Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (26 de mayo de 2026). – El debate por los derechos civiles en Querétaro ha dejado de ser una disputa de interpretaciones para convertirse en un choque entre la letra de la ley y la posverdad del poder. El Grupo Parlamentario de Morena (GPM) en la LXI Legislatura emitió un categórico posicionamiento político en el que exhibe la falsedad de los argumentos utilizados por el gobernador Mauricio Kuri para vetar la Ley de Identidad de Género, calificando la decisión del Ejecutivo como una maniobra sustentada en la desinformación y el prejuicio ideológico.

Frente a la campaña de pánico moral que ha intentado criminalizar la reforma, la bancada mayoritaria defendió la legalidad y la urgencia de una ley que, lejos de ser un capricho partidista, responde a una exigencia histórica de colectivos de la sociedad civil y a recomendaciones de la propia Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

Artículo 131 Ter: El texto que Kuri decidió ignorar

El argumento central del mandatario estatal para justificar su veto fue la supuesta desprotección de la niñez frente a la autopercepción de género. Sin embargo, los legisladores de Morena desarmaron esta narrativa al recordar que la ley aprobada contiene un candado explícito e inquebrantable que el gobernador omitió convenientemente en su videomensaje.

El artículo 131 Ter, fracción II del texto aprobado establece de manera expresa que únicamente las personas mayores de edad pueden acceder al procedimiento administrativo de modificación de identidad en sus actas de nacimiento.

“La redacción es clara y no deja espacio a interpretaciones: las y los menores no pueden acceder a este procedimiento. El debate público debe darse con responsabilidad jurídica y sin descalificaciones ideológicas”, enfatizó la bancada morenista.

Con esta revelación, Morena expone que el Ejecutivo prefirió construir un “enemigo imaginario” (la afectación a la niñez) antes que admitir que su veto busca bloquear los derechos de la población adulta trans, desestimando los criterios vinculantes ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Trazabilidad contra impunidad: No se borran pasados

La bancada progresista también echó abajo otra de las premisas más alarmantes difundidas por el gobernador Kuri: que la ley facilitaría la evasión de responsabilidades civiles, deudas alimentarias o antecedentes penales.

Los legisladores explicaron que la reforma al Código Civil no borra los registros originales ni destruye el historial legal de las personas. Por el contrario, introduce rigurosos mecanismos de trazabilidad jurídica coordinados entre registros civiles y dependencias de seguridad y justicia, garantizando que cualquier obligación frente a terceros o procesos judiciales en curso se mantengan intactos bajo la nueva identidad. La supuesta “puerta a la impunidad” denunciada por el gobernador es, jurídicamente, inexistente.

El consenso dinamitado y la falacia de la “ultra”

Uno de los puntos más agudos del posicionamiento de Morena fue el rechazo a la etiqueta de “radicales” con la que Kuri intentó descalificar a los impulsores de la reforma. Los diputados recordaron que el dictamen no fue un albazo legislativo, sino el resultado de comisiones dictaminadoras, foros públicos y consultas con especialistas, el cual contó con el respaldo de cinco de las seis fuerzas políticas del Congreso, incluyendo a legisladores del propio partido del gobernador (PAN).

Al catalogar como “radical” un avance de derechos humanos consensuado por la pluralidad del Congreso, Kuri asume una postura regresiva que aísla a Querétaro del marco constitucional federal. Morena concluyó su mensaje con una advertencia histórica: “La transformación social no se detiene por decreto ni por veto político. Los derechos reconocidos por la Constitución y la Suprema Corte seguirán siendo exigidos por la ciudadanía”.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Con el objetivo de superar la parálisis legislativa y garantizar un análisis plural, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura emitió un nuevo acuerdo para reconfigurar las Comisiones Unidas encargadas de dictaminar la Reforma Judicial en el estado. El rediseño institucional busca armonizar las propuestas presentadas previamente por los legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) con la reciente iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo estatal.

El bloque progresista, encabezado por los coordinadores Edgar Inzunza Ballesteros (Morena) y Claudia Díaz Gayou (PT), respaldó la disolución de las anteriores mesas de trabajo presididas por el panista Guillermo Vega Guerrero. Argumentaron que dicho órgano ya había agotado su objeto legal tras emitir un dictamen previo, lo que hacía jurídicamente inviable procesar la nueva iniciativa del gobernador bajo el mismo esquema.

Nueva integración y búsqueda de consenso

Para dar salida a la enmienda constitucional, la presidencia de la Mesa Directiva instruyó la conformación de un nuevo bloque de Comisiones Unidas que ahora agrupa a las comisiones de: Administración y Procuración de Justicia; Participación Ciudadana; Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales; y Puntos Constitucionales.

Este nuevo órgano colegiado será presidido por el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, con Homero Barrera Mcdonald fungiendo como secretario.

“Necesitamos dialogar y consensuar estas iniciativas por el bien de la gente. Nuestro grupo legislativo no busca peleas, sino que se avance en la reforma judicial local de manera correcta”, expresó el diputado Barrera Mcdonald, tras señalar que sus previas solicitudes de diálogo habían sido ignoradas.

El reto de la mayoría calificada

La inclusión de la Comisión de Gobernación y Asuntos Electorales responde a la naturaleza misma de la reforma, la cual contempla modificaciones a los procesos de elección de juzgadores locales. En este sentido, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz recordó que cualquier modificación a la Constitución local requiere el aval de 17 de los 25 legisladores.

Dado que ninguna fuerza política cuenta con la mayoría calificada por sí sola, el nuevo formato de Comisiones Unidas obliga a la construcción de acuerdos transversales. El rediseño metodológico representa una victoria para el diálogo parlamentario sobre la imposición, sentando las bases para una democratización del Poder Judicial que responda tanto a la inercia federal como a las particularidades del estado.

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