SANTIAGO DE QUERÉTARO. – El combate a los delitos de cuello blanco en Querétaro ha dejado de ser un discurso para traducirse en millones de pesos devueltos al erario. Durante la presentación de su noveno y último Informe de Actividades ante la LXI Legislatura, el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, aseguró dejar una institución sólida y convertida en el máximo referente nacional en la materia.

Al convertirse en el primer fiscal anticorrupción del país en concluir un periodo completo de nueve años, Vargas Salazar destacó que en la entidad impera el Estado de Derecho, respaldado por métricas internacionales: durante seis años consecutivos, Querétaro ha liderado el eje de ausencia de corrupción en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la World Justice Project.

Una fiscalía que “se paga sola”

El informe, correspondiente al ejercicio 2025, desglosó el músculo financiero de la dependencia. Vargas Salazar reveló que el objetivo fundacional de golpear las finanzas de la delincuencia se cumplió con creces.

“Nuestros números en cuanto a recuperación de activos es casi igual al presupuesto ejercido”, destacó el fiscal. Precisó que en su administración han logrado recuperar más de 220 millones de pesos, a los que se suman aseguramientos de inmuebles, vehículos y dinero en efectivo por más de 296 millones de pesos, impulsados fuertemente por las investigaciones de recursos de procedencia ilícita bajo la estrategia operativa “Sinergia”.

Cárcel y cero impunidad

En materia punitiva, el fiscal rindió cuentas sobre la judicialización de expedientes. Durante su periodo de nueve años, se ejecutaron 128 órdenes de aprehensión y se lograron 75 sentencias condenatorias. Tan solo en el último año, se iniciaron 539 carpetas de investigación por delitos como peculado, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“El sello distintivo de esta Fiscalía ha sido la aplicación de la ley de forma enérgica, sin titubeos y observando siempre el debido proceso. No me tembló la mano para aplicar la ley; prueba de ello es que, al momento de rendir este informe, hay gente en la cárcel enfrentando la justicia”, sentenció Vargas Salazar, cerrando un ciclo histórico en la procuración de justicia del estado.

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Por Redacción LYPmultimedios

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. – El peso de la justicia cayó sobre un hombre que, valiéndose de la confianza y el vínculo familiar, truncó la tranquilidad de un menor de edad. La Fiscalía del Estado de Jalisco logró una sentencia condenatoria de 16 años y dos días de prisión en contra de Juan José “N”, culpable de los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los terribles hechos ocurrieron durante el año 2022 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El sentenciado era pareja sentimental de la abuela del infante, situación que aprovechó para acercarse a la víctima y cometer los ilícitos.

Amenazas y terror

El Ministerio Público logró acreditar que el calvario del menor comenzó el 19 de agosto de 2022. Aquel día, Juan José “N” ingresó al domicilio del niño y lo sometió bajo una extrema presión psicológica y física.

Para obligarlo a guardar silencio, el agresor utilizó un arma blanca con la que amenazó de muerte al menor y le advirtió que le haría daño a su familia si hablaba. Los abusos se prolongaron de manera continuada hasta el 2 de diciembre de ese mismo año.

Investigación y condena

Tras la valiente denuncia, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia ejecutó una exhaustiva investigación que culminó con la captura del sujeto.

Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía de Jalisco, Juan José “N” no tuvo más salida que reconocer su culpabilidad y someterse a un procedimiento abreviado. Además de la pena de más de 16 años tras las rejas, el juez de control lo condenó a pagar 42 mil pesos por concepto de reparación integral del daño.

Con esta resolución, las autoridades estatales refrendan su postura de cero tolerancia ante los delitos que vulneran el desarrollo, la seguridad y la integridad de las infancias en la entidad.

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