Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – En una de las sesiones más productivas y de mayor impacto social de la LXI Legislatura, el Congreso de Querétaro desahogó una pesada agenda legislativa que redefine el marco de derechos humanos, la impartición de justicia y la rendición de cuentas en el estado.

El acto arrancó con una declaratoria histórica. Constituido como Constituyente Permanente local, el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, declaró formalmente aprobada la Reforma al Poder Judicial del Estado de Querétaro, luego de contabilizar el voto a favor de 15 de los 18 ayuntamientos de la entidad, sellando así el inminente proceso de elección de jueces y magistrados locales.

Derechos Humanos: Identidad, Consentimiento y Feminicidio

El bloque de justicia social acaparó los reflectores. Por fin, el Pleno aprobó las reformas al Código Civil que garantizan el derecho a la Identidad de Género Autopercibida. A partir de ahora, el cambio de nombre y sexogénero se realizará mediante un trámite administrativo ágil ante el Registro Civil, eliminando los revictimizantes dictámenes médicos o psicológicos.

En materia penal, se aprobó redefinir el delito de abuso sexual colocando el “consentimiento” como el elemento central, impidiendo que sea un presupuesto asumido. Además, se tipificó el delito de “Cohabitación Forzada”, imponiendo de 8 a 15 años de prisión a quien obligue o coaccione a menores de edad a vivir en uniones equiparables al matrimonio.

A la par, la Legislatura erigida en Constituyente Federal respaldó la reforma constitucional para expedir la Ley General en Materia de Feminicidio, una medida aplaudida por los diputados Homero Barrera y Andrea Tovar para erradicar este delito en todo el país.

Fin a las “pensiones doradas” y Parlamento Abierto

El combate a los excesos burocráticos también fue avalado. Se aprobó la minuta federal para limitar las pensiones y jubilaciones en las entidades públicas. “Nadie puede servirse del poder y excederse en el uso de recursos que pertenecen al pueblo”, sentenció el diputado Eric Silva. Sin embargo, el debate subió de tono al avalar los topes de austeridad a estados y municipios, medida que enfrentó el rechazo de los panistas Adriana Meza, Paul Ospital y Enrique Correa, pero fue defendida por Ulises Gómez como un freno a los privilegios.

En el ámbito local, Querétaro oficializó la implementación del Parlamento Abierto, una reforma a su Ley Orgánica que obligará a los diputados a co-crear las leyes junto a la ciudadanía, garantizando máxima publicidad. Asimismo, se aprobó una reforma a la Ley de Obra Pública para destrabar la inversión en escuelas que carecen de escrituras formales, bastando ahora la constancia de posesión por parte de USEBEQ.

La maratónica sesión cerró con un homenaje en “Letras Doradas” al Ejército Mexicano por su labor en el Plan DN-III-E, donaciones de predios para un Centro de Salud en Tolimán y vivienda de Infonavit en Tequisquiapan, y un tenso bloque de Asuntos Generales donde la diputada Claudia Díaz Gayou abordó el posible juicio político en su contra.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La inminente dictaminación de la reforma al Poder Judicial en Querétaro ha encendido las alertas en la oposición local. Diputados de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) trazaron una línea roja este martes: no habrá consenso ni votos si el dictamen estatal intenta burlar el espíritu de la reforma constitucional federal a través de vacíos legales.

En rueda de prensa, los legisladores Eric Silva Hernández y Claudia Díaz (coordinadora de la fracción del PT), acompañados por Blanca Flor Benítez, Rosalba Vázquez y María Eugenia Margarito, denunciaron la posible creación de un “Frankenstein” judicial diseñado para simular una democratización, mientras se mantiene el control institucional en manos de “los mismos de siempre”.

La trampa de las leyes secundarias

El punto de quiebre en las negociaciones radica en dónde quedarán escritas las nuevas reglas del juego. La 4T exige que los requisitos para ser juez o magistrado, así como las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, queden blindados desde la Constitución del Estado.

“Los requisitos para poder ser candidatos deben venir en la Constitución nada más, porque si los mandan a leyes secundarias, como la Ley Orgánica, lo único que van a hacer es cerrar los requisitos para que solamente puedan entrar los amigos, los socios, los compadres o los que les deben un favor al Poder de siempre”, advirtió tajantemente la diputada Claudia Díaz.

Por su parte, el diputado Eric Silva enfatizó que la homologación local debe basarse en tres ejes irrenunciables: apertura democrática para renovar a los juzgadores, pluralidad real y resultados expeditos para la población, acabando con la opacidad procesal.

Sin suplentes, rige el voto

Los legisladores también rechazaron de tajo la figura de “suplentes” para cubrir ausencias en los tribunales, exigiendo que las vacantes sean ocupadas por quienes hayan quedado en segundo lugar en las votaciones populares, respetando la voluntad de las urnas. “Si el pueblo vota, su decisión debe respetarse”, sentenciaron.

El bloque progresista dejó claro que no están en contra de modernizar el marco de justicia, pero adelantaron que su voto será en contra si el dictamen final resulta ser una manipulación legal que deje al Poder Judicial “secuestrado” por los intereses de las élites locales en lugar de garantizar una austeridad republicana.

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