Por: Redacción | LYPmultimedios

Querétaro, Qro.— En respuesta a la creciente preocupación social por el trato institucional hacia personas con discapacidad, las diputadas Perla Patricia Flores Suárez (PVEM) y María Leonor Barraza Mejía (PAN) presentaron un exhorto legislativo para fortalecer la capacitación policial en autismo, discapacidad intelectual y manejo adecuado de crisis sensorial en los 18 municipios del estado, con énfasis en la capital queretana.

La iniciativa surge tras la reciente denuncia difundida en redes sociales, donde un menor de 12 años con autismo y retraso de lenguaje habría sido sometido mediante un uso inadecuado de la fuerza por personal de seguridad privada y elementos de la Policía Municipal de Querétaro. El hecho, señalan las diputadas, “generó profunda preocupación social” y reveló fallas en los protocolos de actuación frente a personas neurodivergentes.

El documento recuerda que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad obliga a las autoridades a capacitar y sensibilizar a su personal para garantizar un trato digno, respetuoso y libre de discriminación. Sin embargo, apuntan, persisten episodios en los que la falta de formación especializada deriva en intervenciones erróneas y revictimizantes.

Flores Suárez y Barraza Mejía subrayan que la ausencia de conocimientos sobre conductas propias del espectro autista —como sensibilidad al contacto, desorientación o reactividad intensa a estímulos— puede traducirse en interpretaciones equivocadas o en el empleo desproporcionado de la fuerza. “Una capacitación adecuada salva vidas, reduce riesgos y fortalece la confianza ciudadana”, sostienen.

El exhorto plantea dos líneas principales de acción:

1. Municipio de Querétaro:

   – Realizar una investigación exhaustiva sobre el caso denunciado y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas.

2. Todos los municipios del estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

   – Implementar o reforzar programas permanentes de capacitación en autismo, discapacidad intelectual, manejo de crisis sensoriales, desescalamiento, trato diferenciado a niñas, niños y adolescentes, y protocolos de comunicación efectiva.

   – Incorporar módulos diseñados en conjunto con especialistas en neurodesarrollo, instituciones académicas y organizaciones civiles que trabajan con personas con discapacidad.

La iniciativa reafirma que los municipios, como primera autoridad de proximidad, requieren herramientas claras y actualizadas para atender situaciones complejas sin vulnerar derechos humanos. Con ello, la Legislatura busca prevenir la repetición de actos de violencia institucional y avanzar hacia una seguridad pública plenamente inclusiva.

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