Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.— En México, la menopausia no aparece en ningún manual de recursos humanos, no está contemplada en la legislación laboral federal y no figura en las políticas de bienestar de la inmensa mayoría de las empresas. Afecta, según estimaciones especializadas, a más de 20 millones de mujeres en el país, y sin embargo sigue siendo, en la mayoría de los espacios de trabajo, un tema que se transita en silencio. Sobre ese vacío se construyó el foro “Retos para la atención del climaterio, la perimenopausia y la menopausia en el ámbito laboral”, en el que participó la diputada local Perla Patricia Flores Suárez.

Un síntoma que se esconde con un ventilador de escritorio

Quienes atraviesan el climaterio —el proceso de transición hormonal que incluye la perimenopausia y la menopausia— describen con frecuencia una combinación de bochornos repentinos, insomnio, ansiedad y migrañas que puede aparecer sin previo aviso en plena jornada laboral. Especialistas consultados por medios nacionales han documentado casos de mujeres que llegan a comprar un ventilador personal para su escritorio con tal de no explicarle a sus compañeros por qué están sudando en pleno invierno. En Estados Unidos, donde el fenómeno sí se ha medido con datos duros, las trabajadoras faltan en promedio tres días al año por causas relacionadas con el climaterio, y las pérdidas de productividad asociadas rondan los mil 800 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones citadas por especialistas de la UNAM.

Lo que dijo la diputada

En su participación, Flores Suárez subrayó la importancia de visibilizar estos temas e impulsar políticas públicas que garanticen información, atención médica y acompañamiento oportuno, al reconocer que la menopausia y el climaterio forman parte de un proceso natural que no debería vivirse en silencio ni en soledad. La legisladora reiteró su compromiso de seguir promoviendo, desde el Poder Legislativo, acciones para fortalecer la atención integral de las mujeres en todas las etapas de su vida, y agradeció a la secretaria de las Mujeres del Estado, Sonia Rocha, por impulsar el foro.

El vacío legal que existe, y el primer estado que ya lo llenó

El foro llega en un momento en el que el tema empieza a moverse, aunque todavía muy despacio, en la agenda legislativa mexicana. Hasta ahora, ningún estado había traducido esta conversación en un derecho laboral concreto —hasta que, apenas en mayo de este año, Chihuahua se convirtió en la primera entidad del país en dar ese paso: una reforma impulsada por la diputada morenista Jael Argüelles Díaz adicionó el Código Administrativo estatal para que las trabajadoras del gobierno de ese estado puedan ausentarse de sus labores, con sueldo íntegro, cuando un diagnóstico médico acredite síntomas incapacitantes de menopausia o climaterio. “Ninguna mujer tiene que elegir entre cuidar su salud o conservar su salario”, resumió esa legisladora al presentar la reforma.

Hay incluso una propuesta más técnica que circula entre especialistas: incorporar el climaterio como factor de riesgo psicosocial dentro de la Norma Oficial Mexicana 035, la misma que hoy regula el estrés laboral, para que las empresas estén obligadas a identificarlo y atenderlo como parte de sus protocolos de salud ocupacional.

El techo de cristal que nadie nombra

Detrás del silencio hay también un costo profesional que rara vez se discute abiertamente: especialistas advierten que el tabú alrededor de la menopausia puede servir de pretexto, aunque sea de forma no explícita, para reforzar el llamado techo de cristal, bajo la idea de que una mujer más joven —o un hombre— “conviene más” laboralmente porque presenta, en teoría, menos interrupciones de salud. Visibilizar el tema, en ese sentido, no es solo una cuestión de bienestar individual, sino una pieza más en la discusión sobre por qué las mujeres siguen teniendo más obstáculos para sostener y avanzar en sus trayectorias laborales conforme envejecen.

Lo que sigue

El foro de ayer no se tradujo, por ahora, en un anuncio de iniciativa de ley en Querétaro, y el boletín de la diputada Flores Suárez tampoco lo plantea en esos términos. Pero el ejemplo de Chihuahua deja una pregunta abierta para el Congreso local: si otro estado ya demostró que es posible legislar sobre esto en cuestión de meses, ¿cuánto tiempo más tomará traducir la conversación de ayer en un derecho concreto para las mujeres queretanas?

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 13 de julio de 2026.— La exclusión escolar no siempre comienza con una puerta cerrada. A veces empieza cuando una niña es llamada distraída, cuando un niño es castigado por no permanecer quieto o cuando una familia escucha que el plantel “no tiene personal” para acompañar una forma distinta de aprender.

Esas barreras llegaron este lunes al Congreso de Querétaro durante el foro “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Neurodivergentes”, encabezado por la diputada Perla Patricia Flores Suárez y la Comunidad Mentes Mandarina.

El encuentro reunió a familias, personas cuidadoras, especialistas, organizaciones civiles, academia y representantes de instituciones públicas con el propósito de discutir políticas para garantizar educación, salud, participación social y una vida libre de discriminación para las infancias neurodivergentes.

La legisladora sostuvo que la inclusión debe atravesar todas las políticas públicas y no limitarse al ámbito educativo.

“Ser diferente nunca debe significar tener menos derechos”, afirmó Flores Suárez, quien planteó la necesidad de contar con escuelas preparadas, personal médico capacitado, ciudades accesibles y leyes que respondan a las necesidades reales de las personas.

El mensaje es difícil de cuestionar. El verdadero examen comenzará cuando el foro deje de ser una conversación institucional y se convierta en presupuesto, protocolos, formación profesional y servicios accesibles.

Neurodivergencia no significa incapacidad

El término neurodiversidad reconoce que los cerebros humanos no procesan de una sola manera la información, el lenguaje, las emociones, la atención, el movimiento o los estímulos sensoriales.

Aunque suele utilizarse en conversaciones sobre autismo, TDAH, dislexia, discalculia y otras diferencias cognitivas o del neurodesarrollo, no constituye por sí mismo un diagnóstico médico. Es un concepto amplio que busca dejar atrás la idea de que toda diferencia neurológica debe ser considerada una falla que necesita corregirse.

Esto tampoco significa negar que algunas personas requieren apoyos intensivos, atención clínica, ajustes educativos o asistencia durante distintas etapas de su vida.

Las necesidades no son iguales para todas. Algunas niñas y niños pueden requerir instrucciones visuales, espacios con menos estímulos, más tiempo para completar actividades o modificaciones en la forma de evaluar. Otros necesitan acompañamiento terapéutico, comunicación aumentativa, atención especializada o apoyo permanente.

La inclusión comienza precisamente cuando las instituciones dejan de exigir que todas las personas funcionen de la misma forma.

El 7.7% no representa diagnósticos confirmados

Durante el foro se señaló que hasta 7.7% de la población infantil y adolescente del país presenta alguna condición relacionada con el neurodesarrollo, lo que equivaldría aproximadamente a 3.5 millones de personas.

El dato necesita una precisión editorial.

Un estudio publicado con información de la Ensanut Continua 2024 encontró que 7.7% de las personas de entre 2 y 17 años presentó dificultades funcionales sugestivas de trastornos del neurodesarrollo. La proporción fue de 3.7% entre los 2 y 4 años y aumentó a 8.6% entre los 5 y 17 años.

La palabra “sugestivas” es fundamental: el instrumento identifica señales o dificultades que requieren valoración posterior, pero no sustituye una evaluación clínica individual.

El hallazgo no disminuye la dimensión del problema. Por el contrario, revela que millones de niñas, niños y adolescentes podrían necesitar detección, acompañamiento o adaptaciones que el Estado todavía no dimensiona plenamente.

También muestra por qué no debería diagnosticarse a una persona a partir de un video en redes sociales, un cuestionario aislado o una sola conducta. En el caso del TDAH, no existe una prueba única; la valoración debe considerar antecedentes, distintos entornos, evaluaciones profesionales y otras situaciones que pueden producir síntomas semejantes.

Niñas que aprenden a ocultarse

El análisis nacional encontró un resultado que merece atención desde la perspectiva de género.

Entre las personas de 5 a 17 años, las dificultades sugestivas de trastornos del neurodesarrollo fueron más frecuentes entre mujeres que entre hombres: 9.3% frente a 8%.

Durante años, buena parte de la conversación sobre TDAH y autismo se construyó alrededor de conductas más visibles asociadas principalmente con niños: hiperactividad, impulsividad o dificultades disciplinarias.

Muchas niñas, en cambio, pueden desarrollar mecanismos para ocultar sus dificultades, imitar comportamientos sociales o esforzarse en silencio para cumplir las expectativas escolares. Eso puede retrasar la detección y provocar que reciban ayuda solamente después de experimentar ansiedad, agotamiento, aislamiento o bajo rendimiento.

La política pública necesita reconocer que las diferencias neurológicas también son interpretadas mediante estereotipos de género.

Una niña silenciosa puede pasar inadvertida durante años, no porque no necesite apoyo, sino porque aprendió que incomodar tiene un costo.

La escuela inclusiva no consiste únicamente en permitir la inscripción

La legislación mexicana reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a la igualdad sustantiva, la inclusión comunitaria, la educación y la eliminación de barreras que impidan su participación plena. También obliga a las autoridades a promover apoyos, accesibilidad y formación para el personal educativo.

Pero admitir a un estudiante no convierte automáticamente a una escuela en inclusiva.

La inclusión real requiere:

• Docentes capacitados para identificar necesidades sin estigmatizar.
• Ajustes razonables en enseñanza, evaluación y disciplina.
• Protocolos contra el acoso escolar.
• Personal de apoyo suficiente.
• Espacios sensorialmente accesibles.
• Comunicación constante con las familias.
• Intervención de salud cuando sea necesaria.
• Participación de la niña, niño o adolescente en las decisiones que le afectan.

Los reportes internacionales de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF advierten que las infancias con discapacidades del desarrollo continúan enfrentando estigmatización, dificultades para acceder a servicios médicos y resultados desiguales en salud y educación. Ambos organismos sostienen que la formación docente y los sistemas de atención coordinada son indispensables para superar estas barreras.

Un aula donde un estudiante permanece físicamente presente, pero no puede participar, comunicarse o aprender, sigue siendo un espacio de exclusión.

Diagnosticar no debería depender del dinero de la familia

Perla Flores señaló que diariamente existen familias que intentan conseguir un diagnóstico, encontrar atención especializada y localizar una escuela dispuesta a incluir a sus hijas e hijos.

La frase describe una desigualdad profunda.

Quienes pueden pagar valoraciones privadas, terapias, consultas y escuelas especializadas avanzan con mayor rapidez. Quienes dependen exclusivamente de los sistemas públicos pueden enfrentar listas de espera, traslados, falta de especialistas o valoraciones fragmentadas.

El costo no es solamente económico.

En muchos hogares, una persona —frecuentemente la madre— reduce su jornada laboral, abandona el empleo o reorganiza toda su vida para acompañar consultas, acudir a reuniones escolares y defender ajustes que deberían garantizarse institucionalmente.

La OMS sostiene que las familias de niñas y niños con discapacidades del desarrollo suelen enfrentar estigma, aislamiento y presión económica, mientras gran parte de ellas no recibe los servicios y apoyos necesarios. El organismo recomienda modelos centrados en la familia y redes coordinadas entre salud, educación y asistencia social.

La inclusión no puede descansar en el agotamiento de las madres ni en la capacidad de cada familia para convertirse en especialista, gestora y litigante.

El foro reunió conocimiento; ahora necesita una ruta

Participaron en el encuentro especialistas en psiquiatría infantil, neuropsicología, derechos humanos, intervención en trastornos del neurodesarrollo y altas capacidades, así como representantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, instituciones públicas y organizaciones civiles.

La diversidad de voces puede ayudar a evitar una política reducida a una sola condición o a una única respuesta médica.

Sin embargo, el boletín legislativo no establece todavía:

• Qué iniciativas serán presentadas.
• Qué dependencias asumirán compromisos.
• Qué presupuesto se solicitará.
• Cuántas escuelas necesitan personal especializado.
• Cuánto tarda actualmente un diagnóstico público.
• Qué protocolos serán revisados.
• Cómo participarán las propias niñas, niños y adolescentes.
• Cuándo se realizará una evaluación de avances.

La ausencia de estas definiciones no invalida el foro. Sí impide presentarlo como una solución.

Escuchar es el primer paso. Gobernar exige convertir lo escuchado en obligaciones verificables.

Una agenda mínima para Querétaro

El foro puede ser útil si conduce a una estrategia estatal que conecte educación, salud, derechos de la infancia y apoyo familiar.

Esa ruta debería comenzar con un diagnóstico público sobre la situación en Querétaro: cuántos estudiantes requieren ajustes, en qué municipios viven, qué servicios reciben y cuáles son los tiempos de espera.

También sería necesario establecer mecanismos de detección y canalización que no conviertan a docentes en médicos ni permitan diagnósticos improvisados, pero sí les den herramientas para reconocer señales y orientar a las familias.

La agenda tendría que incluir capacitación obligatoria para personal educativo y sanitario; protocolos contra discriminación, expulsiones encubiertas y castigos; apoyo psicológico a familias; acceso a tratamientos basados en evidencia; y evaluación periódica de resultados.

Las políticas deben construirse con las personas neurodivergentes, no solamente sobre ellas.

Eso significa escuchar a niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, forma de comunicación y grado de autonomía, además de incluir a personas adultas neurodivergentes que puedan explicar qué barreras enfrentaron durante su infancia y qué habría cambiado sus trayectorias.

La inclusión no puede terminar en una fotografía

Los foros legislativos suelen producir diagnósticos valiosos, mesas llenas de especialistas y discursos con los que resulta difícil estar en desacuerdo.

El riesgo aparece después, cuando las familias regresan a escuelas que siguen sin ajustes, consultorios sin citas y oficinas donde deben volver a explicar por qué necesitan ayuda.

La diputada Perla Flores aseguró que este encuentro será el inicio de acuerdos, alianzas y oportunidades. Esa promesa debe convertirse en una ruta pública, con plazos y resultados.

La neurodivergencia no es una tendencia de redes ni una etiqueta para suavizar las desigualdades. Es una realidad cotidiana que obliga a repensar cómo enseñamos, diagnosticamos, diseñamos ciudades y distribuimos los cuidados.

Querétaro no necesita que todas sus niñas y niños aprendan de la misma manera. Necesita instituciones capaces de garantizar que cada forma de aprender tenga oportunidades reales.

Porque la verdadera inclusión no comienza cuando una familia aprende a pelear por los derechos de su hija o hijo. Comienza cuando el Estado deja de obligarla a pelear por ellos.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (26 de mayo de 2026). – Las aulas de Querétaro enfrentan un enemigo invisible que no hace ruido pero que destruye vidas a un ritmo sin precedentes. No se trata del rezago educativo ni de la falta de infraestructura, sino del deterioro silencioso de la salud mental de sus estudiantes. En una entidad que destaca por su crecimiento industrial y económico, la paradoja del desarrollo social se evidencia en el bienestar emocional de sus jóvenes.

Ante esta realidad, la diputada local Perla Patricia Flores Suárez, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó formalmente una iniciativa de ley para reformar la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. El propósito medular es instituir por ley las “Redes Juveniles por la Salud Mental” en todos los planteles escolares y centros de asistencia social del estado.

La urgencia de los datos: El doloroso retrato del semidesierto

El sustento de la iniciativa de la legisladora radica en cifras oficiales que configuran una auténtica emergencia de salud pública. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, las conductas con intenciones de autolesión o suicidio entre la población joven del estado de Querétaro han experimentado un incremento del 200% desde el año 2018.

Para dimensionar la gravedad del panorama, tan solo en el año 2023 se registraron aproximadamente 220 decesos por suicidio en territorio estatal, colocándose como una de las principales causas de muerte violenta o prematura en el sector joven. Las estadísticas de ansiedad, depresión severa y dependencia a sustancias adictivas caminan de manera paralela a este indicador crítico, alimentadas por entornos familiares fracturados y dinámicas de aislamiento digital.

Acompañamiento entre pares: ¿Suficiente o paliativo?

El modelo de las Redes Juveniles propone una metodología horizontal: la detección temprana y el acompañamiento emocional a través de grupos de apoyo conformados por los mismos estudiantes (“entre pares”). La premisa es sociológicamente sólida: un adolescente que padece ansiedad o depresión es mucho más propenso a abrirse y confiar sus emociones a un compañero de su edad que a una autoridad escolar o a un psicólogo institucional, figuras con las que a menudo asocia un sentimiento de estigma o castigo.

La propuesta legislativa contempla que las escuelas queretanas, en coordinación estrecha con las dependencias de salud del estado, capaciten a los jóvenes para que actúen como primeros respondientes emocionales, capaces de detectar conductas de riesgo, canalizar casos graves y construir círculos de empatía.

Uno de los factores que la diputada Perla Flores destacó para facilitar la viabilidad de la iniciativa es que no requiere un incremento al presupuesto estatal ni la creación de burocracias, pues el esquema aprovecha los recursos humanos y la infraestructura escolar ya existente en el sistema público y privado.

No obstante, esta característica de “costo cero” abre una conversación obligada para especialistas y padres de familia: ¿las redes voluntarias entre compañeros pueden suplir la urgente necesidad de psicólogos clínicos profesionales en los planteles escolares? Si bien la empatía entre pares es un excelente preventivo de primera línea, la crisis de salud mental en Querétaro podría requerir de un debate mucho más profundo sobre la asignación de presupuestos públicos específicos para el tratamiento terapéutico profesional de la juventud.

La iniciativa de la diputada Perla Flores coloca sobre la mesa del Congreso local un reto impostergable. La salud de una sociedad no se mide solo por sus niveles de empleo o inversión extranjera, sino por el bienestar emocional de la generación que heredará el futuro del estado.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La creación de leyes de escritorio está quedando en el pasado. Bajo la premisa de que no puede haber una verdadera política de inclusión sin escuchar a quienes viven la realidad todos los días, el Congreso local llevó a cabo el foro “Camino a la integración de la Ley de Autismo”.

Este espacio de diálogo inédito reunió a organizaciones de la sociedad civil, especialistas médicos, familias y, lo más importante, a personas que se encuentran dentro del espectro autista, quienes compartieron sus retos, experiencias y necesidades urgentes ante las autoridades.

Soluciones de fondo, no “de papel”

La diputada local Perla Patricia Flores Suárez, quien impulsa esta iniciativa, fue clara al señalar que este foro no fue diseñado para cumplir con un simple acto protocolario, sino que representa un proceso abierto y genuinamente colaborativo.

“El objetivo central es generar un marco legal que garantice atención digna, inclusión real y oportunidades efectivas para las personas con autismo en el estado, alejándose de acciones simbólicas y apostando por soluciones de fondo”, enfatizó la legisladora durante su intervención.

En las mesas de trabajo se reconoció la diversidad de posturas y realidades que convergen en torno al espectro autista. Lejos de ser un obstáculo, las autoridades señalaron que esta pluralidad enriquece el proceso legislativo, permitiendo redactar una iniciativa mucho más sólida, sensible y apegada a los derechos humanos.

Este foro es apenas el primer paso de una serie de acciones ciudadanas que el Poder Legislativo continuará desarrollando en los próximos meses. La meta final es clara: consolidar y aprobar una ley que marque un antes y un después en la inclusión, la salud y la educación en el estado de Querétaro.

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Por: Redacción La Noticiería Santiago de Querétaro, Qro. – Con el objetivo de romper el tabú y la invisibilidad que rodea a la salud hormonal femenina, la diputada local Perla Patricia Flores Suárez presentó una iniciativa de reforma para garantizar la atención médica y el respaldo laboral a mujeres en etapa de climaterio y menopausia.

La propuesta, ingresada formalmente ante la LXI Legislatura, busca modificar la Ley de Salud y la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. El proyecto no solo se limita al ámbito clínico, sino que reconoce el impacto directo que estos procesos biológicos tienen en la productividad y estabilidad emocional de las trabajadoras queretanas.

Salud y justicia social: Los ejes de la reforma

La legisladora Flores Suárez subrayó que el climaterio y la menopausia han sido históricamente ignorados por las políticas públicas. “Hablar de menopausia es hablar de derechos humanos y justicia social”, afirmó al presentar el documento identificado con el folio GLPV/720.26.

Los puntos clave de la iniciativa incluyen:

• Atención Especializada: Creación de protocolos específicos de diagnóstico y tratamiento en el sistema de salud estatal.

• Capacitación: Actualización del personal médico para ofrecer un acompañamiento empático y actualizado.

• Protección Laboral: Se propone que las trabajadoras del Estado tengan derecho a ajustes razonables en sus puestos y permisos médicos en casos donde los síntomas resulten incapacitantes.

• Concientización: Implementación de campañas informativas para desmitificar estas etapas de la vida.

Un avance hacia la igualdad

De ser aprobada, Querétaro se colocaría a la vanguardia en legislación con perspectiva de género, al reconocer que los síntomas de la transición hormonal —que pueden incluir desde alteraciones físicas hasta cuadros de ansiedad o fatiga extrema— requieren un marco legal que proteja la dignidad de la mujer en su entorno de trabajo.

Con este movimiento, la diputada de la LXI Legislatura busca consolidar políticas públicas que acompañen a las mujeres en todas sus etapas biológicas, fortaleciendo la equidad en el estado.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Querétaro, Qro.— En respuesta a la creciente preocupación social por el trato institucional hacia personas con discapacidad, las diputadas Perla Patricia Flores Suárez (PVEM) y María Leonor Barraza Mejía (PAN) presentaron un exhorto legislativo para fortalecer la capacitación policial en autismo, discapacidad intelectual y manejo adecuado de crisis sensorial en los 18 municipios del estado, con énfasis en la capital queretana.

La iniciativa surge tras la reciente denuncia difundida en redes sociales, donde un menor de 12 años con autismo y retraso de lenguaje habría sido sometido mediante un uso inadecuado de la fuerza por personal de seguridad privada y elementos de la Policía Municipal de Querétaro. El hecho, señalan las diputadas, “generó profunda preocupación social” y reveló fallas en los protocolos de actuación frente a personas neurodivergentes.

El documento recuerda que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad obliga a las autoridades a capacitar y sensibilizar a su personal para garantizar un trato digno, respetuoso y libre de discriminación. Sin embargo, apuntan, persisten episodios en los que la falta de formación especializada deriva en intervenciones erróneas y revictimizantes.

Flores Suárez y Barraza Mejía subrayan que la ausencia de conocimientos sobre conductas propias del espectro autista —como sensibilidad al contacto, desorientación o reactividad intensa a estímulos— puede traducirse en interpretaciones equivocadas o en el empleo desproporcionado de la fuerza. “Una capacitación adecuada salva vidas, reduce riesgos y fortalece la confianza ciudadana”, sostienen.

El exhorto plantea dos líneas principales de acción:

1. Municipio de Querétaro:

   – Realizar una investigación exhaustiva sobre el caso denunciado y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas.

2. Todos los municipios del estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

   – Implementar o reforzar programas permanentes de capacitación en autismo, discapacidad intelectual, manejo de crisis sensoriales, desescalamiento, trato diferenciado a niñas, niños y adolescentes, y protocolos de comunicación efectiva.

   – Incorporar módulos diseñados en conjunto con especialistas en neurodesarrollo, instituciones académicas y organizaciones civiles que trabajan con personas con discapacidad.

La iniciativa reafirma que los municipios, como primera autoridad de proximidad, requieren herramientas claras y actualizadas para atender situaciones complejas sin vulnerar derechos humanos. Con ello, la Legislatura busca prevenir la repetición de actos de violencia institucional y avanzar hacia una seguridad pública plenamente inclusiva.

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