Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Con una apuesta frontal por la inteligencia operativa y la perspectiva de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro presentó su Informe Anual de Actividades ante la LXI Legislatura. La diputada presidenta de la Mesa Directiva, María Georgina Guzmán Álvarez, fue la encargada de recibir el documento que detalla la reestructuración de la procuración de justicia bajo el nuevo modelo “Sinergia”.

Durante la Sesión Solemne, el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, desglosó los resultados de una estrategia que sacudió la operatividad de la dependencia. El dato más revelador: Querétaro se convirtió en la entidad con más cateos ejecutados a nivel nacional (2,199 intervenciones), triplicando su capacidad de acción.

Este músculo táctico se tradujo en golpes certeros contra la criminalidad. La Fiscalía reportó el aseguramiento de 31 mil 875 dosis de narcóticos (un brutal incremento del 317%) y sacó de las calles 533 armas de fuego, lo que representa un aumento del 286% respecto al periodo anterior.

Perspectiva de género y derechos humanos, el nuevo eje

Más allá de los decomisos, el informe destacó un giro estructural hacia la justicia con visión social. El fiscal confirmó una disminución del 38% en las muertes dolosas de mujeres (pasando de 29 a 18 casos). Además, de las 12 carpetas iniciadas por feminicidio en el periodo, la Fiscalía logró una eficacia del 100% en la identificación de los probables responsables.

Para blindar estos esfuerzos, la institución anunció la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, así como la histórica incorporación del Protocolo Homologado para la atención de delitos contra personas LGBTTTI+, una exigencia largamente planteada por activistas y colectivos para garantizar investigaciones libres de prejuicios y con estricto apego a los derechos humanos.

Renovación institucional y combate a la extorsión

Para sostener este ritmo, el titular de la FGE expuso una inyección de recursos sin precedentes en tecnología y capital humano. Destaca la creación de la Unidad Especializada en Extorsión —alineada a la urgencia nacional— y la Unidad de Inteligencia y Análisis. En equipamiento, se invirtieron más de 166 millones de pesos en vehículos operativos, tecnología forense y sistemas informáticos.

Finalmente, Víctor de Jesús Hernández reportó que se ha logrado revertir el déficit policial heredado, logrando un récord de 958 aspirantes a la Policía de Investigación del Delito y un crecimiento del 6.2% en la plantilla laboral general. “La Fiscalía se consolida como una institución sólida, que no se conforma, que no se detiene y que entiende la magnitud de su responsabilidad”, concluyó el fiscal ante autoridades militares, legislativas y de seguridad ciudadana.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Morelia, Michoacán.— El Gobierno de Michoacán activó un operativo integral de atención y protección a víctimas tras la explosión registrada en las inmediaciones de la comandancia de la Policía Comunitaria en Coahuayana, un hecho que movilizó a autoridades estatales y federales y que ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al uso de explosivos.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se implementó un protocolo de respuesta urgente para trasladar a las personas heridas —por vía aérea y terrestre— a hospitales donde reciben atención especializada. De manera paralela, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía estatal aseguraron la zona para iniciar las investigaciones.

Zepeda detalló que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos ya brinda acompañamiento integral a las víctimas directas e indirectas. También informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se trasladó al municipio para supervisar acciones de apoyo, incluido el respaldo a comerciantes cuyas propiedades resultaron afectadas. Subrayó que no se registraron víctimas civiles.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, explicó que la explosión ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre. Confirmó que la FGR atrajo el caso por tratarse de un evento relacionado con explosivos, mientras que la Fiscalía michoacana colaborará en los peritajes de identificación de personas fallecidas y lesionadas.

Hasta el momento, se reportan cinco víctimas mortales: tres integrantes de la Policía Comunitaria y dos personas aún sin identificar, presumiéndose que una de ellas conducía el vehículo que transportaba los explosivos. Además, siete personas resultaron lesionadas, una de ellas hospitalizada en el IMSS de Morelia.

Los primeros peritajes contabilizan 12 vehículos dañados, y cámaras de seguridad confirman que la unidad involucrada ingresó desde el estado de Colima. En el sitio trabajan cerca de 30 especialistas en la recolección de indicios.

Torres Piña señaló que se mantiene comunicación constante con la fiscal de la República, Ernestina Godoy, y con el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para garantizar una investigación coordinada y transparente.

Mientras avanzan los peritajes, las autoridades reiteraron su compromiso de informar de manera puntual y de garantizar justicia para las víctimas, en un hecho que vuelve a poner en el centro la urgencia de fortalecer la seguridad en la región limítrofe entre Michoacán y Colima.

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