SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Legislar a espaldas de la ciudadanía y heredar administraciones con opacidad tiene los días contados en Querétaro. La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura aprobó dos dictámenes fundamentales que buscan transformar la rendición de cuentas y la participación democrática en el estado.

En sesión presidida por el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, el primer gran acuerdo fue la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para instaurar formalmente el modelo de Parlamento Abierto.

Leyes fuera del escritorio y máxima publicidad

La diputada Andrea Tovar Saavedra, autora de la iniciativa, advirtió que los congresos no pueden seguir siendo percibidos como espacios lejanos o ajenos a los problemas reales. “El parlamento abierto no es un concepto decorativo, sino una forma distinta de ejercer el Poder Legislativo (…) Es garantizar la participación para que las leyes no se construyan a espaldas de la ciudadanía”, sentenció.

La reforma obligará al Congreso a operar bajo estándares internacionales de “máxima publicidad” y datos abiertos, además de exigir la creación de un micrositio interactivo para que la ciudadanía analice las leyes antes de ser aprobadas.

Esta postura fue fuertemente respaldada por legisladoras de distintas fuerzas políticas. Teresita Calzada Rovirosa subrayó que “no es viable legislar desde un escritorio”, mientras que la panista Leonor Mejía Barraza enfatizó que abrir el Congreso reduce los espacios de opacidad y permite que la ciudadanía sepa no solo qué se decide, sino cómo y por qué.

Candados a las transiciones de gobierno rumbo a 2027

En un segundo punto del orden del día, la comisión aprobó la nueva Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, una propuesta del Ejecutivo estatal que reemplazará a la normativa vigente desde 2009.

El diputado Sinuhé Piedragil explicó que esta actualización endurece las reglas del juego para el cambio de poderes, un tema crucial de cara al proceso electoral de 2027. La nueva ley define claramente las fases preparatorias e informativas del proceso.

El candado más severo de la nueva legislación es la obligación para que todo servidor público entrante presente su “constancia de no inhabilitación” antes de firmar el acta de recepción del cargo. “Sin duda puede ser un gran avance para lo que se está observando en el proceso de entrega de 2027 en el estado y los municipios”, concluyó Piedragil, dejando el dictamen listo para su votación final en el Pleno.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Mientras las zonas urbanas debaten sobre infraestructura hídrica, las comunidades originarias de Querétaro llevan años sobreviviendo gracias a sus propios medios. Para saldar esta deuda histórica, la diputada local de Morena, María Eugenia Margarito Vázquez, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Querétaro.

El objetivo de esta propuesta es claro: otorgar reconocimiento jurídico a los modelos de autogestión hídrica que operan en las zonas rurales, garantizando que el Estado respete su autonomía y, por primera vez, les brinde apoyo financiero, técnico y legal.

El abandono institucional en cifras

En su exposición de motivos, la legisladora evidenció una realidad alarmante. De acuerdo con datos del INEGI, en el estado el 26.79% de la población carece de acceso al agua entubada de forma diaria, una carencia que golpea desproporcionadamente a las comunidades campesinas e indígenas.

Frente a la exclusión histórica de los servicios municipales, los pueblos originarios construyeron sus propios sistemas comunitarios. “Constituyen una estrategia complementaria e indispensable para la realización del derecho humano al agua en el territorio queretano, cuyo reconocimiento, protección y fortalecimiento resulta imperativo”, señala el documento.

Consultas obligatorias y paridad de género

Margarito Vázquez, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas en la LXI Legislatura, destacó que la iniciativa está blindada bajo estándares internacionales y la Ley General de Aguas. Entre sus candados más fuertes, establece la consulta previa, libre e informada como un requisito ineludible para cualquier decisión gubernamental o privada que pretenda involucrar el agua de las comunidades originarias.

Asimismo, la ley fomenta la perspectiva de género al garantizar la participación equitativa de las mujeres en los comités de toma de decisiones sobre el agua.

Para consolidar esta propuesta, la legisladora anunció que en las próximas semanas se organizarán foros de consulta directa en los pueblos y comunidades indígenas del estado, invitando a la ciudadanía a enriquecer este marco legal que busca transitar del abandono a la verdadera justicia hídrica.

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