Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Para saldar una deuda histórica y estructural con las mujeres, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó por unanimidad dos reformas constitucionales trascendentales: la homologación del combate al feminicidio a nivel federal y la garantía de la “igualdad sustantiva” a nivel local.

Durante la sesión, presidida por el diputado Homero Barrera Mcdonald y con la participación de legisladores y representantes de diversos municipios, se avaló primero la Minuta de Reforma al artículo 73 de la Constitución Federal en materia de feminicidio.

Esta modificación permitirá al país contar con directrices precisas y homogéneas para tipificar, investigar y sancionar este delito, evitando los vacíos legales que actualmente permiten a los agresores evadir la justicia.

El peso de la impunidad

El diagnóstico presentado en la comisión fue alarmante. El diputado Homero Barrera reveló que, de acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia 2025, de los 4 mil 523 casos de feminicidio consumados o en grado de tentativa a nivel nacional, solamente el 15% han sido judicializados. “Era no solo necesario, sino urgente, actuar para combatir más frontalmente este delito”, sostuvo Barrera, añadiendo que en Querétaro no hay espacio para la indiferencia frente a la violencia de género. En sintonía, el legislador Eric Silva Hernández sentenció que la ley no puede quedarse en discursos: “Lo hoy aprobado debe traducirse en instituciones que funcionen y en justicia que llegue”.

Igualdad sustantiva y fin a la brecha salarial

En un segundo bloque, se aprobó el dictamen que reforma la Constitución de Querétaro para incorporar la “igualdad sustantiva”, el derecho a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial.

La diputada Sully Mauricio Sixtos, coautora de la iniciativa, explicó que la igualdad escrita en papel no sirve si persisten profundas barreras para las mujeres indígenas, madres autónomas o adultas mayores. “La igualdad sustantiva significa generar políticas públicas reales y presupuestos con perspectiva de género (…) este Congreso sí escucha, sí atiende y sí está dispuesto a legislar para transformar realidades”, afirmó.

Por su parte, Leidy González, regidora de San Joaquín, celebró que este paso obligará a las instituciones a garantizar “que recibamos el mismo salario por el mismo trabajo”, dejando claro que la equidad en Querétaro dejará de ser un simple discurso político.

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CIUDAD DE MÉXICO. – En lo que representa el golpe legislativo más contundente contra la violencia estructural y la omisión institucional en la historia reciente del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la iniciativa para crear la primera Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio.

Con esta reforma, el Estado mexicano busca cerrar de tajo los resquicios legales que durante décadas han permitido a los agresores evadir la justicia y a las autoridades locales maquillar las cifras de violencia de género.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, sentenció la mandataria durante su conferencia matutina, delineando el espíritu de la iniciativa.

El fin de la discrecionalidad estatal

El núcleo duro de esta reforma radica en la modificación del inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Este candado constitucional obligará a las 32 entidades federativas a homologar el delito de feminicidio. Se acabaron los estados donde asesinar a una mujer tiene penalidades menores; la nueva Ley General establece castigos implacables que irán de los 40 a los 70 años de prisión, contemplando nueve razones de género y 21 agravantes específicas.

Además de las penas punitivas, la iniciativa impone un cambio radical en los protocolos de procuración de justicia. Por mandato de ley, los Ministerios Públicos estarán obligados a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio.

Para evitar que las primeras horas cruciales de la investigación se pierdan en la burocracia, la ley exigirá la implementación de “turnos continuados” en las fiscalías, garantizando que el aparato de justicia no se detenga y que el cerco legal contra los feminicidas y la impunidad sea absoluto.

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