Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.— La acusación lanzada por Ariadna Montiel Reyes contra el antiguo Poder Judicial no surge únicamente de la retórica partidista. Detrás existe un rastro documental perturbador: Ingemar, empresa en la que participa el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, obtuvo amparos que obligaron a las autoridades energéticas a restituir o mantener permisos para importar cientos de millones de litros de combustibles.

Aquellas resoluciones judiciales permitieron que la compañía preservara su capacidad operativa durante años. Hoy, la Fiscalía General de la República la sitúa dentro de una investigación por una presunta red de contrabando ferroviario de hidrocarburos, evasión fiscal y delincuencia organizada.

El amparo, concebido para contener los abusos del Estado, terminó funcionando en este caso como un blindaje empresarial cuyas consecuencias deben ser investigadas. No porque defenderse frente a la autoridad constituya un delito, sino porque las decisiones judiciales mantuvieron abierto un negocio que después aparecería en el centro de una trama con un posible quebranto multimillonario para el erario.

Cuatro permisos y casi 499 millones de litros

Ingemar sostuvo durante cuatro años una batalla jurídica contra la cancelación de sus autorizaciones. De acuerdo con información pública de la Secretaría de Energía y una investigación de La Jornada, los amparos obligaron a las autoridades a permitir que la empresa continuara importando hidrocarburos.

Los cuatro permisos abarcaban gasolina regular, gasolina de alto octanaje, diésel de bajo azufre, turbosina y keroseno. En conjunto, representaban una capacidad autorizada de aproximadamente 498 millones 720 mil litros:

• 216 millones de litros de gasolina regular.
• 102 millones 240 mil litros de gasolina de mayor octanaje.
• 173 millones 280 mil litros de diésel y mezclas.
• 7 millones 200 mil litros de turbosina y keroseno.

El registro oficial de la Sener confirma que Ingemar figuraba como permisionaria y que algunas autorizaciones vencían originalmente el 26 de diciembre de 2024. Pese a ello, parte de esa capacidad permaneció bajo los efectos de la protección judicial.

Este es el núcleo material de la denuncia de Montiel: el viejo Poder Judicial no transportó los ferrotanques ni elaboró los pedimentos aduanales, pero sus resoluciones conservaron la llave jurídica que permitió a la empresa seguir importando.

El amparo convertido en escudo corporativo

Durante décadas, una parte del Poder Judicial mexicano operó bajo una lógica profundamente desigual. Para las comunidades despojadas, las víctimas de violencia, las mujeres que exigían justicia o las personas encarceladas sin recursos, el acceso efectivo a los tribunales fue lento, costoso y frecuentemente estéril.

Para las grandes empresas, en cambio, siempre hubo despachos especializados, suspensiones inmediatas y litigios capaces de paralizar regulaciones públicas durante años.

La corrupción judicial no se reduce necesariamente a un sobre con dinero. También puede expresarse mediante una arquitectura institucional que privilegia sistemáticamente la propiedad corporativa sobre el interés colectivo, que convierte cualquier regulación en una afrenta contra la libertad empresarial y que concede a los poderes económicos una capacidad de defensa inaccesible para la mayoría de la población.

En el caso de Ingemar, el resultado concreto fue inequívoco: el Estado canceló o intentó restringir permisos y una cadena de decisiones judiciales permitió recuperarlos. Mientras los litigios avanzaban, la empresa mantuvo su lugar en el mercado de importación.

Los tribunales que concedieron esos amparos deben explicar qué irregularidades encontraron en la actuación de la Sener, por qué consideraron procedente restituir las autorizaciones y qué medidas impusieron para evitar que la protección constitucional terminara facilitando operaciones ilegales.

No basta con refugiarse en el formalismo jurídico. Cuando una sentencia habilita la movilización de cientos de millones de litros de combustibles, sus repercusiones económicas y fiscales son un asunto de interés público.

La ruta del presunto contrabando

La FGR informó que la investigación comenzó con el hallazgo de ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente aseguró 170 unidades ferroviarias y documentó un perjuicio fiscal inicial superior a 100 millones de pesos.

El expediente contiene, según la Fiscalía, 96 datos de prueba: dictámenes químicos, análisis de la capacidad real de los ferrotanques, estudios criminalísticos, fotografías e identificación de los hidrocarburos asegurados.

El cruce de información del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de 2025. El daño patrimonial potencial podría rebasar los cuatro mil millones de pesos, aunque esa cantidad todavía deberá acreditarse durante la investigación complementaria.

Reportes sobre la investigación señalan un mecanismo elemental y lucrativo: los ferrotanques habrían sido declarados con cargas muy inferiores a su capacidad real, reduciendo artificialmente los impuestos pagados por el combustible que ingresaba al país.

Sin el permiso de importación, esa maquinaria empresarial no habría podido presentarse ante las aduanas con una apariencia inicial de legalidad. Los amparos no autorizaron la evasión fiscal, pero sí conservaron el instrumento administrativo indispensable para continuar las operaciones.

Ruffo no era un espectador ajeno

Ernesto Ruffo no constituyó originalmente Ingemar, pero se incorporó a su capital poco después de la creación de la compañía. Con el tiempo se convirtió en accionista y secretario de su consejo de administración, de acuerdo con la relación corporativa presentada por la Fiscalía.

La defensa sostiene que Ruffo posee una participación minoritaria, cercana a 30 por ciento, y que no existen documentos o testimonios que acrediten su intervención directa en las importaciones irregulares. Ese argumento deberá discutirse ante el tribunal, no resolverse mediante el prestigio histórico del acusado.

Haber sido el primer gobernador opositor que derrotó al PRI no concede inmunidad penal. Tampoco convierte automáticamente en culpable al exmandatario. Ruffo y otras siete personas están vinculadas a proceso por su probable participación en la red; aún no existe una sentencia condenatoria.

La presunción de inocencia obliga a no presentar la imputación como culpabilidad demostrada. Pero tampoco exige tratar a Ruffo como un accionista decorativo incapaz de conocer las actividades estratégicas de una empresa en cuyo consejo participaba.

Una herencia de la privatización energética

Montiel también colocó el caso dentro de las consecuencias de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. La relación merece atención.

La apertura del sector permitió que empresas privadas obtuvieran permisos para importar combustibles a gran escala. Desde enero de 2015, la Secretaría de Energía asumió la facultad de otorgar, modificar y revocar esas autorizaciones, según la regulación oficial.

El problema no fue sólo la entrada de capital privado, sino la construcción de un mercado opaco donde permisos, concesiones, intermediarios, ferrocarriles y agentes aduanales podían fragmentar la responsabilidad. La ganancia quedaba en manos privadas; las pérdidas fiscales, la contaminación, la violencia y el debilitamiento energético eran socializados.

El viejo Poder Judicial fue uno de los contrapesos empleados por las empresas para frenar la intervención estatal. Bajo el lenguaje de la libre competencia y la seguridad jurídica se protegieron permisos cuyo uso y beneficiarios finales rara vez fueron sometidos al mismo escrutinio que enfrentaban las autoridades reguladoras.

Investigar a los jueces, pero también a las aduanas

La acusación de Montiel no debe quedarse en consigna. Si Morena sostiene que determinados juzgadores protegieron el huachicol fiscal, debe transparentar los expedientes, identificar las resoluciones, explicar sus efectos y promover las investigaciones correspondientes.

También debe informar qué funcionarios de la Sener, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas están bajo investigación. Más de cuatro mil operaciones no atraviesan el país únicamente gracias a una sentencia de amparo. Requieren pedimentos, revisiones, cruces fronterizos, transporte ferroviario, instalaciones receptoras y comercialización.

La responsabilidad judicial no puede convertirse en coartada para encubrir la negligencia o complicidad administrativa.

El caso Ruffo exhibe una de las deformaciones más corrosivas del antiguo régimen: una justicia rápida para proteger negocios privados y desesperadamente lenta para reparar agravios sociales. Los amparos de Ingemar quizá fueron formalmente legales; sus consecuencias, sin embargo, ayudaron a mantener operativa una estructura empresarial que hoy enfrenta acusaciones de defraudar al país.

El nuevo Poder Judicial tendrá que demostrar que puede romper esa subordinación frente al dinero sin convertirse en subordinado del partido gobernante. La justicia que México necesita no debe proteger a los poderosos, pero tampoco fabricar culpables. Debe abrir los expedientes, seguir el dinero y llegar hasta el último empresario, funcionario o juzgador que haya convertido la ley en refugio de un negocio contra la nación.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 20 de julio de 2026.— Hace cuatro días, Morena celebró la detención de Ernesto Ruffo Appel como una demostración de que ninguna trayectoria política, apellido o militancia partidista debía colocarse por encima de la ley.

La frase es correcta.

El problema comienza cuando la justicia se convierte en una consigna para castigar adversarios y en una petición de prudencia cuando los cuestionamientos alcanzan a integrantes del propio movimiento.

Ernesto Ruffo ya no se encuentra únicamente detenido. El exgobernador de Baja California permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, después de una audiencia que se prolongó alrededor de 40 horas y en la que la Fiscalía General de la República formuló imputaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Sin embargo, el proceso todavía no ha llegado a una sentencia. Tampoco se había resuelto, al cierre de esta edición, si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso.

Esa distinción debería ser el punto de partida de la conversación pública: la detención no demuestra culpabilidad, pero la trayectoria histórica tampoco concede inmunidad.

De la detención a la prisión preventiva

La Fiscalía detuvo a Ruffo el 16 de julio en Ensenada, Baja California, por su presunta relación con una estructura vinculada con la importación y comercialización irregular de combustible desde Estados Unidos.

Después de comparecer junto con otras siete personas, una jueza impuso prisión preventiva a Ruffo y a cuatro coimputados, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano.

Dos personas permanecerán en sus domicilios por motivos de salud y una mujer fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Las defensas solicitaron ampliar el plazo constitucional. La situación jurídica deberá definirse el martes 21 de julio, según la información atribuida a la propia Fiscalía.

Hasta entonces, publicar que Ruffo fue definitivamente vinculado o presentar su encarcelamiento como prueba de responsabilidad constituye una simplificación jurídicamente incorrecta.

La prisión preventiva determina dónde enfrentará la siguiente fase del procedimiento. No responde todavía si la acusación será capaz de sostenerse.

Lo que acusa la Fiscalía

La FGR afirma que la investigación comenzó en julio de 2025 y que durante las indagatorias fueron asegurados 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente introducido o declarado irregularmente.

De acuerdo con la acusación, el mecanismo consistía en ingresar hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas: reportar cantidades inferiores, modificar la naturaleza del producto o utilizar otras clasificaciones para disminuir o evadir impuestos.

La Fiscalía estima un daño superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública y relaciona las operaciones con Ingemar, empresa de la que identifica a Ruffo como accionista principal o mayoritario.

La dependencia informó que presentó cerca de cien datos de prueba durante la audiencia.

Es una acusación de enorme gravedad. Si se demuestra, no se trataría de un error administrativo ni de una irregularidad menor, sino de una estructura empresarial y logística capaz de mover millones de litros de combustible, evadir contribuciones y operar a través de un sistema que necesariamente habría requerido contactos, permisos, intermediarios y fallas institucionales.

Pero “cerca de cien datos de prueba” no significa cien pruebas concluyentes.

Los datos deberán acreditar no solamente que existió un esquema ilegal, sino qué conocimiento, participación, beneficio y capacidad de decisión tuvo cada una de las personas imputadas.

La defensa niega el control operativo

Ruffo ha sostenido que Ingemar realizaba fundamentalmente trámites aduanales y que la empresa no tenía la responsabilidad de verificar físicamente el contenido de cada embarque.

También ha rechazado ser el accionista mayoritario en los términos planteados por la acusación y ha negado ejercer el control operativo que la Fiscalía le atribuye.

Su abogado, Fernando Gómez Mont, declaró este lunes que no encontró elementos que, desde la perspectiva de la defensa, justifiquen una vinculación a proceso.

La afirmación no desmonta por sí misma el expediente. Proviene de quien tiene la responsabilidad profesional de defenderlo.

Pero tampoco puede ser ignorada únicamente porque Ruffo pertenece a la oposición.

La Fiscalía deberá demostrar que no está intentando trasladar automáticamente a un accionista la responsabilidad penal de toda una estructura empresarial. Deberá probar decisiones, conocimiento, instrucciones, beneficios o actos concretos.

Ser socio de una empresa puede producir responsabilidades corporativas, administrativas o patrimoniales. Para convertir esa relación en delincuencia organizada se requiere algo más que un vínculo mercantil.

Morena tiene razón en algo fundamental

En su posicionamiento, Morena sostuvo que la investigación no debía descalificarse automáticamente como persecución política y que correspondería a la autoridad judicial determinar las responsabilidades.

Ese principio es correcto.

La pertenencia al PAN no puede convertirse en un salvoconducto. Haber participado en la transición democrática tampoco coloca a una persona por encima del escrutinio penal.

Ruffo fue el primer gobernador de oposición que rompió la hegemonía del PRI en una entidad del país, después de ganar Baja California en 1989. Su victoria lo convirtió en una figura simbólica de la apertura política mexicana.

Pero la historia democrática no funciona como certificado de inocencia vitalicio.

Quien ayudó a abrir el sistema político puede, décadas después, ser investigado por decisiones empresariales. Ambas realidades pueden coexistir.

Morena también acierta al señalar que convertir cada investigación contra una figura opositora en “persecución política” debilita el Estado de derecho. Si toda actuación contra un adversario del Gobierno es descartada antes de revisar las pruebas, la oposición termina reclamando la impunidad que dice combatir.

El “PRIAN” borra una contradicción histórica

El posicionamiento de Morena se excede cuando reduce el caso a la supuesta doble moral del “PRIAN”.

La etiqueta sirve para la confrontación electoral, pero simplifica la historia.

El hombre al que hoy Morena agrupa retóricamente con el PRI fue precisamente quien derrotó por primera vez al partido que había dominado las gubernaturas mexicanas durante décadas.

Ruffo no representa una continuidad simple entre el PRI y el PAN. Representa uno de los momentos en que esa continuidad comenzó a romperse.

Esto no lo exonera.

Pero muestra cómo el lenguaje partidista puede convertir un expediente penal complejo en una narración de buenos y malos diseñada para movilizar simpatizantes.

El caso no necesita que Morena rehabilite al exgobernador. Necesita que deje trabajar a la Fiscalía sin escribir la sentencia desde el comité del partido.

Cuando un comunicado partidista afirma que Ruffo “encabezaba” la mayor red de contrabando del país, adopta como hecho lo que hasta ahora constituye una imputación del Ministerio Público.

Morena puede respaldar la investigación. No debería sustituir al tribunal.

El PAN tampoco puede decretar inocencia

Acción Nacional ha pedido respeto al debido proceso, presunción de inocencia y una aplicación imparcial de la ley.

También ha exigido que el mismo rigor se utilice ante señalamientos públicos contra figuras vinculadas con Morena, entre ellas los gobiernos de Baja California y Sinaloa.

La exigencia de igualdad es legítima.

Pero el PAN pierde fuerza cuando el reclamo de garantías parece transformarse en defensa automática de uno de sus referentes históricos.

El debido proceso no significa liberación inmediata, inexistencia de investigaciones o prohibición de imponer medidas cautelares. Significa que la Fiscalía debe probar, que la defensa debe conocer y controvertir los datos, y que una jueza debe resolver sin recibir instrucciones del Gobierno, de Morena o del PAN.

Acción Nacional puede cuestionar la actuación ministerial. También tendría que explicar qué sabía sobre las actividades empresariales de Ruffo, qué relación política mantenía con él y si realizó alguna revisión interna cuando Ingemar fue vinculada públicamente con los aseguramientos de 2025.

La presunción de inocencia protege personas. No obliga a los partidos a cerrar los ojos.

La FGR debe explicar el recorrido de la orden

La polémica no se limita al contenido de la acusación.

Medios nacionales y regionales han reportado que una primera solicitud de órdenes de aprehensión fue rechazada por un juez federal, quien habría considerado insuficientes algunos elementos o inferencias de la Fiscalía. Posteriormente, la petición fue presentada ante otra juzgadora, que concedió las capturas.

La existencia de resoluciones distintas no demuestra por sí misma una manipulación.

La Fiscalía puede ampliar una investigación, presentar nuevos datos o corregir deficiencias. Los jueces también pueden interpretar de manera diferente los estándares necesarios para conceder una orden.

Pero la FGR debería explicar públicamente, sin vulnerar la reserva del caso:

• Qué elementos nuevos incorporó.
• Por qué volvió a solicitar las órdenes.
• Si cambió sustancialmente la imputación.
• Qué diferencias existieron entre ambas peticiones.
• Por qué el caso terminó ante una juzgadora distinta.

La transparencia es indispensable precisamente porque el imputado es una figura opositora y porque la reforma judicial forma parte del discurso con el que Morena intenta presentar este proceso como evidencia de una nueva justicia.

Una institución que pide confianza debe estar dispuesta a explicar sus decisiones.

El caso es más grande que Ruffo

Convertir toda la investigación en “la caída de un exgobernador panista” puede ser políticamente rentable, pero periodísticamente insuficiente.

Mover 129 ferrotanques y millones de litros de combustible exige una estructura.

Alguien realiza los trámites. Alguien clasifica las mercancías. Alguien autoriza el ingreso. Alguien opera las vías, recibe las unidades, almacena el producto, emite documentos, distribuye el combustible y comercializa los cargamentos.

Si la hipótesis de la Fiscalía es correcta, el expediente no debería terminar en empresarios visibles.

Debe identificar:

• Agentes y agencias aduanales.
• Funcionarios responsables de inspección.
• Operadores ferroviarios y logísticos.
• Empresas compradoras.
• Almacenes y terminales.
• Distribuidores finales.
• Servidores públicos que facilitaron u omitieron controles.
• Destino del dinero obtenido.
• Posibles mecanismos de lavado.
• Beneficiarios políticos o financieros.

La propia investigación contempla a alrededor de 25 personas y nuevas detenciones, de acuerdo con la información difundida después de la captura.

Si Ruffo se convierte en la única cara del caso, la justicia habrá producido un gran titular, pero no necesariamente habrá desmantelado la red.

“No hay impunidad” también debe decirse hacia adentro

Morena utiliza el caso para marcar una diferencia moral frente al PAN y al PRI: antes existían privilegios; ahora nadie está por encima de la ley.

La afirmación solo será sostenible si funciona en ambas direcciones.

La legitimidad de la investigación contra Ruffo no depende de que Morena deje de ser cuestionada. Pero la credibilidad del discurso oficial sí depende de que los expedientes relacionados con personas cercanas al poder reciban el mismo impulso, publicidad institucional, recursos ministeriales y velocidad procesal.

No se trata de intercambiar detenidos como fichas partidistas.

Tampoco de sostener que Ruffo debe ser liberado porque existen otros casos pendientes.

La justicia selectiva no se corrige dejando de investigar a la oposición. Se corrige investigando también al oficialismo cuando existen denuncias, datos y facultades legales para hacerlo.

Morena puede utilizar el caso para demostrar que no protege adversarios. La prueba decisiva será demostrar que tampoco protege aliados.

El martes no se decidirá su culpabilidad

La resolución prevista para el 21 de julio determinará si los datos expuestos permiten que el proceso penal continúe formalmente contra Ruffo y los demás imputados.

Una vinculación a proceso no sería una condena.

Significaría que una jueza encontró indicios suficientes para abrir la siguiente etapa, permitir una investigación complementaria y mantener las medidas cautelares correspondientes.

Una no vinculación tampoco demostraría necesariamente que toda la operación comercial fue legal. Podría significar que la Fiscalía no acreditó correctamente la participación de determinadas personas o que formuló de manera deficiente sus imputaciones.

Por eso, la conversación no puede depender únicamente de si Morena celebra o el PAN denuncia.

La pregunta es si el expediente resiste una revisión judicial seria.

La justicia no necesita porras partidistas

Ernesto Ruffo debe responder ante los tribunales como cualquier otra persona. Su trayectoria no lo coloca por encima de la ley.

También debe conservar la presunción de inocencia. Su militancia no lo coloca por debajo de ella.

Morena tiene derecho a defender la estrategia contra el contrabando de combustibles, pero no a convertir una imputación en sentencia anticipada.

El PAN tiene derecho a denunciar un posible uso político de las instituciones, pero no a presentar la biografía de Ruffo como sustituto de una defensa jurídica.

La Fiscalía tiene derecho a investigar, solicitar órdenes y llevar sus pruebas ante una jueza. También tiene la obligación de explicar sus decisiones, revelar hasta donde la ley permita la estructura investigada y perseguir a todos los participantes, sin seleccionar únicamente al rostro que produzca mayor impacto político.

El caso Ruffo puede convertirse en una demostración de que una figura histórica también responde ante la justicia.

O puede terminar como otro episodio donde Gobierno y oposición utilizaron un expediente penal para alimentar sus respectivas narrativas.

La diferencia no la determinará el volumen de los comunicados.

La determinarán las pruebas, la independencia judicial y la capacidad de aplicar el mismo estándar cuando la investigación deje de apuntar hacia enfrente y comience a mirar hacia adentro.

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