Querétaro, Qro.11 de agosto del 2026— La LXI Legislatura de Querétaro inscribió en letras doradas la frase “Ejército Mexicano: Patria, Honor y Lealtad” en el Salón de Sesiones Constituyentes de 1916-1917, como reconocimiento institucional a las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad, protección civil, atención de emergencias y defensa de la soberanía.

La develación se realizó durante una sesión solemne del pleno, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz. Asistieron el comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, general de Brigada de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, y el comandante del Cuarto Regimiento Blindado, coronel José Ramón Pereira.

La inscripción deriva de una iniciativa presentada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y aprobada por la Legislatura el 30 de abril de 2026. La propuesta buscó dejar un reconocimiento permanente en el recinto parlamentario a las mujeres y hombres que integran el Ejército.

Piedragil Ortiz afirmó que las palabras inscritas sintetizan una vocación de servicio presente en distintos momentos de la historia nacional. Destacó la participación militar en la protección de instalaciones estratégicas, el combate al robo de hidrocarburos, la atención de la pandemia de COVID-19 y la ejecución de proyectos federales de infraestructura.

Entre estos proyectos mencionó el Tren Maya y la construcción del sistema ferroviario Ciudad de México-Querétaro. El legislador también resaltó la intervención de las Fuerzas Armadas durante desastres naturales mediante el Plan DN-III-E.

El homenaje se produce en un periodo de expansión de las responsabilidades asignadas al Ejército. Además de sus funciones tradicionales de defensa, la institución participa en seguridad pública, construcción y administración de infraestructura, vigilancia de instalaciones estratégicas, atención de emergencias y operación de empresas estatales.

Esa ampliación también tiene un componente constitucional. La reforma publicada el 30 de septiembre de 2024 incorporó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la definió como una fuerza de seguridad pública permanente integrada por personal militar con formación policial. La nueva Ley de la Guardia Nacional entró en vigor en julio de 2025, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.

Piedragil sostuvo que el reconocimiento representa gratitud hacia quienes cumplen tareas de seguridad y auxilio a la población. Consideró que la inscripción debe funcionar también como un recordatorio sobre la responsabilidad de colocar el bienestar social por encima de cualquier circunstancia.

Durante su intervención, Teresita Calzada realizó un recuento histórico de la institución y señaló que su actuación no se limita a los enfrentamientos armados. Subrayó las tareas de asistencia a la población civil, ejecución de obras sociales y respuesta ante incendios, inundaciones, deslaves y otras emergencias.

La legisladora recordó las labores realizadas por personal militar durante las lluvias e incendios registrados en Querétaro. También hizo referencia al terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto en Colombia, cuyo movimiento fue percibido en Ecuador y Panamá.

Al momento de la ceremonia, México había ofrecido apoyo humanitario y preparado personal y suministros para una eventual misión en Colombia, aunque el despliegue se encontraba a la espera de una solicitud formal del gobierno de ese país. Por ello, la afirmación de que el Ejército ya había brindado respaldo operativo debe entenderse como una referencia a los preparativos de asistencia y no necesariamente a una misión desplegada, según la información disponible al cierre del 11 de agosto.

Calzada también afirmó que el Ejército es la corporación de seguridad mejor evaluada por la ciudadanía. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 ofrece un panorama ligeramente distinto.

El Ejército fue la autoridad de seguridad e impartición de justicia más reconocida por la población, con una identificación de 81.5 por ciento. Sin embargo, la institución que generó mayor confianza fue la Marina, con 91 por ciento, seguida de la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3 por ciento. El Ejército se mantuvo entre las instituciones con mayor respaldo, pero no ocupó el primer lugar en ese indicador, de acuerdo con el INEGI.

El general José Guillermo Lira Hernández agradeció la distinción en nombre del Ejército y del personal adscrito a la Décimo Séptima Zona Militar. Señaló que el reconocimiento comprende tanto a quienes actualmente portan el uniforme como a las generaciones que han servido al país.

“Patria, Honor y Lealtad no son únicamente palabras; son principios que sintetizan nuestra identidad y orientan nuestra conducta”, expresó el mando militar.

Lira Hernández destacó que detrás de cada integrante del Ejército existen jornadas de vigilancia, preparación constante, periodos lejos de la familia y disposición para atender misiones en distintas regiones del país. Sostuvo que la mejor manera de corresponder al homenaje será mantener el servicio a la población.

Después de la develación, Piedragil Ortiz entregó un reconocimiento al comandante de la Décimo Séptima Zona Militar.

El comunicado legislativo no reportó intervenciones contrarias al homenaje ni una discusión sobre los mecanismos civiles de supervisión, transparencia y rendición de cuentas que acompañan la ampliación de las tareas militares. Aunque se trató de una sesión ceremonial, ese debate forma parte del contexto nacional en el que las Fuerzas Armadas han adquirido una presencia creciente fuera de sus funciones tradicionales.

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Ciudad de México.— El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 víctimas, según cifras preliminares presentadas por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los resultados demuestran el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que el objetivo de su administración es garantizar que la población pueda vivir en paz. La reducción equivale a aproximadamente 44 homicidios menos cada día respecto del mes utilizado como punto de partida.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, aseguró que julio de 2026 registró el promedio más bajo para ese mes desde 2015. Al ampliar la comparación a los primeros siete meses de cada año, el promedio diario de 2026 se ubicó en 48.6 homicidios, también el menor desde hace once años.

La comparación requiere distinguir sus bases estadísticas. El descenso de 51 por ciento resulta de confrontar dos meses específicos: septiembre de 2024 y julio de 2026. No representa una reducción acumulada de 51 por ciento en todos los homicidios ocurridos durante el periodo. Las cifras, además, son preliminares y proceden de la información remitida por las fiscalías y procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo.

La tendencia descendente ya aparecía en reportes anteriores. En mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había informado una reducción preliminar de 49 por ciento, al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 44.3. El nuevo reporte prolonga esa trayectoria hasta julio, de acuerdo con los datos difundidos por la SSPC.

Pese al descenso nacional, la violencia letal continúa concentrada territorialmente. Entre enero y julio de 2026, siete entidades reunieron 49 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato, con 8.6 por ciento; Baja California, 8.2; Chihuahua, 8.1; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6; Guerrero, 5.6; y Morelos, 5.5 por ciento.

El Gobierno informó que 30 estados redujeron su promedio diario frente al mismo periodo de 2025. Las caídas porcentuales más pronunciadas se registraron en San Luis Potosí, con 80.5 por ciento; Nayarit, 63.2; Quintana Roo, 60.4; y Zacatecas, 53.2 por ciento.

Figueroa Franco también reportó una disminución de 33 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto, de 636.6 en octubre de 2024 a 424.4 en julio de 2026. La categoría agrupa conductas distintas, por lo que el dato agregado no permite conocer por sí solo la evolución particular de cada delito.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, 518 toneladas de drogas y más de cinco millones de pastillas de fentanilo. Las autoridades reportaron además el desmantelamiento de dos mil 725 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetamina.

En materia de extorsión, el Gobierno contabilizó mil 847 personas detenidas entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026. El comunicado, sin embargo, no indicó cuántas de las detenciones anunciadas derivaron en vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias o absoluciones.

Esa ausencia resulta relevante frente a la afirmación oficial de que “la seguridad y la justicia funcionan”. Los arrestos, decomisos y operativos permiten medir actividad institucional, pero no son equivalentes a resultados judiciales definitivos. Para evaluar el desempeño de la justicia también se requieren datos sobre esclarecimiento de casos, judicialización, sentencias, reparación del daño e impunidad.

La percepción ciudadana muestra una mejoría, aunque todavía revela una brecha entre los indicadores delictivos y la experiencia cotidiana. En junio de 2026, 59.8 por ciento de la población adulta de 91 ciudades consideró inseguro vivir en su localidad. El porcentaje disminuyó de manera estadísticamente significativa frente al 61.5 por ciento de marzo de 2026 y al 63.2 por ciento de junio de 2025.

La percepción de inseguridad alcanzó 65.6 por ciento entre las mujeres y 52.6 por ciento entre los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. La reducción es relevante, pero seis de cada diez habitantes de las principales zonas urbanas todavía consideran insegura su ciudad.

En seguridad carretera, la Guardia Nacional reportó que los robos al autotransporte pasaron de 13 mil 68 en 2018 a seis mil 263 en 2025, una reducción de 52.07 por ciento. Debido a que la comparación comienza seis años antes del actual gobierno, el resultado abarca acciones desarrolladas durante administraciones distintas.

La Estrategia Balam, aplicada en 12 estados, registró una disminución de 37.19 por ciento en el robo al transporte de carga entre 2024 y 2025, mientras que la recuperación de unidades aumentó 26.09 por ciento.

Como parte del despliegue tecnológico, el Gobierno anunció que el C4 carretero comenzará a operar el 1 de septiembre. El sistema contará con 88 estaciones, más de mil puntos de monitoreo, tres mil 15 cámaras y 120 arcos para la lectura automática de placas, además de herramientas de geolocalización y coordinación con la Guardia Nacional y los gobiernos estatales.

El comunicado no detalló los protocolos de conservación de imágenes, protección de datos personales, auditoría tecnológica o acceso a la información recopilada por esta red de vigilancia.

La reducción preliminar de homicidios representa un cambio favorable en uno de los indicadores más graves de la violencia. Su consolidación deberá observarse en las cifras definitivas y acompañarse de avances verificables en investigación criminal, sentencias, extorsión, desapariciones, atención a víctimas y percepción de seguridad.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Toluca, Estado de México, 22 de julio de 2026.— Veintiuna personas fueron asesinadas en México durante el 21 de julio.

En cualquier país que aspire a vivir en paz, la cifra seguiría siendo dolorosa. En el contexto mexicano, sin embargo, representa el registro diario más bajo reportado en años y confirma que la reducción de la violencia letal ya no puede explicarse únicamente como una variación aislada.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el dato durante su conferencia matutina en Toluca y lo vinculó con los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación entre instituciones.

La mandataria reconoció que detrás del indicador existen personas. Esa precisión es indispensable.

Los homicidios no son puntos descendiendo en una gráfica. Son vidas interrumpidas, familias que enfrentan pérdidas y comunidades afectadas por una violencia que México todavía no puede considerar superada.

Pero reconocer a las víctimas tampoco obliga a minimizar una reducción estadística que, de mantenerse, podría significar miles de vidas preservadas.

El registro más bajo supera otro mínimo reciente

El 7 de junio de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó 28 víctimas de homicidio doloso y presentó esa jornada como la menos violenta de la última década.

El 21 de julio, el registro bajó a 21 víctimas.

Esto significa que, en poco más de seis semanas, México rompió dos veces el mínimo diario reportado por las autoridades federales. citeturn105603view2

El dato por sí solo no permite declarar que la crisis de violencia terminó. Los homicidios pueden fluctuar considerablemente de un día a otro debido a enfrentamientos, ataques colectivos, conflictos territoriales o retrasos en la integración de los reportes.

Sin embargo, la jornada adquiere mayor relevancia porque coincide con una tendencia mensual descendente.

El promedio diario nacional pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026. La diferencia representa aproximadamente 41 asesinatos menos cada día y una disminución cercana a 48%. 

No es una reducción marginal.

Mantener una diferencia de esa magnitud durante un año completo equivaldría, en términos aritméticos, a miles de víctimas menos frente al nivel registrado al inicio del periodo.

Un día no demuestra una estrategia; una tendencia sí empieza a hacerlo

El Gobierno federal tiene razones para presentar el resultado como un avance.

La caída mensual se ha mantenido durante varios cortes estadísticos y junio de 2026 registró el promedio diario más bajo para ese mes desde que comienza la serie comparativa de 2015.

Además, el primer semestre de 2026 terminó con 49.7 víctimas diarias en promedio, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016. 

Esto no demuestra automáticamente que cada acción federal haya producido una proporción específica de la reducción.

La violencia homicida responde a múltiples factores: disputas criminales, detenciones, acuerdos locales, capacidades policiales, mercados ilegales, dinámicas económicas, actuación de fiscalías y condiciones particulares de cada entidad.

Atribuir toda variación a una sola política sería una simplificación.

Pero también sería incorrecto negar que la coordinación, la inteligencia, las investigaciones y la intervención territorial pueden influir en el comportamiento de los homicidios.

La pregunta ya no debe ser si la reducción existe.

Los datos muestran que existe.

La discusión responsable debe concentrarse en por qué está ocurriendo, dónde se concentra y qué necesita hacer el Estado para volverla sostenible.

Los datos diarios son preliminares

El registro de 21 homicidios debe leerse con una advertencia metodológica.

El informe diario es elaborado por un equipo interinstitucional con información de las fiscalías estatales y dependencias federales. Su propósito principal es proporcionar insumos rápidos para las decisiones del Gabinete de Seguridad.

Los propios reportes gubernamentales advierten que estas cifras son preliminares y pueden modificarse cuando las fiscalías actualicen la clasificación jurídica de las muertes investigadas.

Por ejemplo, una muerte inicialmente reportada como homicidio puede reclasificarse después, mientras que casos conocidos posteriormente pueden incorporarse al registro.

Esto no invalida el dato.

Significa que debe presentarse como lo que es: un conteo preliminar de víctimas reportadas durante una jornada, no una cifra definitiva e inamovible.

El indicador más sólido para evaluar el comportamiento de la violencia sigue siendo la serie mensual consolidada del SESNSP y, con mayor retraso, las estadísticas de defunciones por homicidio elaboradas por el INEGI.

Las comparaciones entre sexenios necesitan contexto

Sheinbaum contrastó los promedios diarios al cierre de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

La comparación busca mostrar el crecimiento de la violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico y la disminución observada durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La trayectoria histórica es clara: México pasó de niveles inferiores a 30 homicidios diarios al final del sexenio de Fox a cifras cercanas o superiores a cien durante los años más violentos posteriores.

Sin embargo, las comparaciones entre presidentes deben considerar población, periodos completos, fuentes estadísticas, metodologías y contextos criminales distintos.

No es lo mismo comparar el último año de un gobierno que el promedio completo de un sexenio. Tampoco es equivalente contrastar carpetas de investigación con defunciones registradas posteriormente por autoridades sanitarias.

La comparación política puede ayudar a dimensionar el problema.

La evaluación rigurosa debe utilizar la misma fuente, el mismo periodo y una tasa por cada cien mil habitantes.

La reducción debe sentirse en todos los territorios

El promedio nacional puede disminuir mientras algunas regiones continúan enfrentando niveles críticos de violencia.

Una reducción concentrada en determinadas entidades podría mejorar la cifra general sin modificar la vida cotidiana de comunidades atrapadas por disputas criminales, desapariciones, desplazamiento, extorsión o control territorial.

Por ello, la siguiente fase del análisis deberá mostrar:

• Qué estados explican la mayor parte de la reducción.
• Qué municipios mantienen aumentos.
• Cuántas regiones acumulan meses de descenso.
• Qué zonas presentan repuntes.
• Cuántos homicidios están relacionados con delincuencia organizada.
• Cuántas víctimas son mujeres, niñas, niños o adolescentes.
• Qué porcentaje de los casos llega ante un juez.
• Cuántas sentencias se obtienen.
• Qué estrategias locales pueden replicarse.

La seguridad no puede medirse únicamente desde Palacio Nacional.

Debe comprobarse en la colonia donde una persona vuelve a caminar de noche, en la carretera donde transportistas dejan de ser atacados y en la comunidad donde las familias ya no tienen que abandonar sus hogares.

Menos homicidios no significa ausencia de violencia

El homicidio doloso es uno de los indicadores más importantes para evaluar la seguridad porque existe una víctima identificable y suele presentar una cifra oculta menor que otros delitos.

Pero no describe por sí solo toda la violencia.

México también debe evaluar desapariciones, feminicidios, extorsiones, secuestros, reclutamiento criminal, trata, desplazamiento y violencia contra periodistas, defensores y comunidades.

Una estrategia puede reducir los asesinatos y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos en otros delitos.

Reconocer esta complejidad no disminuye el logro.

Evita que una buena cifra se convierta en una narrativa donde cualquier crítica sea presentada como negación de los avances.

El Gobierno tiene derecho a defender los resultados.

La ciudadanía conserva el derecho a exigir que esos resultados alcancen todas las formas de violencia que alteran su vida.

La atención a las causas debe producir evidencia

Uno de los cuatro ejes gubernamentales consiste en atender las causas que permiten a los grupos criminales reclutar principalmente a jóvenes.

El enfoque representa una diferencia frente a estrategias construidas casi exclusivamente alrededor del despliegue militar, la captura de dirigentes y los enfrentamientos.

Becas, educación, empleo, cultura, deporte y recuperación comunitaria pueden reducir factores de riesgo.

Pero para demostrar su efecto, el Gobierno necesita publicar evaluaciones que conecten las intervenciones sociales con los cambios territoriales.

No basta con afirmar que un programa previene la violencia porque beneficia a jóvenes.

Es necesario medir:

• Permanencia escolar.
• Acceso al empleo.
• Reducción del reclutamiento.
• Disminución de delitos juveniles.
• Recuperación del espacio público.
• Percepción de seguridad.
• Confianza comunitaria.
• Continuidad de los programas.

La atención a las causas puede ser una política transformadora.

Para sostenerla más allá del discurso necesita evidencia, seguimiento y presupuesto.

Inteligencia no debe significar vigilancia sin controles

El segundo eje privilegia la inteligencia y la investigación.

La apuesta busca identificar estructuras financieras, redes logísticas, mandos, operadores y vínculos institucionales, en lugar de depender únicamente de patrullajes o detenciones en flagrancia.

Una estrategia de inteligencia puede reducir la violencia cuando desarticula capacidades criminales sin provocar enfrentamientos indiscriminados.

Sin embargo, también requiere controles democráticos.

Las herramientas tecnológicas, las bases de datos y las intervenciones de comunicación deben utilizarse con autorización legal, supervisión y protección de derechos.

Combatir al crimen organizado no puede convertirse en justificación para vigilar masivamente a periodistas, activistas, opositores o población civil.

La eficacia y los derechos humanos no son objetivos opuestos.

Una institución que investiga mejor debería necesitar menos arbitrariedad, no más.

La coordinación debe evitar la impunidad local

El Gobierno federal ha presentado la coordinación como uno de los elementos centrales de su estrategia.

La colaboración entre fuerzas federales, gobiernos estatales, fiscalías y autoridades municipales puede permitir respuestas más rápidas y diagnósticos compartidos.

Pero la coordinación enfrenta un límite: gran parte de las investigaciones por homicidio corresponde a fiscalías locales con capacidades desiguales.

Reducir asesinatos es indispensable.

Investigar los que continúan ocurriendo también lo es.

Una baja en la incidencia acompañada por expedientes deficientes dejaría intacta una parte central del problema: la posibilidad de matar sin enfrentar consecuencias.

La estrategia necesita medir no solo cuántas personas fueron detenidas, sino cuántos casos fueron esclarecidos, judicializados y concluyeron con sentencias obtenidas mediante procesos legales sólidos.

La paz no es únicamente que ocurran menos crímenes.

También es que las víctimas encuentren verdad y justicia.

El resultado debe institucionalizarse

Una disminución dependiente exclusivamente de reuniones presidenciales, operativos especiales o funcionarios específicos podría revertirse cuando cambien las autoridades.

La reducción debe convertirse en capacidad permanente del Estado.

Eso implica fortalecer policías locales, servicios periciales, ministerios públicos, unidades de análisis, búsqueda de personas y mecanismos de prevención.

También requiere información abierta que permita a universidades, organizaciones y medios revisar los resultados.

El mejor dato para un gobierno no debería ser el que solo puede celebrarse.

Debería ser el que puede verificarse.

Veintiuna víctimas siguen siendo demasiadas

El Gobierno federal tiene derecho a señalar que el 21 de julio fue un día excepcionalmente bajo dentro de la historia reciente de violencia en México.

Negar el significado de la cifra sería ignorar una tendencia que ya aparece en los promedios mensuales.

Pero el reconocimiento no debe convertirse en festejo.

Veintiuna personas fueron asesinadas.

Veintiuna familias comenzaron un duelo.

El objetivo de una política de seguridad no puede ser producir un día que luzca bien en una presentación, sino hacer que las jornadas con menos homicidios sean cada vez menos excepcionales.

La reducción de 86.9 a 45.4 víctimas diarias muestra que el país puede cambiar de dirección.

Ahora debe demostrar que puede mantenerla, extenderla a los territorios más violentos y acompañarla con justicia, búsqueda, prevención y protección para las comunidades.

El 21 de julio puede ser una señal de avance.

La verdadera victoria llegará cuando una jornada así deje de ser noticia porque vivir sin violencia se haya convertido en la normalidad.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Huehuetoca, Estado de México, 30 de junio de 2026.— La Guardia Nacional cumplió siete años en medio de un balance que el Gobierno de México presenta como histórico: más elementos, más cuarteles, más detenciones y una reducción de 46% en homicidios dolosos, de acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la ceremonia conmemorativa.

Pero el aniversario también deja una pregunta de fondo: ¿cómo se traduce una cifra nacional de seguridad en tranquilidad real para una familia que todavía evita salir de noche, que teme una extorsión o que no deja caminar sola a una hija o un hijo?

Ese es el punto central del debate. La seguridad no se mide únicamente en gráficas. También se mide en la vida diaria: en abrir un negocio sin miedo, esperar el transporte sin angustia, regresar de noche a casa, denunciar sin temor y sentir que la autoridad llega cuando se le necesita.

Durante el acto por el 7° Aniversario de la Guardia Nacional, realizado en Huehuetoca, Estado de México, Sheinbaum reconoció a las y los integrantes de la corporación y afirmó que su labor forma parte de la reducción de homicidios dolosos en el país.

“Ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia”, expresó la presidenta, al señalar que la misión de la institución es proteger la paz que construye el Gobierno de México.

El mensaje político fue claro: la administración federal busca colocar a la Guardia Nacional como uno de los pilares de su estrategia de seguridad, junto con la atención a las causas, la inteligencia, la investigación y la coordinación entre instituciones.

Sheinbaum recordó que la Guardia Nacional nació en 2019 como una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas. A siete años de su creación, la corporación cuenta con 125 mil elementos, distribuidos en 53 coordinaciones y 590 cuarteles en todo el país.

“La creación de la Guardia Nacional, a siete años, podemos decir que es una hazaña”, afirmó.

El dato muestra el tamaño que ha alcanzado la institución. En pocos años pasó de ser una promesa de reorganización de la seguridad pública a convertirse en una de las principales fuerzas desplegadas en territorio nacional.

La Guardia Nacional ya no es un experimento institucional. Es una estructura central del Estado mexicano.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la corporación mantiene altos niveles de reconocimiento ciudadano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la Guardia Nacional registró una percepción de desempeño efectivo de 77% en marzo de 2026, por encima de policías estatales y municipales.

Ese dato importa, pero también debe leerse completo. La confianza en una institución no borra automáticamente el miedo que la ciudadanía vive en su entorno inmediato. En la misma medición del INEGI, más de seis de cada diez personas adultas en zonas urbanas consideraron inseguro vivir en su ciudad.

Ahí está la tensión de la seguridad mexicana: la gente puede reconocer a la Guardia Nacional como una autoridad más confiable que las policías locales y, al mismo tiempo, seguir sintiendo que su colonia, su transporte o su camino al trabajo no son seguros.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, presentó resultados operativos de la institución: más de 45 mil personas detenidas relacionadas con hechos delictivos, 23 mil armas de fuego aseguradas, 213 toneladas de droga decomisadas y más de 2 mil laboratorios clandestinos desmantelados.

También se informó que la corporación pasó de 78 mil a más de 125 mil elementos, con la meta de alcanzar 170 mil integrantes al finalizar la administración.

El crecimiento es evidente. La pregunta es si ese crecimiento está logrando cambiar la vida en los territorios más golpeados por la violencia.

Porque en México la inseguridad no se vive igual en todas partes. Hay regiones donde la presencia federal puede significar contención, patrullaje y apoyo inmediato. Pero también hay zonas donde el crimen organizado controla economías locales, extorsiona comercios, disputa rutas, infiltra policías y obliga a la población a convivir con reglas impuestas por grupos criminales.

En esos lugares, la paz no se anuncia: se comprueba.

La presidenta sostuvo que la Guardia Nacional actúa bajo principios de honradez, honestidad, cercanía y respeto a los derechos humanos. Ese punto será clave para su legitimidad futura. Mientras más crece una corporación armada, más necesita controles, capacitación, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Una institución de seguridad fuerte no solo debe ser numerosa. Debe ser confiable, profesional y capaz de actuar sin abusos.

El reto también pasa por la coordinación con policías estatales y municipales. La Guardia Nacional puede desplegarse, patrullar, apoyar operativos y responder a emergencias, pero la seguridad cotidiana depende mucho de las autoridades locales: la primera patrulla, el ministerio público, la denuncia, el seguimiento, la prevención, el alumbrado, el transporte, los entornos escolares y la atención a víctimas.

Si las policías municipales siguen débiles, mal pagadas o infiltradas, la Guardia Nacional termina cargando con una responsabilidad que ningún cuerpo federal puede resolver solo.

La seguridad no puede descansar únicamente en una fuerza nacional. Necesita instituciones locales que funcionen todos los días.

Ese es uno de los puntos más sensibles del balance. El gobierno federal puede reportar una baja en homicidios, pero la ciudadanía evalúa la seguridad desde experiencias concretas: si le robaron el celular, si su negocio recibió una amenaza, si escuchó disparos, si dejó de visitar familiares o si ya no camina de noche.

La reducción de homicidios dolosos es un dato relevante. Cualquier baja en asesinatos importa porque detrás de cada número hay una vida que no se perdió y una familia que no fue destruida.

Pero una política de seguridad completa debe mirar también delitos que afectan de forma directa la tranquilidad diaria: extorsión, desapariciones, violencia familiar, robo, cobro de piso, narcomenudeo, amenazas, trata, secuestro y violencia contra mujeres.

La paz no es solo que haya menos homicidios. La paz es que la gente recupere la calle, la noche, el negocio, el camino y la confianza.

En su discurso, Sheinbaum presentó a la Guardia Nacional como parte de una estrategia que combina presencia territorial, inteligencia e investigación. Esa combinación es indispensable, porque el crimen organizado no se derrota solo con patrullas. También se enfrenta siguiendo dinero, desmantelando redes, protegiendo testigos, judicializando bien los casos y rompiendo complicidades dentro del poder público.

El aniversario de la Guardia Nacional llega entonces como una fotografía de dos realidades. Por un lado, una corporación que creció rápido, que tiene presencia nacional y que el gobierno asocia con una baja importante en homicidios. Por otro, un país donde la percepción de inseguridad sigue marcando rutinas, miedos y decisiones familiares.

Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

La Guardia Nacional puede estar mejor evaluada que otras instituciones de seguridad y, aun así, México puede seguir teniendo una deuda profunda con la tranquilidad cotidiana. Puede haber menos homicidios y, aun así, muchas comunidades pueden seguir sintiendo que viven bajo presión criminal.

Por eso el balance de siete años no debería quedarse en celebración. También debe abrir una evaluación seria: qué funciona, qué no, dónde se redujo la violencia, dónde sigue la crisis, cómo se cuidan los derechos humanos, cómo se fortalecen las policías locales y cómo se garantiza que el despliegue federal no sustituya indefinidamente a las instituciones civiles.

La presidenta dijo que la Guardia Nacional está haciendo historia. La frase puede sostenerse por su tamaño y por su papel en la estrategia de seguridad. Pero la historia no se escribirá solo en los informes oficiales.

Se escribirá en las colonias donde la gente vuelva a salir sin miedo, en los negocios que dejen de pagar extorsión, en las familias que no tengan que cambiar rutinas y en las comunidades donde la autoridad vuelva a ser más fuerte que el crimen.

A siete años de su creación, la Guardia Nacional ya tiene presencia, estructura y peso político. Ahora el reto es más difícil: demostrar que su crecimiento puede convertirse en paz cotidiana.

Porque en seguridad, el dato importa. Pero lo que realmente cambia un país es que la gente pueda vivir sin miedo.

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Por Redacción LYPmultimedios

CIUDAD DE PUEBLA. – Mientras el turismo abarrotaba la entidad por la Procesión de Viernes Santo, el gobernador Alejandro Armenta Mier decidió no tomar días de asueto y montó una demostración de fuerza operativa. Coordinando a más de 4 mil elementos federales y estatales mediante un esquema de “binomio tierra-aire”, el mandatario sobrevoló Puebla para vigilar personalmente la seguridad de la capital y el interior del estado.

Sin embargo, el recorrido aéreo no solo sirvió para reportar “saldo blanco” en las festividades. Armenta aprovechó los reflectores del operativo para lanzar un severo ultimátum público a los presidentes municipales de la entidad, exigiéndoles dejar de lado la megalomanía de las “obras grandotas” para concentrarse en su responsabilidad básica: el orden urbano. “Pónganse a barrer entradas, arreglar lámparas, pintar guarniciones y podar áreas verdes”, espetó el mandatario.

Blindaje tecnológico y desplome del robo en carreteras

Para respaldar su exigencia de orden, el gobierno estatal exhibió su músculo logístico. Armenta destacó el uso de dos helicópteros activos y anunció la inminente adquisición de drones de última generación para reforzar la inteligencia policial. Todo ello, bajo el paraguas táctico de la Estrategia Nacional de Seguridad dictada por Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los resultados de esta alineación con las Fuerzas Armadas (SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional) fueron puestos sobre la mesa con datos duros, específicamente en uno de los delitos que más lacera la economía regional: el robo a transportistas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la administración poblana logró reducir este delito en un 26.99% durante 2025. La tendencia a la baja se ha radicalizado en el arranque de 2026, presumiendo una caída histórica del 58.33% en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Con estos números, el Ejecutivo manda un mensaje claro: la seguridad en Puebla no está de vacaciones.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Santiago de Querétaro.— Como resultado de labores de investigación e inteligencia, fuerzas federales y estatales lograron la detención de seis personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva que operaba en el estado de Querétaro, relacionada con delitos de alto impacto como narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y robo a autotransporte.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades locales, quienes ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Santiago de Querétaro.

Durante las acciones fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón Mora Rojas, alias “Moncho”, identificado por las autoridades como generador de violencia en la entidad y presunto responsable de diversos secuestros y agresiones contra conductores de transporte de carga. De acuerdo con las investigaciones, también estaría vinculado con delitos de narcomenudeo, robo de hidrocarburo, robo a casa habitación y homicidio.

Junto con Mora Rojas fueron detenidos Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández. En los cateos se aseguró armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, un artefacto con características de arma, envoltorios con sustancias ilícitas, vehículos, dispositivos electrónicos, equipo de cómputo y material presuntamente utilizado para actividades delictivas.

Las autoridades destacaron que estas acciones representan un golpe relevante a la estructura operativa y logística de la célula criminal, reduciendo de manera significativa su capacidad para cometer ilícitos en la región y fortaleciendo las condiciones de seguridad en el estado.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reiteró que este operativo es resultado del trabajo coordinado entre instituciones federales y estatales, mediante el uso de inteligencia, capacidades técnicas y operativas, siempre en apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

Con este tipo de intervenciones, las autoridades refrendan su compromiso de combatir a los grupos delictivos, desarticular redes criminales y avanzar en la construcción de paz y seguridad para la población queretana.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en estrecha colaboración con la Guardia Nacional, ha intensificado en las últimas semanas una serie de operativos estratégicos en Querétaro para detectar y clausurar pozos clandestinos y frenar las irregularidades en la extracción del recurso hídrico. Esta acción forma parte de una estrategia federal para garantizar el uso legal y sostenible del agua, un bien cada vez más preciado en la región.

Bajo la dirección del Ing. Gregorio Cruz Martínez, delegado estatal de CONAGUA, Querétaro se ha posicionado como un modelo regional en la lucha contra el robo de agua. “No se permitirá el robo del agua que pertenece a todos los queretanos”, advirtió el funcionario, quien ha encabezado personalmente varios de los operativos en distintos municipios del estado.

Durante las inspecciones recientes, se han localizado múltiples pozos en operación sin contar con la debida concesión, especialmente en zonas agrícolas e industriales de El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río. En dichos lugares, se ha detectado la extracción ilícita del recurso, generando un impacto directo en quienes sí operan bajo la normativa vigente y poniendo en riesgo el equilibrio de los acuíferos locales.

Gracias al respaldo de la Guardia Nacional, los operativos no solo han mantenido un carácter técnico, sino que se han llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, lo que ha permitido clausurar pozos ilegales y dar inicio a los procedimientos administrativos correspondientes.

En entrevista para LYPmultimedios, Gregorio Cruz Martínez enfatizó: “El agua es un recurso vital que debemos proteger entre todos. No podemos permitir que unos cuantos se beneficien de manera ilegal, mientras otros padecen la escasez. Vamos a seguir trabajando hasta recuperar cada litro que le pertenece a Querétaro”.

La CONAGUA ha confirmado que los operativos continuarán de manera permanente en todo el estado, como parte de la estrategia nacional para la protección del agua. Asimismo, extendió un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier extracción ilegal a través de los canales oficiales y exhortó a los usuarios a regularizar su situación para evitar sanciones.

Denuncias y reportes anónimos pueden realizarse al teléfono: (442) 256 1700.

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