Ciudad de México, 11 de agosto de 2026. La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó la agresión con arma de fuego contra el domicilio de Estefanía Galicia Argumedo, periodista de Radio Zapote y defensora de derechos humanos cuyo trabajo se ha concentrado en problemáticas ambientales, defensa del territorio y temas como la extorsión en Xochimilco.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio proporcionado por la periodista a ARTICLE 19, esa noche regresó a su vivienda acompañada por dos familiares, uno de ellos menor de edad, cuando identificaron daños en una de las recámaras.

Una ventana se encontraba abierta y rota por el impacto de un proyectil. De acuerdo con la información difundida, el disparo ingresó a la habitación utilizada por la persona menor de edad y posteriormente fue localizado un casquillo en el exterior de la vivienda.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer quién realizó el disparo ni determinar públicamente el motivo de la agresión. Por ello, cualquier posible relación con el ejercicio periodístico de Galicia deberá ser determinada mediante la investigación de las autoridades.

ARTICLE 19 pide investigar su trabajo periodístico como posible línea

La organización exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género y enfoque interseccional.

ARTICLE 19 considera que el ejercicio periodístico de Galicia debe ser investigado como una de las principales líneas para esclarecer lo sucedido, debido a las temáticas que ha documentado en Xochimilco.

Estefanía Galicia realiza coberturas relacionadas con problemáticas medioambientales, defensa de la tierra y el territorio, así como delitos como la extorsión.

Esta característica resulta particularmente relevante ante la situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar quienes realizan periodismo comunitario y quienes documentan conflictos territoriales, ambientales o relacionados con pueblos originarios.

Investigar esa posible relación no significa establecer anticipadamente el móvil del ataque, sino evitar que la actividad profesional y de defensa de derechos de la periodista sea descartada antes de contar con elementos suficientes.

Un antecedente de 2024

La agresión ocurre después de otro episodio documentado por organizaciones de derechos humanos.

El 5 de septiembre de 2024, Galicia fue una de las personas detenidas durante una protesta relacionada con la defensa de la tierra y el territorio en Xochimilco y Tlalpan.

Un informe elaborado por ARTICLE 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó que cinco personas fueron detenidas durante aquella movilización, entre ellas Galicia. Según los testimonios recabados por las organizaciones, las personas detenidas permanecieron incomunicadas y no recibieron información sobre el motivo ni el procedimiento de su detención.

Este antecedente no demuestra por sí mismo una relación con el disparo registrado en agosto de 2026, pero forma parte del contexto de seguridad que las organizaciones consideran necesario evaluar.

Defensoras del territorio alertan sobre el contexto en Xochimilco

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México también condenó el ataque y señaló que Galicia participa en la defensa del territorio y del agua, además de ejercer periodismo comunitario y acompañar las luchas de pueblos originarios de Xochimilco.

La organización advirtió sobre el contexto de violencia y criminalización que enfrentan personas dedicadas a defender la tierra, el territorio y los recursos naturales.

La Red pidió una investigación diligente y medidas inmediatas de protección para garantizar la integridad de la periodista, su familia y el libre desarrollo de sus actividades.

Libertad de expresión y perspectiva de género

ARTICLE 19 recordó que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión establecen la obligación de los Estados de prevenir la violencia contra periodistas y, cuando ocurre una agresión, investigar los hechos, identificar y sancionar a las personas responsables y garantizar medidas de reparación y no repetición.

La organización también retomó los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los riesgos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres periodistas.

La perspectiva de género resulta relevante no para asumir anticipadamente las razones del ataque, sino para que la investigación considere las diferentes dimensiones de riesgo que pueden confluir en una mujer que simultáneamente ejerce el periodismo, defiende derechos humanos y documenta conflictos relacionados con territorio y medio ambiente.

Exigen incorporar a Galicia al Mecanismo de Protección

Además de solicitar la intervención de la FEADLE, ARTICLE 19 pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporar a Estefanía Galicia como beneficiaria y establecer medidas para proteger tanto su integridad como la de su familia.

La investigación deberá esclarecer quién realizó el disparo, cuál fue el motivo y si existe alguna relación con su actividad periodística o su trabajo como defensora.

La agresión trasciende el daño material causado a una vivienda. Cuando existe la posibilidad de que una persona periodista haya sido atacada debido a su trabajo, esclarecer los hechos también constituye una obligación relacionada con el derecho colectivo de la sociedad a buscar, recibir y difundir información.

Determinar qué ocurrió en Xochimilco corresponde ahora a las autoridades, sin anticipar responsabilidades ni descartar líneas de investigación relevantes.

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Por Redacción LYPmultimedios | Política y Derechos Humanos

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (8 de junio de 2026). – El libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en Querétaro buscan dejar de ser actividades de alto riesgo para convertirse en garantías constitucionales.

La coordinadora de la fracción legislativa del Partido del Trabajo (PT), la diputada Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. El objetivo: incorporar expresamente la obligación del Estado y los municipios de proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, la presentación de la iniciativa no se limitó a la retórica legal, sino que se convirtió en una fuerte denuncia pública contra los mecanismos de censura modernos que operan en la entidad.

Los “sótanos del poder” y la violencia económica

Desde la tribuna, la legisladora lanzó una dura advertencia sobre cómo el acoso ha mutado. Señaló directamente la existencia de campañas negras orquestadas para desprestigiar a quienes cuestionan a las autoridades.

“Ningún, repito, ningún periodista debe ser objeto de campañas de linchamiento digital o campañas negras, como las que se han estado haciendo desde los sótanos del Poder en nuestro estado”, sentenció Díaz Gayou.

En un pronunciamiento inusual por su franqueza, la diputada abordó un tema históricamente silenciado: el uso del presupuesto gubernamental para castigar la línea editorial. Condenó el intento de silenciar voces críticas mediante el retiro de publicidad oficial o la exclusión de espacios institucionales.

“Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo. La presión económica también es violencia y así debe ser reconocida”, advirtió.

Activismo bajo amenaza: El caso de María José González

La iniciativa también arropa al sector activista. La legisladora trajo a colación el reciente caso de María José González, integrante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, quien denunció actos de intimidación a raíz de su participación en el debate de la Ley de Identidad de Género.

La diputada subrayó que, sin importar las posturas ideológicas, la intimidación por defender una causa es inaceptable y vulnera la democracia estatal.

Ruta crítica: Ley secundaria y presupuesto

Elevar este derecho a rango constitucional es solo el primer paso. Díaz Gayou adelantó que se convocará a un Parlamento Abierto durante este mes de junio con la participación de periodistas y activistas para diseñar la Ley Secundaria.

La premura legislativa tiene un propósito financiero: aprobar el marco normativo antes de octubre. De esta manera, los ayuntamientos y el Gobierno del Estado estarán obligados a contemplar partidas presupuestales específicas en 2027 para hacer operativos los mecanismos de protección, asegurando que esta reforma no quede en “letra muerta”.

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Garantía de libertad para el ejercicio periodístico

Durante su intervención, Menchaca aseguró que en su gobierno no se intentará coartar la labor de los medios de comunicación, subrayando que la crítica y el periodismo libre son esenciales para la rendición de cuentas.

“Tengan la seguridad de que nunca habrá, no existe ni existirá, […] en esta administración, la intención de inhibir la actividad de la crítica”, afirmó el mandatario, recordando que, en su etapa como legislador, promovió una reforma para proteger el secreto profesional de periodistas hidalguenses.

El periodismo, fundamental en tiempos de crisis

Por su parte, el presidente de la Fundación para la Comunicación y el Periodismo (Funcope), Alejandro Gálvez Díaz, destacó que, aunque actualmente hay una gran oferta informativa, la pandemia por Covid-19 evidenció el papel crucial de los medios en la sociedad.

“La libertad de expresión es el pilar de la democracia. Si estamos unidos, nadie nos callará”, enfatizó Gálvez, llamando a la comunidad periodística a mantenerse firme y cohesionada.

Periodismo: Más allá de las relaciones públicas

El secretario de Funcope, Fernando Hidalgo Vergara, señaló que la Semana del Periodismo ha crecido significativamente y que su objetivo es reconocer la labor de quienes informan a la población de manera crítica y objetiva.

“El periodismo tiene como objetivo mantener informada a la población, no hacer relaciones públicas”, afirmó, subrayando la necesidad de ejercer la profesión con rigor y ética.

Asimismo, destacó que, a pesar del clima de violencia que enfrenta la prensa en muchas regiones de México, Hidalgo se mantiene como un estado seguro para periodistas, aunque recordó el asesinato nunca esclarecido del periodista Alberto Rodríguez Torres en 1979.

Llamado a la nueva generación de periodistas

Finalmente, Julio Menchaca exhortó a las nuevas generaciones de periodistas a valorar la experiencia de quienes han dedicado su vida al oficio, subrayando la importancia del periodismo en el buen funcionamiento de la democracia.

“El periodismo es una actividad compleja, pero fundamental para nuestra sociedad”, concluyó.

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