Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.— Hay días legislativos que parecen trámite y terminan siendo balance. Este martes, en el salón de plenos de la LXI Legislatura, el Congreso de Querétaro hizo dos cosas que rara vez se piensan juntas y que, sin embargo, hablan del mismo asunto: quién paga los costos de lo que decidimos como sociedad, y quién tiene permitido decidir. Por un lado, se le puso precio al aire que se ensucia. Por el otro, se le puso ley a un derecho que hasta ayer dependía de la buena voluntad de los partidos.

El aire tiene ahora una declaración anual

El primer dictamen del día no tuvo la épica de las cifras electorales, pero sí una instrucción concreta: a partir de esta reforma a la Ley de Hacienda del Estado, quienes emitan bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos o hexafluoruro de azufre —los seis gases que la ciencia climática reconoce como motores del calentamiento global— deberán declararlo y pagar un impuesto cada año, a más tardar el 22 de julio. La modificación no nació de una ocurrencia local: respondió a una observación de la Auditoría Superior de la Federación, que pidió precisar con exactitud qué contaminantes se gravan y cómo se reparten los recursos, para que ningún componente del cobro quedara en la ambigüedad.

Ahí no terminó el dictamen. También se tocó un mecanismo menos visible, pero con consecuencias muy concretas para las finanzas municipales: el 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal —comparado contra los niveles de 2013— solo se repartirá entre los ayuntamientos que tengan firmado y vigente un convenio de cobro del predial con el Ejecutivo estatal. Traducido a la vida cotidiana: el municipio que no colabore con el Estado en la recaudación del predial se queda fuera de una parte de las participaciones que le corresponderían. Es una manera, poco discutida en el debate público, de premiar la corresponsabilidad fiscal entre niveles de gobierno.

El artículo que Querétaro discutió durante una semana

Si el primer punto del orden del día fue técnico, el segundo fue, sin exagerar, el que definirá cómo se ve el poder local en Querétaro durante el próximo proceso electoral. Con 19 votos a favor y 6 en contra, el Pleno aprobó el acumulado de dieciséis iniciativas que reforman la Ley Electoral del Estado: el mismo dictamen que una semana antes había salido de comisión entre elogios de la bancada de Morena y el desacuerdo de tres legisladoras de oposición.

El corazón de la discusión siguió siendo el artículo 166. La ley aprobada obliga, por primera vez de manera expresa, a que los partidos postulen mujeres para encabezar planillas de ayuntamiento en al menos dos de los municipios donde, hasta hoy, ninguna mujer ha llegado a la presidencia municipal por voto popular. No es un matiz menor: durante años, la paridad numérica —la mitad de las candidaturas para mujeres— convivió sin contradicción con la costumbre de enviarlas a competir en los lugares donde el partido sabía, de antemano, que iba a perder.

El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, calificó el resultado como “un dictamen sólido, equilibrado y construido desde la pluralidad”, y subrayó que la reforma no se limita a garantizar el 50% de mujeres en candidaturas y en la integración de los órganos de representación, sino que incorpora acciones afirmativas para los municipios, algo que definió como “una deuda histórica”.

Los números que la diputada Tovar puso sobre la mesa

La intervención que mejor explicó por qué esta reforma no es solo un ejercicio de buena fe corrió a cargo de la diputada Andrea Tovar Saavedra. Recordó que en 2021 Querétaro llegó a la paridad numérica perfecta: el mismo número de candidatos hombres y mujeres. Y que en 2024 hubo, incluso, más candidatas que candidatos a las presidencias municipales: 57 mujeres contra 52 hombres. El resultado final, sin embargo, fue de apenas cuatro mujeres electas como presidentas municipales. La paridad en la boleta, dijo en sustancia la legisladora, no se ha traducido en paridad en el poder. Es exactamente la brecha que el nuevo artículo 166 intenta cerrar, no ya con una cuota de candidaturas, sino con una cuota de municipios donde se garantiza competitividad real.

Una discusión que Morena no cerró puertas adentro

Lo más revelador del Pleno de este martes no fue el resultado —que ya se veía venir desde la sesión de comisión—, sino el hecho de que la discusión sobre qué tan lejos debía llegar la reforma siguió viva dentro de la propia bancada mayoritaria. La diputada Rosalba Vázquez Munguía, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos e integrante del Grupo Legislativo de Morena, anunció públicamente su voto en contra del dictamen, al considerar que la vía elegida para armonizar la paridad y la perspectiva de género resultaba insuficiente frente a los criterios constitucionales en la materia. Presentó, además, una reserva para obligar explícitamente a los partidos a garantizar la postulación de mujeres al frente de planillas en al menos dos municipios sin antecedente de gobierno femenino electo; la reserva no prosperó.

A esa misma exigencia de ir más lejos se sumó la diputada Blanca Benítez, quien respaldó la propuesta de que la obligación se extendiera a tres municipios en lugar de dos, con un argumento que trascendió el trámite legislativo: “en pleno 2026 hay municipios del estado en donde ninguna mujer ha sido electa por medio del voto popular”, y llamó a los propios militantes de su partido a no repetir la fórmula de “prometer igualdad en el discurso y negársela en la realidad”. Por la vía opuesta, la diputada priista Adriana Meza Argaluza insistió en su propia reserva para elevar de dos a tres los municipios obligados; tampoco alcanzó los votos.

Que ninguna de las dos reservas —una de oposición, otra surgida de las propias filas de Morena— haya prosperado no cierra la conversación: la confirma. Lo que el Pleno aprobó este martes es, en los hechos, un piso, no un techo, tal como quedó asentado en los propios considerandos del dictamen, que definen la regla del 50% como un mínimo a interpretarse siempre bajo el principio pro persona y de progresividad de los derechos político-electorales. La puerta para exigir tres, cuatro o los cinco municipios más poblados —Querétaro, El Marqués, Colón, Tequisquiapan y Amealco, los que concentran más votos y más poder— sigue abierta para la próxima legislatura.

Lo que queda

Con esta reforma, Querétaro llega al proceso electoral 2026-2027 con una Ley Electoral renovada, que además moderniza la operación del Instituto Electoral con firma electrónica, notificaciones digitales y audiencias a distancia, y que endurece las sanciones contra la violencia política de género. Pero el dato que probablemente se repita en las próximas semanas de campaña no será el de los dieciséis dictámenes fusionados, sino el que compartió la diputada Tovar: 57 candidatas, 52 candidatos, cuatro presidencias. La ley ya cambió. La aritmética real del poder todavía tiene una cuenta pendiente, y en Querétaro, esa cuenta ahora tiene fecha: 2027.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 8 de julio de 2026.— La diputada local Claudia Díaz Gayou presentó un proyecto de reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro con el objetivo de fortalecer la progresividad de los derechos político-electorales de las mujeres y avanzar hacia una representación pública más equitativa en la entidad.

La iniciativa plantea consolidar una democracia más incluyente mediante reglas que no solo reconozcan la paridad en el papel, sino que busquen hacerla efectiva en los espacios donde realmente se disputa el poder.

El eje más relevante de la propuesta es que los partidos políticos postulen mujeres como candidatas a la presidencia municipal en al menos tres de los cinco municipios con mayor población del estado, además de mantener el sistema de bloques de competitividad.

La reforma toca un punto clave: no basta con postular mujeres; importa dónde se les postula y con qué posibilidades reales de ganar.

Paridad sustantiva, no solo paridad numérica

La propuesta de Díaz Gayou reconoce los avances logrados en México durante los últimos años: desde las cuotas de género hasta la llamada paridad en todo y los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Sin embargo, también parte de una advertencia: la igualdad formal no siempre garantiza igualdad real.

En muchos procesos electorales, los partidos cumplen con la paridad numérica, pero colocan a mujeres en espacios menos competitivos, municipios de menor peso político o candidaturas con baja probabilidad de triunfo.

Esa práctica convierte la paridad en una simulación: se cumple la regla, pero se mantiene intacta la estructura de poder.

Por eso la iniciativa apuesta por fortalecer la paridad sustantiva, es decir, una paridad que se mida no solo por el número de candidatas, sino por la calidad política de las postulaciones.

El poder municipal también debe abrirse a las mujeres

El punto central de la reforma está en las presidencias municipales.

En Querétaro, como en buena parte del país, los municipios de mayor población concentran presupuesto, visibilidad, estructura territorial, influencia partidista y proyección política.

Por eso, exigir que al menos tres de los cinco municipios más poblados tengan candidatas mujeres no es un detalle técnico: es una medida que busca disputar los espacios de mayor peso dentro del mapa electoral local.

Si las mujeres solo son postuladas donde el poder pesa menos, la democracia sigue siendo paritaria en discurso, pero desigual en los hechos.

La reforma busca impedir que las candidaturas femeninas sean relegadas a posiciones simbólicas o territorios políticamente secundarios.

También mantiene el sistema de bloques de competitividad, una herramienta diseñada para evitar que los partidos concentren candidaturas de mujeres en distritos o municipios donde históricamente tienen menos posibilidades de ganar.

Una reforma con impacto directo en los partidos

La propuesta obligaría a los partidos políticos a revisar de manera más profunda sus procesos internos de selección de candidaturas.

No se trataría únicamente de cumplir una lista equilibrada entre hombres y mujeres, sino de garantizar que las mujeres tengan presencia real en municipios estratégicos.

El mensaje a los partidos es claro: la paridad no puede administrarse desde la conveniencia electoral de las dirigencias.

Si avanza, la reforma podría modificar la manera en que los institutos políticos diseñan sus candidaturas municipales, negocian espacios internos y distribuyen oportunidades entre sus cuadros.

También podría abrir la puerta a más liderazgos femeninos con capacidad de gobernar municipios de alta población, donde se concentran problemas complejos como movilidad, seguridad, desarrollo urbano, servicios públicos, vivienda, agua, infraestructura y desarrollo económico.

Derechos políticos con piso parejo

Claudia Díaz Gayou presentó la iniciativa como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y la ampliación de los derechos políticos de las mujeres queretanas.

El concepto de derechos político-electorales no se limita al derecho a votar. Incluye también el derecho a ser votadas, a competir en condiciones de equidad, a ejercer cargos sin violencia y a participar en la toma de decisiones públicas.

Una democracia que limita a las mujeres a candidaturas decorativas no es una democracia plenamente incluyente.

La reforma se inscribe en una discusión nacional más amplia: cómo pasar de la presencia de mujeres en boletas a la presencia de mujeres en gobiernos.

Porque la paridad no termina el día del registro de candidaturas. Se confirma cuando las mujeres llegan a los cargos, gobiernan con autonomía y no enfrentan violencia, bloqueo o subordinación dentro de sus propios partidos.

El reto de la violencia política

Aunque el boletín se concentra en las reglas de postulación, el contexto nacional obliga a mirar otro problema: la violencia política contra las mujeres.

El aumento de la participación femenina en cargos públicos y candidaturas ha venido acompañado de agresiones, amenazas, hostigamiento, violencia digital, descalificaciones de género y obstáculos dentro de partidos e instituciones.

Cuando una mujer gana espacio político, muchas veces no solo compite contra adversarios: compite contra prejuicios, redes internas y formas de violencia diseñadas para expulsarla.

Por eso, fortalecer derechos político-electorales requiere más que candidaturas. Requiere condiciones para competir, ganar y ejercer el cargo sin violencia.

La paridad sustantiva debe ir acompañada de protocolos, sanciones, financiamiento, capacitación, mecanismos de denuncia y voluntad partidista real.

Querétaro frente a una decisión democrática

La iniciativa llega en un momento en que Querétaro discute distintas reformas electorales y constitucionales que pueden modificar la forma en que se organiza la competencia política local.

En ese escenario, la propuesta de Díaz Gayou coloca la igualdad de género en el centro de la discusión electoral.

El fondo de la reforma no es favorecer a un partido ni a una persona. El fondo es impedir que la democracia queretana siga reservando sus espacios más poderosos para los mismos perfiles de siempre.

Si la iniciativa avanza, los partidos deberán asumir que la paridad no puede quedar confinada a municipios donde el costo político sea menor.

También deberán reconocer que las mujeres tienen derecho a disputar los territorios donde se define el poder real.

Más mujeres donde se decide más

La propuesta de postular mujeres en al menos tres de los cinco municipios más poblados busca corregir una desigualdad frecuente: que las mujeres sean incluidas, pero no necesariamente en los espacios de mayor competitividad o impacto.

Ese criterio puede tener un efecto importante.

Los municipios más poblados suelen tener mayor presupuesto, más exposición pública y mayor peso en la vida política estatal. Gobernarlos puede proyectar liderazgos hacia otros cargos, como diputaciones, senadurías o incluso gubernaturas.

Cerrar a las mujeres el acceso a esos municipios también limita su futuro político.

Por eso la reforma no solo se refiere a una elección. Se refiere a la construcción de trayectorias.

Una mujer que gobierna un municipio relevante puede demostrar capacidad administrativa, generar estructura política, consolidar liderazgo territorial y disputar espacios superiores en condiciones más competitivas.

La democracia también se diseña con reglas

La discusión sobre paridad suele generar resistencias bajo el argumento de que las candidaturas deben definirse únicamente por “mérito”.

Pero ese argumento ignora que durante décadas el sistema político no operó en un terreno neutral. Las redes partidistas, los pactos internos, el financiamiento, la visibilidad pública y la selección de candidaturas favorecieron históricamente a los hombres.

La igualdad no aparece sola. Se construye con reglas que corrijan desigualdades acumuladas.

La reforma de Díaz Gayou apunta justamente a eso: modificar las reglas para que las mujeres no dependan únicamente de la voluntad política de las dirigencias partidistas.

En democracia, las reglas importan porque definen quién puede competir, dónde puede competir y con qué posibilidades reales.

Una iniciativa para medir la congruencia política

La propuesta también funcionará como prueba de congruencia para los partidos.

Todos los institutos políticos suelen declarar públicamente su respaldo a la igualdad, la participación de las mujeres y la democracia incluyente. Pero el debate legislativo obligará a definir si están dispuestos a trasladar ese discurso a reglas concretas.

La paridad se presume fácil; se defiende de verdad cuando toca candidaturas competitivas.

Ahí estará el punto de tensión.

Porque postular mujeres en municipios estratégicos implica mover equilibrios internos, desplazar inercias y abrir espacios donde tradicionalmente se concentran liderazgos masculinos.

El siguiente paso

El proyecto de reforma deberá ser analizado dentro del Congreso de Querétaro y, en su caso, avanzar por el proceso legislativo correspondiente.

Por ahora, la iniciativa abre una discusión necesaria: cómo garantizar que la igualdad sustantiva no se quede en la ley, sino que se traduzca en poder real para las mujeres.

Una democracia no se mide solo por cuántas mujeres aparecen en la boleta. Se mide por cuántas pueden competir en serio, ganar, gobernar y decidir.

Claudia Díaz Gayou coloca sobre la mesa una reforma que podría cambiar la forma en que los partidos reparten las candidaturas municipales.

La pregunta ahora será si el Congreso y los partidos están dispuestos a dar el paso que sigue después de la paridad formal.

Porque la igualdad no consiste en abrir una puerta simbólica.

Consiste en entregar también las llaves de los espacios donde se decide el poder.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Con el objetivo de romper la hegemonía de los partidos políticos y abrir la puerta a una verdadera participación ciudadana, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro que busca empoderar a las asociaciones políticas estatales.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Asuntos Electorales advirtió que actualmente estas organizaciones son “figuras estáticas, de escritorio o un florero”. Por ello, su propuesta plantea la creación de los “Acuerdos de Participación Política”, un mecanismo jurídico que permitirá a las asociaciones aliarse con partidos políticos para postular candidatos, definir agendas de gobierno e, incluso, incluir su nombre y emblema en la propaganda electoral oficial.

Flexibilidad para la ciudadanización de la política

Para garantizar que estas causas ciudadanas legítimas tengan un rostro claro en los comicios de 2027, la iniciativa de Piedragil Ortiz también propone reducir los obstáculos burocráticos para su conformación.

Entre las modificaciones destaca la disminución del número de afiliados requeridos, fijando un mínimo de mil personas (o acreditar al menos el 0.13% del padrón electoral local cada tres años) sin la exigencia de distribución porcentual por municipio. Únicamente se solicitará representación orgánica en 4 municipios y 3 distritos locales. Además, se implementará el uso de herramientas digitales para que los ciudadanos puedan afiliarse de manera rápida, segura y con total protección de datos personales.

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