La diputada de Movimiento Ciudadano modificó el sentido de su voto después de que la reforma limitó expresamente a personas adultas el trámite ante el Registro Civil. El proyecto fue aprobado con 15 votos contra 10, aunque persiste una controversia sobre la mayoría requerida.

QUERÉTARO, QRO. 21 de Agosto del 2026— La diputada de Movimiento Ciudadano, Teresa “Tere” Calzada Rovirosa, votó a favor del nuevo dictamen en materia de identidad de género que permitirá a personas mayores de 18 años solicitar ante el Registro Civil la rectificación de su nombre y del dato de sexo-género en sus documentos.

El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el proyecto con 15 votos a favor y 10 en contra. El documento fue elaborado después de que el gobernador Mauricio Kuri González formuló observaciones a la reforma avalada originalmente por el Congreso el 30 de abril de 2026.

Calzada había votado contra el primer dictamen. En aquel momento argumentó que existía falta de claridad sobre la aplicación del procedimiento a niñas, niños y adolescentes, además de vacíos de armonización con otras áreas institucionales.

En esta segunda votación respaldó el proyecto después de que se incorporó una disposición que reserva expresamente el trámite administrativo para personas adultas.

“Los derechos de los adultos deben garantizarse a plenitud, pero el cuidado de nuestras infancias y juventudes es el filtro sagrado por el cual debe pasar cualquier ley”, manifestó desde la tribuna.

Qué permitirá la reforma

El nuevo dictamen establece un procedimiento administrativo para que una persona adulta solicite la modificación de sus datos registrales conforme a su identidad de género autopercibida.

El trámite será personal y deberá solicitarlo directamente la persona interesada. No estará condicionado a diagnósticos médicos, tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas o valoraciones psicológicas.

De acuerdo con la información publicada sobre el dictamen, la rectificación no elimina obligaciones, investigaciones, procesos judiciales, responsabilidades penales o resoluciones adquiridas con anterioridad. También contempla medidas para proteger los datos del acta primigenia.

La exclusión de menores de edad fue reforzada mediante la redacción del artículo 131 Quáter del Código Civil. Quienes promovieron el proyecto alternativo sostuvieron que la propuesta original ya contemplaba los 18 años como requisito, pero aceptaron precisar el límite para evitar interpretaciones diferentes.

La expresión “protección absoluta de las infancias”, utilizada en el comunicado de Calzada, corresponde a su valoración política. Jurídicamente, el cambio concreto consiste en impedir que las personas menores de 18 años accedan a este procedimiento administrativo. El dictamen no desarrolla una política integral de salud, acompañamiento o protección para infancias trans.

Calzada modificó el sentido de su voto

La posición de la legisladora evolucionó entre las dos discusiones. En mayo, Calzada sostuvo que el primer texto no resolvía adecuadamente qué ocurriría con las solicitudes de menores de edad y advirtió deficiencias en la técnica legislativa.

Tras las modificaciones, afirmó que su voto favorable busca garantizar el libre desarrollo de la personalidad durante la vida adulta, sin trasladar el procedimiento a niñas, niños o adolescentes.

Desde la tribuna, definió los derechos humanos como “un ecosistema indivisible” y vinculó su respaldo con una agenda más amplia que incluye justicia ambiental, bienestar animal, derechos de los pueblos originarios y paridad sustantiva.

“Mi voto es a favor de las libertades. A favor de la ley. Y a favor de un Querétaro donde la dignidad, el respeto y la vida en todas sus formas sean nuestro mayor legado”, expresó.

La modificación de su voto fue determinante para ampliar a 15 el número de respaldos. Votaron a favor las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano, además de la diputada del Partido Verde Georgina Guzmán. En contra se pronunciaron integrantes del PAN, el PRI y la también legisladora verde Perla Flores.

Persiste una controversia sobre la votación

La aprobación no cerró completamente el debate jurídico. La diputada panista Leonor Mejía Barraza argumentó que se requerían 17 votos —dos terceras partes de los 25 integrantes de la Legislatura— porque el Congreso estaba resolviendo observaciones formuladas por el gobernador.

En sentido contrario, legisladores de Morena sostuvieron que se trata de un “proyecto alternativo” con modificaciones sustanciales y que, por ello, debía procesarse como una nueva propuesta, susceptible de aprobarse por mayoría simple.

La Mesa Directiva aceptó este último criterio y declaró aprobado el dictamen con 15 votos. La diferencia interpretativa podría abrir una discusión posterior sobre la regularidad del procedimiento legislativo.

Por ahora, la reforma fue enviada nuevamente al Poder Ejecutivo. Todavía no puede aplicarse: deberá concluir el procedimiento constitucional y publicarse en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para entrar en vigor.

Una reforma largamente postergada

El reconocimiento administrativo de la identidad de género ha sido discutido durante varias legislaturas en Querétaro. La reforma busca evitar que las personas adultas tengan que promover un juicio para conseguir documentos acordes con su identidad.

La aprobación representa un avance para la población trans y no binaria adulta, pero su desenlace dependerá de la actuación del Ejecutivo y de que se resuelva cualquier controversia sobre la votación.

También será necesario conocer los lineamientos operativos del Registro Civil, los plazos, costos y mecanismos de protección de datos. La eficacia de la reforma no se medirá únicamente por su aprobación, sino por la posibilidad de realizar el trámite sin discriminación, obstáculos innecesarios o exposición de información personal.

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La discusión gira en torno a si el documento aprobado constituye jurídicamente un “proyecto alternativo”

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 21 de agosto de 2026.— La diputada local Leonor Mejía Barraza, del Grupo Legislativo del PAN, sostuvo que el dictamen sobre las observaciones a la reforma del Código Civil en materia de identidad de género se aprobó sin la mayoría calificada que, en su lectura, exige la Constitución del estado.

El documento fue avalado el 19 de agosto con 15 votos a favor y 10 en contra. Mejía Barraza plantea que, al integrarse la LXI Legislatura por 25 diputados, eran necesarios 17 votos —las dos terceras partes.

“No debemos aprobar leyes cuya validez nazca cuestionada desde el momento mismo de su votación. La Constitución no se negocia. ¡La Constitución se cumple!”, expresó desde tribuna.

El argumento de la legisladora

Mejía Barraza fundamentó su planteamiento en dos disposiciones.

La primera es el artículo 19 de la Constitución del Estado, que establece un procedimiento específico cuando el Poder Ejecutivo formula observaciones a una ley previamente aprobada. Al tratarse —en su lectura— de una segunda deliberación legislativa sobre el mismo asunto, correspondía aplicar la mayoría reforzada.

La segunda es el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también refiere el voto de las dos terceras partes ante observaciones del Ejecutivo.

El núcleo de su argumento, sin embargo, no está en las cifras sino en la naturaleza del documento: sostuvo que denominar “proyecto alternativo” a un dictamen no modifica su naturaleza jurídica ni permite apartarlo del procedimiento constitucional aplicable.

Qué establecen las normas invocadas

Para entender el debate conviene tener a la vista el texto completo de las disposiciones en juego, porque ambas partes se apoyan en el mismo artículo.

El artículo 19 constitucional, en efecto, dispone que un proyecto observado por el Ejecutivo requiere dos terceras partes para aprobarse de nueva cuenta. Pero la fracción VII de ese mismo artículo contempla expresamente un supuesto distinto:

“Si la Legislatura al resolver sobre un proyecto observado, presentara un proyecto alternativo, a éste se le dará tratamiento de proyecto enviado para su publicación por primera vez.”

En términos idénticos, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo —titulado precisamente “Proyecto alternativo”— establece que cuando una comisión presenta un proyecto alternativo al observado y este es aprobado, se le da tratamiento de proyecto enviado por primera vez para publicación.

De modo que la controversia no es si existe la figura del proyecto alternativo —está prevista tanto en la Constitución como en la ley secundaria—, sino si el dictamen aprobado el 19 de agosto reúne o no las características para considerarse uno.

La posición de quienes respaldaron el dictamen

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez, de Morena, sostuvo durante la sesión que el documento sí constituye un proyecto alternativo, por incorporar cambios sustanciales respecto del aprobado originalmente el 30 de abril. La Mesa Directiva asumió ese criterio y consideró aprobado el dictamen con los 15 votos obtenidos.

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, explicó al término de la sesión: “Al ser una iniciativa alternativa, procede la mayoría simple, es decir, con 13 votos se pasa para su publicación.”

Los cambios que se invocan como sustantivos incluyen, según explicó el diputado Eric Silva Hernández, que el trámite sea personalísimo —solo puede realizarlo la persona interesada, sobre actas en las que figure como titular—, y que el reconocimiento de la identidad de género no modifique ni extinga obligaciones, investigaciones, procesos judiciales, responsabilidades penales ni resoluciones previamente existentes. A ello se suman precisiones sobre reserva documental, protección de datos, trazabilidad registral, gratuidad, capacitación del personal y régimen transitorio.

Cómo votó cada bancada

A favor del dictamen se pronunciaron las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y la diputada Georgina Guzmán, del PVEM. En contra votaron PAN, PRI y la diputada Perla Flores, también del PVEM.

Lo que sigue en el proceso

El dictamen fue remitido al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días naturales para formular observaciones o, en su defecto, un plazo de 30 días para su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

La discusión sobre la mayoría requerida podría, eventualmente, plantearse ante instancias jurisdiccionales. En el sistema mexicano, las controversias sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo local se resuelven mediante acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vías que pueden promover, entre otros, un porcentaje de los integrantes de la propia Legislatura, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ninguna de esas acciones había sido anunciada al cierre de esta edición.

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El Pleno resolvió las observaciones del Ejecutivo con un proyecto alternativo; también avaló dictámenes sobre educación, bienestar animal y lectura en paraderos

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 20 de agosto de 2026.— La LXI Legislatura aprobó por segunda ocasión la reforma al Código Civil en materia de identidad de género, esta vez mediante un proyecto alternativo que atiende las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. La votación fue de 15 votos a favor y 10 en contra.

La reforma mantiene el reconocimiento de la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, sin necesidad de un juicio, y ahora establece de manera expresa que el trámite corresponde únicamente a personas mayores de edad.

Qué cambió respecto del texto original

Las modificaciones incorporadas son, según los considerandos del dictamen, de naturaleza estrictamente técnico-registral, administrativa y operativa. Precisan ocho aspectos:

• Titularidad de las actas
• Mecanismos de reserva documental
• Coordinación interinstitucional
• Protección de datos personales
• Trazabilidad registral
• Gratuidad del trámite
• Capacitación del personal
• Régimen transitorio de implementación

El dictamen, elaborado por la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, incluye una salvaguarda explícita en su considerando 30: “Ninguna de dichas adecuaciones deberá interpretarse como autorización para condicionar, patologizar, judicializar o restringir injustificadamente el ejercicio del derecho a la identidad de género”, ni como aceptación de argumentos contrarios a los principios de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

En el considerando 31, la comisión sostiene que las observaciones del Ejecutivo “no invalidan la necesidad, pertinencia ni constitucionalidad del reconocimiento de la identidad de género autopercibida por vía administrativa”, y que el proyecto alternativo atiende los aspectos operativos “evitando que exigencias formales se traduzcan en barreras de acceso, cargas desproporcionadas o dilaciones injustificadas”.

El debate sobre cuántos votos se necesitaban

La votación estuvo precedida por una discusión procesal relevante. La diputada panista Leonor Mejía Barraza sostuvo que, al derivar de un proyecto observado por el Ejecutivo, el dictamen requería 17 votos —las dos terceras partes de la Legislatura—.

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, explicó el criterio contrario al término de la sesión: “Al ser una iniciativa alternativa, procede la mayoría simple, es decir, con 13 votos se pasa para su publicación.”

La distinción es técnica pero determinante. La Constitución local establece que un proyecto observado por el Ejecutivo requiere mayoría calificada para aprobarse por insistencia; pero cuando la Legislatura, al resolver las observaciones, presenta un proyecto distinto, se aplica el umbral ordinario. Con 15 votos, el dictamen superó ese piso.

A favor se pronunciaron los legisladores Arturo Maximiliano García Pérez y Teresita Calzada Rovirosa.

Cómo llegó hasta aquí

Este proceso lleva casi cuatro meses.

30 de abril. El Congreso aprueba la reforma con 14 votos a favor y 11 en contra. Querétaro se convierte en la entidad número 25 del país en reconocer el derecho a la identidad de género por vía administrativa.

25 de mayo. El gobernador Mauricio Kuri González anuncia el veto mediante un video en redes sociales. Sostiene que la reforma “permite que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción” y la califica como impulsada por “la izquierda radical”.

Esa afirmación fue verificada y desmentida. La unidad El Sabueso, de Animal Político, consultó la Gaceta Legislativa del 30 de abril y documentó que el artículo 131 Ter enlista como requisitos ser mayor de edad, tener nacionalidad mexicana y contar con acta de nacimiento registrada en cualquier entidad del país. El texto no contiene mención alguna a personas menores de 18 años.

Mayo-agosto. Colectivos trans y organizaciones civiles se manifiestan frente al Congreso y en Plaza de Armas. La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 revisa las observaciones y elabora el proyecto alternativo.

19 de agosto. El Pleno lo aprueba con 15 votos a favor y 10 en contra.

Lo que sigue en el proceso

El dictamen alternativo queda nuevamente sujeto a la facultad de observación del Ejecutivo estatal. Piedragil Ortiz precisó los plazos: 15 días para que el gobernador formule observaciones, y un mes para su publicación si no las hubiera.

De publicarse en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, las personas trans y no binarias mayores de edad podrán solicitar ante el Registro Civil la rectificación de sus datos de nombre y sexo-género sin acudir a un juicio, un procedimiento que hasta ahora ha implicado tiempo y costos considerables.

Los otros dictámenes aprobados

En la misma sesión, presidida por Piedragil Ortiz e integrada por Juliana Hernández Quintanar como vicepresidenta y María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos como secretarias, el Pleno avaló otros cuatro dictámenes:

Participación familiar en la escuela. Reforma al artículo 59 de la Ley de Educación del Estado, presentada por la Comisión de Educación y Cultura, para reconocer el papel de la familia en los procesos educativos y establecer herramientas de participación efectiva en la vida escolar. Se pronunciaron a favor Piedragil Ortiz y Paul Ospital Carrera.

Bienestar animal en los municipios. Reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos prevean en su estructura una dependencia o unidad de atención y protección animal, sin que ello constituya un mandato de creación o ampliación de estructuras administrativas. Intervinieron Perla Flores Suárez y Paul Ospital Carrera, autor de la iniciativa.

Día del Bienestar del Perro. Declaratoria del 21 de julio de cada año, a propuesta de Enrique Correa Sada, orientada a promover el cuidado responsable, el trato digno y la protección de estos animales.

Lectura en paraderos. Acuerdo por el que la Legislatura exhorta al Ejecutivo estatal —a través de las secretarías de Cultura y Educación y la Agencia de Movilidad— a analizar la viabilidad de instalar módulos de lectura, bibliotecas móviles, programas de intercambio de libros y actividades culturales en paraderos del transporte público. Se pronunció a favor Juliana Hernández Quintanar.

Asuntos generales

En la última parte de la sesión, el diputado Guillermo Vega Guerrero abordó el tema de la imparcialidad del próximo proceso electoral, con intervención para hechos de la diputada Andrea Tovar Saavedra. Adriana Meza Argaluza reconoció a los deportistas queretanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y Juliana Hernández Quintanar se refirió a las obras de la carretera federal 57, con intervención para hechos de Piedragil Ortiz.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 13 de julio de 2026.— Mostrar una identificación no debería convertirse en una explicación forzada sobre la vida privada de una persona. Sin embargo, cuando el nombre y el género de los documentos no corresponden con la identidad de quien los presenta, una contratación, una inscripción escolar, una operación bancaria o una consulta médica pueden transformarse en momentos de exposición, discriminación y violencia.

El Congreso de Querétaro volvió a colocar este problema en la ruta legislativa.

La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 aprobó este lunes el dictamen con proyecto alternativo a la reforma del Código Civil estatal en materia de identidad de género, después de incorporar las observaciones enviadas por el gobernador Mauricio Kuri González.

La propuesta mantiene el objetivo central de la reforma original: que las personas adultas puedan solicitar ante el Registro Civil la rectificación de su nombre y de los datos relacionados con su identidad de género mediante un procedimiento administrativo, sin verse obligadas a iniciar un juicio.

Sin embargo, el avance en comisión no significa que el derecho ya pueda ejercerse. La reforma todavía deberá sobrevivir a la votación del Pleno, a un nuevo envío al Poder Ejecutivo y a la publicación oficial.

¿Qué corrigió el nuevo dictamen?

El presidente de la comisión, Eric Silva Hernández, afirmó que el proyecto alternativo subsana la totalidad de las objeciones formuladas por el Ejecutivo y busca otorgar mayor seguridad jurídica.

Entre las modificaciones se establece expresamente que:

• El procedimiento será únicamente para personas mayores de edad.
• Las personas menores de 18 años no podrán solicitar la rectificación, ni directamente ni mediante representantes legales.
• El trámite será personalísimo y solo podrá promoverlo la persona interesada.
• La modificación se aplicará únicamente a las actas de las que la persona solicitante sea titular.
• El cambio de identidad no eliminará deudas, pensiones, procesos judiciales, investigaciones, responsabilidades penales, sentencias ni obligaciones previamente adquiridas.

Estas precisiones responden a varios de los temores instalados durante la discusión pública: que alguien pudiera utilizar el cambio de identidad para escapar de una obligación legal, alterar documentos de terceros o promover el trámite sin consentimiento de la persona involucrada.

El nuevo texto deja claro que reconocer jurídicamente una identidad no borra la historia legal de nadie.

Cambiar el nombre o el dato de género en un acta no extingue una pensión alimenticia, una investigación penal, un contrato, una sentencia ni una relación de parentesco. La identidad cambia en los documentos; las responsabilidades permanecen.

El veto se apoyó en una posibilidad que el texto original ya excluía

La reforma había sido aprobada por el Pleno el pasado 30 de abril, con 14 votos a favor y 11 en contra, después de una discusión que permaneció estancada durante aproximadamente una década.

El 25 de mayo, Mauricio Kuri anunció que devolvería la reforma con observaciones. En su mensaje aseguró que la ley permitiría que niñas, niños y adolescentes cambiaran el sexo asentado en su acta de nacimiento y afirmó que la propuesta afectaba los valores y la integridad de las familias queretanas.

El problema es que el dictamen aprobado por el Congreso ya establecía entre sus requisitos ser mayor de edad. El artículo 131 Ter contenido en la Gaceta Legislativa señalaba expresamente esa condición para acceder al procedimiento administrativo.

Es decir, el Ejecutivo construyó buena parte de su argumento público alrededor de una puerta que la reforma original no abría.

El proyecto alternativo introduce ahora una prohibición todavía más explícita para eliminar cualquier margen de interpretación. En términos políticos, la comisión decidió retirar el principal argumento utilizado por el gobernador para frenar la publicación.

La pregunta será qué hará el Ejecutivo si el Pleno aprueba un texto que incorpora todas sus observaciones.

Reconocer la identidad no es cambiar el cuerpo de una persona

La reforma no regula cirugías, tratamientos hormonales ni procedimientos médicos. Tampoco obliga a alguien a modificar su identidad.

Lo que propone es un trámite civil para que los documentos oficiales correspondan con el nombre y la identidad de género de una persona adulta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el reconocimiento de la identidad de género está vinculado con el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad, el nombre y el reconocimiento de la personalidad jurídica. También ha determinado que los procedimientos deben basarse en el consentimiento libre e informado, ser confidenciales, expeditos y no exigir certificados médicos, psicológicos, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales.

El principio jurídico es sencillo: la identidad de género no debe tratarse como una enfermedad que la persona tenga que demostrar mediante diagnósticos.

La falta de correspondencia documental, según la propia Corte, obliga a las personas trans a exhibir identificaciones que revelan información íntima y puede generar situaciones tortuosas en su vida cotidiana.

Por eso, el debate no se reduce a una palabra escrita en un acta. Afecta la posibilidad de acceder a empleo, vivienda, educación, salud, servicios financieros y trámites públicos sin ser cuestionado o expuesto frente a terceros.

La corrección puede abrir otra controversia constitucional

Al atender las observaciones de Mauricio Kuri, el Congreso pudo haber generado una nueva tensión jurídica.

El proyecto alternativo excluye expresamente a todas las personas menores de 18 años del procedimiento administrativo. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió en el amparo en revisión 155/2021 que impedir de manera absoluta el acceso de niñas, niños y adolescentes a esta vía constituye una distinción injustificada basada en la edad.

La Corte reconoció que las personas menores de edad también tienen derecho a que sus documentos correspondan con su identidad de género y señaló que el procedimiento debe considerar su autonomía progresiva, edad, grado de madurez, consentimiento y medidas especiales de protección.

Esto no significa que el nuevo dictamen queretano vaya a ser invalidado automáticamente. La sentencia respondió a un caso y una legislación específicos, y cualquier impugnación tendría que seguir su propio proceso.

Sí significa que la prohibición absoluta incorporada para satisfacer al Ejecutivo podría ser cuestionada posteriormente mediante un juicio de amparo o una acción constitucional.

La lectura jurídica es paradójica: el Congreso intenta blindar la reforma frente al veto político, pero podría dejarla más expuesta frente a los criterios de derechos humanos de la Suprema Corte.

¿Por qué presentar un “proyecto alternativo”?

La figura elegida también tiene consecuencias políticas.

La Constitución de Querétaro establece que, cuando el gobernador devuelve una reforma con observaciones, el Congreso necesita el voto de dos terceras partes de sus integrantes para insistir en el mismo proyecto.

Pero si la Legislatura presenta un texto alternativo, este recibe el tratamiento de un proyecto enviado por primera vez.

Los integrantes de la comisión han sostenido que esta ruta permitiría aprobarlo con mayoría simple, es decir, con al menos 13 votos en una Legislatura de 25 integrantes. No obstante, la presidencia del Poder Legislativo deberá determinar formalmente el tratamiento que recibirá durante la sesión plenaria.

La estrategia evita tener que reunir una mayoría calificada que probablemente resultaría más difícil de alcanzar.

Pero también tiene una consecuencia: al recibir el tratamiento de un proyecto nuevo, el Ejecutivo podría formular observaciones nuevamente dentro del plazo constitucional.

Aceptar las 15 objeciones no impide jurídicamente otro veto. Sí elevaría su costo político, porque obligaría al Gobierno estatal a explicar qué objeción permanece después de que el Congreso modificó el texto conforme a sus exigencias.

Un derecho convertido en campo de batalla ideológica

La discusión ha ido mucho más allá de la técnica registral.

El Ejecutivo panista presentó la reforma como una amenaza para las familias y las infancias. Sus promotores la han defendido como una obligación constitucional y una medida mínima de dignidad para las personas trans.

La disputa revela una estrategia que probablemente continuará rumbo a 2027: convertir los derechos relacionados con género y diversidad en un terreno de movilización electoral.

La identidad trans puede ser utilizada por sectores conservadores para activar miedo, presentar cualquier reconocimiento jurídico como una amenaza y reforzar la idea de que existe una imposición ideológica sobre las familias.

Del otro lado, las fuerzas progresistas enfrentan el reto de explicar la reforma con precisión, sin reducir a las personas trans a una bandera partidista ni utilizar sus vidas únicamente como símbolo de modernidad política.

Los derechos humanos no deberían depender de quién obtenga ventaja narrativa.

Una persona no deja de tener derecho a la identidad porque el tema sea incómodo, porque provoque rechazo en un sector del electorado o porque una elección se encuentre cerca.

El Pleno tendrá que decidir algo más que un trámite

La siguiente votación mostrará si el Congreso está dispuesto a reconocer administrativamente un derecho que, en la práctica, muchas personas ya consiguen mediante amparos judiciales.

Negar un procedimiento sencillo no elimina la existencia de las personas trans. Solo las obliga a contratar representación jurídica, enfrentar procesos más largos y gastar recursos para conseguir una resolución que los tribunales suelen conceder con base en criterios constitucionales.

Ese sistema produce una desigualdad evidente: puede obtener el reconocimiento quien tiene tiempo, dinero e información para acudir a un juicio; quien no cuenta con esos recursos permanece atrapado en documentos que no representan su identidad.

La reforma pretende sustituir ese laberinto por una vía administrativa.

La discusión legítima debe concentrarse en cómo garantizar confidencialidad, seguridad jurídica, trazabilidad de obligaciones y protección de datos. No en cuestionar si las personas trans existen o si merecen documentos que reconozcan quiénes son.

Aprobar el dictamen no basta

Incluso si el proyecto supera el Pleno y es publicado, su éxito dependerá de la implementación.

El Registro Civil deberá contar con protocolos claros, personal capacitado, sistemas seguros de protección de datos y coordinación con instituciones estatales y federales.

También será necesario evitar que el procedimiento se vuelva inaccesible mediante costos, requisitos no previstos, demoras o decisiones discrecionales de las oficinas.

Un derecho escrito en el Código Civil puede seguir siendo negado en la ventanilla si la persona que atiende desconoce la reforma, impone prejuicios o exige documentos adicionales.

La comisión legislativa destrabó una etapa, pero la historia todavía no termina.

Querétaro deberá decidir si el reconocimiento de la identidad continuará dependiendo de amparos, recursos económicos y años de espera, o si finalmente se convertirá en un procedimiento accesible para cualquier persona adulta.

Porque la identidad no comienza cuando el Estado la autoriza. Lo que comienza con una ley es la obligación del Estado de dejar de negarla.

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