Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— El diputado local Homero Barrera McDonald llevó al Pleno del Congreso de Querétaro una agenda que, aunque parece dividida en tres temas distintos, tiene un mismo hilo político: justicia social, defensa de la soberanía y fortalecimiento institucional.

El legislador de Morena fijó postura sobre tres asuntos: la donación de alimentos para atender carencias sociales, la reforma constitucional contra la intervención extranjera en elecciones y los ajustes a la reforma judicial.

En términos simples, Barrera habló de comida, democracia y justicia. Tres temas que suelen discutirse por separado, pero que terminan tocando la vida cotidiana de la gente.

El primer eje fue su iniciativa para fomentar la donación de alimentos en Querétaro. El diputado señaló una contradicción difícil de justificar: mientras familias enfrentan carencias alimentarias, grandes cantidades de productos aptos para consumo terminan desperdiciadas.

La propuesta busca fortalecer una cultura de donación que no dependa solo de la buena voluntad, sino de mecanismos más claros de coordinación y apoyo.

Para Barrera, donar alimentos no debe verse únicamente como caridad, sino como una forma de solidaridad institucional. Es decir, una política capaz de conectar excedentes con personas que los necesitan, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable.

El legislador reconoció el acompañamiento de las diputadas Ginna Guzmán, Vero Galicia y Teresita Calzada en el desahogo de la propuesta dentro de la Comisión de Desarrollo Social.

El tema también tiene una dimensión ambiental. Cada alimento que se desperdicia implica agua, tierra, energía, transporte y trabajo que se pierden. Combatir el desperdicio no solo ayuda a familias con hambre; también reduce una carga innecesaria para el medio ambiente.

El segundo eje fue la defensa de la soberanía nacional en materia electoral. Barrera respaldó la minuta de reforma constitucional que permite anular elecciones cuando existan actos graves y determinantes de intervención extranjera.

Desde su postura, esta reforma atiende una laguna técnica y da herramientas a las autoridades jurisdiccionales para proteger la voluntad popular frente a posibles intromisiones externas.

El punto no es menor: en tiempos de campañas digitales, financiamientos opacos, operaciones de desinformación y presión internacional, la soberanía electoral ya no se defiende solo en las urnas, sino también en el terreno de la información y la legalidad.

El diputado sostuvo que la Cuarta Transformación defiende la cooperación internacional, pero no la subordinación ni la injerencia en asuntos internos. Bajo esa lógica, afirmó que las elecciones nacionales deben decidirse exclusivamente por la ciudadanía mexicana.

La discusión, sin embargo, exigirá precisión. Una reforma de este tipo debe proteger la soberanía sin abrir puertas a interpretaciones políticas abusivas. Defender la democracia implica impedir injerencias externas, pero también garantizar que las reglas sean claras, verificables y no se usen contra adversarios internos.

El tercer eje fue la reforma judicial. Barrera defendió los ajustes recientes como un ejercicio de responsabilidad política para corregir desafíos operativos sin abandonar el objetivo central: democratizar el Poder Judicial.

El legislador afirmó que las nuevas reglas buscan dar mayor certeza jurídica a autoridades y participantes, así como mejorar la viabilidad técnica y administrativa de los procesos electorales judiciales.

Su lectura es que la reforma judicial no se debilita por ajustarse; al contrario, se fortalece si reconoce problemas y corrige el camino.

Este punto resulta clave porque la elección de personas juzgadoras ha sido uno de los cambios más discutidos del país. Para sus defensores, abre la puerta a un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. Para sus críticos, puede generar riesgos de politización, presión partidista o falta de información para votar.

Barrera se colocó del lado de quienes consideran que la reforma debe mantenerse, pero con reglas más claras para funcionar mejor.

La pregunta de fondo será si esos ajustes logran acercar la justicia a la gente o si el proceso termina atrapado en una disputa política difícil de entender para la ciudadanía.

Con sus tres posicionamientos, Homero Barrera buscó perfilar una agenda legislativa de Morena desde Querétaro: combatir desigualdad concreta, defender la soberanía nacional y acompañar reformas estructurales del proyecto federal.

El valor político de esa agenda dependerá de su aplicación. La donación de alimentos deberá traducirse en comida que llegue a quienes la necesitan. La defensa de la soberanía electoral deberá tener reglas claras. Y la reforma judicial tendrá que demostrar que puede mejorar la justicia sin volverla más confusa o más partidista.

Porque una agenda legislativa no se mide solo por sus discursos en tribuna. Se mide cuando cambia algo fuera del Congreso: en una familia que come, en una elección confiable y en una persona que encuentra justicia.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Entendiendo que la política de altos vuelos no sirve de nada si no aterriza en las necesidades básicas de la población, la senadora Beatriz Robles Gutiérrez ha desplegado una estrategia de doble impacto: blindar jurídicamente a los sectores vulnerables en Querétaro y empujar una agenda legislativa de peso pesado en el Senado de la República.

A nivel territorial, la legisladora dio un golpe de “justicia social” al firmar un convenio de colaboración con el reconocido abogado penalista Guillermo Antonio Bernal Macías. El objetivo de esta alianza es derribar la barrera económica que impide a miles de ciudadanos acceder a una defensa justa, ofreciendo asesorías jurídicas gratuitas, representación legal accesible y capacitación en procedimientos penales.

“El ejercicio del derecho es al mismo tiempo arte y política, ética y acción”, sentenció Robles Gutiérrez, advirtiendo que la falta de dinero o el desconocimiento legal ya no deben ser condenas anticipadas para las familias queretanas.

SRE, paquete económico y feminicidio a la tribuna

A la par de su operación local, la senadora reveló la pesada artillería legislativa que se desahogará esta semana en la Cámara Alta, destacando tres frentes que sacudirán la política nacional.

En materia económica, el Pleno discutirá reformas clave dictadas desde San Lázaro: modificaciones al Código Fiscal de la Federación, ajustes a la Ley Federal de Presupuesto y la creación de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, piezas fundamentales para el desarrollo financiero del país.

En el ámbito diplomático, adelantó que el Senado se alista para procesar la inminente ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, el tema más sensible de su agenda es la cruzada por la justicia de género. Robles Gutiérrez confirmó que ya se analiza en comisiones la reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en todo México, acompañada de una nueva Ley General en la materia, buscando acabar de tajo con los vacíos legales que permiten la impunidad de los agresores en los distintos estados.

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