Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 14 de julio de 2026.— Respaldar a una presidenta emanada del mismo partido era previsible. Conseguir que las fuerzas políticas rivales actúen juntas frente a la muerte de 17 personas mexicanas en Estados Unidos es una tarea mucho más difícil.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, cerró filas con Claudia Sheinbaum y se sumó a su convocatoria para convertir la defensa de las y los connacionales en una causa de Estado.

El pronunciamiento llegó después de que el Gobierno mexicano anunciara una estrategia penal, civil, diplomática y consular para investigar 14 fallecimientos ocurridos bajo custodia en centros migratorios y tres durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

Morena pidió dejar de lado las diferencias partidistas y acompañar las solicitudes de información, las investigaciones y las medidas de protección para quienes permanecen detenidos.

La convocatoria tiene un fundamento humanitario difícil de controvertir: una persona no pierde su derecho a la vida, la integridad, la atención médica y el debido proceso por carecer de documentos migratorios.

Pero la respuesta política mostró que incluso una tragedia compartida puede convertirse rápidamente en otro campo de confrontación.

El respaldo de Morena era esperado; la reacción de la oposición era la verdadera prueba

El Comité Ejecutivo Nacional calificó la defensa de las personas mexicanas en el exterior como una “responsabilidad compartida” y respaldó las acciones impulsadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ariadna Montiel asumió la presidencia de Morena en mayo de 2026, tras dejar la Secretaría de Bienestar, por lo que este caso representa una de sus primeras intervenciones relevantes en la relación entre partido, Gobierno federal y fuerzas opositoras.

El posicionamiento partidista reconoce que las personas migrantes contribuyen tanto a la economía de Estados Unidos como al sostenimiento de sus familias y comunidades en México.

Sin embargo, Morena enfrenta un reto adicional: evitar que una causa de derechos humanos sea presentada únicamente como respaldo político a la presidenta.

La defensa consular pertenece al Estado mexicano, no a un partido. Las investigaciones deben continuar independientemente de qué fuerza gobierne, quién controle el Congreso o qué rendimiento electoral produzca el conflicto.

Cerrar filas con el Ejecutivo puede ayudar a elevar la presión diplomática. Pero también se necesita vigilancia legislativa para exigir resultados a la propia administración federal.

La unidad comenzó con respaldos, críticas y una ruptura

El llamado presidencial produjo respuestas distintas.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que su partido respaldará las acciones en favor de las y los connacionales, aunque reclamó que la defensa migrante se convierta en una política permanente y no en una reacción coyuntural.

Movimiento Ciudadano también acompañó la exigencia de una investigación exhaustiva y calificó como excesiva y desproporcionada la actuación de ICE.

El PRI, en cambio, rechazó el llamado de Sheinbaum y lo describió como una maniobra política para distraer de otros problemas nacionales.

La diferencia exhibe dos riesgos.

El primero es que el oficialismo utilice el dolor de las familias para construir una narrativa de patriotismo alrededor del Gobierno.

El segundo es que la oposición niegue cualquier posibilidad de acción conjunta simplemente porque la convocatoria proviene de la Presidencia.

Ninguno de esos extremos ayuda a esclarecer las muertes.

La pregunta no debería ser qué partido obtiene el crédito, sino qué instituciones pueden conseguir expedientes médicos, videos, testimonios, autopsias, investigaciones independientes y reparación para las familias.

El Senado demuestra que el acuerdo sí es posible

Mientras las dirigencias partidistas intercambiaban acusaciones, el Senado consiguió un pronunciamiento respaldado por representantes de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.

El documento expresó preocupación y condena por las 17 muertes, respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas del Estado mexicano y exigió investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes, además de acceso a la justicia y reparación del daño.

Ese acuerdo ofrece una ruta más útil que la polarización.

No obliga a la oposición a renunciar a sus críticas contra Sheinbaum ni exige que Morena deje de defender a su Gobierno. Establece un piso común: ninguna diferencia partidista justifica el silencio ante posibles violaciones de derechos humanos.

La unidad democrática no consiste en pensar igual. Consiste en acordar qué principios no pueden negociarse.

¿Qué está haciendo México?

La estrategia anunciada por la Cancillería contempla varias vías simultáneas.

México solicitó apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar denuncias ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También anunció acciones civiles contra empresas privadas que operan centros de detención, mediante cartas de cese y desistimiento relacionadas con las condiciones que podrían haber contribuido a algunos fallecimientos.

La SRE informó además que buscará medidas cautelares y de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que solicitará la intervención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Estas acciones representan un cambio frente a la etapa anterior, centrada principalmente en notas y gestiones diplomáticas.

De acuerdo con información publicada sobre el caso, México había enviado múltiples comunicaciones sin obtener respuestas consideradas satisfactorias, lo que llevó al Gobierno a escalar la disputa hacia vías penales y civiles.

No obstante, anunciar una denuncia no equivale a conseguir una investigación efectiva.

El Gobierno deberá informar ante qué autoridad fue presentada cada acción, cuál es su número de expediente, qué pruebas fueron aportadas y qué obstáculos jurídicos enfrentan las familias.

No todos los casos son iguales

La cifra de 17 muertes ayuda a dimensionar la gravedad del problema, pero no debe convertir expedientes diferentes en una sola acusación general.

Las circunstancias de una muerte bajo custodia pueden incluir posibles omisiones médicas, enfermedades preexistentes, suicidio, negligencia, condiciones inadecuadas de detención o uso indebido de la fuerza.

Los fallecimientos durante operativos deben analizarse de manera independiente para determinar si la intervención fue necesaria, proporcional y compatible con la ley.

Las autoridades estadounidenses tienen derecho a presentar su versión. Las familias tienen derecho a cuestionarla. Y México tiene la obligación de exigir que la propia agencia señalada no sea la única encargada de esclarecer lo ocurrido.

La responsabilidad debe determinarse con pruebas. La dignidad de las víctimas no requiere esperar una sentencia para ser reconocida.

Una causa de Estado no puede convertirse en disciplina partidista

Morena afirmó que este es un momento para actuar con sentido humanista y patriótico.

La idea es válida, siempre que “unidad nacional” no signifique obediencia política.

El Congreso debe acompañar las denuncias, pero también revisar el trabajo de la SRE, preguntar cuánto se destinará al litigio, conocer el acompañamiento otorgado a cada familia y solicitar informes periódicos sobre las respuestas estadounidenses.

Los partidos pueden sostener posiciones distintas sobre migración, seguridad fronteriza y política exterior. Lo que no deberían discutir es si las personas migrantes merecen derechos.

Tampoco puede permitirse que la causa sea activada solamente cuando un caso adquiere visibilidad mediática.

México necesita una política permanente de defensa consular que atienda muertes, detenciones arbitrarias, separaciones familiares, falta de atención médica y posibles abusos durante operativos.

La solidaridad no puede depender del calendario político.

Morena también deberá explicar cómo acompañará la causa

El comunicado expresa respaldo, pero no detalla acciones partidistas propias.

Morena podría utilizar su presencia territorial y legislativa para:

• Difundir los canales de protección consular.
• Convocar a familiares y organizaciones migrantes.
• Impulsar comparecencias de la Cancillería.
• Solicitar informes periódicos.
• Promover fondos de apoyo jurídico.
• Facilitar la comunicación con comunidades mexicanas en Estados Unidos.
• Evitar discursos que estigmaticen a quienes migran.

También deberá garantizar que esta causa no se utilice para partidizar consulados, condicionar apoyos o presentar la protección del Estado como un favor del movimiento gobernante.

Las personas mexicanas en el exterior no pertenecen electoralmente a Morena, al PAN, al PRI ni a Movimiento Ciudadano. Son titulares de derechos que el Estado debe proteger sin preguntar por quién votaron.

Estados Unidos también enfrenta una obligación reforzada

Cuando una persona se encuentra detenida, la autoridad controla prácticamente todos los aspectos de su vida: movilidad, alimentación, acceso a medicinas, comunicación y posibilidad de pedir ayuda.

Por ello, una muerte bajo custodia impone una obligación especialmente fuerte de documentación, explicación e investigación.

No basta con emitir un informe interno.

Las familias necesitan acceder a historiales clínicos, grabaciones, reportes de vigilancia, protocolos aplicados y resultados forenses. También deben contar con representación jurídica capaz de cuestionar las conclusiones oficiales.

En los casos que involucren empresas privadas, las investigaciones tendrán que determinar si existieron incentivos económicos para reducir costos de atención, personal, alimentación o seguridad.

La detención migratoria no puede convertirse en una zona donde la supervisión pública sea menor porque las personas afectadas tienen menos recursos, carecen de documentos o temen reclamar.

El verdadero frente común se medirá en resultados

Morena respaldó a Sheinbaum. El PAN y Movimiento Ciudadano acompañaron con reservas. El PRI rechazó la narrativa presidencial. El Senado encontró un espacio común.

La fotografía política ya está trazada.

Ahora falta lo más importante: saber si Estados Unidos investigará, si México sostendrá los litigios, si las familias recibirán información y si las condiciones dentro de los centros migratorios cambiarán.

La unidad no debe medirse por el número de comunicados que repiten el mensaje presidencial. Debe medirse por la capacidad de distintas fuerzas para sostener la exigencia incluso cuando desaparezcan las cámaras.

Diecisiete personas no pueden convertirse en un argumento para ganar una discusión partidista.

Detrás de la cifra existen familias que esperan conocer cómo murieron sus seres queridos, quién era responsable de protegerlos y qué se hará para evitar que vuelva a ocurrir.

Morena pidió dejar de lado las diferencias. El llamado será creíble cuando Gobierno, partido y oposición demuestren que la defensa de las personas migrantes importa más que el crédito político.

Porque una causa de Estado no se construye cerrando filas alrededor de una figura. Se construye abriendo expedientes, exigiendo justicia y garantizando que ninguna vida mexicana sea tratada como prescindible al otro lado de la frontera.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 13 de julio de 2026.— Una situación migratoria irregular no cancela el derecho a la vida. Tampoco convierte una muerte bajo custodia en un trámite administrativo ni permite que un operativo termine sin una investigación independiente.

Con ese reclamo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este lunes a partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana a cerrar filas frente a las posibles violaciones de derechos humanos cometidas contra connacionales en Estados Unidos.

El pronunciamiento acompañó el anuncio de acciones legales por 17 personas mexicanas fallecidas en casos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.

De acuerdo con el registro presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de las muertes ocurrieron mientras las personas se encontraban bajo custodia en centros de detención migratoria y tres durante operativos de la agencia.

“Hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos”, expresó Sheinbaum.

México pasa del reclamo diplomático a la vía judicial

La decisión representa una escalada en la respuesta mexicana.

El Gobierno federal informó que recurrirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales de Estados Unidos para solicitar investigaciones penales contra quien resulte responsable. También prepara acciones civiles relacionadas con compañías privadas encargadas de operar algunos centros de detención migratoria.

El canciller Roberto Velasco explicó previamente que México decidió avanzar más allá de los canales diplomáticos después de solicitar información y esclarecimiento a las autoridades estadounidenses. De acuerdo con Reuters, la estrategia también contempla demandas contra operadores privados de centros donde han muerto personas mexicanas.

Velasco, quien encabeza actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, sobre las acciones penales y civiles que impulsaría el Gobierno mexicano. Ambos cargos están confirmados por las instituciones correspondientes.

Al cierre de esta nota, la información pública disponible indicaba que las denuncias serían presentadas durante este lunes, pero todavía no se encontraba disponible un acuse que permitiera conocer ante qué fiscalías fue radicado cada expediente, bajo qué figura jurídica y con qué número de caso.

La cifra no puede convertirse en una sentencia automática

El dato de 17 personas fallecidas exige una investigación rigurosa, pero no permite afirmar que todos los casos sean idénticos ni que la responsabilidad penal esté ya determinada.

Morir bajo custodia de una institución genera una obligación reforzada de explicación. La autoridad controla la movilidad, alimentación, atención médica, seguridad y acceso al exterior de la persona detenida. Por ello, debe documentar qué ocurrió, qué atención se proporcionó y si existieron omisiones evitables.

En los fallecimientos ocurridos durante operativos, las investigaciones deben determinar si el uso de la fuerza fue necesario, proporcional y compatible con la legislación estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que haya aumentado la tasa de muertes dentro del sistema de detención y aseguró que las personas bajo custodia reciben debido proceso, alimentos, agua y atención médica. Esa postura oficial no resuelve los expedientes individuales ni sustituye las investigaciones solicitadas por México.

La exigencia responsable no consiste en dictar culpabilidades desde una conferencia. Consiste en impedir que la propia agencia señalada sea la única encargada de explicar lo ocurrido.

Lorenzo Salgado: el caso que elevó la tensión

La respuesta mexicana cobró mayor intensidad después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años que fue baleado el 7 de julio durante un operativo migratorio en Houston, Texas.

Las versiones sobre el hecho son contradictorias.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Salgado intentó evadir el arresto y utilizó su vehículo de manera que puso en peligro a agentes. Testigos que viajaban con él rechazaron esa versión y aseguraron que ningún integrante de ICE estaba en riesgo cuando ocurrió el disparo. El instituto forense del condado Harris clasificó la causa como homicidio por herida de arma de fuego; en términos forenses, esa categoría describe la acción de otra persona, pero no determina automáticamente que exista responsabilidad criminal.

Además, el director interino de ICE reconoció que Salgado no era el objetivo principal del operativo, mientras autoridades locales comenzaron a reunir elementos para esclarecer la actuación del agente.

El caso resume la razón por la que la transparencia es indispensable: cuando las versiones oficiales y testimoniales se contradicen, la respuesta no puede ser propaganda de uno u otro gobierno. Debe ser evidencia.

El estatus migratorio no disminuye los derechos humanos

La narrativa que criminaliza a las personas migrantes suele presentar la deportación, la detención e incluso la muerte como consecuencias naturales de haber ingresado o permanecido sin autorización en otro país.

No lo son.

Una falta migratoria no elimina el derecho a recibir atención médica, informar a la familia, consultar a un abogado, solicitar asistencia consular y permanecer a salvo mientras se encuentra bajo control de una autoridad.

Quienes migran suelen trabajar en la agricultura, construcción, cuidado de personas, limpieza, restaurantes, fábricas y servicios que sostienen una parte importante de la economía estadounidense. Su aportación no desaparece cuando cambia el discurso político ni cuando una administración endurece sus controles.

La defensa de sus derechos tampoco debería depender de si tienen documentos, de cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos o de si resultan útiles para una narrativa electoral.

El llamado a la unidad también es una jugada política

Sheinbaum pidió que todos los partidos representados en la Comisión Permanente del Congreso manifiesten su rechazo a las posibles violaciones de derechos humanos.

La convocatoria tiene una dimensión legítima: la protección de connacionales en el extranjero debería trascender las diferencias partidistas.

Pero también produce un efecto político.

El mensaje coloca a la oposición ante una decisión incómoda: acompañar el pronunciamiento del Gobierno y permitir que Sheinbaum encabece la narrativa de defensa nacional, o distanciarse y correr el riesgo de parecer indiferente frente a las muertes de personas mexicanas.

La respuesta democrática no debería consistir en rechazar el llamado por provenir del oficialismo ni en firmar un respaldo sin exigir resultados.

El Congreso puede acompañar la defensa de las víctimas y, al mismo tiempo, pedir información periódica sobre las denuncias, la asistencia a las familias, los recursos destinados a litigios y las respuestas de las autoridades estadounidenses.

La solidaridad nacional no significa entregar un cheque en blanco al Ejecutivo. Significa convertir una causa compartida en una política sometida a vigilancia pública.

Defender a los migrantes sin romper la relación bilateral

Sheinbaum subrayó que las acciones legales no buscan provocar un conflicto con Estados Unidos, país con el que México mantiene una relación profunda en comercio, seguridad, migración y vida fronteriza.

La afirmación intenta sostener un equilibrio complejo: cooperar con Washington en asuntos estratégicos y, al mismo tiempo, confrontar a sus instituciones cuando existan indicios de abusos.

La cooperación no exige silencio.

De hecho, una relación bilateral madura debería permitir que México cuestione la actuación de ICE sin que cada reclamo sea interpretado como hostilidad y que Estados Unidos solicite evidencia cuando observe posibles violaciones en territorio mexicano.

La diplomacia pierde legitimidad cuando se utiliza únicamente para evitar tensiones. Su función también es proteger personas, exigir información y abrir caminos jurídicos cuando las conversaciones políticas no producen respuestas.

Las familias necesitan algo más que indignación

Detrás del número 17 existen familias que necesitan conocer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de sus seres queridos.

Necesitan expedientes médicos, videos, testimonios, reportes de los agentes, autopsias independientes, acceso a abogados y explicaciones sobre posibles retrasos en la atención.

También requieren que los consulados mexicanos informen con claridad:

• Qué acompañamiento jurídico recibirán.
• Qué gastos cubrirá el Gobierno mexicano.
• En qué fiscalía se encuentra cada caso.
• Qué autoridad estadounidense investiga.
• Si existen acciones civiles contra los centros privados.
• Qué mecanismos de reparación pueden solicitar.
• Cómo se protegerán sus datos y su seguridad.

La muerte de una persona migrante no puede terminar reducida a una estadística utilizada durante una conferencia y olvidada cuando el tema abandona los titulares.

El examen será obtener justicia, no solamente unidad

El llamado presidencial puede generar una posición común dentro de México. Pero el verdadero desafío está del otro lado de la frontera.

Las denuncias deberán cumplir las reglas de cada jurisdicción estadounidense, identificar posibles responsables y enfrentar instituciones con recursos jurídicos amplios. Las acciones civiles contra empresas privadas también necesitarán demostrar negligencias, incumplimientos y una relación concreta entre las condiciones de detención y cada fallecimiento.

México tendrá que informar incluso cuando los resultados no sean inmediatos o favorables.

La rendición de cuentas exige evitar dos extremos: convertir cada muerte en prueba automática de una política criminal o aceptar sin cuestionamientos la versión de la agencia que tenía a las personas bajo su control.

Diecisiete muertes no pueden quedar atrapadas entre dos gobiernos que defienden sus respectivas narrativas.

Sheinbaum pidió que México alce la voz. Ahora la SRE deberá demostrar que esa voz puede convertirse en expedientes, investigaciones, reparación para las familias y garantías de que ninguna persona sea tratada como prescindible por no tener un documento migratorio.

Porque una frontera puede separar territorios. No debería separar a una persona de sus derechos.

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Este avance representa una mejora significativa de seis posiciones respecto al año anterior, situando a Jalisco solo por detrás de la Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León. La entidad sobresale como líder en generación de patentes, lo que evidencia su dinamismo en desarrollo tecnológico y su capacidad para generar conocimiento con alto valor agregado.

“La competitividad es una de las llaves para enfrentar los desafíos actuales. Significa talento, inversión, innovación, y sobre todo, poner a las personas al centro”, afirmó Cindy Blanco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) estatal.

Según el IMCO, la competitividad implica la capacidad de atraer y retener talento e inversión. En este contexto, Jalisco se perfila como un verdadero “oasis económico”, capaz de generar empleos de calidad y consolidar un entorno propicio para el crecimiento empresarial.

El estado ocupa también el segundo lugar en diversificación económica, lo que lo convierte en una entidad resiliente ante cambios globales. “Esto quiere decir que nuestros sectores fuertes generan alto valor productivo y tienen un crecimiento sostenible”, explicó Efrén Díaz, director general de Mejora Regulatoria de SEDECO.

En términos de complejidad económica, Jalisco figura en el sexto lugar nacional, lo que demuestra que su economía apuesta por sectores sofisticados y de alto impacto. Además, en el indicador de PIB per cápita, muestra una tendencia creciente, colocándose en el décimo puesto.

La estrategia económica de Jalisco se articula en torno a seis sectores clave: semiconductores, tecnología, agroindustria, automotriz, farmacéutica y logística. Esta visión ha permitido consolidar un ecosistema que no solo atrae inversión, sino que también impulsa el emprendimiento, la innovación y la creación de empleos bien remunerados.

Con estos resultados, Jalisco reafirma su posición como una de las entidades más dinámicas y con mayor potencial de desarrollo económico de México, un estado donde la innovación no es solo una política pública, sino un motor esencial de su transformación.

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