La regidora propuso coordinar al municipio con autoridades estatales, escuelas y organizaciones civiles; el llamado aún no se traduce en un programa aprobado, presupuesto o calendario de atención.

San Juan del Río, Qro.— La regidora Ana Paula Higuera Alanís llamó al Ayuntamiento de San Juan del Río a establecer una estrategia coordinada para prevenir y atender problemas de salud mental entre niñas, niños y adolescentes, mediante acciones de orientación familiar, detección temprana, canalización y seguimiento.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Juventud formuló el planteamiento durante una sesión de Cabildo, donde propuso fortalecer la relación institucional con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y aprovechar las redes de colaboración existentes entre dependencias públicas, asociaciones civiles e instituciones educativas.

“Debemos avanzar hacia una política pública que reconozca que el bienestar emocional comienza en el hogar, pero la responsabilidad de generar las condiciones para fortalecerlo es compartida”, sostuvo Higuera Alanís.

El pronunciamiento coloca un asunto relevante en la agenda municipal, pero todavía no constituye un programa formalmente aprobado. El boletín no informa sobre la presentación de una iniciativa, un convenio, un punto de acuerdo vinculante o una asignación presupuestal.

Tampoco define cuántas escuelas o comunidades serían atendidas, qué dependencias municipales participarían, qué perfiles profesionales estarían a cargo ni cuándo comenzarían las acciones.

Una problemática que requiere intervención temprana

La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental. La ansiedad, la depresión y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad durante esta etapa de la vida. El organismo advierte que la falta de atención puede prolongar sus consecuencias hasta la edad adulta.

En México, UNICEF refiere que 10 por ciento de las personas de entre 12 y 17 años presentó malestar psicológico durante los 12 meses previos a la ENCODAT 2025, proporción equivalente a aproximadamente 1.3 millones de adolescentes. El organismo también identifica mayores niveles de malestar entre las mujeres adolescentes.

Estas cifras ofrecen contexto nacional, pero el llamado de Higuera todavía no está acompañado por un diagnóstico específico de San Juan del Río. Para diseñar una intervención municipal se necesita conocer, al menos, la demanda de atención psicológica, los tiempos de espera, la disponibilidad de especialistas, los principales motivos de consulta y las zonas con mayores barreras de acceso.

Sin ese punto de partida, el riesgo es construir una campaña general de sensibilización que genere visibilidad, pero no capacidad suficiente para atender los casos detectados.

Prevención no puede limitarse a pláticas

La regidora propuso proporcionar herramientas a madres, padres y cuidadores para acompañar el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes. También planteó sumar a escuelas, empresas, asociaciones y organizaciones sociales.

La participación de las familias es necesaria, pero una política pública no puede descargar sobre ellas la responsabilidad completa. Los hogares requieren canales claros para solicitar ayuda, servicios accesibles y personal capacitado que distinga entre dificultades emocionales transitorias y situaciones que necesitan intervención especializada.

UNICEF recomienda observar la duración, intensidad y repercusión de los cambios emocionales. La tristeza persistente, el aislamiento, la pérdida de interés, las alteraciones pronunciadas del sueño o el apetito y las expresiones de desesperanza pueden requerir valoración profesional.

Por ello, los talleres sobre “manejo de emociones” podrían funcionar como una puerta de entrada, pero no deben presentarse como sustitutos de la atención psicológica o psiquiátrica. La estrategia necesitaría protocolos de detección, referencia y seguimiento, además de reglas para proteger la confidencialidad y los datos personales de menores de edad.

También tendría que definir qué sucederá cuando una escuela identifique un caso: quién realizará la primera valoración, a qué institución se canalizará, cuánto tiempo tomará la atención y qué dependencia verificará que el acompañamiento continúe.

Querétaro ya cuenta con programas que podrían articularse

El gobierno estatal opera “Contigo Sanamente 2026”, un programa de la Secretaría de la Juventud que contempla brigadistas de psicoeducación y promoción de la salud mental. Sus acciones están dirigidas prioritariamente a jóvenes y buscan reducir barreras de acceso a orientación psicológica, emocional y psicoeducativa.

La coordinación planteada por Higuera podría permitir que San Juan del Río utilice esa infraestructura y evite duplicar esfuerzos. Sin embargo, será necesario delimitar las responsabilidades de la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Juventud, el DIF municipal, las autoridades educativas y la Comisión de Asuntos de la Juventud.

Una red efectiva tendría que contar con metas medibles: número de personas capacitadas, escuelas intervenidas, casos detectados, canalizaciones concluidas, tiempos de atención y porcentaje de seguimiento. Medir únicamente talleres, asistentes o materiales distribuidos ofrecería una visión incompleta.

Del llamado a la política pública

La intervención de la regidora abre una discusión necesaria, pero su impacto dependerá de los acuerdos que consiga traducir en decisiones administrativas y presupuestales.

El siguiente paso tendría que ser la instalación de una mesa de trabajo con autoridades sanitarias, educativas y municipales; la elaboración de un diagnóstico local; la definición de una ruta de atención y la identificación de recursos humanos y financieros.

La salud mental infantil y adolescente requiere prevención, pero también servicios profesionales disponibles cuando la prevención no basta. La diferencia entre un pronunciamiento y una política pública se encuentra precisamente en los recursos, responsabilidades, plazos y resultados verificables.

Orientación inmediata

La Línea de la Vida ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas, todos los días, en el 800 911 2000. Brinda orientación sobre salud mental, consumo de sustancias y crisis emocionales, además de canalización a servicios especializados.

Ante una situación de peligro inmediato, debe solicitarse ayuda a los servicios de emergencia.

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Sheinbaum fija fecha: la propuesta sobre celulares en escuelas llegará antes del 31 de agosto

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.— Arturo Béjar viajó desde California para sentarse en Palacio Nacional y decir algo que conoce desde adentro: durante años lideró los equipos de protección de usuarios en Facebook, y antes fue el primer director de seguridad de Yahoo!. Su diagnóstico ante el gobierno mexicano fue directo: “la industria niega la adicción y traslada la responsabilidad a los padres”.

Su intervención, junto con la del psicólogo social Jonathan Haidt, marcó la segunda entrega del ciclo de lunes que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedica al uso de plataformas digitales entre menores de edad. Y esta vez hubo fecha: la propuesta de regulación para las escuelas se presentará antes del 31 de agosto, cuando arranca el ciclo escolar.

Los seis mecanismos del diseño

Béjar desglosó lo que llamó los ingredientes que producen uso compulsivo, y que no son accidentes sino decisiones de diseño: scroll infinito, reproducción automática de videos, recomendaciones algorítmicas basadas en lo que capta tu atención, notificaciones constantes, contadores de popularidad y mecanismos de comparación y presión social.

Citando un reporte interno de Meta sobre adolescentes de 13 a 15 años, expuso cifras concretas: 1 de cada 5 se sintió peor consigo mismo, con su cuerpo o su imagen; 1 de cada 8 recibió acoso sexual; y 1 de cada 11 estuvo expuesto a contenido relacionado con autolesiones. Un dato adicional resulta especialmente revelador para cualquier madre o padre: más del 90% de esos daños provinieron de personas desconocidas, no del círculo social del menor.

Su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades fue igual de claro: a los gobiernos les corresponde estudiar los daños, establecer medidas de protección y exigir que los productos dirigidos a jóvenes estén diseñados para su bienestar y no para su perjuicio.

La recomendación de Haidt que matiza el debate sobre censura

Jonathan Haidt situó el problema en una fecha: entre 2010 y 2015, dijo, las infancias pasaron de estar basadas en el juego a estar centradas en el teléfono, con consecuencias documentadas en depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, menor capacidad de atención y aprendizaje.

Sus recomendaciones fueron dos, ambas de política pública: escuelas libres de teléfonos durante toda la jornada —una medida que describió como sencilla, económica y eficaz— y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales, como ya lo han hecho gobiernos democráticos de otros países. “Presidenta Sheinbaum, usted ya ha dado ese primer paso al consultar a maestros, padres, niños y otras partes interesadas. Siga adelante”, expresó.

Hay un matiz en su intervención que no aparece en el comunicado oficial y que vale la pena registrar, porque toca directamente el debate público de las últimas semanas: Haidt recomendó enfocarse en el diseño de las plataformas antes que en la prohibición de contenidos. Es decir, la ruta que propone el especialista más citado en este debate a nivel internacional no pasa por decidir qué puede publicarse, sino por modificar los mecanismos que enganchan.

La postura del gobierno

Sheinbaum insistió en que la propuesta no debe percibirse como imposición: “no es un asunto sólo de la Presidenta, no es mi opinión (…) tiene que ser algo colectivo en la medida de lo posible. Habrá quien no esté de acuerdo, pero el objetivo es que se haga una discusión nacional”. Subrayó además que los propios jóvenes deben conocer los efectos, “para que no sientan que es una imposición”.

La mandataria detalló que la ruta tiene dos velocidades: primero las escuelas, con una decisión lista para el inicio del ciclo escolar; después, la discusión más amplia sobre si se regulan las plataformas digitales y cómo. También reveló que su gobierno ha mantenido diálogo con las plataformas sobre otros temas —reclutamiento de jóvenes por grupos criminales y violencia contra las mujeres—, pero no sobre este.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó el argumento de fondo: los algoritmos que miden la actividad en redes no son neutrales, los dispositivos dejaron de ser herramientas pasivas y su impacto no termina en la pantalla, sino que moldea cómo se percibe la realidad.

Querétaro, con un año y medio de ventaja

Para los lectores queretanos, el calendario federal llega con una diferencia: el estado ya vive esta política desde febrero de 2025, cuando se convirtió en la primera entidad del país en regular el uso de celulares en escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, con alcance en 2 mil 111 planteles y más de 362 mil alumnos. Desde entonces, al menos diez estados adoptaron medidas similares, y el 26 de julio pasado el propio secretario Delgado envió un reconocimiento al gobierno de Querétaro por ese antecedente.

Lo que llegará a finales de agosto, entonces, no será una novedad para las escuelas queretanas, sino la extensión nacional de un esquema que aquí ya lleva año y medio operando —y sobre el que, conviene decirlo, todavía no se ha publicado una evaluación de resultados.

Lo que sigue

La propuesta para escuelas se presentará antes del 31 de agosto. La discusión sobre regulación de plataformas y edad mínima seguirá su curso por separado, con foros pendientes en Nuevo León, Chiapas y Guerrero. Y ahí es donde aparecerá la parte difícil: mientras retirar teléfonos de las aulas depende de una decisión administrativa, elevar la edad mínima o exigir cambios de diseño a las plataformas implica legislación y, previsiblemente, resistencia de una industria que —según el testimonio de quien la conoce desde adentro— ha optado por negar el problema y trasladar la responsabilidad a las familias.

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