Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.— El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que los intentos por controlar la libertad de expresión en redes sociales representan una amenaza para la democracia mexicana, y sostuvo que el país se acerca “peligrosamente” a modelos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su pronunciamiento, difundido el 30 de julio, se dio en medio del debate por los lineamientos sobre derechos de las audiencias que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene en consulta pública.

El planteamiento del PAN

“La libertad de expresión no pertenece al gobierno; pertenece a las y los mexicanos. Ninguna autoridad puede decidir qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser silenciadas”, afirmó Romero Herrera. Argumentó que los gobiernos autoritarios comienzan restringiendo la crítica y desacreditando a quienes piensan distinto, y que las redes sociales se han vuelto uno de los principales espacios de debate público, denuncia ciudadana y rendición de cuentas.

El dirigente panista sostuvo que su partido defenderá el derecho de periodistas, ciudadanos, creadores de contenido y académicos a expresarse sin presiones, y advirtió: “Buscan aniquilar el periodismo crítico en el país, no hay ninguna duda”.

Dos debates distintos que el pronunciamiento fusiona

Aquí es donde conviene ordenar los hechos, porque en esos días corrían dos discusiones separadas y el comunicado del PAN las trata como una sola.

La primera son los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, en consulta pública hasta el 21 de agosto. Ese anteproyecto no regula redes sociales: establece obligaciones para concesionarios de radio y televisión —código de ética, defensor de audiencias, separación entre información, opinión y publicidad, derecho de réplica y accesibilidad—, sin revisión previa de contenidos y con procedimientos que solo pueden iniciarse tras una queja concreta.

La segunda es la propuesta de regulación sobre el uso de plataformas digitales por parte de menores de edad, que el gobierno federal construye mediante foros regionales y que ha planteado como asunto de salud pública, centrada en tiempos de pantalla y protección de infancias, no en el contenido de las opiniones de los adultos.

Ninguna de las dos, en su formulación actual, contempla facultades para que la autoridad decida qué opiniones pueden publicarse en redes sociales. Señalarlo no invalida la preocupación de fondo del PAN, pero sí precisa a qué se refiere el debate.

Lo que dijo la industria directamente afectada

El dato más relevante para evaluar el señalamiento viene de quien tendría más que perder: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció que la intención de la CRT no es censurar a los medios, respaldó el proceso de consulta pública y avaló la existencia de mecanismos de queja. Su objeción es más acotada: pidió corregir disposiciones ambiguas que, considera, podrían derivar en discrecionalidad, sanciones desproporcionadas o injerencia en decisiones editoriales.

Donde el reclamo del PAN sí tiene sustento

Sería incompleto reducir el pronunciamiento a una exageración. Hay una objeción de peso que no proviene de un partido: la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) advirtió que “el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”, aun reconociendo que la protección de audiencias busca combatir la desinformación.

Es decir: la preocupación por la redacción final del documento está documentada y proviene también de fuera del ámbito partidista. La discusión sobre dónde termina la regulación legítima y dónde empieza la presión sobre líneas editoriales es real, y se resolverá en la letra de los artículos definitivos.

El contexto que el comunicado no menciona

Un dato de cronología que ayuda a leer el momento: el pronunciamiento se difundió un día después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenara, por unanimidad, retirar nueve publicaciones —cinco de las cuentas personales de Alejandro Moreno Cárdenas y cuatro del PRI— por expresiones que vinculaban a Morena con el narcotráfico. El PRI calificó esa resolución de censura y anunció que la impugnaría. La coincidencia temporal no invalida el argumento del PAN sobre libertad de expresión, pero forma parte del contexto en que fue formulado.

Lo que ambos lados dejan fuera

Mientras la discusión se concentra en si un anteproyecto regulatorio constituye o no censura, hay una dimensión de la libertad de prensa en México que rara vez aparece en estos intercambios: la violencia contra periodistas. En días recientes, la Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron el asesinato del periodista Alejandro Leyva y señalaron la violencia contra el gremio en el país. Ese es, en términos concretos y medibles, el mayor obstáculo que enfrenta hoy el ejercicio periodístico en México, y no ha ocupado ni una fracción del espacio que ha tomado la disputa sobre los lineamientos.

Lo que sigue

La consulta pública cierra el 21 de agosto y cualquier persona u organización puede participar en portal de consulta pública. El texto definitivo dirá si las ambigüedades que señalaron la CIRT y la JUFED quedan corregidas. Ese documento —y no los comunicados de ninguno de los dos partidos— será el que permita evaluar si la preocupación estaba justificada.