Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum informó que se mantienen abiertas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra despachos legales y funcionarios que participaron en los llamados juicios masivos en 2012, a través de los cuales 373 mil derechohabientes fueron demandados de manera irregular, provocando que 249 mil trabajadores perdieran sus viviendas.

“Seguimos presentando denuncias para que la Fiscalía determine quiénes son los responsables de estos fraudes que afectaron gravemente a trabajadoras y trabajadores afiliados al Infonavit”, declaró la Presidenta.

Un fraude histórico

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que estos juicios masivos se caracterizaron por prácticas fraudulentas: las demandas se realizaron sin notificar a los acreditados, incluyeron a personas sin problemas de pago y se llevaron a cabo en estados ajenos a la residencia de los afectados. Del total de 373 mil derechohabientes demandados, el 80% enfrentó juicios en entidades donde no vivían, destacándose irregularidades en Coahuila, Jalisco, Baja California, Ciudad de México y Morelos.

Además, se reveló que, pese a estas anomalías, el Infonavit pagó 29 mil 263 millones de pesos a despachos legales involucrados entre 2012 y 2020. Entre los principales implicados se encuentran GABSSA y ACSER, este último relacionado con el desalojo irregular de viviendas y que actualmente enfrenta denuncias por abandono de expedientes legales.

Detención de fraudes y resarcimiento de daños

Desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ordenó detener los juicios masivos. En 2024, el Gobierno logró frenar un nuevo intento de fraudes por parte de nueve despachos, quienes buscaron replicar el esquema afectando a más de 63 mil familias en estados como Puebla, Tamaulipas y Sonora.

Romero Oropeza afirmó que, por instrucciones de la Presidenta, se implementará un programa de resarcimiento de daños para los derechohabientes perjudicados, incluyendo la restitución de propiedades y la reestructuración de créditos.

Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar

Además de combatir los fraudes, la administración federal avanza en la ejecución del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que busca garantizar el acceso a vivienda digna. Según Edna Elena Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se iniciará la construcción de 50 mil viviendas sociales en 2025, distribuidas en predios de reserva territorial federal, estatal y municipal.

El plan también contempla la regularización de 300 mil lotes en el Estado de México y otras entidades, así como el mejoramiento de 100 mil viviendas. Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno con el derecho a la vivienda y la justicia social.

Un mensaje de esperanza

La Presidenta Sheinbaum subrayó que el combate a la corrupción y la restitución de derechos para las trabajadoras y trabajadores son pilares fundamentales de su administración.

“La vivienda no es un privilegio, es un derecho. Estamos trabajando para que nunca más se repitan fraudes como estos y para que cada mexicano tenga un hogar digno”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el bienestar de las familias y la consolidación de un país más justo e igualitario.

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