Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la FGR, la captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una nueva línea de investigación que busca esclarecer posibles actos de obstrucción de la justicia cometidos durante las primeras etapas del caso. La autoridad federal señala que el exmandatario estatal es investigado por su presunta participación en el ocultamiento de información que habría sido relevante para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre una vinculación a proceso ni sobre el desarrollo de la audiencia inicial, por lo que será un juez quien determine la situación jurídica del exgobernador conforme avance el procedimiento penal.

Un nuevo capítulo en una investigación que continúa

La detención de Aguirre Rivero ocurre casi doce años después de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México, que marcó la agenda nacional e internacional en materia de derechos humanos.

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, Guerrero, cuando buscaban trasladarse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. Desde entonces, 43 jóvenes permanecen desaparecidos y sus familias continúan exigiendo verdad, justicia y el esclarecimiento pleno de los hechos.

Las investigaciones realizadas en distintos momentos han documentado la participación de policías municipales, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y la posible intervención u omisión de diversos funcionarios públicos. En los últimos años también se han abierto procesos penales contra exfuncionarios federales, mandos militares y autoridades estatales por delitos relacionados con desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

De gobernador durante los hechos a investigado

Ángel Aguirre Rivero gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas. Llegó al cargo en 2011, postulado por el entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tras la crisis política y social provocada por el caso Ayotzinapa, solicitó licencia al cargo en octubre de 2014, en medio de protestas nacionales e internacionales que cuestionaban la actuación de las autoridades estatales y exigían una investigación independiente.

Ahora, la nueva investigación de la FGR centra la atención no únicamente en los hechos ocurridos aquella noche, sino también en las decisiones institucionales tomadas durante los días posteriores y en la posible desaparición u ocultamiento de elementos probatorios que habrían dificultado el acceso a la verdad.

La búsqueda de verdad continúa

Para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, la detención representa un nuevo paso dentro de un proceso que, después de más de una década, sigue abierto.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han sostenido que el caso Ayotzinapa constituye una prueba para el Estado mexicano en materia de acceso a la justicia, combate a la impunidad y protección de los derechos humanos.

La desaparición de los estudiantes continúa siendo investigada por la FGR bajo un nuevo modelo de investigación, que ha derivado en la reapertura de líneas de indagación, nuevas órdenes de aprehensión y el análisis de actuaciones realizadas durante las primeras etapas del caso.

La situación jurídica de Ángel Aguirre Rivero será definida por la autoridad judicial conforme avance el proceso penal, mientras las investigaciones sobre uno de los casos más representativos de desaparición forzada en México permanecen abiertas.

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Cae el señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 31 de julio de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado por las autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y atribuyó el resultado a la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

“Las detenciones que se han llevado a cabo tienen sustento científico y documental”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina, y subrayó que el proceso apenas comienza: “Ahora viene el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal, y cualquier tema se va a seguir informando”.

Quién es el detenido, según las autoridades

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ramón Ángel “N” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco. Las autoridades relacionan a ese grupo con extorsión, homicidios y tráfico de droga, y señalan que sus operaciones han afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región.

García Harfuch informó además que el detenido ha sido vinculado con el suministro de armas y municiones, el cobro de piso, y que —según la autoridad— participó en el homicidio de Valeria Márquez, ocurrido en Jalisco. Junto con él fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Conviene precisar, con la misma claridad con la que se informa la captura: todos estos señalamientos corresponden a la etapa de investigación. Ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidad penal, y los detenidos conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

La operación fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia realizados por la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Los 31 detenidos: la parte del expediente que explica el caso

Con esta captura suman 31 personas detenidas en relación con el homicidio de Manzo. Lo que hace particularmente revelador ese número no es su magnitud, sino su composición. Entre los detenidos figuran otros dos señalados como presuntos autores intelectuales —Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y Alejandro Baruc “N”, alias “El K-OZ”—, además de mensajeros, reclutadores y operadores locales.

Pero el expediente también alcanzó al entorno inmediato del alcalde: entre los detenidos está Samuel “N”, quien se desempeñaba como su director de Relaciones Públicas y a quien la investigación atribuye haber filtrado la agenda del edil. Siete integrantes de su escolta personal han sido investigados por presuntas omisiones durante la agresión.

Es decir: según la reconstrucción de las autoridades, la operación que terminó con la vida del alcalde no solo requirió sicarios, sino acceso a información interna sobre sus movimientos.

El crimen que sacudió a Michoacán

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras encabezaba actos del Festival de las Velas en Uruapan, en pleno desarrollo de las festividades del Día de Muertos y rodeado de asistentes al evento. De acuerdo con las investigaciones, los agresores coordinaron el ataque mediante grupos de mensajería para ejecutarlo entre la multitud.

Sheinbaum enmarcó el resultado en el trabajo del Gabinete de Seguridad: “El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, y el Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz, la seguridad y la cero impunidad”. Las autoridades federales ubicaron la detención dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y como parte de la estrategia contra la extorsión en la entidad.

Lo que sigue

La detención abre, no cierra, la etapa que determinará si estos señalamientos se sostienen: la judicial. Corresponderá ahora a la FGR y a la Fiscalía de Michoacán acreditar ante un juez los elementos que atribuyen a cada uno de los detenidos, en procesos que se desarrollarán en ambos fueros. La cifra de 31 personas capturadas habla del tamaño de la red que las autoridades reconstruyeron; el resultado de esos procesos dirá cuánto de esa reconstrucción resiste el escrutinio de un tribunal.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.— La acusación lanzada por Ariadna Montiel Reyes contra el antiguo Poder Judicial no surge únicamente de la retórica partidista. Detrás existe un rastro documental perturbador: Ingemar, empresa en la que participa el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, obtuvo amparos que obligaron a las autoridades energéticas a restituir o mantener permisos para importar cientos de millones de litros de combustibles.

Aquellas resoluciones judiciales permitieron que la compañía preservara su capacidad operativa durante años. Hoy, la Fiscalía General de la República la sitúa dentro de una investigación por una presunta red de contrabando ferroviario de hidrocarburos, evasión fiscal y delincuencia organizada.

El amparo, concebido para contener los abusos del Estado, terminó funcionando en este caso como un blindaje empresarial cuyas consecuencias deben ser investigadas. No porque defenderse frente a la autoridad constituya un delito, sino porque las decisiones judiciales mantuvieron abierto un negocio que después aparecería en el centro de una trama con un posible quebranto multimillonario para el erario.

Cuatro permisos y casi 499 millones de litros

Ingemar sostuvo durante cuatro años una batalla jurídica contra la cancelación de sus autorizaciones. De acuerdo con información pública de la Secretaría de Energía y una investigación de La Jornada, los amparos obligaron a las autoridades a permitir que la empresa continuara importando hidrocarburos.

Los cuatro permisos abarcaban gasolina regular, gasolina de alto octanaje, diésel de bajo azufre, turbosina y keroseno. En conjunto, representaban una capacidad autorizada de aproximadamente 498 millones 720 mil litros:

• 216 millones de litros de gasolina regular.
• 102 millones 240 mil litros de gasolina de mayor octanaje.
• 173 millones 280 mil litros de diésel y mezclas.
• 7 millones 200 mil litros de turbosina y keroseno.

El registro oficial de la Sener confirma que Ingemar figuraba como permisionaria y que algunas autorizaciones vencían originalmente el 26 de diciembre de 2024. Pese a ello, parte de esa capacidad permaneció bajo los efectos de la protección judicial.

Este es el núcleo material de la denuncia de Montiel: el viejo Poder Judicial no transportó los ferrotanques ni elaboró los pedimentos aduanales, pero sus resoluciones conservaron la llave jurídica que permitió a la empresa seguir importando.

El amparo convertido en escudo corporativo

Durante décadas, una parte del Poder Judicial mexicano operó bajo una lógica profundamente desigual. Para las comunidades despojadas, las víctimas de violencia, las mujeres que exigían justicia o las personas encarceladas sin recursos, el acceso efectivo a los tribunales fue lento, costoso y frecuentemente estéril.

Para las grandes empresas, en cambio, siempre hubo despachos especializados, suspensiones inmediatas y litigios capaces de paralizar regulaciones públicas durante años.

La corrupción judicial no se reduce necesariamente a un sobre con dinero. También puede expresarse mediante una arquitectura institucional que privilegia sistemáticamente la propiedad corporativa sobre el interés colectivo, que convierte cualquier regulación en una afrenta contra la libertad empresarial y que concede a los poderes económicos una capacidad de defensa inaccesible para la mayoría de la población.

En el caso de Ingemar, el resultado concreto fue inequívoco: el Estado canceló o intentó restringir permisos y una cadena de decisiones judiciales permitió recuperarlos. Mientras los litigios avanzaban, la empresa mantuvo su lugar en el mercado de importación.

Los tribunales que concedieron esos amparos deben explicar qué irregularidades encontraron en la actuación de la Sener, por qué consideraron procedente restituir las autorizaciones y qué medidas impusieron para evitar que la protección constitucional terminara facilitando operaciones ilegales.

No basta con refugiarse en el formalismo jurídico. Cuando una sentencia habilita la movilización de cientos de millones de litros de combustibles, sus repercusiones económicas y fiscales son un asunto de interés público.

La ruta del presunto contrabando

La FGR informó que la investigación comenzó con el hallazgo de ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente aseguró 170 unidades ferroviarias y documentó un perjuicio fiscal inicial superior a 100 millones de pesos.

El expediente contiene, según la Fiscalía, 96 datos de prueba: dictámenes químicos, análisis de la capacidad real de los ferrotanques, estudios criminalísticos, fotografías e identificación de los hidrocarburos asegurados.

El cruce de información del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de 2025. El daño patrimonial potencial podría rebasar los cuatro mil millones de pesos, aunque esa cantidad todavía deberá acreditarse durante la investigación complementaria.

Reportes sobre la investigación señalan un mecanismo elemental y lucrativo: los ferrotanques habrían sido declarados con cargas muy inferiores a su capacidad real, reduciendo artificialmente los impuestos pagados por el combustible que ingresaba al país.

Sin el permiso de importación, esa maquinaria empresarial no habría podido presentarse ante las aduanas con una apariencia inicial de legalidad. Los amparos no autorizaron la evasión fiscal, pero sí conservaron el instrumento administrativo indispensable para continuar las operaciones.

Ruffo no era un espectador ajeno

Ernesto Ruffo no constituyó originalmente Ingemar, pero se incorporó a su capital poco después de la creación de la compañía. Con el tiempo se convirtió en accionista y secretario de su consejo de administración, de acuerdo con la relación corporativa presentada por la Fiscalía.

La defensa sostiene que Ruffo posee una participación minoritaria, cercana a 30 por ciento, y que no existen documentos o testimonios que acrediten su intervención directa en las importaciones irregulares. Ese argumento deberá discutirse ante el tribunal, no resolverse mediante el prestigio histórico del acusado.

Haber sido el primer gobernador opositor que derrotó al PRI no concede inmunidad penal. Tampoco convierte automáticamente en culpable al exmandatario. Ruffo y otras siete personas están vinculadas a proceso por su probable participación en la red; aún no existe una sentencia condenatoria.

La presunción de inocencia obliga a no presentar la imputación como culpabilidad demostrada. Pero tampoco exige tratar a Ruffo como un accionista decorativo incapaz de conocer las actividades estratégicas de una empresa en cuyo consejo participaba.

Una herencia de la privatización energética

Montiel también colocó el caso dentro de las consecuencias de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. La relación merece atención.

La apertura del sector permitió que empresas privadas obtuvieran permisos para importar combustibles a gran escala. Desde enero de 2015, la Secretaría de Energía asumió la facultad de otorgar, modificar y revocar esas autorizaciones, según la regulación oficial.

El problema no fue sólo la entrada de capital privado, sino la construcción de un mercado opaco donde permisos, concesiones, intermediarios, ferrocarriles y agentes aduanales podían fragmentar la responsabilidad. La ganancia quedaba en manos privadas; las pérdidas fiscales, la contaminación, la violencia y el debilitamiento energético eran socializados.

El viejo Poder Judicial fue uno de los contrapesos empleados por las empresas para frenar la intervención estatal. Bajo el lenguaje de la libre competencia y la seguridad jurídica se protegieron permisos cuyo uso y beneficiarios finales rara vez fueron sometidos al mismo escrutinio que enfrentaban las autoridades reguladoras.

Investigar a los jueces, pero también a las aduanas

La acusación de Montiel no debe quedarse en consigna. Si Morena sostiene que determinados juzgadores protegieron el huachicol fiscal, debe transparentar los expedientes, identificar las resoluciones, explicar sus efectos y promover las investigaciones correspondientes.

También debe informar qué funcionarios de la Sener, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas están bajo investigación. Más de cuatro mil operaciones no atraviesan el país únicamente gracias a una sentencia de amparo. Requieren pedimentos, revisiones, cruces fronterizos, transporte ferroviario, instalaciones receptoras y comercialización.

La responsabilidad judicial no puede convertirse en coartada para encubrir la negligencia o complicidad administrativa.

El caso Ruffo exhibe una de las deformaciones más corrosivas del antiguo régimen: una justicia rápida para proteger negocios privados y desesperadamente lenta para reparar agravios sociales. Los amparos de Ingemar quizá fueron formalmente legales; sus consecuencias, sin embargo, ayudaron a mantener operativa una estructura empresarial que hoy enfrenta acusaciones de defraudar al país.

El nuevo Poder Judicial tendrá que demostrar que puede romper esa subordinación frente al dinero sin convertirse en subordinado del partido gobernante. La justicia que México necesita no debe proteger a los poderosos, pero tampoco fabricar culpables. Debe abrir los expedientes, seguir el dinero y llegar hasta el último empresario, funcionario o juzgador que haya convertido la ley en refugio de un negocio contra la nación.

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Ciudad de México, 26 de julio de 2026.— En México, un proceso penal puede celebrarse en dos salas al mismo tiempo: la del tribunal, donde deberían hablar las pruebas, y la del micrófono, donde los partidos intentan dictar sentencia antes que los jueces.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, eligió este martes la segunda.

Durante su conferencia de prensa, llamó “corruptos” a quienes han expresado respaldo al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel y describió la defensa política del acusado como una red de “amigos y malhechores”.

No fue una frase aislada.

Montiel aseguró que Ingemar, la empresa vinculada con Ruffo, mantiene actividades ilícitas; afirmó que el antiguo Poder Judicial protegió sus operaciones y presentó el caso como una consecuencia directa de la corrupción creada por la reforma energética de 2013. 

Morena tenía razones para responder.

El PAN ha intentado convertir a Ruffo en símbolo de una persecución política y un grupo de exmandatarios latinoamericanos y españoles acusó al Gobierno mexicano de utilizar la justicia como venganza.

Pero responder a una absolución partidista con una condena partidista no fortalece el Estado de derecho.

Lo reemplaza con propaganda.

La acusación existe y debe investigarse

El caso no nació de una ocurrencia en la conferencia de Morena.

Ernesto Ruffo y otras siete personas fueron vinculados a proceso dentro de una investigación sobre una presunta red que habría introducido combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas.

La FGR sostiene que reunió 96 datos de prueba y que la operación investigada habría movilizado cientos de millones de litros, con un daño fiscal multimillonario. Ruffo ha negado conocer las posibles irregularidades y afirma que Ingemar se limitaba a realizar gestiones de importación. 

Es un expediente grave.

Debe llegar hasta el fondo, seguir el dinero, identificar a las empresas beneficiadas y esclarecer qué autoridades permitieron el paso de los cargamentos.

La condición de exgobernador no debe funcionar como blindaje.

Su historia política tampoco puede darle inmunidad.

Pero investigar no es condenar.

La vinculación a proceso significa que una jueza encontró elementos para continuar el procedimiento. No significa que Ruffo haya sido declarado responsable de dirigir una red criminal.

Ese límite, aparentemente sencillo, desapareció durante la conferencia de Morena.

De “presunto responsable” a “malhechor”

La frase más polarizante de Montiel fue también la más reveladora:

“Entre corruptos se defienden permanentemente”.

Después habló de una lógica de “protección entre amigos y malhechores”. 

El problema no es únicamente el tono.

La palabra “malhechor” no describe a una persona investigada. Describe a alguien a quien ya se considera delincuente.

Cuando esa expresión proviene de la dirigente del partido gobernante, deja de ser una bravata de redes sociales. Se convierte en una señal política dirigida a una sociedad que observa el proceso, a fiscales que lo sostienen y a jueces que deberán resolverlo.

Montiel puede defender la investigación.

Puede cuestionar la doble moral del PAN y exigir que nadie reciba impunidad por su apellido o trayectoria.

Lo que no debería hacer es anunciar desde una tribuna partidista la conclusión que todavía corresponde demostrar a la Fiscalía.

La presunción de inocencia no es un premio para personas simpáticas ni una cortesía reservada para militantes de Morena.

Es una protección frente al poder.

También cuando el acusado pertenece a la derecha.

El PAN construye su propia sentencia

Acción Nacional tampoco ha mostrado paciencia por la justicia.

Jorge Romero declaró a Ruffo “preso político”, afirmó que no existen pruebas y exigió su libertad. Lo hizo pese a la vinculación a proceso y sin presentar públicamente un análisis completo del expediente que permita demostrar la supuesta fabricación del caso.

El PAN intenta presentar cualquier investigación contra uno de sus personajes históricos como persecución de la 4T.

Morena responde llamando corruptos a todos los que piden cautela.

En medio queda la justicia, utilizada como uniforme de dos equipos enfrentados.

Para el PAN, la trayectoria opositora de Ruffo parece suficiente para declararlo inocente.

Para Morena, su relación con una empresa investigada parece suficiente para tratarlo como culpable.

Ambos partidos borran la zona donde debería trabajar el periodismo: los documentos, las contradicciones, el origen del dinero, la responsabilidad concreta y las garantías procesales.

Una disputa por la historia de 1989

Montiel llevó el enfrentamiento más lejos al cuestionar uno de los principales símbolos históricos del PAN.

Ruffo ganó en 1989 la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido durante décadas de dominio priista.

Para Morena, esa victoria no fue una conquista democrática, sino el resultado de una negociación entre el PAN y el Gobierno de Carlos Salinas para legitimar el fraude presidencial de 1988.

La relación entre Salinas y Acción Nacional estuvo marcada por negociaciones y acuerdos. El concepto de “concertacesión” forma parte de la discusión histórica sobre aquella etapa.

Pero una cosa es analizar el acercamiento político entre el Gobierno y el PAN.

Otra es afirmar, sin documentos presentados durante la conferencia, que el voto de miles de bajacalifornianos fue apenas una concesión diseñada para encubrir la elección presidencial anterior.

La historia política puede discutirse.

No debería reescribirse únicamente porque uno de sus protagonistas enfrenta hoy una acusación penal.

Si Ruffo cometió delitos, deberá responder por ellos.

Eso no convierte automáticamente su victoria de 1989 en una ficción.

El viejo Poder Judicial como culpable universal

La presidenta de Morena aseguró además que el Poder Judicial anterior protegió a Ruffo al conceder amparos que obligaron a restituir permisos de importación.

El señalamiento conecta con una narrativa constante del oficialismo: los jueces del “viejo régimen” como guardianes de empresarios y delincuentes.

Puede haber decisiones judiciales cuestionables. También pueden existir redes de influencia y sentencias favorables a intereses poderosos.

Pero obtener un amparo no demuestra, por sí solo, que el juez protegiera una actividad criminal.

Un tribunal puede considerar que una autoridad canceló irregularmente un permiso sin determinar si años después la empresa participó en un delito.

Convertir cualquier resolución contraria al Gobierno en prueba de corrupción judicial debilita la función misma de los tribunales: revisar al poder.

La investigación tendría que demostrar si hubo complicidad, sobornos, conflictos de interés o decisiones deliberadamente ilegales.

Sin esas pruebas, “el Poder Judicial los protegió” funciona mejor como consigna que como explicación.

El oficialismo no puede apropiarse de la Fiscalía

Montiel insistió en respaldar a la FGR y rechazó que exista una “fábrica de delitos”.

Morena tiene derecho a defender la legitimidad de una institución atacada por la oposición.

Pero un partido gobernante debe ser especialmente cuidadoso al hablar de una investigación penal.

La Fiscalía no debería necesitar el respaldo político de Morena.

Necesita independencia, pruebas sólidas y capacidad para sostenerlas ante un tribunal.

Cuando la dirigencia partidista explica el expediente, celebra la prisión y descalifica a la defensa, borra la distancia que debería existir entre el partido, el Gobierno y la persecución penal.

Aunque la investigación sea legítima, la intervención política puede contaminarla.

Y puede ofrecer a la defensa un argumento que no tenía: que el resultado ya fue decidido fuera de la audiencia.

Una justicia sin héroes ni enemigos predestinados

El caso Ruffo enfrenta dos relatos que intentan evitar el trabajo incómodo de probar.

El PAN quiere un héroe democrático perseguido por el autoritarismo.

Morena quiere un representante del viejo régimen finalmente alcanzado por la justicia.

Es posible que ninguno de esos relatos describa por completo lo ocurrido.

Ruffo puede haber sido una figura importante de la alternancia y, al mismo tiempo, tener responsabilidades penales que deben investigarse.

También puede estar vinculado empresarialmente con las operaciones sin que la Fiscalía consiga demostrar que conocía o dirigía los delitos.

Para eso existe el proceso.

No para protegerlo.

Tampoco para fusilarlo políticamente antes de la sentencia.

La frase “entre corruptos se defienden” puede entusiasmar a la militancia y alimentar titulares. No ayuda a esclarecer quién introdujo el combustible, quién alteró los documentos, quién recibió el dinero y qué funcionarios dejaron pasar los cargamentos.

La lucha contra el huachicol fiscal exige menos espectáculo y más investigación.

El PAN no puede absolver a Ruffo por amistad.

Morena no puede condenarlo por enemistad.

La justicia comienza cuando ambos partidos guardan silencio suficiente para que hablen las pruebas.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 25 de julio de 2026.— El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel como “un preso político del gobierno de la 4T” y sostuvo que su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, aunado a lo que describió como la “inexistencia de pruebas” en su contra, confirma un uso político de las instituciones de justicia. El pronunciamiento, difundido este domingo, llegó tres días después de que una jueza federal resolviera vincularlo a proceso.

La posición del PAN

Romero Herrera afirmó que el gobierno federal “prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, y enumeró los nombres de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila —todos de Morena— como ejemplos de figuras que, dijo, han enfrentado señalamientos graves sin que las autoridades actúen “con la misma rapidez y severidad”.

El dirigente panista acotó que nadie está por encima de la ley y que, cuando existan pruebas de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, advirtió que tampoco puede permitirse que las instituciones se usen “para perseguir adversarios o fabricar culpables”. En el caso específico de Ruffo, sostuvo que se busca atacar a una figura emblemática de la democratización mexicana —fue el primer gobernador de oposición reconocido en la historia moderna del país, en 1989— mediante un proceso que, afirmó, está marcado por inconsistencias. Romero respaldó además el pronunciamiento de los exgobernadores panistas y del expresidente Vicente Fox en favor de una justicia imparcial.

Lo que resolvió la autoridad judicial

El comunicado del PAN no menciona un hecho ocurrido tres días antes: el 23 de julio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó auto de vinculación a proceso contra Ruffo Appel y siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal. La resolución se emitió tras una audiencia que se extendió por más de 30 horas, celebrada a puerta cerrada a solicitud de la propia FGR, pese a que la defensa manifestó preferir que fuera pública. La jueza fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria.

Conviene precisar el alcance de esa decisión, porque es el punto donde se cruzan las dos narrativas: la vinculación a proceso no declara culpable a nadie. Es una determinación intermedia en la que el juez evalúa si existen datos que hagan probable la comisión de un delito y la participación del imputado. Ruffo Appel conserva íntegra su presunción de inocencia, no ha sido condenado, y su defensa mantiene el derecho de impugnar la resolución y presentar pruebas en las siguientes etapas. Pero, en estricto sentido jurídico, tampoco puede afirmarse que el expediente carezca de elementos: una autoridad judicial ya los consideró suficientes para continuar.

Lo que sostiene la Fiscalía

De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, la red investigada introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando apenas una fracción del volumen real transportado, lo que —según la FGR— derivó en un daño a la hacienda pública que la dependencia ha estimado en más de 4 mil millones de pesos. Godoy describió el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento. Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada y trasladado al penal del Altiplano el 19 de julio, donde permanece bajo prisión preventiva junto con otros cuatro imputados; dos más enfrentan el proceso en prisión domiciliaria por razones de salud.

El punto que sí queda abierto

Más allá del choque de narrativas, hay un elemento del reclamo panista que no depende de quién tenga razón sobre el fondo del expediente: la proporcionalidad de la medida cautelar. Ruffo Appel tiene 79 años y permanece en un penal federal de máxima seguridad antes de cualquier sentencia. Esa discusión —si procede una medida menos restrictiva mientras avanza el proceso— corresponde resolverla a la autoridad judicial mediante los recursos que la propia defensa puede promover, no a un comunicado partidista ni a una conferencia de prensa.

El caso, en los hechos, se ha convertido en una prueba doble: para la Fiscalía, que deberá acreditar en las etapas siguientes lo que hasta ahora son datos de prueba; y para el debate público, que tendrá que sostener dos ideas simultáneas sin colapsarlas en una sola consigna: que un imputado sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que un expediente abierto por una autoridad judicial no desaparece porque un partido lo declare inexistente.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 22 de julio de 2026.— Ernesto Ruffo está en prisión preventiva y comparece ante una jueza. Marina del Pilar Ávila permanece al frente del Gobierno de Baja California y el Gabinete de Seguridad descartó investigar los audios atribuidos a su voz. Rubén Rocha Moya solicitó licencia en Sinaloa, pero sigue en México pese a una acusación formal y una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Los tres casos tienen pruebas, autoridades y etapas procesales diferentes.

No pueden colocarse en una misma categoría ni resolverse con una comparación automática.

Pero juntos construyen una pregunta que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no debería responder únicamente con consignas: ¿qué criterios utiliza el Estado mexicano para decidir cuándo una acusación amerita investigación, cuándo exige prudencia y cuándo justifica una operación penal de alto impacto?

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó desde el 19 de julio al Gobierno federal de medir con distinto rasero los casos que involucran a opositores y los que alcanzan a figuras de Morena.

Tres días después, su posicionamiento no ha perdido vigencia.

Al contrario: la audiencia contra Ruffo, las nuevas revelaciones sobre la posible dimensión del contrabando y la ausencia de una investigación anunciada contra Marina del Pilar fortalecieron la necesidad de discutir la consistencia institucional, aunque no necesariamente demuestren una persecución política.

El boletín envejeció; la pregunta se volvió más grande

Publicar ahora únicamente que Jorge Romero acusó una “cacería de brujas” sería llegar tarde a una confrontación partidista ya conocida.

La información adquirió valor porque los hechos siguieron avanzando.

Ruffo comparece junto con otras siete personas ante una jueza federal en el penal del Altiplano. La Fiscalía lo señala como presunto integrante de una red dedicada a introducir combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas sobre el volumen y tipo de hidrocarburo transportado. 

La audiencia se desarrolla de manera privada porque, de acuerdo con la información judicial disponible, podrían revelarse nombres de personas que todavía no han sido detenidas. La decisión definirá si los datos presentados permiten abrir formalmente un proceso penal, no si Ruffo es culpable. 

La prisión preventiva tampoco equivale a una condena.

Determina que el exgobernador permanezca encarcelado mientras avanza esta etapa del procedimiento, pero la Fiscalía todavía debe probar conocimiento, participación y responsabilidad personal.

La acusación contra Ruffo ganó peso, no una sentencia

La investigación dejó de estar limitada al decomiso de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible.

Un análisis periodístico publicado el 22 de julio, construido con registros públicos de comercio y aduanas, identificó casi 7 mil 200 operaciones ferroviarias y cerca de 5 mil movimientos por carretera. La estimación ubica el volumen total por encima de 800 millones de litros y calcula un perjuicio fiscal mínimo de 5 mil 400 millones de pesos. 

La investigación también documentó relaciones corporativas entre Ingemar —empresa vinculada con Ruffo— y Crismón Hidrocarburos y Derivados, una de las compañías relacionadas con la comercialización del combustible. Ruffo ha negado que su empresa conociera las irregularidades y sostiene que su responsabilidad se limitaba a la gestión de permisos y trámites aduanales.

Estos nuevos datos vuelven más difícil presentar el expediente como una acusación construida únicamente a partir de la identidad partidista del exgobernador.

Existe una red económica que debe investigarse.

Existe un volumen extraordinario de operaciones.

Existen relaciones empresariales que necesitan explicación.

Pero ninguna de esas circunstancias autoriza a Morena, al Gobierno o a los medios a declarar culpable a Ruffo antes de que un tribunal valore la evidencia.

El PAN puede exigir debido proceso sin decretar inocencia

Jorge Romero evita, en el comunicado, afirmar que Ruffo sea inocente. Reconoce que corresponde al exgobernador aclarar los señalamientos y que el proceso debe continuar conforme a derecho.

Ese matiz es importante.

El PAN tiene derecho a vigilar la actuación de la Fiscalía, cuestionar irregularidades y acompañar jurídicamente a una de sus figuras históricas.

Pero la defensa del debido proceso no puede convertirse en una descalificación anticipada de toda la investigación.

Ruffo no debe ser perseguido por haber pertenecido al PAN.

Tampoco debe ser protegido por haber sido el primer gobernador opositor que derrotó al PRI.

La trayectoria democrática de una persona no funciona como inmunidad frente a sus actividades empresariales posteriores.

Marina del Pilar: un audio auténtico y una respuesta insuficiente

La comparación más inmediata planteada por el PAN se encuentra en Baja California.

Marina del Pilar reconoció la autenticidad de una primera conversación difundida públicamente. Según su explicación, el diálogo formaba parte de gestiones legales para solicitar que Estados Unidos reconsiderara la cancelación de su visa. Posteriormente apareció una segunda grabación donde la voz atribuida a la mandataria habla de colaborar y compartir lo que conoce por las mesas de seguridad. 

Hasta ahora no existe una acusación penal pública del Departamento de Justicia o del FBI contra la gobernadora. Tampoco se ha demostrado que hubiera entregado información reservada.

Ese contexto diferencia su situación de la de Ruffo.

Pero la respuesta del Gobierno federal ha sido insuficiente.

Omar García Harfuch declaró que en las mesas estatales no se comparte información con el nivel de sensibilidad que pudiera comprometer operaciones y sostuvo que del audio no se desprende un delito. Con ese razonamiento descartó iniciar una investigación. 

La afirmación deja preguntas abiertas.

Para saber si una gobernadora ofreció información pública, reservada o inexistente sería necesario conocer con quién habló, qué pretendía entregar, qué datos poseía y si la conversación avanzó más allá de una oferta.

Investigar no significa declarar culpable.

También puede servir para cerrar fundadamente una acusación.

Cuando el Gobierno rechaza revisar un episodio que afecta a una figura de su partido, mientras sostiene que una investigación contra un opositor debe seguir hasta sus últimas consecuencias, alimenta la percepción que el PAN intenta explotar.

Los audios no equivalen al expediente de huachicol

El contraste tampoco debe deformarse.

Una grabación, incluso reconocida como auténtica, no tiene el mismo contenido probatorio que registros aduanales, transferencias financieras, documentos empresariales, permisos de importación y cargamentos decomisados.

La exigencia de aplicar la ley “igual para todos” no significa que todas las personas deban ser detenidas cuando aparecen en una controversia pública.

Significa que las autoridades deben utilizar criterios predecibles y explicar por qué consideran que en un caso existen elementos para investigar y en otro no.

El Gobierno podría sostener legítimamente que los audios de Marina del Pilar no acreditan delito.

Lo que no debería hacer es pedir que la ciudadanía acepte esa conclusión sin una revisión institucional transparente.

Rocha Moya es el contraste más delicado

El caso de Rubén Rocha Moya presenta una situación jurídicamente más grave que la controversia de los audios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de abril que un gran jurado federal acusó al entonces gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y conspiración relacionada con armas. La autoridad estadounidense sostiene que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, pero advierte expresamente que todos deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario. 

Rocha solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo.

Posteriormente, la Cancillería mexicana hizo públicos documentos relacionados con solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición. La FGR ha pedido información adicional para valorar el procedimiento y las autoridades mexicanas no han ejecutado la entrega solicitada. 

Aquí el reclamo del PAN tiene mayor sustento político.

Existe una acusación judicial formal en Estados Unidos.

Existen solicitudes diplomáticas.

Existe una persona identificada.

Existe una separación temporal del cargo.

Y, sin embargo, el Gobierno mexicano sostiene que antes de detener o extraditar necesita revisar la suficiencia de la documentación.

Ese estándar de prudencia es defendible.

El problema es que debe ser igualmente visible cuando la Fiscalía mexicana investiga a una figura opositora.

Sheinbaum no puede ordenar una extradición como acto político

Jorge Romero exige que Claudia Sheinbaum “extrade” a Rocha Moya.

La frase funciona para una conferencia partidista, pero simplifica un procedimiento legal.

Una extradición no depende únicamente de la voluntad presidencial.

Requiere una solicitud diplomática válida, documentación, análisis de la FGR, intervención judicial, garantías procesales y una decisión final conforme al tratado entre México y Estados Unidos.

El Ejecutivo no debería utilizar la extradición como castigo político ni bloquearla para proteger a un aliado.

Su obligación es permitir que el procedimiento avance, explicar su estado y evitar decisiones partidistas.

La rendición de cuentas debería incluir:

• Qué documentos recibió México.
• Qué pruebas adicionales solicitó.
• Qué información falta.
• En qué etapa se encuentra el análisis.
• Qué autoridad debe tomar la siguiente decisión.
• Qué plazos resultan aplicables.
• Qué recursos puede presentar la defensa.

La soberanía no consiste en ignorar solicitudes extranjeras.

Tampoco en obedecerlas sin revisión.

Consiste en procesarlas con reglas claras y sin privilegios.

El PAN también utiliza dos medidas

El comunicado acusa al Gobierno de juzgar con criterios partidistas, pero el propio PAN incurre en una tensión semejante.

Para Ruffo exige presunción de inocencia, revisión cuidadosa y respeto al debido proceso.

Para Marina del Pilar y Rocha Moya utiliza expresiones como “vínculos con el narcotráfico”, “pacto de impunidad”, “traición a la patria” y protección a grupos criminales, aunque ninguno cuenta con una sentencia firme. 

El mismo estándar debe aplicarse a todos.

Si el PAN exige que Ruffo no sea presentado como culpable antes de la resolución judicial, tampoco debería declarar culpables a gobernantes de Morena mediante un comunicado partidista.

Puede exigir investigación.

Puede pedir licencias.

Puede señalar contradicciones gubernamentales.

Puede denunciar falta de transparencia.

Pero debería atribuir las acusaciones y respetar las etapas procesales que reclama para uno de los suyos.

La presunción de inocencia no es un beneficio reservado para adversarios políticos cuando llegan a los tribunales.

Casos diferentes pueden recibir respuestas distintas

Ruffo, Marina del Pilar y Rocha Moya no se encuentran en la misma posición.

Ruffo enfrenta una carpeta de la FGR, una orden de aprehensión ejecutada, imputaciones formuladas y una audiencia judicial.

Marina enfrenta una controversia política basada en grabaciones, pero no una acusación penal pública confirmada por Estados Unidos o México.

Rocha enfrenta una acusación formal estadounidense y una solicitud de extradición, pero no una sentencia ni un proceso penal concluido en territorio mexicano.

Una política de justicia consistente no obliga a tratarlos de manera idéntica.

Obliga a explicar las diferencias.

El doble rasero no se demuestra porque una persona esté detenida y otra no.

Se demostraría si las autoridades exigen pruebas rigurosas para investigar a integrantes de Morena, pero aceptan inferencias débiles cuando se trata de opositores.

También se demostraría si el Gobierno acelera selectivamente expedientes, oculta resoluciones judiciales, bloquea solicitudes internacionales o utiliza públicamente las acusaciones para condenar antes de tiempo.

Determinarlo requiere documentos, no únicamente discursos.

Las órdenes contra Ruffo necesitan máxima transparencia

Jorge Romero retomó información atribuida al periódico Reforma sobre una primera solicitud de órdenes de aprehensión que habría sido rechazada y una segunda concedida por otra persona juzgadora. 

La versión alimenta sospechas sobre el funcionamiento del nuevo Poder Judicial y sobre una posible selección de tribunales.

Pero para convertir esa sospecha en evidencia se necesitan las resoluciones.

La FGR y el Poder Judicial deberían transparentar, dentro de los límites que permita la investigación:

• Qué contenía la primera solicitud.
• Por qué fue rechazada.
• Si se presentaron datos nuevos.
• Qué modificaciones incorporó la Fiscalía.
• Cómo fue asignado el segundo expediente.
• Qué argumentos justificaron las órdenes.
• Si las defensas impugnaron las decisiones.

Que una segunda persona juzgadora conceda lo que otra negó no prueba automáticamente manipulación.

La Fiscalía puede corregir deficiencias o presentar nueva evidencia.

Pero cuando el imputado es una figura opositora y la detención tiene efectos políticos nacionales, la opacidad solo aumenta la desconfianza.

El Gobierno debe responder con expedientes, no con Morena

Las respuestas partidistas de Morena no resuelven la acusación de justicia selectiva.

Señalar el pasado del PAN, recordar sus contradicciones o acusarlo de proteger a Ruffo puede ser parte de la disputa política.

No sustituye una explicación institucional.

La Presidencia, la FGR, la Secretaría de Seguridad y la Cancillería deberían publicar información suficiente para entender:

• Por qué Ruffo fue detenido.
• Por qué Marina del Pilar no será investigada.
• Qué falta para resolver la solicitud contra Rocha.
• Qué criterios determinan la apertura de carpetas.
• Qué garantías se han ofrecido a las defensas.
• Cómo se evita que las decisiones respondan a filiaciones políticas.

La mejor manera de desmontar la acusación de doble rasero no es acusar al PAN de hipocresía.

Es demostrar que el mismo procedimiento se aplicaría si los nombres y los partidos estuvieran invertidos.

Sí hay una nota, pero no es la que escribió el PAN

El boletín conserva interés porque conecta tres asuntos que siguen abiertos y coloca sobre la mesa una exigencia democrática: que la justicia no dependa de la cercanía con el poder.

La nota no debe afirmar que Ruffo es un perseguido político.

Tampoco debe concluir que Marina del Pilar o Rocha Moya son protegidos del Gobierno.

La evidencia disponible no permite sostener ninguna de esas afirmaciones como hecho definitivo.

Lo que sí permite decir es que las autoridades han respondido de manera distinta y que todavía no han explicado con suficiente claridad por qué.

El PAN tiene razón al exigir el mismo estándar.

Pierde parte de esa autoridad cuando utiliza como culpables a figuras de Morena mientras pide prudencia para Ruffo.

El Gobierno tiene razón al señalar que los casos poseen expedientes diferentes.

Pierde credibilidad cuando convierte esa diferencia en una excusa para no transparentar decisiones que afectan a integrantes de su propio movimiento.

La justicia selectiva no se demuestra con un comunicado opositor.

Pero tampoco desaparece porque el Gobierno la niegue.

Se comprueba —o se descarta— cuando las instituciones muestran sus pruebas, explican sus criterios y aplican las mismas garantías a quienes están frente al poder y a quienes forman parte de él.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 22 de julio de 2026.— El expediente contra Ernesto Ruffo Appel todavía se discute frente a una jueza, pero fuera del tribunal Morena ya abrió un proceso distinto: el juicio político contra las redes que, durante décadas, conectaron a gobiernos, empresarios, exfuncionarios y despachos jurídicos de alto perfil.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, colocó en el centro de su ofensiva a Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón y actual defensor del exgobernador panista de Baja California.

Su argumento es que la representación de Ruffo no constituye un episodio aislado, sino la continuidad de un circuito político y jurídico que ha acompañado a personajes involucrados en algunos de los casos más controvertidos de las últimas décadas.

En su comunicado, Morena recordó que Gómez-Mont ha participado en defensas relacionadas con integrantes de la familia Salinas de Gortari, el Pemexgate, acusaciones de fraude contra el IMSS y el conflicto financiero de la Cooperativa Cruz Azul.

La intención política es evidente: presentar el caso Ruffo no solo como una investigación por presunto contrabando de combustible, sino como el momento en que una parte del viejo poder vuelve a reunirse para protegerse.

La lista de clientes, sin embargo, no sustituye las pruebas.

Un abogado puede defender a una persona acusada de delitos graves sin compartir sus decisiones ni convertirse en responsable de ellas. Pero su trayectoria profesional sí puede funcionar como una ventana para observar quiénes han tenido acceso, durante décadas, a las defensas más influyentes del país.

Un abogado convertido en archivo político

Fernando Gómez-Mont no es únicamente un litigante penal.

Es hijo de Felipe Gómez Mont, uno de los fundadores e ideólogos del PAN; fue diputado federal, representante panista ante organismos electorales y secretario de Gobernación entre 2008 y 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón. Posteriormente regresó al ejercicio privado del derecho.

Su carrera ha transitado entre la política institucional y la defensa de personajes con capacidad económica, empresarial y política.

El despacho al que perteneció representó a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; a Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex investigado por el caso conocido como Pemexgate, y a Tomás Peñaloza Webb, relacionado con acusaciones de fraude contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.

También ha sido identificado como defensor de Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, en procesos relacionados con presunta administración fraudulenta.

Morena utiliza esos antecedentes para construir una narrativa de continuidad: los partidos pueden cambiar de posición, los gobiernos pueden terminar y los acusados pueden pertenecer a grupos distintos, pero los mismos especialistas, relaciones y recursos permanecen disponibles alrededor del poder.

Esa lectura merece discutirse.

No porque representar a personas acusadas sea incorrecto, sino porque muestra que la justicia mexicana también se encuentra atravesada por profundas desigualdades.

Mientras una persona sin recursos puede enfrentar una investigación con una defensa pública saturada, las élites políticas y empresariales cuentan con equipos capaces de analizar cientos de pruebas, promover amparos, abrir debates mediáticos y prolongar procedimientos complejos.

El derecho de defensa debe garantizarse para todos.

La pregunta incómoda es por qué, en la práctica, no todas las personas pueden ejercerlo con la misma capacidad.

Ruffo sigue sin sentencia

La ofensiva partidista de Morena ocurre mientras Ernesto Ruffo todavía espera que una jueza determine si será vinculado a proceso.

El exgobernador permanece bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, el Altiplano, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La audiencia fue reanudada este miércoles 22 de julio después de varias horas de debate. La defensa encabezada por Gómez-Mont solicitó que los elementos presentados por la Fiscalía fueran analizados de manera individual y sostiene que no acreditan una intervención directa de Ruffo en las operaciones investigadas. 

La FGR sostiene lo contrario.

Según la acusación, Ruffo tenía una posición relevante dentro de Ingemar, empresa encargada de gestionar importaciones de combustible que presuntamente declaraba volúmenes inferiores a los realmente transportados para reducir el pago de contribuciones.

El caso surgió después del aseguramiento de 129 carrotanques con aproximadamente 15.48 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, en julio de 2025.

La investigación ministerial estima un daño superior a 4 mil millones de pesos y señala la participación probable de importadoras, transportistas, agentes aduanales y operadores ferroviarios.

Una investigación de EL PAÍS basada en registros públicos comerciales y aduanales sostiene que la estructura relacionada con Ingemar y otras empresas habría movilizado más de 800 millones de litros mediante operaciones ferroviarias y carreteras durante 15 meses, con un perjuicio fiscal calculado en al menos 5 mil 400 millones de pesos.

Las dimensiones descritas obligan a investigar.

Pero el volumen de la red tampoco demuestra automáticamente la responsabilidad individual de Ruffo. La Fiscalía tendrá que acreditar qué decisiones tomó, qué información conocía, qué beneficios obtuvo y qué capacidad tenía para intervenir en las operaciones.

Morena apunta a una defensa política, no solo jurídica

Ariadna Montiel sostiene que el PAN y sus aliados intentan presentar a Ruffo como víctima de persecución política.

En su lectura, resulta contradictorio que la oposición exigiera investigar el huachicol fiscal y ahora descalifique el proceso cuando una de sus figuras históricas aparece dentro del expediente.

La contradicción existe.

Durante años, el PAN ha utilizado el contrabando de combustible para cuestionar al Gobierno federal, denunciar corrupción aduanal y exigir responsabilidades políticas.

Cuando la investigación alcanzó a Ruffo, una parte del partido dejó de centrar su discurso en el tamaño de la red y comenzó a denunciar selectividad, persecución y falta de garantías.

Defender el debido proceso es legítimo.

Lo problemático sería convertir el debido proceso en una presunción automática de inocencia política para quienes pertenecen al propio grupo.

Ruffo tiene derecho a una defensa completa. El PAN tiene derecho a cuestionar actuaciones de la Fiscalía. Pero ni su papel histórico como primer gobernador opositor al PRI ni su trayectoria política pueden funcionar como inmunidad frente a una investigación.

La alternancia democrática no concede un certificado permanente de honestidad.

Calderón acusó antes a quien hoy defiende

El comunicado de Morena también recupera una contradicción dentro del panismo.

En 2017, Felipe Calderón acusó públicamente a Ruffo de haber permitido o mantenido una relación de complicidad con el grupo de los Arellano Félix durante su gobierno en Baja California.

Ruffo rechazó entonces las afirmaciones y acusó al expresidente de realizar señalamientos sin sustento. También negó que su hermano hubiera entregado territorio o negocios al grupo criminal. 

Nueve años después, Calderón ha defendido al exgobernador y cuestionado la actuación de las autoridades federales.

El cambio no prueba que las acusaciones actuales sean ciertas. Sí demuestra que las alianzas políticas pueden modificar la manera en que una misma figura es presentada.

Cuando Ruffo era adversario interno, Calderón lo vinculaba públicamente con el crimen organizado.

Cuando Ruffo fue detenido por el Gobierno de Morena, pasó a convertirse en símbolo de una supuesta persecución contra la oposición.

La memoria política suele ser selectiva.

Morena intenta aprovechar esa inconsistencia para sostener que el PAN no defiende principios, sino integrantes de su propio círculo.

Llamarlo delincuente antes de la sentencia es un exceso

El posicionamiento de Ariadna Montiel contiene una afirmación jurídicamente problemática.

La dirigente describió a Ruffo como “delincuente” y “traficante de combustible” cuando todavía no existe una sentencia condenatoria.

El señalamiento puede ser eficaz dentro de una disputa partidista, pero adelanta una conclusión que corresponde exclusivamente a los tribunales.

Respaldar la actuación de la Fiscalía no obliga a abandonar la presunción de inocencia.

Morena puede afirmar que existen elementos suficientes para investigar. Puede cuestionar las contradicciones del PAN. Puede exigir que la red sea desmantelada y que el dinero público sea recuperado.

Lo que no debería hacer es utilizar una acusación como si ya fuera sentencia.

Un movimiento que sostiene que la justicia dejó de proteger privilegios debe ser especialmente cuidadoso con las garantías procesales.

La diferencia entre combatir la impunidad y utilizar políticamente una investigación se encuentra, en buena medida, en el lenguaje.

Defender no equivale a compartir la conducta del acusado

La crítica contra Gómez-Mont también necesita una frontera clara.

Los abogados no son responsables de los delitos atribuidos a sus clientes.

El derecho a contar con una defensa técnica existe precisamente para los casos más difíciles, impopulares o graves. Sin esa garantía, los procesos judiciales quedarían subordinados a la condena pública.

Cuestionar a un abogado únicamente por las personas que ha representado puede debilitar ese principio.

Sin embargo, eso no significa que su trayectoria deba quedar fuera del análisis periodístico.

Gómez-Mont no es un defensor desconocido contratado exclusivamente por su conocimiento técnico. Es un exfuncionario, antiguo dirigente político y miembro de una familia estrechamente vinculada con el PAN.

Su incorporación al caso tiene una dimensión jurídica y otra simbólica.

Representa la llegada de un abogado con experiencia, contactos, reconocimiento público y capacidad para llevar la defensa del expediente a los medios.

Morena no está cuestionando únicamente sus argumentos procesales.

Está utilizando su biografía para afirmar que los viejos grupos políticos conservan redes capaces de reagruparse cuando alguno de sus integrantes enfrenta a la justicia.

La tesis puede discutirse sin criminalizar el ejercicio profesional.

La defensa de las élites también es una cuestión de clase

El caso revela una desigualdad que trasciende a Ruffo y Gómez-Mont.

Las personas con poder pueden contratar a despachos especializados, promover múltiples recursos, construir estrategias de comunicación y convertir una audiencia penal en un debate nacional.

Quienes no tienen esa capacidad dependen de instituciones públicas frecuentemente rebasadas.

Esta brecha afecta el acceso real a la justicia.

La Constitución reconoce las mismas garantías para todas las personas, pero su ejercicio depende muchas veces de la cantidad de recursos, tiempo y relaciones disponibles.

La conversación no debería limitarse a preguntar por qué Gómez-Mont acepta representar a personajes controvertidos.

También tendría que preguntar:

• ¿Por qué la calidad de una defensa depende del patrimonio?
• ¿Cuántos defensores públicos atienden casos simultáneamente?
• ¿Cuánto tiempo pueden dedicar a cada expediente?
• ¿Quiénes pueden pagar peritajes independientes?
• ¿Quiénes tienen capacidad para impugnar cada irregularidad?
• ¿Por qué la justicia avanza a velocidades diferentes según el perfil del acusado?

Defender derechos no debe ser un privilegio exclusivo de quienes pueden pagar a los mejores abogados.

Morena también tendrá que aplicar el mismo estándar

El discurso de Ariadna Montiel adquiere fuerza cuando señala las contradicciones de la oposición.

Pero su legitimidad dependerá de que el criterio alcance también a figuras vinculadas con Morena.

La nueva presidenta del partido prometió, al asumir el cargo en mayo, que su dirigencia no toleraría actos de corrupción dentro de gobiernos o candidaturas morenistas. 

Esa promesa será puesta a prueba cada vez que una investigación involucre a integrantes, aliados, gobernadores o empresarios cercanos al oficialismo.

No basta con identificar las redes del pasado cuando protegen a adversarios.

También es necesario reconocer las redes que pueden formarse alrededor del poder actual.

La corrupción no adquiere una naturaleza distinta cuando cambia el partido gobernante.

La justicia tampoco puede funcionar como herramienta para exhibir opositores y como mecanismo de prudencia cuando los señalamientos apuntan hacia dentro.

La mejor respuesta de Morena frente a las acusaciones de selectividad no es suspender la investigación contra Ruffo.

Es demostrar que el mismo rigor se aplicará sin importar el color partidista.

La investigación debe llegar a toda la estructura

El caso tampoco debería reducirse a un duelo entre una dirigente y un abogado.

Una operación capaz de mover millones de litros de combustible requiere una red extensa.

Necesita empresas importadoras, documentación aduanal, transporte, ferrocarriles, almacenamiento, compradores, operadores financieros y posibles omisiones o complicidades institucionales.

Si la Fiscalía concentra toda la atención en Ruffo por su relevancia política, podría producir un gran impacto mediático sin desmantelar el sistema completo.

La investigación debe identificar:

• Quiénes financiaron las operaciones.
• Qué empresas recibieron el combustible.
• Qué agentes tramitaron las importaciones.
• Qué funcionarios autorizaron o dejaron pasar los cargamentos.
• Dónde fue almacenado y comercializado.
• Cómo se movieron los recursos.
• Qué otros empresarios participaron.
• Si existieron servidores públicos beneficiados.
• Qué controles fallaron durante más de un año.

El huachicol fiscal no es únicamente un delito de empresarios.

Es una economía ilegal que aprovecha permisos, aduanas, infraestructura y vínculos institucionales.

La verdadera disputa es quién define la corrupción

Morena intenta convertir la defensa de Ruffo en evidencia de que PRI y PAN continúan unidos por relaciones construidas durante el viejo régimen.

La oposición responde que el oficialismo utiliza la justicia para perseguir adversarios y proteger a sus propios integrantes.

Ambas narrativas buscan apropiarse de una palabra: corrupción.

Pero la verdad jurídica no será definida por el comunicado más agresivo ni por el abogado con mayor prestigio.

Dependerá de la evidencia.

La Fiscalía deberá demostrar la participación de Ruffo. La defensa tendrá que confrontar los documentos, operaciones y relaciones empresariales presentadas. La jueza deberá resolver sin obedecer presiones partidistas.

Mientras tanto, el periodismo debe distinguir claramente entre acusación, defensa, vinculación y sentencia.

También debe reconocer algo más profundo.

Los gobiernos cambian, pero las estructuras de poder no desaparecen automáticamente.

Se transforman, contratan abogados, construyen nuevas alianzas y aprenden a presentarse como víctimas o salvadores según el momento político.

El expediente de Ruffo también examina al sistema

Fernando Gómez-Mont tiene derecho a defender a Ernesto Ruffo.

Ruffo tiene derecho a que la Fiscalía pruebe cada acusación.

Morena tiene derecho a señalar contradicciones políticas y exigir que el proceso continúe.

Pero ninguno de estos derechos elimina las responsabilidades públicas.

La defensa no puede sustituir explicaciones sobre las operaciones empresariales investigadas.

La pertenencia al PAN no demuestra culpabilidad, pero tampoco otorga inmunidad.

Y la bandera anticorrupción de Morena solo será creíble si se utiliza con la misma fuerza frente a opositores y aliados.

El caso Ruffo puede esclarecer una red de contrabando que habría causado miles de millones de pesos en pérdidas públicas.

También puede revelar otra estructura menos visible: la forma en que las élites políticas, económicas y jurídicas se reorganizan para sobrevivir a cada cambio de gobierno.

La justicia deberá decidir si existió delito.

La sociedad puede comenzar a discutir desde ahora por qué, después de tantos cambios políticos, los mismos nombres siguen apareciendo alrededor de los expedientes que explican el poder en México.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México / Culiacán, Sinaloa, 11 de julio de 2026.— Rubén Rocha Moya reapareció, pero no regresó al gobierno. Tampoco fue declarado inocente, detenido, extraditado ni públicamente exonerado. Después de 69 días de ausencia, el gobernador con licencia de Sinaloa volvió a hablar y bastó ese mensaje para reactivar una de las disputas políticas más delicadas del país: si podrá recuperar el cargo mientras continúa bajo acusación judicial en Estados Unidos.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró este domingo que el Gobierno federal estaría construyendo las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para devolverle el poder.

La acusación es grave. También es, hasta ahora, una acusación sin pruebas públicas que demuestren la existencia de esa operación.

En su comunicado, Acción Nacional no presentó documentos gubernamentales, resoluciones legislativas, negociaciones conocidas, comunicaciones institucionales ni una fecha prevista para la reincorporación. La idea de un regreso preparado desde Palacio Nacional es la interpretación política del PAN, no un hecho confirmado.

Rocha Moya no está exonerado, pero tampoco condenado

El caso comenzó formalmente el 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados presuntamente colaboraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político. Rocha ha rechazado categóricamente los señalamientos.

La existencia de una acusación formal vuelve el asunto mucho más serio que un rumor, una columna periodística o una confrontación partidista. Pero tampoco permite presentar a Rocha como culpable antes de que las pruebas sean evaluadas en un proceso judicial.

Por esa razón, LYPmultimedios no adopta la expresión “narcogobernador” utilizada por el PAN como si fuera una condición acreditada. Se trata de una etiqueta partidista que anticipa una sentencia inexistente.

La presunción de inocencia, sin embargo, tampoco puede convertirse en sinónimo de silencio institucional. Rocha no ha sido declarado culpable, pero el Gobierno mexicano tampoco ha demostrado públicamente que las imputaciones estadounidenses sean falsas.

Entre ambas posiciones existe un espacio que las autoridades tienen la obligación de llenar con pruebas, transparencia y debido proceso.

La licencia suspendió el ejercicio del poder, no terminó el mandato

Rocha solicitó licencia el 1 de mayo. En su mensaje afirmó que se separaría del cargo mientras duraran las investigaciones de la FGR, con el propósito de facilitar su actuación y evitar dudas relacionadas con el fuero constitucional.

Un día después, el Congreso de Sinaloa autorizó por mayoría su separación temporal por más de 30 días y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. El acuerdo no declaró una ausencia definitiva ni extinguió el mandato obtenido por Rocha en las elecciones de 2021.

La Constitución de Sinaloa establece que las faltas temporales superiores a 30 días serán cubiertas por una persona nombrada como gobernadora o gobernador interino por el Congreso. El artículo citado regula la suplencia, pero no desarrolla por sí mismo un procedimiento detallado para una reincorporación después de una licencia sin fecha determinada.

Por ello, el PAN tiene razón en un punto esencial: la licencia no fue una destitución ni una renuncia.

Pero su afirmación de que Rocha solamente tendría que comunicar su retorno para desplazar automáticamente a la gobernadora interina necesita una explicación jurídica oficial. El Congreso estatal debe aclarar si bastaría una notificación, si se requiere un nuevo acuerdo legislativo y qué ocurriría con la licencia que el propio gobernador vinculó a la duración de una investigación todavía inconclusa.

La reaparición ocurrió sin una resolución de fondo

Rocha rompió el silencio el 9 de julio a través de su cuenta en X. Aseguró que permanecía en su casa en Culiacán, negó estar oculto o bajo custodia federal y afirmó que había sido víctima de una campaña política y mediática.

También sostuvo que la acusación estadounidense busca perjudicar la soberanía mexicana y estigmatizar al movimiento político al que pertenece.

Su reaparición respondió preguntas sobre su paradero, pero no resolvió ninguna de las interrogantes judiciales.

No explicó si ya compareció nuevamente ante la FGR, qué diligencias se han practicado, si el Ministerio Público mexicano recibió nuevas pruebas de Estados Unidos, cuándo concluiría la investigación ni si contempla volver a la gubernatura.

La ausencia de respuestas permitió que el PAN construyera la narrativa de un retorno inminente.

Jorge Romero afirmó que Rocha reapareció “envalentonado” porque se siente protegido por Morena. También acusó al Gobierno federal de preparar el camino para regresarlo al poder. Sin embargo, el comunicado panista no demuestra que exista ya una decisión, acuerdo o instrucción oficial en ese sentido.

La FGR dejó el caso en un limbo que alimenta todas las sospechas

Al conocerse la solicitud estadounidense, la Fiscalía General de la República sostuvo que no había pruebas suficientes para justificar una detención provisional con fines de extradición.

La institución señaló que abriría una investigación mexicana para revisar las imputaciones y determinar si existían datos que pudieran sostener una acción penal conforme a las leyes nacionales.

Esa decisión podía ser jurídicamente razonable: una petición extranjera no debe ejecutarse automáticamente sin comprobar que cumple con el tratado de extradición, los derechos humanos y los estándares probatorios mexicanos.

El problema es lo que ocurrió después.

Más de dos meses después de la acusación, la FGR no había presentado públicamente un balance suficiente sobre sus avances, diligencias, cooperación con Estados Unidos o situación jurídica de Rocha. Ese hermetismo ha creado un limbo donde el gobernador con licencia no está formalmente exonerado ni sujeto a una orden de detención en México.

La opacidad beneficia simultáneamente a todas las narrativas.

Rocha puede decir que no hay pruebas en su contra. Morena puede denunciar injerencia extranjera. El PAN puede hablar de impunidad y protección. Estados Unidos puede sostener su acusación sin someter todavía sus pruebas al escrutinio de un juicio.

La ciudadanía, en cambio, continúa sin saber qué parte de todo esto está acreditada.

El asesinato de Cuén no puede utilizarse sin precisión

Jorge Romero incorporó en su pronunciamiento otros expedientes y controversias: la posible intervención del crimen organizado en las elecciones de 2021, el asesinato de Héctor Melesio Cuén, presuntos contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha y la supuesta entrega de áreas gubernamentales a operadores criminales.

Son señalamientos de enorme gravedad, pero no todos pertenecen al mismo expediente ni han sido probados judicialmente.

La FGR ha confirmado que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa abierta y que la versión inicial presentada por la Fiscalía de Sinaloa tuvo inconsistencias importantes. Sin embargo, la propia institución ha señalado que ese caso no debe confundirse automáticamente con la acusación estadounidense contra Rocha.

También se ha informado sobre investigaciones relacionadas con una posible intervención criminal en el proceso electoral sinaloense de 2021, pero no existe hasta ahora una sentencia que determine responsabilidad penal de Rocha Moya por esos hechos.

La oposición tiene derecho a exigir investigaciones. Lo que no debe hacer es presentar todos los indicios, sospechas y expedientes inconclusos como una sola condena política anticipada.

El Gobierno federal tampoco puede responder solamente con “soberanía”

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no protegerá a ninguna persona funcionaria si existen pruebas y ha cuestionado que Estados Unidos formule acusaciones sin entregar elementos suficientes a las autoridades mexicanas.

Ese reclamo es legítimo. México no puede renunciar a su soberanía judicial ni permitir que una fiscalía extranjera determine unilateralmente la culpabilidad de sus autoridades.

Pero la defensa de la soberanía no sustituye la obligación de investigar.

El Gobierno federal debe evitar dos extremos: aceptar sin revisión todo lo que acusa Washington o descalificar automáticamente cualquier expediente estadounidense como una maniobra política.

Si las pruebas son insuficientes, la FGR debe explicarlo con argumentos verificables. Si existen elementos contra Rocha, debe actuar sin importar su militancia. Lo que resulta insostenible es prolongar un silencio que termina pareciéndose a protección, incluso cuando esa protección no haya sido probada.

Morena enfrenta un dilema político mayor que un solo gobernador

El caso toca una de las zonas más sensibles para Morena: la instalación de la palabra “narcopolítica” en la conversación nacional.

Para la oposición, Rocha representa la oportunidad de convertir las acusaciones de Estados Unidos en una impugnación contra todo el movimiento. El PAN no cuestiona únicamente a un gobernador; intenta asociar a Morena con la captura criminal de las instituciones.

Para Morena, defender a Rocha sin una investigación transparente implica asumir un costo colectivo. Pero abandonarlo antes de conocer las pruebas podría validar la intervención política de una autoridad extranjera sobre un gobierno electo en México.

La salida democrática no consiste en blindarlo ni en condenarlo desde una conferencia partidista.

Consiste en investigar con autonomía, publicar lo que legalmente pueda transparentarse y permitir que las instituciones determinen responsabilidades.

Si Rocha regresara al cargo antes de que la FGR explique con claridad el estado de su expediente, la decisión sería jurídicamente discutible y políticamente explosiva. No porque su culpabilidad esté demostrada, sino porque recuperaría el poder sin que la causa que justificó su licencia haya sido públicamente resuelta.

Mientras se disputa su regreso, Sinaloa sigue enfrentando la violencia

La discusión no ocurre en un estado políticamente estable.

Sinaloa continúa bajo tensión por los enfrentamientos entre grupos criminales y las operaciones federales. El 6 de julio, una emboscada contra fuerzas federales dejó un elemento de la Marina muerto y otros tres heridos; posteriormente se registró otro enfrentamiento en el sur del estado.

Para quienes viven en Sinaloa, el debate sobre Rocha no es solamente una disputa entre Morena y el PAN.

Está relacionado con la capacidad del gobierno para garantizar seguridad, esclarecer homicidios, proteger comercios, evitar desplazamientos y demostrar que las instituciones no se encuentran subordinadas a intereses criminales.

La pregunta ciudadana no es únicamente quién ocupará la oficina del gobernador. Es si esa oficina puede gobernar con legitimidad mientras permanecen dudas tan graves sobre el funcionamiento del Estado.

Las preguntas que deben responderse antes de cualquier regreso

La FGR debe informar, dentro de los límites legales, qué diligencias ha practicado y en qué etapa se encuentra la investigación.

El Gobierno federal debe decir claramente si existe o no alguna conversación política sobre la reincorporación de Rocha.

El Congreso de Sinaloa debe explicar el procedimiento constitucional aplicable y si la gobernadora interina permanecerá hasta que exista una resolución sobre el expediente.

Rocha Moya debe aclarar si pretende volver al cargo y por qué consideraría concluida la causa que él mismo invocó para separarse.

El PAN, por su parte, debe presentar las pruebas con las que sostiene que el regreso ya está siendo preparado desde el Gobierno federal.

Sin esas respuestas, México queda atrapado entre dos formas de propaganda: la que convierte una acusación en condena automática y la que convierte la falta de una orden de aprehensión en certificado de inocencia.

Rocha Moya reapareció, pero la verdad todavía no.

Y antes de discutir si puede volver a sentarse en la oficina del gobernador, las instituciones deberían explicar qué hicieron durante los 69 días en que esa silla permaneció ocupada por una mandataria interina y rodeada por un silencio que nadie ha logrado justificar.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 8 de julio de 2026.— La Fiscalía General de la República colocó el caso de Ismael “El Mayo” Zambada en una nueva dimensión política, jurídica y diplomática: ya no se trata únicamente de esclarecer cómo fue trasladado a Estados Unidos, sino de determinar si una agencia extranjera participó en una operación ejecutada en territorio mexicano sin informar plenamente al Estado mexicano.

En el comunicado FGR 424/26, la institución informó nuevos actos de investigación relacionados con el secuestro de Ismael “N”, su posterior traslado a Estados Unidos y la detención de Joaquín “N”.

La Fiscalía sostuvo que, de confirmarse la participación de agencias extranjeras, México estaría frente a posibles violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley y una transgresión al principio de buena fe en las relaciones diplomáticas.

El caso dejó de ser solo una captura de alto perfil. Ahora se convirtió en una pregunta de soberanía: quién puede operar en México, bajo qué reglas y con qué nivel de transparencia frente al Estado mexicano.

La línea de tiempo que revisa la FGR

La Fiscalía hizo un recuento de hechos que considera relevantes para entender el caso.

De acuerdo con la institución, el 23 de julio de 2024 se tuvo conocimiento, a través de medios de comunicación y reportes de representaciones mexicanas en Estados Unidos, que Ovidio “N”, extraditado por México el 15 de septiembre de 2023, se incorporó al programa de testigos protegidos de aquel país.

Dos días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar, sin consultar previamente al Gobierno de México.

Ese mismo día ocurrió la operación que derivó en lo que la FGR califica como extracción ilegal o secuestro de Ismael “N”, mediante una estrategia que habría iniciado en Sinaloa y concluido en Nuevo México.

La Fiscalía sostuvo que la proximidad temporal entre estos hechos, los vínculos familiares y las relaciones dentro de organizaciones delictivas permiten inferir una posible intermediación entre el cambio de medida cautelar y el secuestro de Zambada.

La FGR no solo está investigando un vuelo. Está investigando una cadena de decisiones, pactos, silencios y posibles omisiones entre actores criminales y autoridades extranjeras.

El reportaje que reactivó el caso

El comunicado de la FGR también retoma un reportaje publicado por el periodista Luis Chaparro, quien reveló en redes sociales una presunta intervención del Buró Federal de Investigación, FBI, en la captura de “El Mayo”.

De acuerdo con lo referido por la Fiscalía, el reportaje señala que el periodista obtuvo una declaración del FBI en la que la agencia habría aceptado que el operativo fue suyo y que logró la detención de uno de los principales objetivos de Estados Unidos.

El mismo reportaje sostiene que Joaquín “N” habría sido el principal autor material de la acción.

La publicación también describe presuntas modificaciones a la aeronave usada para trasladar a Zambada: pintura, sistema de luces, combustible, motor, alteración del plan de vuelo y del número de serie para impedir su identificación.

Además, según el comunicado, Chaparro afirmó haber tenido acceso al interior del avión, donde observó marcas de forcejeo y ventanas estrelladas.

Si esos elementos se confirman, el caso no apuntaría a una simple entrega entre criminales, sino a una operación con planificación, encubrimiento técnico y posible intervención institucional.

La aeronave, pieza central de la investigación

La FGR informó que en agosto de 2024 personal de la institución acudió a inspeccionar indicios encontrados en la aeronave en oficinas del FBI en El Paso, Texas, y posteriormente revisó el avión en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

Sin embargo, según la Fiscalía, durante esa diligencia no se permitió el acceso necesario para realizar las acciones pertinentes en una investigación de este tipo, ni se proporcionó la información requerida para esclarecer los hechos.

La institución también señaló que se le impidió tomar fotografías.

Uno de los puntos más delicados es que, de acuerdo con la FGR, el FBI no proporcionó datos de identificación del piloto y únicamente señaló que esta persona solicitó ser deportada inmediatamente a México.

La Fiscalía añadió que en las constancias del caso se advierte que autoridades estadounidenses proporcionaron en distintas ocasiones datos falsos o imprecisos sobre la identificación de la aeronave.

La aeronave se convirtió en el objeto material de una disputa diplomática: para Estados Unidos, una pieza de investigación; para México, una evidencia que no pudo revisar con plenitud.

Ken Salazar y la versión que hoy está bajo presión

El comunicado recuerda que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno estadounidense no participó en la operación.

Según esa versión, no se trató de una aeronave estadounidense, ni de un piloto estadounidense, ni de agentes o personal estadounidense en México, sino de una operación entre cárteles.

La FGR ahora advierte que si se confirma la información reciente sobre una operación planeada, organizada o ejecutada por el FBI, estaríamos frente a una contradicción grave.

La palabra clave aquí es confianza. Una relación bilateral de seguridad puede sobrevivir a desacuerdos, pero no a versiones oficiales que se contradicen frente a hechos materiales.

Para México, la posible mentira de un diplomático estadounidense no sería un asunto menor. La Fiscalía lo plantea como una eventual transgresión al principio de buena fe que debe regir las relaciones diplomáticas.

Asistencia jurídica internacional

Frente a este escenario, la FGR informó que ya solicitó información al gobierno de Estados Unidos mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, previsto en el tratado bilateral correspondiente.

La Fiscalía busca que autoridades estadounidenses entreguen información relacionada con los acontecimientos investigados.

El punto será clave para medir la voluntad de cooperación de Washington.

Si Estados Unidos quiere sostener que no vulneró la soberanía mexicana, tendrá que responder con documentos, datos verificables y acceso real a la información.

La cooperación en seguridad no puede depender solo de comunicados. Requiere trazabilidad, evidencia, transparencia y respeto a procedimientos.

Siete carpetas de investigación

La FGR recordó que desde los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 inició siete carpetas de investigaciónrelacionadas con el caso.

Estas indagatorias abarcan posibles delitos como:

homicidio de Héctor “N”;
secuestro de Ismael “N”;
desaparición de dos escoltas de Ismael “N”;
delitos contra la procuración de justicia;
alteración de escena del crimen;
y diversas negligencias ministeriales del fuero común.

En total, la institución reportó 153 entrevistas, mil 288 informes, 124 dictámenes en diversas especialidades y múltiples actos de investigación.

También informó solicitudes de asistencia jurídica internacional y una solicitud de extradición de Ismael “N”, alias “El Mayo”, derivada de tres causas penales relacionadas con delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano.

Sin embargo, el Departamento de Justicia notificó la imposibilidad de atender dicha solicitud, bajo el argumento de que Zambada está siendo procesado ante una Corte de Distrito en Estados Unidos.

México pide juzgarlo aquí; Estados Unidos responde que ya lo procesa allá. En medio queda la pregunta fundamental: cómo llegó allá.

Hallazgos parciales de la investigación

La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, logró identificar el lugar donde se habría realizado la reunión en la que Ismael “N” fue privado de la libertad junto con dos de sus escoltas, quienes continúan desaparecidos.

En ese mismo sitio, presuntamente Héctor “N” fue lesionado y posteriormente murió.

También se identificó el aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave que transportó a Zambada a Estados Unidos, así como la persona que la pilotó.

La FGR señaló que la pista de despegue no contaba con autorización para operar y que la aeronave tenía alterados sus medios de identificación.

Además, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio del momento en que el piloto solicitó a la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, un código transponder para ingresar a Estados Unidos.

Por medio de dictámenes periciales en materia de audio, la Fiscalía dijo haber logrado la identificación del piloto.

La investigación mexicana ya no parte de sospechas generales: tiene una ruta, una aeronave, un piloto, una pista irregular y una narración jurada de la víctima.

Declaración de Zambada ante notario en Texas

La FGR también informó que fue posible establecer que la declaración jurada de Ismael “N” ante notario público de Texas, en la que narró los hechos ocurridos, fue desahogada conforme a la normatividad estadounidense.

Este punto es importante porque la versión de Zambada ha sido uno de los elementos que alimentó la hipótesis de secuestro o extracción ilegal.

La declaración podría ayudar a reconstruir el momento en que fue privado de la libertad, la participación de Joaquín “N” y la forma en que terminó en territorio estadounidense.

El testimonio de Zambada no exonera su historial criminal, pero puede ser clave para determinar si el Estado mexicano fue vulnerado durante su traslado.

En una investigación de esta naturaleza, la Fiscalía debe separar dos planos: los delitos que se atribuyen a Zambada y la legalidad del procedimiento mediante el cual fue llevado a Estados Unidos.

Ambos pueden coexistir.

Un capo puede ser responsable penalmente y, al mismo tiempo, su captura puede haber violado leyes mexicanas.

32 investigaciones contra “El Mayo” en México

La FGR precisó que en México existen 32 investigaciones contra Ismael “N”, alias “El Mayo”, de las cuales derivan órdenes de aprehensión vigentes.

Este dato busca dejar claro que México no está defendiendo a Zambada, sino reclamando jurisdicción, legalidad y soberanía.

Exigir respeto a la soberanía no significa proteger criminales. Significa exigir que incluso contra criminales se actúe dentro de la ley.

Esa distinción es fundamental.

Si el Estado mexicano acepta operaciones extranjeras sin reglas, abre un precedente peligroso: que la persecución de delitos pueda pasar por encima de sus instituciones.

Y cuando eso ocurre, la cooperación deja de ser cooperación para convertirse en subordinación.

La tensión bilateral: cooperación o injerencia

El caso llega en un momento delicado para la relación México–Estados Unidos en materia de seguridad.

Ambos países necesitan colaborar contra narcotráfico, tráfico de armas, fentanilo, lavado de dinero y redes criminales transnacionales.

Pero esa colaboración se vuelve políticamente tóxica cuando una de las partes actúa sin claridad o sin respetar los canales institucionales.

La frontera entre cooperación e injerencia se cruza cuando una agencia extranjera opera sin transparencia en territorio nacional.

La FGR plantea justamente ese escenario.

De confirmarse la participación del FBI, México tendría que evaluar posibles responsabilidades y exigir explicaciones formales. Estados Unidos, por su parte, tendría que aclarar qué hizo, qué sabía, quién participó y por qué se entregaron versiones que México considera falsas o imprecisas.

El impacto en Sinaloa y en la seguridad nacional

El caso no es únicamente diplomático. También tiene efectos internos.

La extracción de “El Mayo” Zambada desató una reconfiguración violenta dentro del Cártel de Sinaloa, marcada por disputas entre facciones, ajustes de poder y nuevos episodios de violencia.

Cuando una captura de alto perfil ocurre sin coordinación plena, el país que paga las consecuencias inmediatas suele ser México.

Una operación puede celebrarse en Washington como éxito policial y producir en México semanas o meses de violencia territorial.

Ese es uno de los dilemas más duros de la cooperación bilateral: los beneficios judiciales pueden quedar del lado estadounidense, mientras los costos de seguridad pública se quedan en comunidades mexicanas.

Por eso la exigencia de información no es un trámite diplomático. Es una necesidad de seguridad nacional.

El mensaje de la FGR: justicia con soberanía

La Fiscalía sostuvo que el pueblo de México puede tener certeza de que continuará procurando justicia con objetividad, contundencia y responsabilidad, bajo respeto irrestricto a la soberanía nacional.

También advirtió que cualquier intento de transgresión a esa soberanía afecta directamente al pueblo mexicano.

El comunicado concluye que, si se establece la participación de agencias extranjeras en el hecho investigado, podría acreditarse algún grado de responsabilidad contra las personas que resulten involucradas.

La FGR está marcando una línea política y jurídica: México quiere justicia, pero no acepta que esa justicia se construya sobre operaciones opacas en su territorio.

El caso que puede redefinir la cooperación con Estados Unidos

La investigación sobre “El Mayo” Zambada puede convertirse en uno de los expedientes más delicados de la relación bilateral reciente.

No solo porque involucra a uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano, sino porque pone bajo escrutinio la manera en que Estados Unidos actúa frente a objetivos criminales en México.

Si se confirma que hubo participación del FBI en territorio nacional sin transparencia ni consentimiento pleno, el caso puede obligar a replantear protocolos de cooperación, intercambio de inteligencia, manejo de testigos protegidos, operaciones encubiertas y respeto a la jurisdicción mexicana.

México no está cuestionando que un capo sea juzgado. Está cuestionando si para juzgarlo se violó la ley mexicana.

Esa es la diferencia que definirá la discusión pública.

Porque el Estado de derecho no se mide solo por capturar criminales. También se mide por cómo se les captura.

Y en este caso, la FGR advierte que la forma puede ser tan grave como el fondo.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Santiago de Querétaro.— Como resultado de labores de investigación e inteligencia, fuerzas federales y estatales lograron la detención de seis personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva que operaba en el estado de Querétaro, relacionada con delitos de alto impacto como narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos y robo a autotransporte.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades locales, quienes ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Santiago de Querétaro.

Durante las acciones fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón Mora Rojas, alias “Moncho”, identificado por las autoridades como generador de violencia en la entidad y presunto responsable de diversos secuestros y agresiones contra conductores de transporte de carga. De acuerdo con las investigaciones, también estaría vinculado con delitos de narcomenudeo, robo de hidrocarburo, robo a casa habitación y homicidio.

Junto con Mora Rojas fueron detenidos Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández. En los cateos se aseguró armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, un artefacto con características de arma, envoltorios con sustancias ilícitas, vehículos, dispositivos electrónicos, equipo de cómputo y material presuntamente utilizado para actividades delictivas.

Las autoridades destacaron que estas acciones representan un golpe relevante a la estructura operativa y logística de la célula criminal, reduciendo de manera significativa su capacidad para cometer ilícitos en la región y fortaleciendo las condiciones de seguridad en el estado.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reiteró que este operativo es resultado del trabajo coordinado entre instituciones federales y estatales, mediante el uso de inteligencia, capacidades técnicas y operativas, siempre en apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

Con este tipo de intervenciones, las autoridades refrendan su compromiso de combatir a los grupos delictivos, desarticular redes criminales y avanzar en la construcción de paz y seguridad para la población queretana.

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