Las iniciativas vinculadas con Paul Ospital fueron aprobadas en comisiones del Congreso de Querétaro, pero todavía deben pasar por el pleno; la propuesta animal permite crear áreas especializadas, aunque no obliga a los ayuntamientos.

Querétaro, Qro., 14 de agosto de 2026.— Dos iniciativas promovidas por el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, avanzaron en comisiones del Congreso de Querétaro: una amplía las obligaciones de madres, padres y tutores en el proceso educativo, mientras que la segunda incorpora la posibilidad de que los municipios cuenten con un área o mecanismo especializado en atención y bienestar animal.

Los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Educación y de Medio Ambiente y Cambio Climático, respectivamente. Este avance no significa que las modificaciones ya se encuentren vigentes: ambas deberán ser discutidas y votadas por el pleno de la LXI Legislatura.

Si reciben la aprobación correspondiente, serán remitidas al Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

Más deberes concretos para las familias

La primera iniciativa reforma el artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de Querétaro. Fue elaborada junto con 14 estudiantes y docentes de la Maestría en Educación de la Universidad de Excelencia Educativa México, campus San Joaquín, y presentada el 16 de mayo, según informó la oficina del legislador.

El dictamen establece como deberes de quienes ejercen la patria potestad o tutela asistir a reuniones escolares, participar en actividades extracurriculares y mantener comunicación con docentes y directivos sobre el desempeño académico, la conducta y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

También contempla promover un uso seguro y responsable de internet, redes sociales y tecnologías de la información, así como atender oportunamente cambios de comportamiento o señales que puedan afectar el bienestar emocional del alumnado.

“La educación empieza en casa y se fortalece en las aulas; por eso necesitamos familias presentes, escuelas acompañadas y autoridades que faciliten esa coordinación”, sostuvo Ospital.

La corresponsabilidad ya estaba reconocida

La legislación vigente no deposita toda la responsabilidad educativa en las escuelas. El artículo 59 ya obliga a madres, padres y tutores a colaborar con las autoridades educativas, participar en la atención de dificultades escolares y apoyar a docentes y directivos ante problemas de conducta, aprendizaje o violencia.

También establece que deben contribuir a la adopción de estilos de vida saludables. El cambio propuesto, por tanto, no crea desde cero la corresponsabilidad familiar, sino que incorpora obligaciones más específicas relacionadas con reuniones, comunicación escolar, actividades extracurriculares y entorno digital.

El boletín no señala si el dictamen establece sanciones por incumplimiento, mecanismos para verificar la asistencia de las familias o excepciones para quienes, por motivos laborales, migratorios, económicos, de salud o cuidado, no puedan acudir regularmente a los planteles.

Esa definición será relevante durante la discusión plenaria. Una obligación redactada sin criterios de aplicación podría terminar afectando de manera desigual a hogares monoparentales, personas con jornadas laborales extensas o familias que viven lejos de las escuelas.

La corresponsabilidad también exige compromisos institucionales. Para mantener una comunicación permanente, los planteles necesitan horarios accesibles, personal suficiente, protocolos de atención y canales que no dependan exclusivamente de dispositivos electrónicos o conectividad.

Área de bienestar animal sería opcional

La segunda iniciativa reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal para establecer que los ayuntamientos podrán contar con una dependencia, unidad administrativa o mecanismo institucional dedicado a la atención, control, protección y bienestar animal.

La redacción anunciada condiciona esta posibilidad a las necesidades y suficiencia presupuestal de cada municipio. En consecuencia, la reforma no ordena abrir una nueva oficina en los 18 ayuntamientos ni establece una estructura administrativa uniforme.

El artículo 44 ya permite que cada municipio determine buena parte de su organización mediante sus reglamentos, además de las dependencias mínimas señaladas por la ley. La modificación propuesta haría explícita la posibilidad de incorporar un área animal, pero no elimina la autonomía municipal ni garantiza que esta sea creada.

Ospital afirmó que la reforma no generará una carga presupuestal adicional porque los ayuntamientos también podrán utilizar unidades o mecanismos existentes. Sin embargo, una atención efectiva requiere recursos para personal veterinario, vehículos, instalaciones, recepción de denuncias, inspecciones, esterilización, resguardo y seguimiento de casos.

Por ello, que la ley no obligue a crear plazas nuevas no significa que mejorar el servicio carezca de costos operativos.

Los municipios ya tienen responsabilidades animales

La propuesta tampoco crea las atribuciones municipales en materia de protección animal. El Código Ambiental del Estado ya establece que los ayuntamientos deben recibir denuncias por maltrato, realizar inspecciones, imponer sanciones, promover campañas y coordinarse con autoridades estatales y federales.

Asimismo, permite celebrar convenios para establecer centros de resguardo destinados a animales domésticos abandonados, extraviados, enfermos, lastimados o en peligro.

La reforma organizativa podría ofrecer a la ciudadanía una ventanilla institucional más clara y evitar que las responsabilidades queden dispersas entre servicios públicos, ecología, salud y seguridad. No obstante, al utilizar el verbo “podrán”, deja en manos de cada ayuntamiento decidir si crea esa estructura.

El resultado podría ser distinto entre municipios con mayor capacidad presupuestal y demarcaciones pequeñas que ya enfrentan limitaciones para prestar servicios básicos.

Iniciativa recuperada después de cuatro años

Paul Ospital recordó que la propuesta sobre atención animal fue presentada por primera vez en 2022 y retomada en 2024. Celebró que el proyecto finalmente haya sido dictaminado en comisión.

La discusión en el pleno deberá precisar si la reforma establecerá obligaciones mínimas para los mecanismos municipales, indicadores de desempeño, coordinación con organizaciones protectoras y plazos para adecuar reglamentos.

Hasta entonces, los dos proyectos representan avances dentro del procedimiento legislativo, no nuevas normas aplicables. La reforma educativa busca detallar la participación familiar; la animal pretende reconocer una estructura municipal posible. Su impacto dependerá de la redacción definitiva, los recursos disponibles y la capacidad de convertir los cambios legales en servicios verificables.

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El legislador plantea vincular actividad física, educación, cultura, capacitación y empleo; la propuesta aún deberá traducirse en iniciativas, presupuesto, calendario e indicadores

Santiago de Querétaro, Qro., 12 de agosto de 2026.— El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros planteó construir una política de juventud y deporte con presencia en colonias, comunidades y municipios de Querétaro, mediante una estrategia que articule la actividad física con educación, cultura, capacitación, empleo y prevención de las violencias y las adicciones.

Inzunza, representante del Distrito X de San Juan del Río, preside la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura, de acuerdo con la integración oficial del Congreso de Querétaro.

El legislador sostuvo que las políticas destinadas a las nuevas generaciones deben abandonar una lógica exclusivamente administrativa y construirse mediante el diálogo directo con jóvenes, deportistas, entrenadores, clubes, asociaciones, instituciones educativas y gobiernos municipales.

“Si queremos jóvenes alejados de la violencia y las adicciones, tenemos que ofrecerles alternativas. Educación, deporte, cultura, capacitación y empleo tienen que formar parte de una misma estrategia”, declaró.

De la actividad deportiva a una política integral

La propuesta parte de considerar el deporte como una herramienta de convivencia, prevención y apertura de oportunidades, particularmente en comunidades donde la oferta institucional, cultural y recreativa suele ser más limitada que en las zonas urbanas.

Inzunza propuso recuperar y dignificar espacios públicos, organizar torneos comunitarios, establecer escuelas deportivas e impulsar mecanismos para detectar talentos. También mencionó la necesidad de ampliar las oportunidades para el deporte femenil, el adaptado y las disciplinas que reciben menor promoción institucional.

El planteamiento coincide con objetivos ya incorporados a la legislación estatal. La Ley del Deporte de Querétaro reconoce la actividad física como un instrumento para preservar la salud y contribuir a la prevención de enfermedades, adicciones y delitos. Por ello, el desafío de la comisión no consiste únicamente en formular nuevos principios, sino en identificar qué disposiciones requieren presupuesto, coordinación o mecanismos de cumplimiento.

El diputado señaló que un menor residente en una comunidad debería contar con posibilidades semejantes a las de quienes viven en zonas urbanas para acceder a instalaciones, entrenadores, torneos y procesos de formación.

Esa aspiración implica resolver obstáculos que exceden la competencia del Congreso. La rehabilitación de canchas, contratación de personal, operación de escuelas y organización de competencias requieren coordinación presupuestaria con el Poder Ejecutivo, el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro y los 18 ayuntamientos.

El Mundial de 2026 como oportunidad

Inzunza consideró que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 en México, junto con el ciclo previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ofrece una coyuntura para promover la actividad física y construir un legado que no se agote en los grandes acontecimientos internacionales.

Querétaro no figura entre las sedes oficiales del Mundial, por lo que el posible aprovechamiento local tendría que concentrarse en programas comunitarios, infraestructura, torneos, formación deportiva y actividades públicas vinculadas con la competencia, antes que en la organización directa de partidos.

El concepto de “legado deportivo” también necesitará definiciones concretas. La exposición mediática de un torneo internacional no garantiza, por sí sola, una mayor práctica deportiva ni una distribución equitativa de instalaciones. Para producir resultados permanentes se requieren recursos, continuidad institucional y evaluaciones posteriores.

Escuchar antes de legislar

El presidente de la comisión adelantó que buscará dialogar con jóvenes, atletas, entrenadores, asociaciones, instituciones educativas y autoridades municipales para conocer las necesidades particulares de cada región.

La consulta puede evitar que la agenda se limite a una visión construida desde la capital del estado. Querétaro presenta diferencias territoriales en conectividad, oferta educativa, infraestructura, acceso al empleo y disponibilidad de espacios deportivos. En consecuencia, una política uniforme difícilmente respondería por igual a las condiciones de la zona metropolitana, el semidesierto, la Sierra Gorda y los municipios del sur.

El contexto demográfico otorga relevancia al planteamiento. El Panorama Sociodemográfico de Querétaro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 reportó que la mitad de la población estatal tenía 29 años o menos. Esto convierte a las juventudes en un grupo central para las políticas educativas, laborales, culturales, sanitarias y de prevención.

Inzunza sostuvo que las personas jóvenes “no son el futuro”, sino parte del presente político y social de Querétaro, por lo que deben participar en la definición de las acciones que les afectan.

Una agenda todavía por aterrizar

El pronunciamiento establece una orientación general, pero no anuncia todavía una iniciativa de ley, una reforma específica, una partida presupuestaria ni un programa formal.

Tampoco precisa cuándo comenzarán las consultas, qué municipios serán visitados, cómo se elegirán las organizaciones participantes o de qué manera sus propuestas quedarán incorporadas a los trabajos legislativos.

Para que la agenda pueda evaluarse, la Comisión de Juventud y Deporte deberá convertir sus objetivos en compromisos verificables. Entre ellos podrían incluirse el número de municipios consultados, espacios recuperados, escuelas deportivas creadas, jóvenes atendidos, entrenadores incorporados y recursos destinados al deporte femenil, adaptado y comunitario.

También será necesario definir qué acciones corresponderán al Congreso y cuáles dependerán del Ejecutivo o los ayuntamientos. Una comisión legislativa puede elaborar reformas, convocar mesas de trabajo, solicitar información y vigilar el ejercicio presupuestal, pero no sustituye a las dependencias encargadas de ejecutar programas deportivos, educativos o laborales.

La diferencia entre una declaración y una política pública radicará en esa traducción: diagnóstico territorial, metas, presupuesto, responsables y plazos. El propio Inzunza afirmó que la agenda debe pasar “de las buenas intenciones a los resultados”. A partir de ahora, ese será también el parámetro para evaluar el trabajo de la comisión que encabeza.

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La diputada presidenta de la comisión, María Leonor Mejía Barraza, destacó que este esfuerzo busca garantizar la protección y desarrollo integral de las familias, así como de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En su intervención, enfatizó que la familia es la primera institución encargada de educar, cuidar y fomentar valores esenciales para el desarrollo humano:

“Sabemos que los retos son grandes, pero con trabajo conjunto lograremos fortalecer el marco normativo para el beneficio de las familias, la niñez y la adolescencia. Invertir en las familias mejora la calidad de vida de sus integrantes y tiene efectos positivos en el desarrollo social”, señaló Mejía Barraza.

Familia: pilar de las políticas públicas

La iniciativa aprobada plantea que los municipios consideren a la familia como un eje prioritario en la formulación de políticas públicas, con el objetivo de crear un equilibrio entre la vida laboral y familiar. Mejía Barraza subrayó que los municipios, como autoridades más cercanas a la población, tienen el deber de implementar estrategias que favorezcan el desarrollo familiar y promuevan entornos seguros y libres de violencia.

La diputada Perla Patricia Flores Suárez, integrante de la comisión, respaldó el exhorto al señalar que los planes municipales de desarrollo son herramientas fundamentales para orientar las políticas públicas de los gobiernos locales durante su periodo de gestión:

“Es crucial que estos planes no sólo incluyan políticas públicas generales, sino también aquellas que atiendan las necesidades específicas de cada municipio y fomenten la cohesión familiar”, afirmó.

Por su parte, Flores Suárez resaltó que desde el Partido Verde consideran a la familia como el núcleo básico de la sociedad y un espacio esencial para el desarrollo de valores y principios:

“Querétaro enfrenta retos que demandan políticas públicas que promuevan el desarrollo familiar. El progreso sostenible solo es posible si fortalecemos nuestras familias”, agregó.

Un llamado a los municipios

La comisión hizo un llamado a los ayuntamientos para priorizar la perspectiva de familia en sus planes municipales, reconociendo su importancia como primera comunidad natural donde los individuos obtienen los elementos básicos para su supervivencia y desarrollo.

El dictamen también reafirma el compromiso de la legislatura para garantizar que estas iniciativas se conviertan en acciones concretas a nivel local, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en Querétaro.

Con esta aprobación, el Congreso de Querétaro reafirma su compromiso con las familias y con la construcción de un entorno inclusivo que permita a niñas, niños y adolescentes crecer en un ambiente de bienestar y equidad.

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