Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 22 de julio de 2026.— Santa Rosa Jáuregui no está pidiendo que el Congreso le invente una nueva identidad. Está exigiendo que el Estado reconozca una historia municipal que, de acuerdo con la investigación documental impulsada por el diputado Ulises Gómez de la Rosa, nunca debió ser borrada.

Esa diferencia jurídica y política se ha convertido en el centro de una discusión que vuelve a colocar a Santa Rosa frente a una decisión histórica.

El legislador de Morena sostiene que la iniciativa presentada no busca crear el municipio número 19 de Querétaro mediante el procedimiento tradicional. Su propuesta parte de otra premisa: Santa Rosa Jáuregui ya era municipio y su desaparición nunca cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente.

Si esa interpretación es aceptada por el Congreso, la votación no requeriría una reforma constitucional aprobada por mayoría calificada. Bastarían 13 votos, es decir, la mayoría simple de las 25 diputadas y diputados que integran la LXI Legislatura.

La discusión ya no sería entonces si Santa Rosa cumple los requisitos para convertirse en municipio, sino si Querétaro está dispuesto a reparar una decisión que, según los documentos estudiados, permanece jurídicamente incompleta desde hace casi cien años.

No crear un municipio, sino reparar una ilegalidad

Ulises Gómez afirmó que la estrategia del PAN y del Gobierno estatal se construyó sobre una lectura equivocada: que la iniciativa pretende constituir un municipio completamente nuevo.

Desde esa interpretación, Acción Nacional ha cuestionado la viabilidad financiera, los estudios técnicos y las condiciones administrativas que necesitaría la nueva demarcación.

Pero el diputado sostiene que esos argumentos no responden al fondo de la propuesta.

“Lo que hoy se plantea no es la creación de un municipio, sino la reparación de un acto que nunca se realizó conforme a la legalidad ni a la Constitución”, afirmó.

La iniciativa parte de una investigación desarrollada durante más de dos años en archivos de la Legislatura, el Gobierno estatal, el Municipio de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro.

De acuerdo con Gómez de la Rosa, la documentación encontrada demuestra que Santa Rosa Jáuregui aparecía reconocida como municipio en la configuración territorial vigente en 1931 y que su eliminación posterior no fue acompañada por el procedimiento constitucional necesario.

La tesis modifica por completo la conversación.

Si Santa Rosa nunca desapareció legalmente, no tendría que demostrar que merece convertirse en municipio. Tendría que exigir que se reconozca una condición que le fue retirada mediante un acto jurídicamente cuestionable.

La historia no es un detalle administrativo

Para las personas que viven en Santa Rosa Jáuregui, la municipalización no es únicamente una discusión de artículos, votos o expedientes.

Significa recuperar identidad, representación política y capacidad para decidir sobre un territorio que ha crecido mientras continúa administrado como una delegación del Municipio de Querétaro.

La zona reúne comunidades rurales, desarrollos habitacionales, actividad industrial, comercio, patrimonio cultural y una población con demandas propias en materia de agua, movilidad, seguridad, infraestructura y servicios públicos.

Sin embargo, las decisiones centrales continúan tomándose desde la capital municipal.

La reivindicación plantea que Santa Rosa pueda contar con un ayuntamiento, presupuesto y autoridades directamente responsables ante su población.

No se trata únicamente de cambiar el nombre de una oficina administrativa. Se trata de modificar la relación entre una comunidad y el poder público.

Durante décadas, las personas habitantes de Santa Rosa han escuchado que sus problemas forman parte de una agenda más amplia del municipio capitalino. La propuesta obliga a preguntar si esa estructura ha sido suficiente para responder a un territorio con identidad y necesidades diferenciadas.

El PAN reconocería, en los hechos, el terreno de la disputa

Ulises Gómez interpreta la reacción del PAN como una confirmación indirecta de la fortaleza de la iniciativa.

El legislador considera que Acción Nacional se preparó para enfrentar una reforma constitucional que necesitara una mayoría calificada y que pudiera ser detenida con los votos del bloque gobernante.

La presentación de una ruta basada en la reivindicación jurídica habría cambiado ese cálculo.

Si la propuesta puede resolverse mediante mayoría simple, el debate deja de depender exclusivamente del PAN y se traslada a la capacidad de construir 13 votos dentro del Pleno.

La discusión política ya no sería únicamente entre Morena y Acción Nacional. También obligaría a cada diputada y diputado a expresar públicamente si está dispuesto a reparar la supuesta irregularidad histórica.

El PAN puede sostener diferencias jurídicas y administrativas. Lo que difícilmente podrá justificar es que la iniciativa permanezca congelada sin discusión, dictamen ni votación.

Cuando existe una investigación documental de esta dimensión, la respuesta democrática no debería ser el silencio legislativo.

Debería ser abrir los archivos, discutir las pruebas y permitir que el Pleno asuma una decisión frente a la ciudadanía.

Los estudios técnicos sí existen, sostiene el promovente

El legislador rechazó que la propuesta carezca de estudios técnicos o financieros.

Aseguró que estos elementos fueron incorporados en las dos iniciativas presentadas y que, aunque no se trate de crear un nuevo municipio, existe información para analizar la viabilidad de la transición.

El señalamiento es relevante porque uno de los principales argumentos contra la reivindicación ha sido la posibilidad de que Santa Rosa no cuente con recursos suficientes para sostener un gobierno municipal.

Pero la autonomía no puede evaluarse únicamente desde el costo de crear una administración.

También debe analizarse cuánto produce el territorio, qué ingresos genera, qué actividad económica concentra y qué proporción de los recursos regresa actualmente a sus comunidades.

Santa Rosa cuenta con zonas industriales, desarrollos inmobiliarios, actividad comercial y una posición estratégica dentro del crecimiento de la capital queretana.

La pregunta no es solo cuánto costaría reconocerla como municipio.

También es cuánto aporta actualmente y quién decide sobre esos recursos.

La reivindicación municipal puede abrir una discusión más amplia sobre justicia fiscal, distribución territorial e inversión pública.

Trece votos pueden cambiar la historia

La mayoría simple que plantea Ulises Gómez transforma el escenario legislativo.

Con 13 votos, la propuesta podría avanzar sin depender de una mayoría constitucional reforzada. Esto obligaría a construir un acuerdo entre distintas fuerzas y, especialmente, dentro del propio grupo legislativo de Morena.

El diputado llamó a las y los legisladores identificados con el grupo político del diputado federal Gilberto Herrera a no permitir que diferencias internas afecten la causa de Santa Rosa Jáuregui.

El mensaje revela que la disputa no se encuentra únicamente frente al PAN.

También atraviesa a Morena.

“Aquí no se trata de grupos, de militancias o de revanchas políticas; se trata de hacer justicia a un pueblo que ha esperado casi cien años”, sostuvo.

La advertencia busca separar la causa comunitaria de las rivalidades personales o corrientes internas.

Quienes apoyan la municipalización consideran que votar contra la iniciativa por diferencias entre grupos significaría colocar los cálculos partidistas por encima del interés de Santa Rosa.

El reto para Morena será demostrar que puede sostener una causa territorial más allá de sus divisiones internas.

Una fuerza política que habla de devolver poder al pueblo tendría dificultades para explicar por qué una comunidad con una demanda histórica no logró reunir los votos de sus propios representantes.

La comisión no puede convertirse en una congeladora

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, cuya falta de sesiones o dictamen ha impedido que el tema avance hacia el Pleno.

Gómez de la Rosa sostiene que la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla mecanismos para evitar que una propuesta permanezca detenida indefinidamente.

La Mesa Directiva podría intervenir para que las 25 diputadas y diputados conozcan el asunto y asuman públicamente una posición.

El planteamiento toca un problema frecuente dentro de los congresos: iniciativas relevantes pueden quedar archivadas no porque hayan sido rechazadas mediante argumentos, sino porque una comisión simplemente no las discute.

Esa práctica evita el costo político de votar en contra.

Nadie rechaza formalmente la propuesta, pero tampoco permite que avance.

En el caso de Santa Rosa Jáuregui, mantener la iniciativa en espera significa prolongar una discusión que lleva décadas y que ahora cuenta con una investigación histórica, argumentos jurídicos y una demanda comunitaria organizada.

La Legislatura debe debatir.

Quienes estén a favor tendrán la oportunidad de defender la restitución. Quienes estén en contra deberán explicar con claridad por qué consideran que los documentos y argumentos presentados no son suficientes.

Lo que ya no resulta justificable es impedir que la discusión llegue al lugar donde deben tomarse las decisiones: el Pleno.

La vía judicial permanece abierta

El diputado informó que también prepara acciones legales ante tribunales federales.

La ruta jurisdiccional permitiría explorar si la posible desaparición irregular de Santa Rosa Jáuregui puede ser revisada judicialmente y si existen omisiones actuales que afecten sus derechos colectivos.

El anuncio aumenta la presión sobre el Congreso.

La reivindicación podría resolverse mediante una decisión política y legislativa asumida por las y los representantes de Querétaro o terminar trasladándose a tribunales que determinen si el Estado incumplió durante décadas una obligación constitucional.

La vía judicial no sustituye la conversación pública, pero puede impedir que el expediente vuelva a quedar sepultado.

También coloca un límite temporal a la estrategia de aplazamiento: si el Congreso no decide, otras instituciones podrían ser llamadas a revisar el caso.

La causa pertenece a Santa Rosa

La reivindicación ha sido impulsada políticamente por Ulises Gómez, pero no puede reducirse a su trayectoria, aspiraciones o confrontaciones partidistas.

La causa pertenece a las personas que viven en Santa Rosa Jáuregui.

Son ellas quienes enfrentan diariamente las consecuencias de depender de decisiones tomadas desde otra estructura municipal.

Son ellas quienes deben determinar si desean un ayuntamiento propio, qué modelo de gobierno necesitan y cuáles deberían ser las prioridades de una eventual transición.

La municipalización puede transformar servicios, presupuesto, identidad política y representación. Por ello, el proceso debe incorporar participación comunitaria, información pública y diálogo territorial.

El reconocimiento histórico no debería sustituir la consulta contemporánea.

Al contrario: reparar una injusticia exige escuchar a quienes heredaron sus consecuencias.

Una oportunidad para hacer justicia territorial

Querétaro se acerca a una decisión que puede trascender la coyuntura partidista.

Reconocer a Santa Rosa Jáuregui como municipio permitiría reparar, según la tesis presentada, una ilegalidad histórica y devolver capacidad de decisión a una comunidad que ha crecido sin recuperar plenamente su representación política.

La iniciativa también puede convertirse en un precedente nacional sobre la manera en que los congresos revisan decisiones territoriales heredadas y enfrentan omisiones acumuladas durante décadas.

El PAN deberá decidir si mantiene una estrategia de contención o participa en la construcción de una salida institucional.

Morena deberá demostrar que sus divisiones internas no pesan más que una causa que afirma defender.

Y cada integrante de la Legislatura tendrá que asumir que abstenerse, ausentarse o impedir el dictamen también constituye una posición política.

Santa Rosa Jáuregui no pide un privilegio.

Pide que los documentos sean revisados, que la historia sea escuchada y que el Congreso decida si una comunidad puede recuperar aquello que, según la investigación presentada, nunca debió perder.

La discusión ya no puede quedar archivada.

Después de casi cien años, Santa Rosa merece que sus representantes levanten la mano, expresen sus razones y permitan que la justicia histórica deje de ser una promesa.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 21 de julio de 2026.— Una ley puede declarar que los primeros años de vida son prioritarios. Pero una familia necesita algo más concreto: consultas disponibles, vacunas, nutrición, espacios de cuidado, educación inicial, detección oportuna de alteraciones del desarrollo y tiempo suficiente para criar sin quedar fuera del mercado laboral.

La diputada panista Leonor Mejía Barraza presentó una iniciativa para fortalecer la atención integral a niñas y niños desde el embarazo hasta los seis años y promover la coordinación entre las instituciones estatales responsables de salud, educación, desarrollo social y protección de derechos.

La propuesta parte de una idea difícil de discutir: las experiencias de los primeros años influyen en el aprendizaje, la salud, el desarrollo emocional y la convivencia durante el resto de la vida.

El desafío es convertir ese consenso en obligaciones que puedan medirse.

El comunicado legislativo no informa todavía qué artículos serían modificados, cuánto dinero requeriría la implementación, qué dependencia coordinaría la política ni qué consecuencias existirían si las instituciones no cumplen.

El desarrollo comienza antes del salón de clases

La primera infancia suele comprender el periodo que va desde el nacimiento hasta los cinco o seis años, aunque algunas políticas incorporan también el embarazo por su relación con la salud materna, la nutrición y el desarrollo prenatal.

Durante esos años el cerebro se desarrolla a una velocidad excepcional. UNICEF señala que pueden formarse más de un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo y que la calidad de las primeras experiencias puede fortalecer o debilitar las bases del aprendizaje, la salud y el comportamiento.

Esto no significa que el futuro de una persona quede definido de manera irreversible antes de cumplir seis años.

El cerebro continúa cambiando durante toda la vida. Pero la primera infancia representa una etapa de especial sensibilidad en la que la nutrición, el cuidado, la estimulación, la seguridad y las relaciones afectivas pueden tener efectos profundos.

Por ello, una política integral no puede reducirse a abrir guarderías ni comenzar antes la escolarización.

Debe articular:

• Salud prenatal y materna.
• Lactancia y nutrición.
• Vacunación.
• Detección del desarrollo.
• Educación inicial.
• Cuidado infantil.
• Protección contra la violencia.
• Apoyo a madres, padres y personas cuidadoras.
• Atención a discapacidad y neurodivergencia.
• Espacios públicos seguros.
• Registro de nacimiento e identidad.

La cifra del 90% necesita precisión

Leonor Mejía señaló que durante los primeros años se forma cerca de 90% de las conexiones neuronales.

La frase se utiliza con frecuencia en campañas sobre primera infancia, pero debe tratarse con prudencia periodística.

Las fuentes de UNICEF revisadas respaldan la velocidad extraordinaria del desarrollo cerebral y la formación de más de un millón de conexiones por segundo. No ofrecen, sin embargo, una regla científica universal que permita afirmar que exactamente 90% de todas las conexiones queda formado antes de los seis años.

La importancia de la etapa no depende de repetir una cifra redonda.

La evidencia disponible basta para sostener que los primeros años son fundamentales y que la falta de nutrición, protección, estimulación y cuidados puede profundizar desigualdades desde antes de que una niña o niño ingrese a la primaria.

Querétaro no empieza desde cero

El Gobierno estatal ya opera la estrategia Contigo en la Primera Infancia, lanzada en abril de 2023 por la Secretaría de Educación y SIPINNA para promover el desarrollo integral de niñas y niños de hasta seis años.

La estrategia cuenta con un micrositio que reúne información y convocatorias para familias y personas cuidadoras.

Este antecedente vuelve indispensable explicar qué cambiaría con la iniciativa.

Una reforma útil debería evitar duplicar estructuras o limitarse a incorporar una definición general en la ley. Tendría que establecer responsabilidades claras para las dependencias y garantizar continuidad más allá del gobierno en turno.

Entre las preguntas pendientes están:

• ¿La estrategia actual se convertirá en una obligación legal?
• ¿Habrá un programa estatal único?
• ¿Existirá un padrón de servicios?
• ¿Se crearán metas municipales?
• ¿Habrá presupuesto etiquetado?
• ¿Qué información deberá publicarse?
• ¿Cómo se evaluará el desarrollo infantil?
• ¿Qué autoridad rendirá cuentas al Congreso?

La coordinación es necesaria, pero puede convertirse en una palabra vacía cuando ninguna institución asume la responsabilidad final.

Menos de una de cada seis: ¿de qué edad?

El comunicado sostiene que menos de una de cada seis niñas y niños tiene acceso a servicios de educación inicial o cuidado infantil.

La afirmación describe una brecha real, pero requiere especificar la población.

Un análisis de Early Institute basado en la Ensanut 2023 reportó que únicamente 5.3% de las niñas y niños de cero a 23 meses asistía a servicios de cuidado o educación inicial. Para el conjunto de cero a cinco años, incluyendo preescolar, la proporción alcanzaba 30.4%. La diferencia importa.

No es lo mismo hablar de bebés menores de dos años que de toda la población hasta los cinco. Tampoco es equivalente educación inicial, preescolar y cuidado infantil, aunque los tres servicios pueden formar parte de una política integral.

CONEVAL ha advertido que el acceso a la educación inicial es limitado y que la oferta institucional es baja: en el país existen alrededor de 1.1 planteles para cada mil niñas y niños de cero a dos años, muy por debajo de la disponibilidad observada en el conjunto de la educación básica.

La desigualdad no se explica únicamente porque las familias no soliciten los servicios.

También intervienen:

• Falta de centros cercanos.
• Horarios incompatibles con el trabajo.
• Costos.
• Transporte.
• Desconfianza.
• Falta de personal.
• Percepción de que bebés y niñas o niños pequeños “todavía no necesitan educación”.
• Distribución desigual entre zonas urbanas y rurales.

Cuidar también es una política económica

La iniciativa presenta la atención a la primera infancia como una inversión social de largo plazo. Esa lectura es correcta, pero incompleta si ignora a quienes realizan diariamente el trabajo de cuidado.

En México, el acompañamiento de bebés y niñas y niños pequeños recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.

Cuando no existen servicios públicos suficientes, muchas madres reducen su jornada, rechazan empleos, abandonan estudios o dependen económicamente de otras personas.

CONEVAL ha recomendado integrar los servicios de cuidado y educación inicial, ampliar horarios y flexibilizar condiciones laborales para mejorar tanto el desarrollo infantil como la participación de las mujeres en el empleo.

Por ello, una reforma integral debería incluir perspectiva de cuidados.

No basta con señalar que la familia es responsable de acompañar el desarrollo. El Estado debe crear condiciones para que cuidar no signifique empobrecimiento, agotamiento o salida forzada del mercado laboral.

La educación inicial ya es un derecho

Desde la reforma constitucional de 2019, la educación inicial forma parte del derecho a la educación en México. La Ley General de Educación establece que el Estado debe generar progresivamente las condiciones para ofrecerla de manera universal.

La existencia de ese reconocimiento federal significa que Querétaro no necesita descubrir un derecho nuevo.

Necesita establecer cómo lo hará efectivo.

La distancia entre reconocimiento y acceso sigue siendo amplia. Muchas familias no encuentran una institución pública cercana o no saben que la educación inicial incluye acompañamiento al desarrollo, orientación para la crianza y experiencias de aprendizaje, no solo custodia durante la jornada laboral.

La reforma estatal podría ser relevante si traduce el derecho nacional en:

• Cobertura territorial.
• Plantillas suficientes.
• Estándares de calidad.
• Formación del personal.
• Atención incluyente.
• Supervisión.
• Participación familiar.
• Recursos por municipio.
• Mecanismos de queja.

Un derecho que no puede localizarse en el presupuesto continúa siendo una promesa.

Salud, educación y desarrollo social no pueden trabajar por separado

La propuesta de Leonor Mejía busca coordinar dependencias que suelen atender fragmentos distintos de una misma vida.

Una niña puede recibir vacunas en una clínica, evaluación en una escuela, apoyo alimentario en otra oficina y protección jurídica mediante una cuarta institución.

Cuando esos sistemas no intercambian información, las familias deben repetir historias, trasladar documentos y convertirse en gestoras de servicios que deberían estar conectados.

La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia ya reconoce la necesidad de intervenciones integrales y multisectoriales. La política federal en la materia busca articular salud, nutrición, educación, cuidado y protección.

La iniciativa queretana tendría que explicar cómo resolverá esa fragmentación.

Podría contemplar una ruta única de atención, expedientes interoperables con protección de datos, mecanismos de canalización y seguimiento para niñas y niños con factores de riesgo.

También debería evitar que la coordinación se limite a reuniones entre titulares sin cambios en las ventanillas donde las familias buscan ayuda.

El embarazo requiere atención, no vigilancia sobre las mujeres

El proyecto incorpora el periodo del embarazo dentro de la atención integral.

Esta decisión puede fortalecer la salud prenatal, la nutrición y la detección de riesgos, pero debe implementarse desde los derechos y no desde el control sobre las mujeres.

Una política respetuosa debería garantizar:

• Atención prenatal accesible.
• Información científica.
• Salud mental.
• Prevención de violencia obstétrica.
• Nutrición.
• Licencias y protección laboral.
• Decisiones informadas.
• Acompañamiento sin discriminación.
• Atención a embarazos de alto riesgo.
• Protección de adolescentes embarazadas.

El interés superior de la niñez no puede utilizarse para restringir la autonomía, criminalizar decisiones reproductivas o responsabilizar exclusivamente a las madres de condiciones que también dependen de pobreza, servicios públicos y entorno.

Early Institute acompañó la iniciativa

Leonor Mejía reconoció el apoyo técnico de Early Institute, organización que desarrolla estudios e indicadores sobre derechos, cuidados y políticas de primera infancia.

Su participación puede aportar evidencia y comparaciones nacionales. Sin embargo, el Congreso deberá hacer público el documento técnico, la metodología utilizada y las recomendaciones incorporadas.

También será necesario escuchar a otras voces:

• Familias.
• Personas cuidadoras.
• Educadoras.
• Personal de salud.
• Organizaciones de discapacidad.
• Comunidades indígenas.
• Municipios.
• Academias.
• Niñas y niños, mediante mecanismos adecuados a su edad.

Una política integral no puede construirse exclusivamente entre legisladores, dependencias y especialistas.

Las familias conocen de manera directa dónde se rompe la atención.

Sin presupuesto, la prioridad puede quedar en el papel

El comunicado llama a colocar la primera infancia en el centro de las políticas públicas.

Para comprobarlo, el Congreso deberá mirar el presupuesto.

Una iniciativa sólida tendría que responder cuánto costará:

• Ampliar la educación inicial.
• Formar personal.
• Habilitar centros.
• Mejorar horarios.
• Crear sistemas de información.
• Fortalecer detección del desarrollo.
• Atender zonas rurales.
• Apoyar a personas cuidadoras.
• Supervisar servicios privados.
• Garantizar inclusión.

También debería establecer metas anuales.

Por ejemplo:

• Cobertura de educación inicial.
• Consultas prenatales.
• Lactancia.
• Vacunación.
• Evaluaciones de desarrollo.
• Nutrición.
• Acceso de niñas y niños con discapacidad.
• Reducción de violencia.
• Tiempo de espera para atención especializada.
• Cobertura municipal de servicios.

Sin indicadores, cualquier gobierno podrá afirmar que atiende a la primera infancia porque realiza talleres, campañas o reuniones, aunque las familias continúen sin servicios.

La iniciativa puede abrir una discusión más grande

El planteamiento de Leonor Mejía llega en un momento en que México debate la construcción de sistemas de cuidados, la ampliación de la educación inicial y la necesidad de reducir desigualdades desde los primeros años.

Querétaro tiene la oportunidad de convertir ese debate en una política estatal con continuidad.

Pero para lograrlo tendrá que ir más allá del lenguaje.

La primera infancia no necesita únicamente reconocimiento legislativo. Necesita instituciones capaces de trabajar juntas, servicios cercanos, personal preparado, familias acompañadas y recursos públicos suficientes.

La iniciativa afirma que cuidar a niñas y niños es invertir en el futuro.

La frase es cierta.

Aunque existe una formulación todavía más exigente: las niñas y los niños no son únicamente el futuro de Querétaro. Son personas con derechos en el presente.

Y el presente no puede esperar a que una reforma bien intencionada encuentre presupuesto dentro de varios años.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 19 de julio de 2026.— Una comunidad puede recibir visitantes, cocinar para ellos, conservar el paisaje y compartir sus tradiciones, pero terminar observando cómo la mayor parte del dinero se queda en agencias, plataformas e intermediarios externos.

Modificar esa distribución es el propósito declarado de una iniciativa presentada por la diputada priista Adriana Meza, en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado y la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura.

La propuesta busca incorporar el turismo comunitario a la Ley de Turismo del Estado de Querétaro y reconocer a las personas habitantes como participantes centrales en el diseño, administración y comercialización de las experiencias ofrecidas en sus territorios.

De acuerdo con el comunicado legislativo, el modelo no se limitaría a comunidades rurales. También podría incluir zonas semiurbanas, barrios tradicionales, agrupaciones artesanales y otras comunidades locales con vocación turística.

La idea abre una oportunidad relevante: que el turismo deje de mirar a las comunidades únicamente como escenario y las reconozca como propietarias, gestoras y beneficiarias de la actividad.

Pero la reforma apenas comienza su trayecto legislativo.

La iniciativa todavía no es ley

El calificativo de “reforma histórica” utilizado en el boletín se adelanta al procedimiento.

Hasta ahora se presentó una iniciativa. Para convertirse en norma deberá ser estudiada, dictaminada, discutida y aprobada por el Congreso; después tendría que promulgarse y publicarse oficialmente.

El comunicado no informa a qué artículos modificaría, qué obligaciones asumirían la Secretaría de Turismo y los municipios, cómo se acreditaría a una comunidad turística ni qué recursos económicos respaldarían la política.

La precisión importa porque una declaración legal puede reconocer derechos y objetivos, pero no garantiza por sí sola financiamiento, capacitación, infraestructura, promoción o acceso a mercados.

La versión vigente de la Ley de Turismo de Querétaro ya contempla rutas artesanales, participación de pueblos y comunidades indígenas y promoción de actividades culturales; sin embargo, no contiene expresamente el concepto de “turismo comunitario”.

Por ello, incorporar una definición específica podría ayudar a establecer responsabilidades, mecanismos de coordinación y criterios de apoyo. La utilidad dependerá del contenido final, no únicamente del nombre asignado a la reforma.

El decreto federal abrió la puerta

La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el Decreto publicado el 23 de marzo de 2026, mediante el cual el Gobierno federal declaró al turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional.

El documento federal concibe este modelo como una actividad desarrollada por personas de las propias comunidades, de manera individual o colectiva, que participan en la generación, gestión y promoción de productos y servicios turísticos.

También lo relaciona con la conservación del patrimonio natural y biocultural, el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y una distribución más equitativa de los beneficios.

La Federación instaló posteriormente una coordinación nacional para impulsar este modelo y comenzó a desarrollar Destinos de Turismo Comunitario, distintivos, capacitación y herramientas de promoción.

La reforma queretana intenta trasladar ese enfoque al ámbito local y ampliar su alcance hacia espacios que no siempre encajan en la definición tradicional de turismo rural.

¿Es Querétaro realmente pionero?

El boletín presenta la inclusión de comunidades semiurbanas y barrios tradicionales como una innovación nacional.

La afirmación debe tratarse como una postura de la promovente, no como un hecho comprobado.

Oaxaca ya define en su Ley de Turismo el turismo rural y comunitario como actividades de convivencia e interacción con comunidades, destinadas a generar ingresos y contribuir a la conservación de sus recursos. Chiapas cuenta además con una Ley de Centros Ecoturísticos de Autogestión Comunitaria.

En 2026, otras entidades también han reformado o discutido sus marcos turísticos para reconocer modelos comunitarios, sostenibles y de participación local.

Eso no resta valor a la propuesta queretana. Sí obliga a abandonar la competencia por proclamarse “el primero” y concentrarse en una pregunta más útil: ¿qué protección adicional ofrecerá esta ley a las comunidades?

Querétaro podría construir un modelo relevante si logra integrar lo rural, lo indígena, lo artesanal y lo barrial sin convertirlos en una simple categoría de promoción turística.

Que la comunidad decida, no solamente atienda

La diputada Adriana Meza sostuvo que la reforma colocaría a las personas habitantes en el centro de la administración de la oferta turística y permitiría que la derrama económica llegara directamente a las familias.

Ese principio necesita mecanismos concretos.

Una reforma sólida debería definir quién representa legítimamente a la comunidad, cómo se toman las decisiones, quién administra los ingresos, cómo se reparten los beneficios y qué ocurre cuando existen desacuerdos internos.

También tendría que proteger a las comunidades frente a empresas que utilicen su imagen, gastronomía, patrimonio o conocimientos tradicionales sin autorización ni compensación.

La autogestión no puede reducirse a contratar habitantes como cocineros, guías o vendedores mientras una empresa externa conserva el control de las reservaciones, los precios, la publicidad y las ganancias.

El turismo será comunitario cuando la comunidad tenga capacidad real de decidir qué ofrece, cuánto cobra, cuántos visitantes recibe y qué actividades rechaza.

El dinero necesita reglas transparentes

El primer eje planteado por la iniciativa es económico: fortalecer micro y pequeñas empresas, cooperativas y redes de prestadores locales.

Para conseguirlo, la ley tendría que acompañarse de acciones como capacitación administrativa, acceso a créditos, asesoría jurídica, promoción digital, infraestructura básica y mecanismos de comercialización directa.

También debería establecer indicadores verificables:

• Cuánto dinero gastan los visitantes.
• Qué proporción permanece en la comunidad.
• Cuántos empleos se crean.
• Cuántos son permanentes y con seguridad social.
• Cuántas empresas o cooperativas locales participan.
• Qué porcentaje de las compras se realiza a proveedores del territorio.
• Qué intermediarios reciben comisiones.

Sin estos datos, la “derrama económica” puede convertirse en una expresión repetida por gobiernos y empresas sin demostrar quién recibió realmente el beneficio.

El turismo también puede presionar el territorio

La dimensión ambiental no puede descansar únicamente en presentar a las comunidades como “guardianas” de la naturaleza.

Un aumento de visitantes puede elevar el consumo de agua, la generación de basura, el tráfico, el ruido y la presión sobre senderos, zonas forestales, centros históricos o sitios sagrados.

La ley debería permitir que cada comunidad determine límites de carga, temporadas, actividades permitidas y condiciones ambientales.

También tendría que evitar que el reconocimiento turístico acelere la compra de terrenos, el encarecimiento de viviendas o el desplazamiento de habitantes por negocios de hospedaje.

El desarrollo sostenible no consiste en llevar más personas a todos los lugares. En algunos casos, significa establecer límites para proteger el territorio y la vida comunitaria.

Mujeres y jóvenes: oportunidad sin romantizar el trabajo

Adriana Meza afirmó que el turismo comunitario puede generar arraigo y oportunidades para mujeres y jóvenes.

La posibilidad existe, especialmente en comunidades donde las opciones laborales son limitadas. Sin embargo, la reforma debe evitar que esa promesa descanse en trabajo precario o no remunerado.

Las mujeres suelen sostener actividades relacionadas con cocina, cuidado, limpieza, organización comunitaria y producción artesanal. Si ese trabajo se incorpora a una experiencia turística, debe reconocerse, pagarse y participar en la toma de decisiones.

Los jóvenes, por su parte, pueden aportar herramientas digitales, producción audiovisual, idiomas, comercialización y diseño de experiencias. Pero el arraigo no se construye pidiéndoles permanecer por obligación, sino creando empleos dignos y posibilidades reales de crecimiento.

Una política con perspectiva de género tendría que medir quién controla los ingresos, quién posee los negocios y quién ocupa los cargos dentro de las organizaciones comunitarias.

Preservar no significa congelar una cultura

El tercer eje de la propuesta busca proteger gastronomía, tradiciones, lenguas y patrimonio.

El objetivo es relevante, pero debe evitar una mirada folclórica.

Las comunidades no son museos ni escenarios obligados a repetir una versión estática de sí mismas para satisfacer expectativas de visitantes. Sus culturas cambian, debaten, mezclan influencias y deciden qué elementos desean compartir.

Una legislación progresista debería reconocer el derecho de las comunidades a controlar el uso comercial de sus expresiones culturales y a negar la explotación de conocimientos, ceremonias o espacios considerados sensibles.

El patrimonio no debe convertirse en mercancía sin consentimiento.

La coordinación institucional puede ser una fortaleza

La iniciativa fue presentada por una diputada del PRI y trabajada, de acuerdo con el boletín, con una dependencia del gobierno estatal encabezado por el PAN.

Esa colaboración puede resultar positiva si permite construir una política que trascienda la disputa partidista y llegue al presupuesto, los municipios y las comunidades.

También evita que la propuesta sea vista únicamente como una bandera legislativa individual.

Sin embargo, la participación de la Secretaría de Turismo no sustituye la consulta con quienes serán regulados. Las comunidades, cooperativas, artesanas, cocineras tradicionales, guías y prestadores locales deben intervenir en la elaboración del dictamen.

Legislar sobre autogestión sin escuchar a quienes tendrán que autogestionarse sería una contradicción.

Lo histórico dependerá de lo que ocurra después

Querétaro tiene condiciones para desarrollar experiencias turísticas vinculadas con gastronomía, artesanías, naturaleza, barrios tradicionales, memoria comunitaria y patrimonio biocultural.

La reforma puede ampliar oportunidades y corregir un modelo en el que los territorios reciben visitantes, pero no siempre controlan los beneficios.

Para lograrlo deberá responder preguntas que el boletín todavía deja abiertas:

• ¿Habrá presupuesto específico?
• ¿Cómo se reconocerá a las comunidades participantes?
• ¿Existirá un padrón público?
• ¿Quién vigilará la distribución de ingresos?
• ¿Cómo se protegerá el patrimonio colectivo?
• ¿Qué obligaciones tendrán las empresas intermediarias?
• ¿Cómo se evitará el desplazamiento?
• ¿Qué papel asumirán los municipios?
• ¿Qué indicadores medirán el impacto?

La propuesta acierta al plantear que el turismo puede ser una herramienta de justicia social. Pero una ley no será histórica por la forma en que se anuncia.

Lo será cuando las comunidades dejen de servir como paisaje para la prosperidad de otros y obtengan poder real para decidir, administrar y beneficiarse de aquello que comparten con quienes las visitan.

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Querétaro, Qro., 1 de septiembre de 2025. – La diputada Claudia Gayou, única representante del Partido del Trabajo en el Congreso local, presentó su Primer Informe Legislativo, bajo el lema “Por los Derechos de la Gente”, en el que destacó la presentación de 46 iniciativas de ley enfocadas en justicia social, igualdad y bienestar para las y los queretanos.

Entre los principales ejes de su agenda legislativa, Gayou subrayó propuestas en salud y cuidados, con la creación de un Sistema Estatal de Cuidados; en justicia fiscal, para una distribución más equitativa de recursos municipales y eliminación de cobros ilegales; así como en el derecho al agua, con tarifas más justas.

La diputada también impulsó reformas al Código Penal, como la tipificación del acecho, el castigo al “sicariato digital”, la sanción a la violencia política contra las mujeres y la protección de las infancias frente al abuso sexual. Otras iniciativas clave incluyeron el fortalecimiento de políticas de igualdad de género, la defensa de los derechos indígenas y afromexicanos, la protección de animales como seres sintientes y la lucha contra el nepotismo electoral.

Gayou señaló que, aunque gran parte de sus iniciativas permanece en la “congeladora legislativa”, continuará trabajando de la mano del pueblo para garantizar que las transformaciones pendientes se hagan realidad. “Fuimos electos para ser oposición y contrapeso, para no permitir atropellos ni simulaciones. Nuestro compromiso es con la gente, no con los privilegios del poder”, afirmó.

El informe remarcó que el PT en Querétaro mantendrá su labor como una fuerza progresista y cercana a la ciudadanía, en sintonía con la agenda de la Cuarta Transformación.

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