El gobernador no mencionó al partido gobernante, pero trasladó al escenario local la ofensiva nacional con la que el PAN intenta asociar a Morena con el crimen organizado. Su protocolo ofrece una salida incómoda: someterse a filtros cuestionables o cargar con el costo de rechazarlos.

Querétaro, Qro. 24 de Agosto del 2026— Mauricio Kuri no pronunció la palabra Morena al presentar su “Protocolo Único Antinarcocandidatos”. No le hizo falta.

En el vocabulario político de 2026, expresiones como “narcocandidato”, “narcopolítico” y “narcopartido” dejaron de ser palabras neutrales. Forman parte de una ofensiva cuidadosamente articulada por la dirigencia nacional del PAN para colocar sobre Morena una sospecha colectiva: no sólo la responsabilidad individual de personajes investigados, sino la presunta infiltración criminal de todo un movimiento político.

La iniciativa del gobernador de Querétaro debe ser analizada dentro de ese contexto. Formalmente convoca por igual a los ocho partidos acreditados en la entidad. Políticamente, sin embargo, sus efectos no están distribuidos con la misma simetría.

El destinatario implícito es Morena.

Kuri propone que cada aspirante presente una declaración patrimonial exhaustiva, información fiscal, ausencia de conflictos de interés, constancias de antecedentes penales y obligaciones alimentarias, una prueba toxicológica, una verificación patrimonial independiente y un examen de polígrafo.

El planteamiento se presenta como un estándar universal de integridad. Pero también construye una encerrona discursiva particularmente eficaz rumbo a la disputa por la gubernatura en 2027: quien acepte el protocolo valida el marco narrativo del PAN; quien lo rechace puede ser colocado bajo sospecha; quien cuestione la utilidad del polígrafo corre el riesgo de ser presentado como alguien que teme ser examinado.

No es únicamente una propuesta de seguridad electoral. Es una pieza de posicionamiento.

Una acusación sin pronunciar el nombre

La arquitectura política del mensaje puede resumirse en una frase pronunciada por el propio gobernador: “Quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer”.

La expresión desplaza la carga de la prueba. En lugar de que una autoridad acredite con evidencias la existencia de vínculos delictivos, se exige que cada aspirante demuestre anticipadamente su inocencia mediante mecanismos definidos desde el poder.

Kuri tampoco presentó casos concretos de infiltración criminal en candidaturas queretanas ni un diagnóstico que permita dimensionar el riesgo dentro del estado. Su exposición partió de la violencia, las extorsiones, las desapariciones y la protección política observadas en otras entidades para construir una advertencia local: “Eso no va a ocurrir en Querétaro”.

La ausencia de nombres vuelve el mensaje jurídicamente prudente, pero políticamente elocuente.

Desde mayo, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ha sostenido que Morena se convirtió en un “narcopartido”. Acción Nacional ha difundido expresiones como “narcoestado de Morena”, “narcopacto”, “narcogobiernos” y “Morena protege a los criminales”.

La estrategia llegó a tribunales. El 29 de junio de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó las medidas cautelares que ordenaron retirar temporalmente diversas publicaciones del PAN y de Jorge Romero. La mayoría consideró, en un análisis preliminar, que esas piezas presentaban como un hecho cierto una relación entre Morena y el narcotráfico sin aportar sustento suficiente para atribuirla al partido como institución. La sentencia SUP-REP-27/2026 y acumulados documenta tanto las frases utilizadas como la lógica comunicativa de la campaña.

El protocolo de Kuri permite trasladar esa misma disputa a un terreno distinto. Ya no afirma directamente que Morena sea un partido asociado con el crimen; plantea una prueba pública y obliga a cada fuerza política a definirse frente a ella.

Es una maniobra más sofisticada: sustituye la acusación por el desafío.

Una regla universal con un efecto desigual

El llamado alcanza al PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM, Morena, PT, Partido Paz y Somos México, las ocho fuerzas acreditadas actualmente ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

No obstante, el escenario político convierte a Morena en el principal sujeto de presión. El partido se encuentra en pleno proceso para definir a la persona que encabezará los Comités de Defensa de la Transformación, antesala de su candidatura al gobierno estatal. Entre los perfiles mencionados públicamente se encuentran Santiago Nieto, Gilberto Herrera y Beatriz Robles, entre otros aspirantes.

El PAN, por su parte, intentará conservar uno de sus bastiones más importantes en el país. Después de casi tres décadas de predominio panista —interrumpidas solamente por el gobierno priista de José Calzada—, Morena considera a Querétaro una de sus prioridades electorales para 2027.

En ese tablero, el protocolo funciona como una prueba política anticipada para los aspirantes morenistas. Cada uno puede ser emplazado públicamente a entregar cuentas bancarias, inversiones, resultados toxicológicos y un polígrafo, aun cuando esos documentos no formen parte de los requisitos legales para obtener una candidatura.

Morena ya incorporó en su proceso interno filtros relacionados con antecedentes penales, violencia, obligaciones alimentarias y autorización para realizar consultas ante autoridades judiciales, de acuerdo con la convocatoria nacional reportada durante junio. La propuesta de Kuri eleva la apuesta al añadir exposición patrimonial ampliada, prueba de adicciones y control poligráfico.

El objetivo político no consiste solamente en aprobar o reprobar candidatos. También permite mantener la conversación electoral dentro del terreno elegido por el PAN: seguridad, crimen organizado y sospechas sobre Morena.

El polígrafo como escenografía de certeza

El instrumento central de la propuesta es también su componente más teatral.

El polígrafo posee una enorme potencia visual: una persona conectada a sensores, sometida a preguntas y evaluada por una máquina que aparenta distinguir la verdad de la mentira. El problema es que esa imagen de precisión no coincide con la evidencia científica.

El aparato no detecta falsedades. Registra variaciones fisiológicas —respiración, sudoración, presión arterial y ritmo cardiaco— que pueden presentarse tanto al mentir como al experimentar ansiedad, miedo o estrés.

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que la evidencia sobre la precisión del polígrafo en procesos de selección es extremadamente limitada. Su empleo puede producir falsos positivos y falsos negativos, particularmente cuando las preguntas son generales y no se relacionan con un hecho específico verificable.

La Suprema Corte mexicana ha admitido este instrumento como parte del control de confianza aplicado a integrantes de instituciones policiales, pero ha precisado que debe valorarse junto con otras evaluaciones. Ese régimen extraordinario no convierte al polígrafo en una prueba autónoma de inocencia ni, mucho menos, en un detector de relaciones criminales.

Un operador político podría aprobarlo y conservar empresas fachada, prestanombres o redes financieras opacas. Una persona sin vínculos delictivos podría reprobar por ansiedad. La máquina no rastrea dinero, no audita campañas y no reconstruye relaciones de poder.

En términos técnicos, es un filtro frágil. En términos propagandísticos, resulta formidable.

¿Consumo de sustancias o pertenencia criminal?

La prueba toxicológica introduce otra asociación problemática. Consumir una sustancia no equivale a formar parte de una organización criminal. Tampoco un resultado negativo demuestra honestidad, independencia patrimonial o ausencia de acuerdos con grupos delictivos.

Convertir una condición relacionada con la salud en un indicador de confiabilidad política puede alimentar estigmas sin aportar información relevante sobre el financiamiento o la captura de una candidatura.

Si el propósito es detener la infiltración criminal, las herramientas decisivas deberían encontrarse en la fiscalización del dinero, la identificación de beneficiarios reales, el origen de aportaciones, la evolución patrimonial y la investigación profesional de vínculos comprobables.

El protocolo se concentra en el cuerpo y las declaraciones del aspirante, pero dice poco sobre las redes económicas que pueden financiarlo.

Las preguntas que Kuri dejó fuera

El anuncio todavía no responde quién pagaría los exámenes, qué institución los aplicaría, quién formularía las preguntas, cómo se protegerían los datos personales y qué recurso tendría una persona ante un resultado erróneo.

Si las evaluaciones fueran financiadas por el Gobierno estatal, surgiría el cuestionamiento sobre el uso de recursos públicos en procesos internos partidistas. Si las pagaran los aspirantes, podría generarse una barrera económica. Si cada partido contratara a un proveedor diferente, sería difícil garantizar condiciones equivalentes.

Tampoco se aclaró qué ocurriría con las candidaturas independientes, a las que el gobernador no mencionó al convocar exclusivamente a los partidos.

La Constitución reconoce el derecho a ser votado y establece que las restricciones deben encontrarse en la ley. La legislación electoral queretana no contempla actualmente el polígrafo ni la prueba toxicológica como requisitos para registrar una candidatura.

Los partidos pueden adoptarlos como filtros internos voluntarios. Convertirlos en causas obligatorias de exclusión exigiría una reforma, un procedimiento con garantías y una revisión sobre su proporcionalidad.

El PAN también tendría que pasar por el detector

La jugada puede producir efectos contra sus propios promotores. Si el protocolo busca ser algo más que un instrumento contra Morena, el PAN tendría que aplicarlo sin excepciones a quienes aspiran a suceder a Kuri, a las candidaturas municipales, a quienes buscan la reelección y a perfiles provenientes de otros partidos.

El gobernador aseguró que, “en lo general”, las personas integrantes de su administración ya cumplen con esos estándares y que sus resultados son públicos. Sin embargo, su mensaje no incorporó enlaces, expedientes ni una relación verificable de funcionarios evaluados.

Antes de exigir transparencia extraordinaria a sus adversarios, el Ejecutivo podría publicar qué integrantes de su gabinete presentaron controles de confianza, cuándo lo hicieron, quién los evaluó y qué información puede consultar la ciudadanía.

De lo contrario, el protocolo corre el riesgo de convertirse en un certificado político administrado por quienes ya ejercen el poder.

La pregunta detrás del “muro”

La infiltración criminal en los procesos electorales es una amenaza demasiado grave para ser reducida a una etiqueta partidista. El problema no pertenece exclusivamente a Morena, al PAN ni a una región del país. Las organizaciones delictivas buscan gobiernos, policías, presupuestos, contratos y protección, sin una fidelidad ideológica permanente.

Por eso el protocolo de Kuri merece una discusión que vaya más allá de la reacción automática.

Su propuesta puede abrir la puerta a mejores controles patrimoniales y a una fiscalización más rigurosa. Pero también puede convertirse en el vehículo local de una campaña nacional destinada a fijar en el electorado una asociación entre Morena y el narcotráfico antes de que comiencen formalmente las campañas.

La regla parece general; el golpe tiene dirección.

Kuri ha colocado a Morena frente a una disyuntiva calculada: aceptar un examen diseñado por un adversario, rechazarlo y alimentar sospechas o cuestionarlo y ser acusado de temer a la transparencia.

Ahora corresponde al gobernador demostrar si busca construir una institución duradera o solamente imponer el tema sobre el que quiere que se dispute la elección de 2027.

Porque un muro contra la delincuencia se levanta con investigaciones, fiscalización y justicia. Un muro hecho de consignas, pruebas dudosas y sospechas selectivas puede terminar sirviendo para otra cosa: delimitar el campo de batalla electoral.

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El morenista defendió la autonomía profesional de la consejera del INE y sostuvo que la legislación contempla mecanismos para resolver posibles conflictos de interés. Acción Nacional pide que Humphrey se aparte únicamente de asuntos relacionados con una eventual candidatura de su esposo en Querétaro.

QUERÉTARO, QRO. 21 de agosto del 2026— Santiago Nieto Castillo rechazó el planteamiento de Acción Nacional para que la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, su esposa, se excuse de intervenir en asuntos del Instituto Nacional Electoral relacionados con una eventual candidatura suya a la gubernatura de Querétaro.

En un posicionamiento público, Nieto Castillo acusó de misoginia al dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, y al coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Guillermo Vega Guerrero. Consideró que sus señalamientos ponen en entredicho la autonomía profesional de Humphrey al sugerir que sus decisiones podrían responder a los intereses políticos de su esposo.

“El acto misógino contra mi esposa, la consejera Carla Humphrey Jordan, de Martín Arango y de Guillermo Vega no puede excusarse ni en la polarización política ni en la inmunidad parlamentaria”, sostuvo.

Nieto argumentó que esa narrativa no solamente agravia a Humphrey, sino a las mujeres profesionistas cuya independencia continúa siendo evaluada a partir de sus relaciones personales.

PAN pide una separación limitada a asuntos concretos

La controversia comenzó después de que Martín Arango solicitó que Humphrey se excuse de participar en decisiones vinculadas directamente con Santiago Nieto si este obtiene la candidatura de Morena al gobierno estatal en 2027.

El dirigente panista argumentó que la relación matrimonial podría generar cuestionamientos sobre la neutralidad del INE, particularmente en materia de fiscalización. La petición fue planteada como una medida preventiva para garantizar “piso parejo” entre los contendientes, no como una solicitud para separar a Humphrey de todos los asuntos electorales de Querétaro.

Posteriormente, la representación del PAN ante el Consejo General del INE pidió formalmente que la consejera no intervenga en deliberaciones o votaciones de las cuales pudiera derivarse una consecuencia directa para Nieto Castillo. Acción Nacional afirmó que su planteamiento no constituye una acusación anticipada de parcialidad.

Durante la discusión en el Congreso de Querétaro, Guillermo Vega también sostuvo que no pretendía cuestionar la trayectoria, capacidad o autonomía profesional de Humphrey. Presentó su postura como un asunto institucional relacionado con un potencial conflicto de interés.

Esta precisión no modificó la respuesta de Santiago Nieto, quien consideró que colocar bajo sospecha a la consejera exclusivamente por su matrimonio reproduce una descalificación de género y desconoce su trayectoria dentro de las instituciones electorales.

Nieto invoca legalidad y acusa cálculo electoral

El aspirante morenista afirmó que su actuación política y profesional se conduce bajo los principios de legalidad, transparencia y certeza. Añadió que no solicita excepciones para él o para Humphrey, sino la aplicación rigurosa y equitativa de las normas electorales.

“Creemos en las instituciones democráticas y en el profesionalismo de sus integrantes. No pedimos excepciones ni privilegios; exigimos, como siempre, que la ley se aplique con rigor y equidad para todos los actores políticos”, expresó.

También atribuyó el pronunciamiento panista a un cálculo político frente a la sucesión gubernamental de 2027. Aseguró que su prioridad continuará centrada en el diálogo, la presentación de propuestas y las necesidades de las familias queretanas.

La candidatura de Morena todavía no está definida. Nieto participa en actividades territoriales y ha manifestado su intención de encabezar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación en la entidad, pero su eventual postulación dependerá del procedimiento interno de su partido.

El antecedente de 2024

El debate posee un antecedente institucional relevante. Durante el proceso electoral de 2024, Carla Humphrey solicitó apartarse de asuntos relacionados directamente con la candidatura de Santiago Nieto al Senado.

La versión estenográfica del Consejo General del INE del 14 de abril de 2024 consigna que la consejera presentó una excusa respecto de un punto en el que estaba involucrado su cónyuge. El Consejo General aprobó su solicitud por unanimidad con fundamento en el artículo 25 de su Reglamento de Sesiones.

El INE también registró otras excusas presentadas por Humphrey para abstenerse de conocer proyectos de resolución en los que Nieto aparecía como candidato denunciado.

Estos antecedentes muestran que el ordenamiento electoral dispone de procedimientos para atender asuntos concretos en los que pueda existir un interés familiar. No implican una separación automática de la consejera de todos los temas relacionados con Querétaro ni demuestran que haya actuado de manera parcial.

Dos controversias que deberán distinguirse

La discusión contiene dos planos diferentes. El primero es jurídico: determinar en qué asuntos específicos podría actualizarse un impedimento y quién debe resolverlo. Esa decisión corresponde al Consejo General del INE y, en su caso, a los tribunales electorales.

El segundo es político y discursivo: establecer si los argumentos utilizados para plantear el posible conflicto de interés descalifican la autonomía de Humphrey debido a su condición de esposa. Nieto sostiene que así ocurrió; los dirigentes panistas lo niegan y afirman que su petición es estrictamente institucional.

El posicionamiento de Santiago Nieto califica las expresiones como misóginas, pero no anuncia la presentación de una denuncia ni precisa qué autoridad debería examinar esa conducta. Por ahora, la acusación permanece en el terreno del debate político.

La controversia no debería resolverse mediante presunciones sobre la conducta de la consejera ni con descalificaciones personales. La legislación ya contempla excusas y recusaciones para casos determinados. Su aplicación deberá basarse en actos concretos, con derecho de audiencia y mediante una resolución institucional, no en la conveniencia electoral de Morena o del PAN.

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La discusión gira en torno a si el documento aprobado constituye jurídicamente un “proyecto alternativo”

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 21 de agosto de 2026.— La diputada local Leonor Mejía Barraza, del Grupo Legislativo del PAN, sostuvo que el dictamen sobre las observaciones a la reforma del Código Civil en materia de identidad de género se aprobó sin la mayoría calificada que, en su lectura, exige la Constitución del estado.

El documento fue avalado el 19 de agosto con 15 votos a favor y 10 en contra. Mejía Barraza plantea que, al integrarse la LXI Legislatura por 25 diputados, eran necesarios 17 votos —las dos terceras partes.

“No debemos aprobar leyes cuya validez nazca cuestionada desde el momento mismo de su votación. La Constitución no se negocia. ¡La Constitución se cumple!”, expresó desde tribuna.

El argumento de la legisladora

Mejía Barraza fundamentó su planteamiento en dos disposiciones.

La primera es el artículo 19 de la Constitución del Estado, que establece un procedimiento específico cuando el Poder Ejecutivo formula observaciones a una ley previamente aprobada. Al tratarse —en su lectura— de una segunda deliberación legislativa sobre el mismo asunto, correspondía aplicar la mayoría reforzada.

La segunda es el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también refiere el voto de las dos terceras partes ante observaciones del Ejecutivo.

El núcleo de su argumento, sin embargo, no está en las cifras sino en la naturaleza del documento: sostuvo que denominar “proyecto alternativo” a un dictamen no modifica su naturaleza jurídica ni permite apartarlo del procedimiento constitucional aplicable.

Qué establecen las normas invocadas

Para entender el debate conviene tener a la vista el texto completo de las disposiciones en juego, porque ambas partes se apoyan en el mismo artículo.

El artículo 19 constitucional, en efecto, dispone que un proyecto observado por el Ejecutivo requiere dos terceras partes para aprobarse de nueva cuenta. Pero la fracción VII de ese mismo artículo contempla expresamente un supuesto distinto:

“Si la Legislatura al resolver sobre un proyecto observado, presentara un proyecto alternativo, a éste se le dará tratamiento de proyecto enviado para su publicación por primera vez.”

En términos idénticos, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo —titulado precisamente “Proyecto alternativo”— establece que cuando una comisión presenta un proyecto alternativo al observado y este es aprobado, se le da tratamiento de proyecto enviado por primera vez para publicación.

De modo que la controversia no es si existe la figura del proyecto alternativo —está prevista tanto en la Constitución como en la ley secundaria—, sino si el dictamen aprobado el 19 de agosto reúne o no las características para considerarse uno.

La posición de quienes respaldaron el dictamen

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez, de Morena, sostuvo durante la sesión que el documento sí constituye un proyecto alternativo, por incorporar cambios sustanciales respecto del aprobado originalmente el 30 de abril. La Mesa Directiva asumió ese criterio y consideró aprobado el dictamen con los 15 votos obtenidos.

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, explicó al término de la sesión: “Al ser una iniciativa alternativa, procede la mayoría simple, es decir, con 13 votos se pasa para su publicación.”

Los cambios que se invocan como sustantivos incluyen, según explicó el diputado Eric Silva Hernández, que el trámite sea personalísimo —solo puede realizarlo la persona interesada, sobre actas en las que figure como titular—, y que el reconocimiento de la identidad de género no modifique ni extinga obligaciones, investigaciones, procesos judiciales, responsabilidades penales ni resoluciones previamente existentes. A ello se suman precisiones sobre reserva documental, protección de datos, trazabilidad registral, gratuidad, capacitación del personal y régimen transitorio.

Cómo votó cada bancada

A favor del dictamen se pronunciaron las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y la diputada Georgina Guzmán, del PVEM. En contra votaron PAN, PRI y la diputada Perla Flores, también del PVEM.

Lo que sigue en el proceso

El dictamen fue remitido al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días naturales para formular observaciones o, en su defecto, un plazo de 30 días para su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

La discusión sobre la mayoría requerida podría, eventualmente, plantearse ante instancias jurisdiccionales. En el sistema mexicano, las controversias sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo local se resuelven mediante acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vías que pueden promover, entre otros, un porcentaje de los integrantes de la propia Legislatura, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ninguna de esas acciones había sido anunciada al cierre de esta edición.

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El diputado del Sexto Distrito llevará el ejercicio a colonias y comunidades, en el formato anunciado por su bancada

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 20 de agosto de 2026.— El diputado Mauricio Cárdenas Palacios, del Grupo Legislativo del PAN, inició la difusión de su segundo informe de actividades legislativas, en el formato de recorridos por colonias y comunidades que la bancada panista anunció para el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de agosto.

“He estado presente en las colonias y comunidades de mi distrito y en todo el municipio de Querétaro, escuchando y atendiendo a las y los ciudadanos, porque las y los diputados debemos estar en donde está la gente para atender y resolver, porque para eso fuimos electos”, señaló el legislador.

Cárdenas Palacios fue electo por el Sexto Distrito con 44 mil 989 votos.

La iniciativa que ya es ley: injerencia sindical

De las propuestas que reporta, una completó todo el proceso legislativo. Presentada el 18 de febrero de este año y aprobada por unanimidad en el Congreso local, la iniciativa armoniza la legislación queretana con la reforma federal publicada el 15 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Su contenido concreto: modifica la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal para establecer que cualquier acto de injerencia de un servidor público en la vida interna de un sindicato constituye una falta administrativa grave, sujeta a sanción. La reforma federal que le dio origen adicionó el artículo 64 a la Ley General de Responsabilidades Administrativas con ese propósito.

En términos prácticos, significa que un funcionario público no puede intervenir, coaccionar, intimidar ni condicionar recursos para influir en los procesos internos, elecciones o administración de un sindicato. La iniciativa incluye un listado de supuestos que podrían constituir actos de injerencia, y no implica impacto presupuestal por tratarse de una armonización obligatoria para las entidades federativas.

“No debe de tener ninguna injerencia de ningún servidor público en sus procesos internos”, explicó el legislador al presentarla, en referencia a los sindicatos que celebran procesos internos en el estado.

Salud mental como derecho

Cárdenas Palacios presentó también una iniciativa para fortalecer la atención a la salud mental y reconocerla expresamente como un derecho de las y los queretanos.

Su planteamiento operativo es la coordinación entre las instituciones de salud y de juventud, con el propósito de ampliar el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos en todo el estado.

El tema coincide con otras iniciativas en curso en el Congreso local: la convocatoria “Legislatura de la Juventud 2026”, que este año pide a los participantes elaborar precisamente una iniciativa de ley en materia de salud mental, y la discusión nacional sobre el impacto del uso de plataformas digitales entre adolescentes.

La carretera 57 y el suministro eléctrico

En materia de gestión, el legislador presentó un exhorto para reducir las tarifas de peaje y reforzar la seguridad en la carretera federal 57, la vía que conecta a Querétaro con el centro y el norte del país y que atraviesa el estado como su principal corredor logístico.

También solicitó a la Comisión Federal de Electricidad una respuesta y un plan de acción que garantice un servicio eléctrico confiable para las familias queretanas. Esa gestión, según reportó su oficina, derivó en un encuentro de trabajo con directivos de la comisión.

Otras iniciativas del periodo

El informe incluye además dos propuestas en materia laboral y de derechos:

• Que las personas declaradas deudoras alimentarias pierdan la posibilidad de ser trabajadores del Estado.
• La prohibición expresa de la discriminación laboral por embarazo y maternidad.

Ambos temas guardan relación con reformas recientes en el estado: el requisito de no ser deudor alimentario quedó incorporado a las condiciones de elegibilidad para candidaturas en la reforma electoral aprobada en julio, y la protección frente a la discriminación por maternidad ha sido planteada también desde otras bancadas en el marco de la discusión sobre trabajo de cuidados.

El contexto del periodo de informes

Este ejercicio corresponde al segundo año de la LXI Legislatura, instalada el 26 de septiembre de 2024 y que concluirá funciones el 25 de septiembre de 2027.

El coordinador de la bancada panista, Guillermo Vega Guerrero, anunció esta semana que los diputados de ese grupo rendirán sus informes entre el 18 y el 30 de agosto, incorporando el ejercicio a sus recorridos cotidianos en territorio.

“Tras ganar las elecciones me comprometí a regresar a las colonias y comunidades de mi distrito”, recordó Cárdenas Palacios, quien aseguró haber cumplido ese compromiso con un trabajo “cercano, presente y permanente”.

Lo que sigue

Las fechas, sedes y horarios de las presentaciones se difunden a través de la oficina de enlace del legislador. El periodo de informes de la bancada panista concluye el 30 de agosto.

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El coordinador Guillermo Vega Guerrero anunció que el ejercicio se realizará durante las giras cotidianas en calles y colonias

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de agosto de 2026.— Los diputados del Grupo Legislativo del PAN en la LXI Legislatura presentarán su informe anual de actividades entre el 18 y el 30 de agosto, en un formato que privilegia el contacto directo en territorio sobre el acto protocolario.

“Hay trabajo, hay resultados, hay gestiones, por lo que aprovecharemos nuestros recorridos que hacemos cotidianamente, para realizar este ejercicio de rendición de cuentas de cara a la población que representamos”, afirmó el coordinador de la bancada, diputado Guillermo Vega Guerrero.

El formato: en la calle

La decisión de fondo que anuncia el boletín es de método. En lugar de concentrar el informe en un evento masivo con invitados, la bancada panista lo incorporará a los recorridos que sus integrantes realizan en calles, colonias y comunidades de sus distritos.

Vega Guerrero señaló que el ejercicio responde a “una agenda ciudadana” y que existe “una gran labor que se realiza de manera permanente en las calles”. Añadió que será una oportunidad para exponer el trabajo de los representantes panistas, orientado —dijo— por los principios de patria, familia y libertad.

Qué es el informe legislativo y por qué se realiza en agosto

El informe anual de actividades es una obligación de las y los legisladores queretanos establecida en la normatividad del Poder Legislativo. Su propósito es que cada diputado rinda cuentas ante quienes lo eligieron sobre iniciativas presentadas, dictámenes trabajados, gestiones atendidas y actividades en territorio durante el año de ejercicio.

El calendario responde a la propia estructura de la Legislatura: la LXI se instaló el 26 de septiembre de 2024, por lo que su segundo año constitucional concluye a finales de septiembre de este año. De ahí que los informes se concentren en agosto y septiembre.

Se trata del segundo informe de esta Legislatura, que concluirá funciones el 25 de septiembre de 2027.

Un informe que ya se adelantó

Una integrante de la propia bancada panista presentó el suyo antes del periodo anunciado: la diputada Juliana Hernández Quintanar rindió su Segundo Informe el pasado 8 de agosto en el Teatro Metropolitano, ante más de un millar de asistentes, en formato de acto público.

Ese contraste ilustra que dentro de un mismo grupo legislativo conviven ambos modelos: el evento con auditorio y el recorrido en territorio.

Cómo se integra la Legislatura

La LXI Legislatura está conformada por 25 diputados: 15 electos por mayoría relativa en los distritos locales y 10 asignados por representación proporcional. Ninguna fuerza política cuenta por sí sola con mayoría absoluta, lo que ha obligado a construir acuerdos en las reformas de mayor calado —como la electoral aprobada en julio y la judicial que se analiza actualmente en comisiones unidas.

Vega Guerrero, además de coordinar la bancada del PAN, preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y fue presidente municipal de San Juan del Río en dos periodos.

Lo que sigue

El periodo de informes concluye el 30 de agosto. Las sedes, fechas y horarios específicos de cada legislador se difunden a través de sus respectivas oficinas de enlace y redes sociales.

Los informes de otros grupos legislativos se realizarán conforme al calendario que defina cada bancada dentro del mismo año constitucional, que concluye el 25 de septiembre.

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El aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro recogió denuncias sobre inseguridad y escrituración; prometió asesoría jurídica, pero no precisó plazos, recursos ni mecanismos de atención.

Querétaro, Qro., 12 de agosto de 2026.— Santiago Nieto Castillo trasladó su ofensiva política contra los gobiernos panistas a la colonia Desarrollo San Pablo, donde encabezó una jornada de brigadeo y una asamblea informativa en la que llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, defender la soberanía nacional y organizarse para impulsar la llegada de Morena al gobierno de Querétaro.

Nieto Castillo participa como aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posición interna que podría colocarlo en la ruta hacia la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. El morenista formalizó su registro en junio y desde entonces ha intensificado sus recorridos por colonias y municipios de la entidad.

Durante el encuentro, habitantes de Desarrollo San Pablo denunciaron robos a viviendas, insuficiente presencia policial y problemas para obtener las escrituras de sus propiedades. El comunicado atribuyó a los vecinos la existencia de una “severa crisis de inseguridad” y una “total inacción” de los cuerpos municipales, aunque no aportó estadísticas de la colonia, números de denuncias, periodos de comparación ni testimonios identificables que permitan dimensionar esos señalamientos.

Nieto ofreció gestionar apoyo y asesoría jurídica para las familias con dificultades patrimoniales. Sin embargo, no detalló qué institución prestaría el servicio, cuántos hogares podrían recibirlo, cuándo comenzaría la atención ni si existe algún convenio con las autoridades competentes.

La escrituración sí es un problema reconocido oficialmente

La demanda patrimonial expuesta durante la asamblea tiene un antecedente verificable. El Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro incluye expresamente a Desarrollo San Pablo entre las colonias contempladas en su programa de regularización y escrituración para inmuebles adquiridos mediante organismos como INDECO, COMEVI, IVEQRO o IVEQ.

El programa oficial del IVEQ ofrece asesoría jurídica, gestión de trámites y posibles estímulos fiscales para otorgar certeza sobre la propiedad. Esto confirma que en la colonia persisten casos pendientes de regularización, pero también que ya existe una ruta institucional para atenderlos.

La propuesta de Nieto necesitaría explicar si pretende acompañar a las familias dentro de ese programa, intervenir en expedientes que no cumplen sus requisitos o crear un mecanismo distinto. Sin esa precisión, el compromiso permanece en el terreno de la gestión política.

Denuncia vecinal y estadística municipal

En materia de seguridad existe una diferencia entre la percepción expresada por los habitantes y los datos agregados para todo el municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que, de enero a junio de 2026, el robo a casa habitación disminuyó 32 por ciento frente al mismo periodo de 2025. La dependencia también reportó una reducción de 12 por ciento en los delitos patrimoniales y de 2 por ciento en la incidencia total, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte difundido por la policía municipal no invalida la posibilidad de que Desarrollo San Pablo enfrente una concentración particular de robos. Las cifras municipales abarcan toda la capital y pueden coexistir con focos localizados de inseguridad. Tampoco miden la cifra negra, es decir, los delitos que no son denunciados.

Sin datos desagregados por colonia, no es posible confirmar la “crisis” descrita en el boletín, pero tampoco desechar las preocupaciones vecinales únicamente con promedios municipales. Una respuesta verificable requeriría conocer denuncias, llamadas de emergencia, horarios de mayor incidencia, patrullajes y resultados operativos específicos de la zona.

Acusaciones contra el PAN sin pruebas documentales

Nieto acusó a los gobiernos panistas de actuar con soberbia, desviar recursos hacia personas allegadas y condicionar los apoyos sociales. El comunicado no adjuntó contratos, expedientes administrativos, padrones de beneficiarios, auditorías ni denuncias formales que acrediten esas conductas.

“No hay PAN que dure 30 años ni pueblo que los aguante; ya se van”, sentenció el aspirante morenista.

La frase forma parte del enfrentamiento electoral, pero no describe literalmente una permanencia ininterrumpida de tres décadas. El PAN gobernó Querétaro entre 1997 y 2009; el PRI recuperó el Poder Ejecutivo con José Calzada Rovirosa de 2009 a 2015, y Acción Nacional volvió al gobierno con Francisco Domínguez y posteriormente con Mauricio Kuri. La cronología de gobernadores de la entidad confirma esa alternancia.

Por tanto, afirmar que “el PAN ya se va” constituye una previsión política de Nieto, no un hecho consumado. La continuidad o salida del partido se resolverá en las urnas durante la elección estatal de 2027. El boletín tampoco incorporó una respuesta de Acción Nacional a las acusaciones formuladas.

De la soberanía nacional a la disputa por Querétaro

Nieto vinculó la defensa de la soberanía nacional con asuntos locales como seguridad, agua y certeza patrimonial. Sostuvo que estos derechos deben dejar de ser un “negocio particular” y convertirse en una realidad para la población.

El mensaje busca enlazar la popularidad y el proyecto político de Claudia Sheinbaum con la disputa por el gobierno queretano. No obstante, durante la asamblea no se identificó una amenaza concreta contra la soberanía nacional ni se presentó un programa específico para resolver los problemas denunciados en Desarrollo San Pablo.

La jornada permitió a Nieto reforzar su presencia territorial y recoger demandas ciudadanas, pero dejó pendientes los elementos que convertirían el discurso en una propuesta evaluable: diagnósticos, metas, presupuesto, autoridades responsables y fechas de cumplimiento.

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El partido gobernante sostiene que la libertad de expresión no obliga al Estado a proporcionar su tribuna; la controversia surge por una propuesta para someter las conferencias presidenciales al derecho de réplica

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.— Morena rechazó la propuesta del Partido Acción Nacional para que las conferencias presidenciales queden sujetas a mecanismos de réplica y sostuvo que la libertad de expresión no obliga al Gobierno federal a entregar a la oposición “el micrófono, el espacio, los recursos públicos y la audiencia” de las mañaneras.

En un comunicado difundido el 12 de agosto, el partido gobernante respondió al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y aseguró que Acción Nacional ya dispone de prerrogativas, legisladores, tribunas parlamentarias, acceso a medios de comunicación y conferencias propias para expresar sus posiciones.

“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran”, señaló Morena, antes de afirmar que la demanda panista no busca garantizar libertades, sino recuperar privilegios políticos.

El pronunciamiento forma parte de una controversia más amplia sobre los derechos de las audiencias, la regulación de los contenidos informativos y la responsabilidad de las autoridades cuando realizan señalamientos desde plataformas financiadas con recursos públicos.

El PAN pide derecho de réplica, no una tribuna permanente

La respuesta de Morena presenta la pretensión panista como una solicitud para que el Gobierno entregue su espacio de comunicación a la oposición. Sin embargo, la propuesta discutida por Acción Nacional tiene un alcance más específico: incorporar las mañaneras entre los ejercicios sujetos al derecho de réplica cuando en ellas se difunda información falsa o inexacta que cause un agravio.

El derecho de réplica no equivale a entregar de manera permanente una conferencia presidencial a otro partido. Consiste en permitir que una persona o institución directamente aludida responda o solicite la rectificación de información concreta bajo condiciones establecidas por la ley.

La legislación federal vigente regula procedimientos de réplica frente a información falsa o inexacta difundida por medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes. El debate consiste en determinar si un ejercicio gubernamental de comunicación directa, como la mañanera, debe quedar expresamente sujeto a reglas semejantes.

La propuesta del PAN todavía debe transitar por el Congreso y no implica que exista actualmente una obligación de reservar lugares, entregar micrófonos o permitir la participación cotidiana de dirigentes opositores en Palacio Nacional.

Morena contrapone legitimidad electoral y autoridad moral

Morena argumentó que no existe equivalencia política entre los partidos opositores, rechazados —afirmó— en las elecciones de 2018 y 2024, y un movimiento que ha refrendado su respaldo en las urnas.

El comunicado destacó que Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos en la elección presidencial. El dato coincide con los resultados del Instituto Nacional Electoral: la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia recibió 35 millones 924 mil 519 sufragios, equivalentes a 59.75 por ciento de la votación, según los cómputos oficiales del INE.

Esa votación acredita una amplia legitimidad de origen para ejercer la Presidencia. No obstante, una mayoría electoral no vuelve verdaderas por definición las afirmaciones del Gobierno ni reduce los derechos de quienes votaron por otras opciones.

En una democracia, el mandato mayoritario permite gobernar, pero coexiste con el pluralismo, el derecho de las minorías a disentir y la obligación de las autoridades de sustentar la información que difunden. La veracidad de un señalamiento no se determina por el número de votos de quien lo formula.

Morena también atribuyó “autoridad moral” a su presidenta nacional, Ariadna Montiel. Esa valoración pertenece al terreno partidista y no constituye un criterio jurídico para resolver controversias sobre libertad de expresión o derecho de réplica.

El comunicado responde con nuevas descalificaciones

El partido oficial acusó a Romero de pertenecer al denominado “cártel inmobiliario” y llamó “corrupto” al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ambas expresiones deben entenderse como acusaciones políticas formuladas por Morena. El comunicado no incorpora sentencias firmes que permitan presentar a los dos dirigentes como responsables judicialmente acreditados de esos señalamientos.

Esta circunstancia introduce una contradicción discursiva: el partido exige que la oposición no lance acusaciones sin pruebas, pero en el mismo documento emplea calificativos incriminatorios sin exponer los elementos o resoluciones que los sostienen.

La crítica severa, incluso ofensiva, disfruta de una protección amplia dentro del debate político. Sin embargo, la imputación concreta de delitos falsos puede rebasar ese margen y convertirse en calumnia. La diferencia no la establece unilateralmente el partido señalado ni quien emite la acusación: corresponde a las autoridades competentes analizar el contenido, el contexto y las pruebas.

La frontera entre crítica y calumnia

La frase central del comunicado —“no confundan libertad de expresión con derecho a mentir”— contiene un principio atendible, pero jurídicamente incompleto.

La libertad de expresión no protege de manera absoluta la imputación deliberada de hechos o delitos falsos. Al mismo tiempo, tampoco permite que el Gobierno o un partido definan por sí solos qué opinión constituye una mentira y ordenen silenciarla.

La Suprema Corte ha sostenido que los partidos, funcionarios y figuras públicas deben soportar un nivel mayor de escrutinio y crítica. Incluso las expresiones incómodas, vehementes o desagradables pueden quedar protegidas cuando forman parte de la deliberación sobre asuntos públicos.

La calumnia político-electoral requiere un análisis más estricto. El Tribunal Electoral ha señalado que debe existir la imputación de hechos o delitos falsos y, conforme al estándar de malicia efectiva, conocimiento de la falsedad o actuación temeraria frente a ella.

Dos resoluciones recientes muestran que el criterio depende del contenido concreto. En junio de 2026, la Sala Superior confirmó la improcedencia de retirar promocionales del PAN al considerar preliminarmente que contenían opiniones políticas y no imputaciones directas de delitos falsos. La sentencia SUP-REP-26/2026 protegió esas expresiones dentro del debate público.

Días después, el tribunal confirmó medidas cautelares contra otras publicaciones atribuidas al PAN y a Jorge Romero relacionadas con expresiones como “narcopartido” y supuestos vínculos entre Morena y el crimen organizado. En ese caso, la sentencia SUP-REP-27/2026 mantuvo la decisión del INE mientras continuaba el procedimiento.

Los precedentes no autorizan una censura general de la oposición ni establecen que cualquier crítica a Morena sea calumniosa. Confirman que cada expresión debe examinarse individualmente.

¿Debe el Gobierno prestar su micrófono?

Morena tiene razón en un punto limitado: la libertad de expresión no garantiza a ningún partido el uso irrestricto de una plataforma gubernamental. Acción Nacional puede emitir comunicados, organizar conferencias, utilizar sus tiempos oficiales y ocupar las tribunas legislativas.

Pero la discusión planteada por el PAN no se agota en el acceso a un micrófono. La mañanera es una plataforma financiada con recursos públicos, encabezada por la titular del Poder Ejecutivo y reproducida ampliamente por medios y canales institucionales. Desde ese espacio pueden difundirse datos oficiales, opiniones políticas y señalamientos contra personas, empresas, periodistas u organizaciones.

Precisamente por su alcance y naturaleza pública, la conferencia tiene una capacidad de amplificación que no es equivalente a la de una rueda de prensa partidista. Someter determinadas afirmaciones a mecanismos de corrección no necesariamente supondría entregar el control editorial de la mañanera a la oposición.

El problema consiste en diseñar un procedimiento que permita corregir datos demostrablemente falsos sin convertir la réplica en una herramienta para colonizar la conferencia presidencial, bloquear la crítica gubernamental o producir confrontaciones partidistas cotidianas.

Entre los puntos que tendría que resolver una eventual reforma se encuentran:

• Quién puede solicitar la réplica.
• Qué constituye información falsa o inexacta.
• Qué autoridad decide su procedencia.
• En qué formato y plazo debe difundirse.
• Si la respuesta debe aparecer dentro de la conferencia o en una plataforma institucional equivalente.
• Cómo evitar que el Gobierno sea juez de sus propias afirmaciones.
• Qué mecanismo de revisión tendría una negativa.
• Cómo distinguir hechos verificables de opiniones políticas.

El alcance electoral no define la libertad

Morena afirmó que el alcance del PAN es “raquítico” porque perdió la confianza ciudadana. El comunicado no ofrece mediciones de audiencia que respalden esa afirmación.

Aun si la capacidad de convocatoria de un partido fuera reducida, ese dato no definiría la extensión de sus derechos. La libertad de expresión protege tanto a las fuerzas mayoritarias como a las minoritarias; de otro modo, dejaría de ser un derecho y se convertiría en una prerrogativa determinada por la popularidad.

Del mismo modo, los recursos públicos asignados a los partidos y el acceso a tiempos oficiales no resuelven automáticamente el derecho de una persona aludida desde una plataforma gubernamental a responder una afirmación específica.

La controversia exige abandonar dos simplificaciones. La oposición no posee un derecho automático a ocupar la mañanera, pero el Gobierno tampoco puede asumir que su legitimidad electoral lo exime de corregir información falsa.

Morena concluyó que el PAN está confundiendo libertad con privilegios. El debate legislativo deberá determinar si se trata realmente de una demanda de acceso partidista o de una propuesta viable para exigir responsabilidad informativa a la tribuna más poderosa del país.

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El partido oficialista sostuvo que las conferencias presidenciales fortalecen el derecho a la información y permiten al gobierno responder públicamente a sus críticos. Sin embargo, su comunicado no identifica una propuesta concreta del PAN para cancelar el ejercicio; el antecedente inmediato es la discusión sobre si los derechos de las audiencias también deben aplicarse a las mañaneras y a los medios públicos.

Ciudad de México.— Morena defendió las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum como un mecanismo de comunicación directa, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que acusó al Partido Acción Nacional y al PRI de pretender limitar la capacidad del gobierno para responder públicamente a cuestionamientos y acusaciones.

En un comunicado difundido este 10 de agosto, el partido sostuvo que la información pública “no es una mercancía ni un privilegio” y aseguró que la mañanera transformó la relación entre el poder y la ciudadanía al establecer un espacio cotidiano en el que el Ejecutivo informa sobre sus decisiones y responde preguntas de medios nacionales, locales, independientes y comunitarios.

“La Mañanera le devuelve la palabra al pueblo. Por eso la derecha quiere silenciarla”, afirmó Morena al cierre de su posicionamiento.

La declaración forma parte de una confrontación política más amplia sobre los límites de la comunicación gubernamental, la libertad editorial y los derechos de las audiencias. Morena presenta el debate como un intento de la oposición por clausurar o neutralizar la conferencia presidencial; no obstante, el documento no cita una iniciativa, denuncia o petición formal del PAN que proponga eliminarla.

El antecedente: los derechos de las audiencias

La controversia inmediata surgió durante la discusión de los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias de radio y televisión.

El 29 de julio, legisladores de oposición cuestionaron que las reglas pudieran generar intervenciones indebidas en los contenidos periodísticos o decisiones editoriales. La panista Kenia López Rabadán planteó que la consulta debía precisar si estos lineamientos también serían aplicables a las conferencias matutinas y a los medios públicos que retransmiten una parte considerable de su contenido.

De acuerdo con la posición recogida entonces, el PAN no planteó cerrar la mañanera, sino analizar su naturaleza y determinar si debía sujetarse a las mismas reglas previstas para contenidos difundidos mediante radio y televisión.

La diferencia no es menor. Solicitar que un ejercicio de comunicación oficial esté sujeto a reglas o mecanismos de protección de audiencias no equivale, por sí mismo, a pedir su cancelación.

Morena, sin embargo, interpretó el planteamiento como un intento de impedir que el gobierno pueda responder a las acusaciones de sus adversarios.

Morena reivindica el formato creado por López Obrador

En su comunicado, el partido atribuyó a la Cuarta Transformación la apertura de un diálogo público “sin intermediarios” y sostuvo que, durante los gobiernos del PRI y el PAN, las decisiones se tomaban desde la opacidad y mediante acuerdos con las élites.

También aseguró que las conferencias matutinas rompieron un supuesto monopolio de la información y constituyen una práctica democrática prácticamente única en el mundo.

Estas afirmaciones forman parte de la narrativa política de Morena, pero el documento no aporta datos comparativos sobre acceso a la información, número y diversidad de periodistas acreditados, preguntas respondidas, solicitudes de transparencia atendidas o mecanismos independientes de verificación.

La asistencia de periodistas y la transmisión en vivo permiten observar directamente las respuestas del gobierno. Sin embargo, la conferencia continúa siendo un espacio organizado, financiado y administrado por el Poder Ejecutivo, que determina la agenda, la duración, las personas funcionarias que participan y el orden de las intervenciones.

Por ello, la comunicación directa no puede considerarse automáticamente equivalente a transparencia o rendición de cuentas. Estas últimas también requieren documentos públicos, datos verificables, archivos accesibles, respuestas formales, auditorías y consecuencias administrativas o políticas cuando se detectan irregularidades.

Responder a la prensa también tiene límites

Morena afirmó que el PAN y el PRI pretenden acusar y descalificar sin aceptar una respuesta del gobierno. Según el partido, la democracia debe permitir que todas las versiones sean contrastadas públicamente.

El derecho de las autoridades a responder existe, pero no es ilimitado. El poder institucional, el uso de recursos públicos y la capacidad de difusión de la Presidencia obligan a distinguir entre una aclaración documentada, una opinión política y la descalificación de periodistas o medios.

Un criterio judicial publicado en 2025 abordó precisamente esa frontera. Un Tribunal Colegiado determinó que la creación verbal de la sección “Quién es quién en las mentiras”, utilizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vulneró derechos al carecer de reglas objetivas y límites previamente establecidos.

La tesis disponible en el Semanario Judicial de la Federación se refiere a aquella sección específica y no declara ilegal el formato completo de las mañaneras. Sin embargo, establece que los mecanismos de comunicación presidencial deben operar con parámetros claros, respeto a la libertad de prensa, derecho de réplica y criterios de objetividad.

La Suprema Corte también ha sostenido que la libertad de expresión y el derecho a la información son elementos indispensables para formar una opinión pública democrática. Esta protección comprende tanto la comunicación gubernamental como la posibilidad de cuestionar al poder sin sufrir represalias.

El gobierno habla; la prensa conserva su función

El comunicado de Morena sostiene que los gobiernos de la Cuarta Transformación informan y responden “frente a millones de mexicanas y mexicanos”. También señala que en las conferencias participan medios con distintas posiciones editoriales y que ahí se confrontan datos y versiones.

El ejercicio puede ampliar el acceso ciudadano a la postura oficial y ofrecer información de interés público en tiempo real. Pero no elimina la necesidad de intermediación periodística.

Los medios no cumplen únicamente la función de repetir declaraciones. También verifican cifras, contrastan versiones, consultan documentos, investigan hechos omitidos y confrontan las afirmaciones oficiales con sus resultados.

La ciudadanía tiene derecho a escuchar directamente al gobierno, pero también a recibir información producida fuera del control gubernamental. Ambos espacios pueden coexistir. El problema aparece cuando una conferencia financiada con recursos públicos se presenta como la única fuente legítima de verdad o cuando cualquier cuestionamiento se reduce a una disputa entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios.

La mañanera puede ser un instrumento de comunicación pública y rendición de cuentas siempre que mantenga apertura, pluralidad, documentación verificable y respeto a la crítica. Someterla a reglas no implica necesariamente censurarla; también puede significar reconocer que incluso la comunicación directa del poder debe estar sujeta a responsabilidades democráticas.

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La legisladora reporta 503 actividades en territorio y 5 mil gestiones ante un Teatro Metropolitano lleno

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 8 de agosto de 2026.— Ante más de un millar de asistentes en el Teatro Metropolitano, la diputada local Juliana Hernández Quintanar, del Grupo Legislativo del PAN, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en el que afirmó que su trabajo ha estado guiado por la cercanía, el humanismo político y la defensa de la dignidad humana. “Estoy lista para seguir cuidando a Querétaro”, expresó.

Entre los resultados que presentó destaca uno con recorrido nacional: la Ley Valeria.

La ley queretana que llegó al Congreso federal

La Ley Valeria incorporó el delito de acecho al Código Penal del Estado de Querétaro. Sanciona conductas reiteradas de vigilancia, persecución o contacto no deseado que alteran la tranquilidad y la vida cotidiana de una persona, con penas de seis meses a dos años de prisión, multa de 500 UMAs y reparación del daño de entre mil y dos mil UMAs.

Su construcción tiene una particularidad que vale la pena consignar: la iniciativa fue impulsada de manera conjunta por Hernández Quintanar y por la diputada Andrea Tovar Saavedra, de Morena, con el acompañamiento de las organizaciones Nosotras para Ellas y ColecFem y de las activistas que la promovieron a nivel nacional. Se convirtió en la primera iniciativa de esta Legislatura firmada por los 25 diputados de todas las bancadas, y el Pleno la aprobó por unanimidad el 28 de agosto de 2025.

“Cuando se trata de proteger a las personas no hay colores partidistas”, señaló Tovar Saavedra en aquella sesión, al agradecer el trabajo conjunto.

El alcance de esa norma se amplió este año: el 18 de febrero, la Cámara de Diputados federal aprobó por unanimidad una reforma homóloga al Código Penal Federal, que actualmente se encuentra en el Senado de la República. De aprobarse, el delito de acecho quedaría tipificado en todo el país, tomando como referencia el modelo que Querétaro adoptó primero.

Trabajo territorial: los números del informe

Hernández Quintanar sostuvo que la labor legislativa no puede limitarse al recinto, sino que debe desarrollarse en calles, colonias, escuelas, mercados y espacios comunitarios. Bajo ese criterio reportó:

• 503 actividades en territorio
• 21 mil 617 personas alcanzadas
• Seguimiento a problemáticas en 80 colonias
• Un estimado de 5 mil gestiones directas
• 60 ayudas sociales a personas en situación económica, social o de salud complicada
• 31 actividades con grupos de personas adultas mayores

La legisladora subrayó que detrás de cada gestión hay una persona, una familia y una historia concreta, y planteó el papel del legislador como puente entre la ciudadanía y las instituciones. Reconoció a las personas adultas mayores como “memoria viva, pilares de las familias y ejemplo de fortaleza para Querétaro”.

Educación y fomento a la lectura

En materia educativa informó 33 acciones con escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Entre los proyectos destacó la instalación de una biblioteca y ludoteca en la escuela primaria “Nicolás Campa”, así como la entrega de más de 400 libros en talleres legislativos, conferencias, campamentos y actividades juveniles.

“Leer nos hace más libres; por eso la educación y la formación de jóvenes seguirán ocupando un lugar permanente en mi agenda”, expresó.

Las líneas de su agenda legislativa

Además de la Ley Valeria, la diputada enumeró los ejes que ha impulsado durante el periodo: legislar con perspectiva de familia, prevenir la discriminación laboral por embarazo y maternidad, reconocer el valor social de los cuidados, defender la vida humana desde su inicio hasta su muerte natural, fortalecer la identidad comunitaria y promover el deporte como espacio de encuentro social.

Cerró definiendo tres principios que, dijo, sostienen su labor pública: Patria, Familia y Libertad. “Soy Juliana Hernández Quintanar, su diputada local, orgullosamente mujer, orgullosamente panista y orgullosamente queretana; y esta historia apenas está comenzando”, concluyó.

El acecho, en contexto

Para dimensionar el alcance práctico de la norma que la legisladora destacó: el acecho se distingue de otras formas de acoso porque no requiere contacto físico, amenazas explícitas ni connotación sexual. Consiste en un patrón sostenido —seguir a una persona, vigilarla, insistir en contactarla pese a su negativa, aparecer repetidamente en sus espacios—, incluido el que ocurre por medios digitales.

Antes de la reforma queretana, ese patrón no tenía figura penal propia en el estado, lo que dificultaba denunciarlo y obtener medidas de protección oportunas. Actualmente el delito está tipificado en al menos once entidades del país, entre ellas Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lo que sigue

La reforma federal en materia de acecho continúa su proceso legislativo en el Senado de la República. De concretarse, homologaría la figura penal en todo el territorio nacional y facilitaría su persecución cuando las conductas trascienden fronteras estatales o se cometen por medios digitales.

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Veterinarios llevan propuestas técnicas a Mauricio Cárdenas, un día después de que el Congreso admitiera que la ley está frenada por falta de recursos

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026.— La iniciativa se llama Ley de Bienestar Animal, pero en Querétaro casi todos la conocen por otro nombre: Ley Oli, en memoria de una burrita de Cadereyta de Montes que sufrió quemaduras, perdió una pata y murió tras el rescate. Ese caso, ocurrido en 2025, empujó al Poder Ejecutivo a presentar la iniciativa el 15 de julio de aquel año.

Trece meses después, la ley sigue sin aprobarse. Y este miércoles, integrantes del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Querétaro se reunieron con el diputado panista Mauricio Cárdenas Palacios para entregar propuestas técnicas que buscan fortalecerla.

Lo que plantearon los especialistas

Los veterinarios expusieron su visión sobre los retos de la agenda de bienestar animal en la entidad, con énfasis en tres ejes: salud pública, tenencia responsable y protección de los animales. El boletín no detalla el contenido específico de sus propuestas.

Cárdenas Palacios destacó la importancia de escuchar a quienes conocen la realidad del sector desde la práctica profesional, y planteó su papel actual con una precisión que conviene registrar: “Aunque hoy ya no formo parte de la comisión legislativa que da seguimiento a este tema, mi compromiso permanece intacto: seguir siendo un aliado y un puente para que la voz de quienes conocen esta realidad llegue a las instancias correspondientes”.

Por qué ya no está en la comisión

Esa aclaración tiene explicación documentada. Cárdenas Palacios presidió la Comisión de Participación Ciudadana —la instancia que dio seguimiento a la iniciativa— hasta el 13 de diciembre de 2025, cuando la presidencia cambió al diputado Arturo Maximiliano García Pérez, de Morena. Durante su gestión, según ha declarado el propio legislador, se realizaron más de 30 foros con colectivos, asociaciones, colegios de veterinarios y ciudadanos.

Al asumir, García Pérez señaló que no se empezaría de cero: “La idea no es empezar de cero, sino aprovechar ya los avances que se tienen porque sería un desperdicio; creo que se ha hecho un trabajo muy serio por parte de Mauricio y ahora hay que aprovecharlo”. Es decir, no ha habido disputa partidista sobre el fondo de la ley: ambos legisladores la respaldan.

El obstáculo real: dinero

El dato que explica el atasco lo dio el propio presidente de la comisión apenas un día antes de esta reunión. El 4 de agosto, García Pérez reconoció públicamente que la Ley de Bienestar Animal sigue sin avanzar por falta de recursos económicos y de logística para su implementación.

“No ha sido fácil conciliar posturas y estamos creo que ya llegando a un punto donde lo podremos lograr; en términos de redacción está muy avanzada”, declaró. Precisó que uno de los principales puntos de conflicto es el procedimiento para atender a los animales en situación de abandono —el componente que exige infraestructura, personal y presupuesto operativo permanente, no solo un artículo en la ley.

Es la tensión clásica de cualquier legislación de este tipo: prohibir el maltrato cuesta poco; construir la capacidad institucional para atender los casos, mucho.

Qué contiene el predictamen

El texto que se discute en Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Medio Ambiente y Cambio Climático, presentado el 21 de abril, acumula cuatro iniciativas y contempla:

• Reconocimiento de los animales como seres sintientes
• Derogación de las disposiciones vigentes del Código Ambiental para crear una ley específica
• Creación de un Consejo de Bienestar Animal
• Un Padrón Estatal de Animales de Compañía
• Regulación de criaderos, paseadores y pensiones
• Estandarización de los Centros de Bienestar Animal
• Sanciones que van desde apercibimientos hasta multas de aproximadamente 500 UMAs

Lo que falta por resolver

Querétaro tiene antecedentes en la materia: aprobó su primera ley de protección animal en 2002, fue de los primeros estados en prohibir circos con animales y tipificó el maltrato animal como delito en su Código Penal. Lo que está en juego ahora no es el principio, sino la ejecución.

Las preguntas concretas que definirán si la Ley Oli llega al Pleno son presupuestales: cuánto costaría operar los Centros de Bienestar Animal estandarizados, qué instancia asumiría el costo de atender animales abandonados, y si esa partida se incorporará al paquete presupuestal del próximo ejercicio fiscal.

Trece meses después de su presentación, la ley que lleva el nombre de Oli sigue esperando una respuesta que ya no depende de la redacción, sino de la caja.

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