con qué proceso federal coincidiría junio de 2028.

Qué crea la reforma

Más allá de la fecha, la iniciativa plantea una reestructuración del aparato judicial estatal con dos órganos nuevos:

Órgano de Administración Judicial. Sería responsable de la gestión, planificación y administración operativa del Poder Judicial, funciones que hoy concentra el propio órgano de gobierno judicial.

Tribunal de Disciplina Judicial. Se encargaría de evaluar de manera continua el desempeño de los juzgadores, supervisar la ética profesional y vigilar su capacitación. En la versión discutida en febrero, este tribunal se integraría por cinco personas electas por voto popular, con sustitución escalonada y sin posibilidad de reelección.

El filtro técnico: exámenes antes de la boleta

El componente que el gobierno estatal ha presentado como su sello propio es el mecanismo de selección de candidaturas. La iniciativa contempla la creación de Comités de Evaluación para revisar los perfiles de quienes aspiren a un cargo judicial, y una Comisión Coordinadora que unificaría los criterios de evaluación y aplicaría exámenes de conocimientos.

Es la traducción operativa de lo que Kuri González planteó en mayo, cuando se publicó una reforma previa en la materia: “No solo que sean votados, que sean los mejores”. La apuesta consiste en que el voto ciudadano opere sobre una lista previamente filtrada por criterios técnicos, no sobre el universo completo de aspirantes.

Lo que significa para quien va a un juzgado

Traducido a la vida cotidiana: si la reforma se aprueba en estos términos, a partir de 2028 la persona que resuelva un juicio familiar, un litigio laboral o un asunto mercantil en Querétaro habrá llegado a ese cargo por voto ciudadano, tras aprobar un examen de conocimientos y ser evaluada por un comité. Y existirá un tribunal específico —también electo— con facultades para sancionarla si incurre en faltas.

Lo que sigue

La iniciativa apenas fue recibida por la Mesa Directiva. Deberá turnarse a comisiones, dictaminarse y votarse en el Pleno, donde una reforma constitucional requiere mayoría calificada y, posteriormente, la aprobación de los ayuntamientos.

Ese es el punto de mayor incertidumbre: la reforma judicial ya se atoró una vez en este Congreso por falta de quórum. Las preguntas pendientes son cuántos votos reúne el Ejecutivo esta vez, si las bancadas de oposición respaldarán el recorrido de la fecha a 2028, y qué observaciones formulará el propio gremio judicial más allá del respaldo expresado por su magistrado presidente.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.— La acusación lanzada por Ariadna Montiel Reyes contra el antiguo Poder Judicial no surge únicamente de la retórica partidista. Detrás existe un rastro documental perturbador: Ingemar, empresa en la que participa el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, obtuvo amparos que obligaron a las autoridades energéticas a restituir o mantener permisos para importar cientos de millones de litros de combustibles.

Aquellas resoluciones judiciales permitieron que la compañía preservara su capacidad operativa durante años. Hoy, la Fiscalía General de la República la sitúa dentro de una investigación por una presunta red de contrabando ferroviario de hidrocarburos, evasión fiscal y delincuencia organizada.

El amparo, concebido para contener los abusos del Estado, terminó funcionando en este caso como un blindaje empresarial cuyas consecuencias deben ser investigadas. No porque defenderse frente a la autoridad constituya un delito, sino porque las decisiones judiciales mantuvieron abierto un negocio que después aparecería en el centro de una trama con un posible quebranto multimillonario para el erario.

Cuatro permisos y casi 499 millones de litros

Ingemar sostuvo durante cuatro años una batalla jurídica contra la cancelación de sus autorizaciones. De acuerdo con información pública de la Secretaría de Energía y una investigación de La Jornada, los amparos obligaron a las autoridades a permitir que la empresa continuara importando hidrocarburos.

Los cuatro permisos abarcaban gasolina regular, gasolina de alto octanaje, diésel de bajo azufre, turbosina y keroseno. En conjunto, representaban una capacidad autorizada de aproximadamente 498 millones 720 mil litros:

• 216 millones de litros de gasolina regular.
• 102 millones 240 mil litros de gasolina de mayor octanaje.
• 173 millones 280 mil litros de diésel y mezclas.
• 7 millones 200 mil litros de turbosina y keroseno.

El registro oficial de la Sener confirma que Ingemar figuraba como permisionaria y que algunas autorizaciones vencían originalmente el 26 de diciembre de 2024. Pese a ello, parte de esa capacidad permaneció bajo los efectos de la protección judicial.

Este es el núcleo material de la denuncia de Montiel: el viejo Poder Judicial no transportó los ferrotanques ni elaboró los pedimentos aduanales, pero sus resoluciones conservaron la llave jurídica que permitió a la empresa seguir importando.

El amparo convertido en escudo corporativo

Durante décadas, una parte del Poder Judicial mexicano operó bajo una lógica profundamente desigual. Para las comunidades despojadas, las víctimas de violencia, las mujeres que exigían justicia o las personas encarceladas sin recursos, el acceso efectivo a los tribunales fue lento, costoso y frecuentemente estéril.

Para las grandes empresas, en cambio, siempre hubo despachos especializados, suspensiones inmediatas y litigios capaces de paralizar regulaciones públicas durante años.

La corrupción judicial no se reduce necesariamente a un sobre con dinero. También puede expresarse mediante una arquitectura institucional que privilegia sistemáticamente la propiedad corporativa sobre el interés colectivo, que convierte cualquier regulación en una afrenta contra la libertad empresarial y que concede a los poderes económicos una capacidad de defensa inaccesible para la mayoría de la población.

En el caso de Ingemar, el resultado concreto fue inequívoco: el Estado canceló o intentó restringir permisos y una cadena de decisiones judiciales permitió recuperarlos. Mientras los litigios avanzaban, la empresa mantuvo su lugar en el mercado de importación.

Los tribunales que concedieron esos amparos deben explicar qué irregularidades encontraron en la actuación de la Sener, por qué consideraron procedente restituir las autorizaciones y qué medidas impusieron para evitar que la protección constitucional terminara facilitando operaciones ilegales.

No basta con refugiarse en el formalismo jurídico. Cuando una sentencia habilita la movilización de cientos de millones de litros de combustibles, sus repercusiones económicas y fiscales son un asunto de interés público.

La ruta del presunto contrabando

La FGR informó que la investigación comenzó con el hallazgo de ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente aseguró 170 unidades ferroviarias y documentó un perjuicio fiscal inicial superior a 100 millones de pesos.

El expediente contiene, según la Fiscalía, 96 datos de prueba: dictámenes químicos, análisis de la capacidad real de los ferrotanques, estudios criminalísticos, fotografías e identificación de los hidrocarburos asegurados.

El cruce de información del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de 2025. El daño patrimonial potencial podría rebasar los cuatro mil millones de pesos, aunque esa cantidad todavía deberá acreditarse durante la investigación complementaria.

Reportes sobre la investigación señalan un mecanismo elemental y lucrativo: los ferrotanques habrían sido declarados con cargas muy inferiores a su capacidad real, reduciendo artificialmente los impuestos pagados por el combustible que ingresaba al país.

Sin el permiso de importación, esa maquinaria empresarial no habría podido presentarse ante las aduanas con una apariencia inicial de legalidad. Los amparos no autorizaron la evasión fiscal, pero sí conservaron el instrumento administrativo indispensable para continuar las operaciones.

Ruffo no era un espectador ajeno

Ernesto Ruffo no constituyó originalmente Ingemar, pero se incorporó a su capital poco después de la creación de la compañía. Con el tiempo se convirtió en accionista y secretario de su consejo de administración, de acuerdo con la relación corporativa presentada por la Fiscalía.

La defensa sostiene que Ruffo posee una participación minoritaria, cercana a 30 por ciento, y que no existen documentos o testimonios que acrediten su intervención directa en las importaciones irregulares. Ese argumento deberá discutirse ante el tribunal, no resolverse mediante el prestigio histórico del acusado.

Haber sido el primer gobernador opositor que derrotó al PRI no concede inmunidad penal. Tampoco convierte automáticamente en culpable al exmandatario. Ruffo y otras siete personas están vinculadas a proceso por su probable participación en la red; aún no existe una sentencia condenatoria.

La presunción de inocencia obliga a no presentar la imputación como culpabilidad demostrada. Pero tampoco exige tratar a Ruffo como un accionista decorativo incapaz de conocer las actividades estratégicas de una empresa en cuyo consejo participaba.

Una herencia de la privatización energética

Montiel también colocó el caso dentro de las consecuencias de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. La relación merece atención.

La apertura del sector permitió que empresas privadas obtuvieran permisos para importar combustibles a gran escala. Desde enero de 2015, la Secretaría de Energía asumió la facultad de otorgar, modificar y revocar esas autorizaciones, según la regulación oficial.

El problema no fue sólo la entrada de capital privado, sino la construcción de un mercado opaco donde permisos, concesiones, intermediarios, ferrocarriles y agentes aduanales podían fragmentar la responsabilidad. La ganancia quedaba en manos privadas; las pérdidas fiscales, la contaminación, la violencia y el debilitamiento energético eran socializados.

El viejo Poder Judicial fue uno de los contrapesos empleados por las empresas para frenar la intervención estatal. Bajo el lenguaje de la libre competencia y la seguridad jurídica se protegieron permisos cuyo uso y beneficiarios finales rara vez fueron sometidos al mismo escrutinio que enfrentaban las autoridades reguladoras.

Investigar a los jueces, pero también a las aduanas

La acusación de Montiel no debe quedarse en consigna. Si Morena sostiene que determinados juzgadores protegieron el huachicol fiscal, debe transparentar los expedientes, identificar las resoluciones, explicar sus efectos y promover las investigaciones correspondientes.

También debe informar qué funcionarios de la Sener, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas están bajo investigación. Más de cuatro mil operaciones no atraviesan el país únicamente gracias a una sentencia de amparo. Requieren pedimentos, revisiones, cruces fronterizos, transporte ferroviario, instalaciones receptoras y comercialización.

La responsabilidad judicial no puede convertirse en coartada para encubrir la negligencia o complicidad administrativa.

El caso Ruffo exhibe una de las deformaciones más corrosivas del antiguo régimen: una justicia rápida para proteger negocios privados y desesperadamente lenta para reparar agravios sociales. Los amparos de Ingemar quizá fueron formalmente legales; sus consecuencias, sin embargo, ayudaron a mantener operativa una estructura empresarial que hoy enfrenta acusaciones de defraudar al país.

El nuevo Poder Judicial tendrá que demostrar que puede romper esa subordinación frente al dinero sin convertirse en subordinado del partido gobernante. La justicia que México necesita no debe proteger a los poderosos, pero tampoco fabricar culpables. Debe abrir los expedientes, seguir el dinero y llegar hasta el último empresario, funcionario o juzgador que haya convertido la ley en refugio de un negocio contra la nación.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— El Congreso de Querétaro vivió una sesión donde se mezclaron asuntos de alto voltaje político con temas que tocan directamente la vida diaria de la ciudadanía: elecciones, justicia, estacionamientos, alimentos y vivienda.

La LXI Legislatura aprobó diversos dictámenes en una jornada que dejó clara una cosa: el Congreso no solo discute grandes reformas constitucionales; también decide reglas que afectan desde cómo se vota hasta cuánto se paga en una plaza comercial.

Uno de los temas principales fue la reforma vinculada al Poder Judicial, aprobada con 18 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. El dictamen plantea ajustar reglas del modelo de elección judicial, luego de que el proceso electoral judicial de 2025 mostrara tanto su viabilidad como sus complicaciones operativas.

La reforma busca establecer tiempos más claros, reducir el número de candidaturas, simplificar el voto ciudadano y mejorar el funcionamiento de los Comités de Evaluación para garantizar perfiles con competencia técnica y profesional.

En palabras simples: después de una primera experiencia compleja, se busca que la elección judicial sea más entendible para la ciudadanía y más operable para las instituciones.

El diputado Homero Barrera señaló que esta reforma reconoce complicaciones de la reforma original de 2024, pero sostuvo que también genera reglas más claras para su implementación.

El segundo debate fuerte fue la reforma constitucional sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera, aprobada con 14 votos a favor y 9 en contra.

La medida incorpora como causal de nulidad electoral los actos graves de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de una elección. El argumento de quienes la respaldan es que México necesita proteger la voluntad popular frente a financiamiento externo, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas.

El corazón del debate es delicado: cómo proteger la soberanía nacional sin abrir una puerta a interpretaciones políticas ambiguas.

La diputada Claudia Díaz defendió la reforma al considerar que fortalece la soberanía popular y la independencia de los procesos democráticos.

En la misma línea, Homero Barrera afirmó que la nueva causal elimina una laguna técnica que dificultaba al Tribunal Electoral actuar ante intervenciones externas graves.

Arturo Maximiliano García puntualizó que la reforma ya es vigente a nivel federal y subrayó un elemento clave: la “determinancia”. Es decir, que para anular una elección no bastaría señalar una intervención, sino acreditar que esta influyó de manera determinante en el resultado.

La oposición expresó reservas. Adriana Meza consideró que la reforma no define con precisión la nueva causal ni establece criterios claros. Teresita Calzada advirtió que la redacción es ambigua y podría generar condiciones para que, en 2027, se utilice como herramienta política si los resultados no favorecen al partido en el poder.

Guillermo Vega sostuvo que su voto en contra responde a que el decreto no incluye como causal de nulidad el uso de dinero del narcotráfico, mientras que Juliana Hernández alertó sobre una posible tendencia autoritaria y riesgo de incertidumbre jurídica.

Del otro lado, Laura Andrea Tovar defendió que soberanía significa que en México decidan las y los mexicanos, sin intervención de otro país. Eric Silva llevó el debate a una crítica más amplia sobre intereses extranjeros en Querétaro, al señalar casos de explotación de recursos y empleos mal remunerados.

La discusión dejó ver dos miedos distintos: el miedo a que intereses extranjeros intervengan en elecciones mexicanas y el miedo a que una regla mal definida pueda usarse para anular resultados incómodos.

Fuera de las reformas electorales, el Pleno también aprobó el dictamen que elimina la condición de validar boletos para acceder a la exención de pago en estacionamientos de plazas comerciales.

La medida busca que las dos horas gratuitas se ejerzan como un derecho real, sin obligar a las personas consumidoras a buscar módulos, sellos o validaciones innecesarias.

El diputado Enrique Correa explicó que la gratuidad ya es una obligación y debe ejercerse sin complicaciones.

Para la ciudadanía, este cambio es fácil de entender: si el beneficio existe, no debería depender de una fila, una validación escondida o un trámite confuso dentro de la plaza.

También fue aprobado un exhorto para fomentar la donación de alimentos aptos para consumo humano. La Legislatura pidió al Poder Ejecutivo implementar y coordinar acciones con sectores sociales, privados y de asistencia social para recuperar alimentos y distribuirlos entre personas y grupos en situación vulnerable.

La diputada Teresita Calzada sostuvo que garantizar alimentos sigue siendo un reto constante, mientras que Homero Barrera señaló que no se trata solo de promover donaciones, sino de construir mecanismos de solidaridad para familias que enfrentan carencias alimentarias todos los días.

El tema tiene una doble lectura: ayudar a quienes tienen hambre y reducir el desperdicio de alimentos que todavía podrían aprovecharse.

En contraste, el Pleno rechazó, con 8 votos a favor y 12 en contra, un exhorto dirigido a la Comisión Nacional de Vivienda, Sedatu e Infonavit para considerar la ampliación e incorporación de nuevos polígonos de actuación para vivienda en Querétaro.

El argumento del exhorto era que la falta de suelo apto y reglas actualizadas limita la construcción de vivienda accesible para personas de menores ingresos.

Enrique Correa advirtió que hay más de 40 mil créditos Infonavit congelados en Querétaro porque no pueden ejercerse ante la falta de vivienda social accesible.

Sin embargo, Andrea Tovar afirmó que ya existen proyectos de vivienda social en coordinación con el gobierno federal y señaló que los polígonos mencionados corresponden únicamente al municipio de Peñamiller.

La sesión dejó un mapa claro del momento político queretano: las reformas nacionales aterrizan en el Congreso local con lecturas divididas, mientras los temas cotidianos —estacionamiento, comida y vivienda— siguen mostrando dónde se cruza la política con la vida real.

Porque al final, una sesión legislativa no se mide solo por los votos del tablero. Se mide por lo que cambia fuera del Congreso: en la urna, en el bolsillo, en la mesa y en la posibilidad de tener una vivienda digna.

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Santiago de Querétaro, Qro., 26 de junio de 2026.— La secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, encabezó el XXVIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, donde reconoció la labor de las y los trabajadores que sostienen la operación cotidiana de una de las instituciones centrales para la justicia en México.

El encuentro colocó sobre la mesa una idea de fondo: el Estado de Derecho no se defiende únicamente en sentencias o reformas, también se construye en las condiciones laborales de quienes hacen funcionar al Poder Judicial todos los días. Desde personal administrativo hasta áreas operativas y de apoyo institucional, la justicia depende de una estructura humana que pocas veces ocupa el centro del debate público.

Ante representantes sindicales de todo el país, San Martín Castillo destacó la importancia del diálogo entre organizaciones sindicales y autoridades para fortalecer tanto la paz laboral como la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

La funcionaria estatal señaló que el Poder Judicial desempeña una función esencial para garantizar el acceso a la justicia, proteger derechos y brindar certeza jurídica. Sin embargo, subrayó que esa fortaleza institucional también depende del compromiso, profesionalismo y estabilidad de quienes integran su base trabajadora.

“Detrás de una institución sólida siempre hay mujeres y hombres comprometidos con su labor. Reconocer su trabajo y fortalecer sus derechos también significa fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones”, expresó.

La frase sintetiza el tono del encuentro: hablar de justicia laboral dentro del Poder Judicial no es un asunto corporativo, sino una discusión pública sobre calidad institucional. Cuando los trabajadores cuentan con mejores condiciones, canales de diálogo y respeto a sus derechos, también se fortalece la capacidad del Estado para responder a la ciudadanía.

San Martín Castillo recalcó que las organizaciones sindicales han sido fundamentales para impulsar mejores condiciones laborales y consolidar espacios de interlocución que contribuyen a fortalecer el servicio público.

En un contexto nacional marcado por debates sobre la transformación del Poder Judicial, la presencia sindical adquiere una relevancia particular. Las reformas institucionales suelen discutirse desde la arquitectura del poder, pero sus efectos se viven también en los centros de trabajo, en la estabilidad laboral, en la capacitación y en la manera en que las instituciones conservan experiencia técnica.

La titular de la Secretaría del Trabajo reiteró el compromiso de mantener una política de puertas abiertas con las organizaciones sindicales, privilegiando la conciliación, el respeto a la autonomía sindical y la construcción de consensos.

Ese enfoque forma parte de la narrativa laboral que Querétaro ha buscado consolidar: paz laboral no como silencio ante los conflictos, sino como capacidad institucional para procesarlos mediante diálogo, mediación y acuerdos.

En el evento participaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya; el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel.

También asistieron el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamin Rubio; el secretario general de la Sección Querétaro del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Germán Briseño Sainz; y la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Querétaro, Silvia Rivera Hernández.

La presencia de autoridades judiciales, laborales y sindicales de distintos niveles dio al congreso un peso institucional amplio. No se trató solo de una reunión gremial, sino de un espacio donde convergieron justicia, trabajo, representación sindical y gobernabilidad laboral.

El mensaje central del encuentro fue claro: fortalecer al Poder Judicial también implica reconocer a sus trabajadores como parte indispensable de la vida institucional del país. La justicia no se reduce a edificios, expedientes o resoluciones; requiere personas capacitadas, derechos protegidos y condiciones que permitan servir con profesionalismo.

Para Querétaro, la realización de este congreso nacional refuerza su papel como sede de diálogo laboral y articulación institucional. En tiempos donde la conversación pública suele polarizarse alrededor de las instituciones, abrir espacios de reconocimiento al trabajo sindical puede contribuir a una mirada más humana y completa del servicio público.

La ruta planteada por San Martín apunta a una política laboral basada en conciliación, respeto sindical y acuerdos. Porque cuando se cuida a quienes trabajan por la justicia, también se cuida la confianza de la ciudadanía en el Estado.

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2026: Año de Margarita Maza Parada

CIUDAD DE MÉXICO (18 de mayo de 2026). – En una decisión estratégica de gran calado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para aplazar la histórica elección del Poder Judicial de 2027 a junio de 2028. La propuesta busca dar viabilidad técnica al proceso, simplificar el sufragio para los votantes y asegurar una copiosa participación de la ciudadanía.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que, de aprobarse la reforma, las votaciones judiciales se celebrarán de manera concurrente con los comicios ordinarios federales y locales, utilizando las mismas ubicaciones físicas para las casillas, pero garantizando que los representantes de los partidos políticos no intervengan en la elección de las personas juzgadoras.

Sheinbaum recordó las dificultades logísticas vividas en 2025 en Veracruz y Durango, donde la separación física de las casillas para los comicios municipales y judiciales mermó severamente la participación ciudadana.

“Es mover la elección al Poder Judicial del 2027 al 2028. En caso de que haya revocación de mandato en el 2028, se hace el mismo día y en la misma casilla; además, hay algunas modificaciones para facilitar la boleta, de tal manera que sea más sencillo para las y los electores”, precisó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La saturación electoral de 2027: El motivo del ajuste

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal determinó la necesidad del aplazamiento debido a la enorme complejidad de la jornada electoral programada para 2027, la cual contempla la renovación de 17 gubernaturas, además de presidencias municipales, congresos locales y diputaciones federales. “Mejor concentrémonos en la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, estatales y federales”, sugirió la presidenta.

Para detallar las reglas del nuevo modelo, la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján desglosó las seis características principales de la iniciativa:

1. Nueva fecha y cargos a renovar

La jornada electoral se reprograma para el domingo 4 de junio de 2028. En esta fecha se renovarán:

• Ámbito Federal: Cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 judicaturas de Distrito.
• Ámbito Local: 424 magistraturas y 2 mil 831 judicaturas distribuidas en 25 estados de la República.
• Procesos posteriores: Las elecciones subsecuentes se sincronizarán con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036.

2. Creación de la Comisión Coordinadora

Se establecerá un órgano integrado por tres personas elegidas por los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta comisión homologará criterios y metodologías de evaluación, verificará los requisitos formales de los aspirantes y determinará las reglas de selección, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimiento.

3. Reducción en el número de candidatos

Los Comités de Evaluación seleccionarán a los cuatro aspirantes mejor evaluados en competencias, conocimientos, antecedentes y fama pública. Posteriormente, mediante una insaculación pública bajo criterios de especialidad y paridad, se reducirá la lista a solo dos candidaturas por cargo. Esto simplificará las boletas:

• Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): De 81 a 54 candidatos.
• Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): De 45 a 30 candidatos.
• TEPJF: De 63 a 42 candidatos.

4. Simplificación de la boleta electoral

Cada ciudadano votará únicamente por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades. Las boletas usarán colores para distinguir las candidaturas postuladas por cada Poder, incluyendo de forma visible a los jueces y magistrados en funciones que busquen la reelección. El INE se encargará de realizar la división territorial en los distritos judiciales necesarios.

5. Capacitación permanente y obligatoria

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en coordinación con la Escuela Judicial, implementará programas de actualización permanentes para todos los juzgadores. La ley secundaria definirá los plazos y reglas de estas evaluaciones.

6. Homologación en los estados

Los poderes judiciales locales deberán replicar de manera obligatoria las reglas del sistema federal: comités con criterios unificados, reducción de aspirantes mediante insaculación, evaluación de desempeño durante el primer año y capacitación permanente.

Reglas de desempate, vacantes y calendarización

La iniciativa presidencial también contempla que el escrutinio y cómputo de los votos se realice directamente en las mismas casillas donde se sufrague. Asimismo, se propone la creación de dos secciones adicionales en la Suprema Corte para desahogar asuntos de menor cuantía.

Un cambio relevante radica en el tratamiento de vacantes por fallecimiento, renuncia o destitución: el cargo quedará libre para renovarse en la siguiente elección ordinaria, eliminando la regla actual que otorgaba la posición al segundo lugar de la votación anterior.

Finalmente, la reforma adelanta tres meses la convocatoria general del Senado de la República (pasando de septiembre a abril del año anterior a la elección) para dar suficiente tiempo de evaluación a los comités. La consejera jurídica estimó que la propuesta será analizada y votada en la Cámara de Diputados a inicios de junio, para posteriormente ser remitida al Senado de la República para su ratificación.

Durante el anuncio de la iniciativa, la presidenta estuvo acompañada por el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; el asesor político José Alfonso Suárez del Real; y el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La inminente dictaminación de la reforma al Poder Judicial en Querétaro ha encendido las alertas en la oposición local. Diputados de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) trazaron una línea roja este martes: no habrá consenso ni votos si el dictamen estatal intenta burlar el espíritu de la reforma constitucional federal a través de vacíos legales.

En rueda de prensa, los legisladores Eric Silva Hernández y Claudia Díaz (coordinadora de la fracción del PT), acompañados por Blanca Flor Benítez, Rosalba Vázquez y María Eugenia Margarito, denunciaron la posible creación de un “Frankenstein” judicial diseñado para simular una democratización, mientras se mantiene el control institucional en manos de “los mismos de siempre”.

La trampa de las leyes secundarias

El punto de quiebre en las negociaciones radica en dónde quedarán escritas las nuevas reglas del juego. La 4T exige que los requisitos para ser juez o magistrado, así como las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, queden blindados desde la Constitución del Estado.

“Los requisitos para poder ser candidatos deben venir en la Constitución nada más, porque si los mandan a leyes secundarias, como la Ley Orgánica, lo único que van a hacer es cerrar los requisitos para que solamente puedan entrar los amigos, los socios, los compadres o los que les deben un favor al Poder de siempre”, advirtió tajantemente la diputada Claudia Díaz.

Por su parte, el diputado Eric Silva enfatizó que la homologación local debe basarse en tres ejes irrenunciables: apertura democrática para renovar a los juzgadores, pluralidad real y resultados expeditos para la población, acabando con la opacidad procesal.

Sin suplentes, rige el voto

Los legisladores también rechazaron de tajo la figura de “suplentes” para cubrir ausencias en los tribunales, exigiendo que las vacantes sean ocupadas por quienes hayan quedado en segundo lugar en las votaciones populares, respetando la voluntad de las urnas. “Si el pueblo vota, su decisión debe respetarse”, sentenciaron.

El bloque progresista dejó claro que no están en contra de modernizar el marco de justicia, pero adelantaron que su voto será en contra si el dictamen final resulta ser una manipulación legal que deje al Poder Judicial “secuestrado” por los intereses de las élites locales en lugar de garantizar una austeridad republicana.

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Santiago de Querétaro, Qro., 6 de agosto de 2025. 

Por: Redacción | LYPmultimedios

En una rueda de prensa conjunta, la senadora Beatriz Robles y la diputada local Claudia Gayou, ambas representantes del movimiento de la Cuarta Transformación, lanzaron un llamado urgente al Congreso del Estado de Querétaro para poner fin al rezago legislativo que, aseguran, mantiene al estado “detenido”.

Desde las instalaciones del H. Congreso local, las legisladoras denunciaron una preocupante omisión por parte de la legislatura queretana al no armonizar las leyes estatales con las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, en temas clave como la reforma al Poder Judicial.

“La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Luisa María Alcalde y de Gerardo Fernández Noroña en Querétaro es un mensaje claro: el estado es prioritario para la transformación nacional. Lo que falta es voluntad política local”, subrayó la senadora Robles. Agregó que la falta de armonización impide avances reales en derechos fundamentales, especialmente en el acceso a la justicia para mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Por su parte, la diputada Claudia Gayou acusó que el Congreso local ha incumplido los plazos establecidos por la Federación, lo que ha derivado en la suspensión de beneficios y derechos que debieran estar vigentes para la ciudadanía. “Se trata de legislar con justicia, no de espaldas al pueblo”, declaró.

Ambas coincidieron en que esta parálisis legislativa obedece a una lógica de resistencia al cambio, donde los intereses políticos de algunos grupos prevalecen sobre las necesidades sociales de la población. “Querétaro no puede seguir siendo ejemplo nacional de atraso legislativo”, insistió Robles.

Las legisladoras reiteraron su compromiso desde el Senado y el Congreso local para seguir presionando por una agenda de transformación alineada con el gobierno federal. “El pueblo de Querétaro merece leyes justas, actualizadas y al servicio de la gente”, concluyeron.

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