Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 6 de julio de 2026.— La venta de predios municipales en Querétaro escaló de una discusión administrativa a una disputa política por el derecho a la ciudad. La diputada Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, exigió que el municipio de Querétaro cancele definitivamente la venta de terrenos otorgados en donación y no se limite únicamente a suspender el proceso.

Acompañada por el diputado Eric Silva Hernández, integrante del Grupo Legislativo de Morena, y por el regidor del Ayuntamiento de Querétaro Fernando Flores, la legisladora sostuvo que estos predios forman parte del patrimonio público y deben conservarse para beneficio social.

La diferencia política es clave: suspender es pausar; cancelar es cerrar la puerta a que esos terrenos terminen en manos privadas.

Díaz Gayou afirmó que la venta de predios donados al municipio representa, desde su perspectiva, un acto ilegal, un abuso de poder y una falta de sensibilidad frente al bienestar de la población.

La diputada señaló que estos espacios eran esperados por comunidades como posibles parques, áreas recreativas, espacios culturales, infraestructura comunitaria o proyectos de beneficio público.

“Nosotros el llamado que estamos haciendo aquí desde este espacio es la cancelación de la venta de estos terrenos”, expresó.

Predios públicos: el suelo que la ciudad no debería perder

El debate toca una fibra profunda en Querétaro: el uso del suelo público en una ciudad que crece rápidamente, donde cada metro disponible puede convertirse en parque, equipamiento comunitario, zona de recarga pluvial o negocio inmobiliario.

Díaz Gayou acusó que, ante una crisis financiera del municipio, la administración encabezada por Felipe Fernando Macías Olvera busca vender terrenos que pertenecen al beneficio de la ciudadanía.

La pregunta de fondo es sencilla, pero poderosa: si el municipio enfrenta presión financiera, ¿por qué la respuesta debe ser vender patrimonio público?

La legisladora pidió que la autoridad municipal busque otras estrategias y alternativas para cubrir sus necesidades financieras, sin trasladar el costo a la ciudadanía mediante la pérdida de espacios que podrían servir a la comunidad.

También señaló que colectivos ciudadanos han exigido espacios abiertos para analizar, discutir y conocer qué se pretende vender, qué se quiere administrar y bajo qué argumentos.

Una ciudad no se construye solo con decisiones de escritorio. También se construye escuchando a quienes viven en las colonias que perderían esos espacios.

“No queremos suspensión, queremos cancelación”

De acuerdo con Díaz Gayou, el alcalde de Querétaro habría informado la suspensión de la venta de terrenos tras la denuncia pública realizada previamente. Sin embargo, la diputada aclaró que esa medida no satisface la exigencia ciudadana.

Su postura es que la suspensión no resuelve el problema de fondo, porque mantiene abierta la posibilidad de reactivar la operación más adelante.

Para la legisladora, el patrimonio público no debe quedar en pausa; debe quedar protegido.

Díaz Gayou acusó que el municipio vive una administración marcada por opacidad y por acciones de “fiestas y folclore”, mientras temas centrales como infraestructura, desarrollo urbano y bienestar social requieren atención prioritaria.

La crítica busca instalar una idea: el gobierno municipal no debe administrar la ciudad como escaparate de eventos, sino como territorio donde las decisiones sobre suelo público afectan la vida de miles de personas.

Eric Silva advierte riesgo urbano e inmobiliario

Durante su intervención, el diputado Eric Silva Hernández coincidió en que los predios donados al municipio deben destinarse al beneficio de las y los queretanos.

El legislador señaló que estos terrenos podrían servir para parques, áreas verdes, zonas de esparcimiento y obras que ayuden a mitigar inundaciones, como espacios de recarga o infraestructura pluvial.

El planteamiento conecta con una discusión urgente para Querétaro: las áreas verdes no son lujo ni decoración; también son infraestructura climática.

Silva advirtió que, ante lluvias cada vez más intensas y problemas de inundación, perder espacios de absorción y áreas verdes puede tener consecuencias urbanas mayores.

“Todas las áreas verdes que tenemos aquí al interior del municipio sirven precisamente para que el día de mañana no estemos sufriendo los temas de las grandes inundaciones que estamos viviendo”, expresó.

El diputado también lanzó una acusación más fuerte: afirmó que los predios podrían venderse a cierto valor para después ser revendidos a un precio mayor, con cambios de uso de suelo que permitirían proyectos comerciales, de servicios o desarrollos habitacionales de mayor densidad.

“Claramente esto es un negocio”, acusó.

Silva sostuvo que este tipo de operación es la forma en que inicia lo que llamó un “cartel inmobiliario”.

Por la gravedad del señalamiento, será necesario que las autoridades municipales aclaren públicamente avalúos, usos de suelo, beneficiarios potenciales, dictámenes técnicos y destino exacto de los recursos.

Fernando Flores cuestiona prioridades del municipio

El regidor Fernando Flores también expuso los argumentos que, dijo, presentó durante la sesión de Cabildo en la que se sometió a votación la venta de los predios.

Flores señaló que los terrenos donados al municipio habrían sido valuados en ciertos montos y se pretende venderlos a precios distintos, por lo que pidió revisar el proceso con transparencia.

También criticó las prioridades presupuestales de la administración municipal, al señalar que el presidente municipal prefiere destinar recursos públicos a eventos sociales en lugar de enfocarlos en infraestructura y obras de beneficio social.

Uno de sus señalamientos se centró en la intención de vender terrenos para financiar la construcción del edificio de la nueva delegación municipal María Justa Aldama.

Según el regidor, esa nueva delegación estaría cerca de la delegación Epigmenio González, pero alejada de comunidades como El Pie y El Tránsito, que formarían parte de esa demarcación y se ubicarían a más de 25 kilómetros.

El cuestionamiento no es solo dónde se construye una oficina pública, sino a quién le sirve realmente y si responde a las necesidades territoriales de la población.

La ciudad como patrimonio, no como caja chica

La discusión sobre predios municipales abre una pregunta mayor para Querétaro: ¿qué tipo de ciudad se está construyendo?

Una administración puede ver un terreno como activo financiero. La ciudadanía puede verlo como el último espacio posible para un parque, una cancha, una biblioteca, una clínica, una casa comunitaria o una obra para contener inundaciones.

El precio de mercado de un predio no siempre refleja su valor social.

En ciudades con presión inmobiliaria, vender suelo público puede generar ingresos inmediatos, pero también puede cerrar oportunidades urbanas durante décadas. Una vez que un terreno público pasa a manos privadas, recuperarlo es mucho más difícil y costoso.

Por eso, la exigencia de cancelación va más allá de un pleito partidista. Toca temas de transparencia, justicia urbana, medio ambiente, planeación, movilidad, servicios y derecho al espacio público.

La ciudad no solo se mide por lo que vende, sino por lo que decide conservar para las próximas generaciones.

Transparencia antes que decisiones cerradas

Díaz Gayou insistió en que el municipio debe transparentar la información necesaria y abrir espacios para que la ciudadanía conozca, analice y discuta el destino de estos predios.

La legisladora afirmó que la crisis financiera no puede resolverse a costa del patrimonio público ni mediante decisiones opacas.

El llamado se suma a otras voces que han pedido publicar avalúos, dictámenes técnicos, justificación financiera, uso actual y potencial de los inmuebles, así como el destino puntual de los recursos que se obtendrían con la venta.

Si la operación es correcta, la transparencia no debería ser amenaza. Debería ser la primera prueba de legitimidad.

La controversia también deja una tarea para el Ayuntamiento de Querétaro: explicar con claridad si la venta está suspendida, bajo qué condiciones, qué predios están involucrados, qué origen tienen, qué restricciones de uso existen y qué mecanismos de consulta se abrirán.

Llamado al Congreso sobre reformas electorales

Al cierre de su intervención, Claudia Díaz Gayou también hizo un llamado a la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la LXI Legislatura para que se turnen a análisis las iniciativas que ha presentado en materia de reforma a la ley electoral, ley de medios de impugnación y mecanismos de transparencia.

La legisladora sostuvo que es necesario avanzar en herramientas legales claras y justas para fortalecer la transparencia.

Aunque este punto se relaciona de manera más amplia con su agenda legislativa, el fondo de su posicionamiento fue el mismo: decisiones públicas con alto impacto social requieren reglas, claridad y mecanismos de control.

Una pausa no basta si el riesgo sigue vivo

La venta de predios municipales ya dejó de ser un expediente técnico. Se convirtió en una disputa por el modelo de ciudad.

Para la administración municipal, puede tratarse de una medida financiera o de gestión patrimonial. Para legisladores y representantes que se oponen, se trata de una posible pérdida de espacios públicos que deberían servir a colonias, comunidades y futuras generaciones.

La diferencia entre suspender y cancelar será el centro de la presión política en los próximos días.

Suspender puede bajar la tensión momentáneamente. Cancelar implicaría reconocer que esos terrenos no deben salir del patrimonio público.

La exigencia de Claudia Díaz Gayou es clara: que el municipio no espere a que el conflicto se enfríe para reactivar la operación, sino que cierre definitivamente la puerta a la venta.

Porque en una ciudad que necesita áreas verdes, infraestructura, espacios comunitarios y obras para mitigar inundaciones, cada predio público importa.

Y cuando se trata de patrimonio ciudadano, la pregunta no debe ser cuánto puede ingresar hoy al municipio.

La pregunta debe ser cuánto perdería Querétaro mañana.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 4 de julio de 2026.— La venta de predios municipales en Querétaro ya dejó de ser un trámite administrativo y se convirtió en una pregunta política de fondo: ¿puede un gobierno vender patrimonio público sin mostrarle primero a la ciudadanía el expediente completo?

La diputada Andrea Tovar hizo un llamado público al alcalde Felipe Fernando Macías para pausar cualquier avance en la subasta de predios propiedad del municipio de Querétaro, hasta que se transparente de manera completa la justificación financiera, técnica y patrimonial de la operación.

La legisladora sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se pretende vender, cuánto vale, por qué se vende y en qué se utilizará cada peso obtenido.

El punto central no es menor: los predios municipales no son terrenos cualquiera. Son patrimonio público. Pertenecen a la ciudad, no al gobierno en turno.

Tovar cuestionó que el municipio justifique la enajenación de bienes públicos con referencias generales a presuntos recortes o disminuciones federales, sin explicar con precisión a qué recursos se refiere, de qué monto habla y cuál sería el impacto real en las finanzas municipales.

“El municipio no puede hablar de recortes federales en abstracto, debe decir específicamente a qué convenios o subsidios se refiere; si hubo una disminución real, que publique el monto estimado, el monto recibido, el calendario de ministraciones, los ajustes aplicados y el impacto presupuestal concreto”, señaló.

Vender patrimonio no puede ser la primera salida

La diputada advirtió que la venta de predios municipales no debe tomarse como una decisión ordinaria ni ejecutarse sin análisis público suficiente.

Algunos de esos terrenos, sostuvo, podrían representar reservas para áreas verdes, equipamiento urbano, infraestructura comunitaria o proyectos futuros.

Ahí está el corazón del debate urbano: una ciudad que crece todos los días no puede tratar sus reservas territoriales como caja chica.

Un predio municipal puede parecer baldío hoy, pero mañana puede ser un parque, una clínica, una cancha, una biblioteca, una estancia comunitaria, un centro de atención o un espacio para resolver necesidades que todavía no han sido atendidas.

Venderlo puede dar liquidez inmediata. Pero también puede cerrar una posibilidad pública durante décadas.

Una subasta puede durar unas horas. La pérdida de un terreno público puede sentirse por generaciones.

Andrea Tovar enfatizó que la discusión no debe reducirse a si el Ayuntamiento tiene facultades legales para administrar sus bienes. La pregunta, dijo, es si vender patrimonio municipal ante presiones económicas se convertirá en una práctica constante.

“Una cosa es administrar el patrimonio municipal y otra muy distinta es vender nuestra ciudad sin que la ciudadanía conozca el expediente completo”, afirmó.

La exigencia: avalúos, dictámenes y destino del dinero

La legisladora pidió que antes de cualquier subasta se publiquen los avalúos, dictámenes técnicos, uso actual o potencial de cada inmueble y destino puntual de los recursos.

Su planteamiento introduce una ruta mínima de transparencia: no basta con decir que un predio se va a vender; se debe explicar por qué ya no es necesario para el interés público, cuánto vale realmente, quién lo valoró, bajo qué criterios y qué beneficio concreto recibirá la población.

Si todo está bien, la transparencia no debería ser obstáculo. Debería ser la primera prueba de confianza.

Tovar también solicitó que se haga público el contenido íntegro del Oficio SF/0051/2026, referido como parte de la justificación financiera de la operación, junto con sus anexos, cálculos, estimaciones y documentos soporte.

Según la legisladora, ese oficio no puede quedarse como una referencia administrativa interna si fue utilizado para sustentar una decisión patrimonial de alto impacto.

El señalamiento es relevante porque una operación de esta naturaleza no solo involucra finanzas municipales. También toca planeación urbana, uso de suelo, patrimonio público, transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.

La pregunta incómoda: ¿qué se recortó antes de vender?

Andrea Tovar también planteó otro punto sensible: si el municipio enfrenta una presión financiera, primero debe explicar qué medidas de ajuste al gasto aplicó antes de considerar la venta de patrimonio.

La diputada sostuvo que la disciplina financiera obliga a los gobiernos a actuar con racionalidad, austeridad, transparencia y responsabilidad.

“Si bajaron los ingresos, la primera respuesta debe ser revisar el gasto, no vender patrimonio público”, puntualizó.

En ese sentido, pidió conocer si antes de avanzar en la subasta se revisaron rubros como comunicación social, gasto corriente no prioritario, combustibles de vehículos oficiales o percepciones extraordinarias.

La pregunta puede incomodar al gobierno municipal, pero es legítima: antes de vender un terreno público, ¿ya se revisó todo lo demás?

Para la ciudadanía, el tema no se agota en una discusión contable. Si un gobierno vende predios argumentando falta de recursos, debe explicar por qué esa falta existe, qué partidas se ajustaron, qué prioridades se protegieron y por qué la venta de patrimonio es la mejor opción.

De lo contrario, la operación puede verse como una salida fácil: vender ciudad para resolver presión presupuestal.

No es rechazo automático, dice Tovar

La diputada aclaró que su postura no parte de una oposición automática a cualquier operación patrimonial. Su exigencia, señaló, es de transparencia.

“No estamos diciendo que ningún predio pueda venderse nunca, estamos pidiendo algo mucho más básico: primero transparentar, después decidir. Si todo está bien, el municipio no debería tener ningún problema en publicar todo antes de vender”, expresó.

Esa frase resume el eje político de su posicionamiento: la ciudadanía no puede enterarse del destino del patrimonio público cuando la decisión ya está prácticamente tomada.

El llamado de Tovar se suma a una discusión más amplia sobre el uso de predios municipales en Querétaro, especialmente cuando existe presión urbana por más áreas verdes, equipamiento público y reservas para servicios comunitarios.

En una ciudad donde el suelo se encarece y el crecimiento inmobiliario avanza con rapidez, cada terreno público tiene un valor que no siempre se puede medir solo en pesos.

El precio de mercado no siempre refleja el valor social de un predio.

Transparencia antes de subasta

Andrea Tovar pidió directamente al alcalde Felipe Fernando Macías pausar cualquier avance en la subasta hasta que la ciudadanía conozca la información completa.

El llamado coloca al gobierno municipal ante una decisión política: avanzar con la venta bajo sus propios tiempos o abrir primero los expedientes para que la ciudadanía, especialistas y representantes públicos puedan revisar los argumentos.

Porque vender patrimonio municipal sin explicación suficiente puede profundizar la desconfianza.

Y la desconfianza, en asuntos urbanos, suele crecer rápido: hoy es un predio; mañana puede ser una reserva pública, un área que la colonia esperaba recuperar o un terreno que pudo servir para un proyecto comunitario.

La transparencia no debe llegar después del martillazo de la subasta. Debe llegar antes.

La pregunta que queda abierta es simple, pero poderosa: si el municipio tiene razones sólidas para vender, ¿por qué no publicar todo el expediente antes de hacerlo?

En una ciudad que presume crecimiento, modernidad y orden, el patrimonio público no debería tratarse como mercancía silenciosa.

Antes de vender, el gobierno municipal debe explicar. Antes de subastar, debe demostrar. Antes de convertir un predio público en dinero, debe probar que la ciudad gana más de lo que pierde.

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