Las comisiones unidas remitirán los proyectos a los 18 ayuntamientos antes de dictaminar

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de agosto de 2026.— Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales iniciaron formalmente el análisis de tres iniciativas que buscan reformar la Constitución Política del Estado en materia judicial. La sesión fue presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero (PAN), con Homero Barrera McDonald como secretario y Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada como integrantes.

Las tres propuestas se dictaminarán de manera conjunta, en un solo documento.

Qué se está analizando

Sobre la mesa hay tres iniciativas: una presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal y dos por diputados del Grupo Legislativo de Morena. Los títulos formales son:

1. Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado —la del Ejecutivo, entregada el 5 de agosto.
2. Iniciativa en materia de armonización judicial y elección de 2028 a los dieciocho municipios del Estado.
3. Iniciativa en materia de reforma judicial.

La sesión contó con la presencia del director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Joel Ibarra Acosta, en representación del secretario Eric Gudiño Torres, además de siete legisladores que no integran las comisiones pero acudieron al análisis.

La ruta procesal: primero los ayuntamientos

La decisión operativa más relevante de la sesión fue de procedimiento. Vega Guerrero instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios remitir las tres iniciativas a los 18 ayuntamientos del estado, para que conozcan formalmente su contenido y designen un enlace institucional que dé seguimiento al procedimiento.

Esto no es un trámite menor. Una reforma constitucional local requiere, además de mayoría calificada en el Pleno, la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Adelantar ese paso permite que los municipios trabajen en paralelo al análisis técnico de las comisiones, en lugar de esperar a que concluya.

Una vez satisfecho ese requisito, la presidencia propondrá acumular las tres iniciativas en términos de los artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para emitir un solo dictamen.

“Lo anterior permitirá garantizar los principios de economía procesal, congruencia legislativa y deliberación parlamentaria integral; evitará la emisión de dictámenes aislados respecto de iniciativas que versan sobre el mismo objeto constitucional; y permitirá que estas comisiones unidas realicen un análisis comparado de todas las propuestas”, explicó Vega Guerrero.

Los cuatro puntos que plantea Morena

La diputada Claudia Díaz Gayou detalló el contenido de las iniciativas de su bancada, que giran en torno a incorporar la reforma federal “en todos sus términos”. Los planteamientos concretos:

Cobertura de vacantes. Que los espacios por ausencias definitivas de jueces y magistrados sean cubiertos por quienes hayan obtenido la segunda votación más alta en la elección correspondiente, y no por un órgano designado.

Escuela de Formación Judicial. Que no participe en el proceso de selección de aspirantes.

Ausencias en el periodo de transición. Que las vacantes de magistrados que ocurran entre la aprobación de la reforma y la elección sean designadas por la Legislatura, y no reguladas en leyes secundarias.

Armonización íntegra. Que la Constitución local incorpore la reforma federal sin adaptaciones locales: “no una reforma a la queretana”, planteó la legisladora.

El diputado Homero Barrera McDonald lo formuló en los mismos términos: “No queramos ser creativos a través de procedimientos, figuras o mecanismos que sean contrarios a la Constitución federal o de los cuales no esté dentro de nuestras facultades. La armonización es muy simple, tan simple, que sería más complicado hacerla diferente.”

La posición de Correa Sada

El diputado Enrique Correa Sada anunció que acompañará la reforma, con una precisión sobre su postura de fondo. Recordó su desacuerdo con el diseño original —señaló que la elección judicial no era compatible con los comicios constitucionales de gobernador, diputados y alcaldes, y que los comités de evaluación no ofrecían garantías suficientes de idoneidad—, pero concluyó:

“Aunque no estoy de acuerdo con la reforma en su totalidad, sí estoy de acuerdo en que hagamos mejoras a estos procesos. Adelanto que acompañaré esta reforma, porque creo que aunque no es la ideal, sí mejora las condiciones para poder llevar a cabo un proceso de elección de jueces y magistrados.”

Es un dato relevante para el aritmética de una reforma que requiere mayoría calificada.

El pendiente inmediato: las vacantes

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez introdujo el asunto que corre en paralelo y que no puede esperar a 2028: existe ya una vacante en la Sala Familiar por jubilación de una magistrada, con expedientes que requieren resolución.

Planteó que las comisiones deben resolver dos cosas: cómo generar suplencias temporales mientras el Consejo de la Judicatura envía propuestas al Congreso, y cómo garantizar que el Pleno pueda elegir por mayoría calificada a quienes cubran esas magistraturas durante el periodo que resta hasta 2028.

“No podemos tener estas ausencias de magistrados”, señaló, al referirse a la necesidad de dar certeza a las partes involucradas en juicios pendientes.

El llamado al acuerdo

El diputado Eric Silva Hernández pidió a los integrantes de las comisiones retomar el diálogo y sostener la congruencia con los planteamientos originales de la reforma federal.

“Debemos comprometernos a defender lo que debemos defender, que son los intereses de la gente”, expresó. “Tenemos que estar del lado de todas aquellas personas que se han quedado esperando una resolución, una sentencia judicial, años, y que la justicia parece no llegarles.”

Barrera McDonald, por su parte, hizo un llamado a la civilidad política y señaló que la obligación de la Legislatura es armonizar el marco local con la Carta Magna, “para que el Poder Judicial se democratice y la justicia sea cercana al pueblo de Querétaro”.

El antecedente del proceso

Esta es la etapa más avanzada de un proceso que lleva más de un año. En febrero de este año, una sesión de comisiones unidas sobre el mismo tema fue cancelada por falta de quórum, tras lo cual la Mesa Directiva conformó un esquema ampliado que sumó a las comisiones de Participación Ciudadana y de Gobernación.

El Ejecutivo estatal entregó su iniciativa el 5 de agosto, con el cambio de fecha de la elección judicial de 2027 a 2028 como uno de sus elementos centrales, además de la creación de un Órgano de Administración Judicial, un Tribunal de Disciplina Judicial y comités de evaluación con exámenes de conocimientos.

Lo que sigue en el proceso

Con las iniciativas remitidas a los 18 ayuntamientos, las comisiones unidas continuarán el análisis técnico y jurídico. La acumulación se procesará una vez cubierto ese requisito, para emitir un dictamen único que deberá votarse en el Pleno por mayoría calificada y, posteriormente, ratificarse por la mayoría de los municipios.

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Querétaro, Qro. 11 de agosto del 2026— Más de 80 jóvenes procedentes de distintos municipios llevaron al Congreso de Querétaro una agenda marcada por las dificultades para obtener el primer empleo, la precariedad salarial, el encarecimiento de la vivienda, las deficiencias en la atención de la salud mental y la escasa incidencia de este sector en las decisiones públicas.

Los planteamientos fueron expuestos durante el Foro por una Agenda Joven, realizado en las instalaciones del Poder Legislativo con la participación de los diputados locales Eric Silva Hernández, Rosalba Vázquez Munguía y Claudia Díaz Gayou.

Al encuentro también asistieron el diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz; la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez; la diputada federal Rocío Peniche y el regidor del municipio de Querétaro Fernando Flores, conocido como “Avse”.

Las intervenciones juveniles describieron un mercado laboral que exige experiencia, pero ofrece pocas oportunidades para adquirirla. Las y los asistentes señalaron que esa barrera los obliga a aceptar empleos con remuneraciones insuficientes y condiciones desfavorables.

El panorama laboral general de Querétaro presenta matices que conviene considerar. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desocupación estatal de 2.2 por ciento; sin embargo, también registró 78 mil 554 personas no económicamente activas disponibles para trabajar. Las cifras corresponden a la población de 15 años y más y no describen exclusivamente a las juventudes, pero muestran que una tasa baja de desempleo no explica por sí sola la calidad ni la suficiencia de los puestos disponibles, de acuerdo con el INEGI.

En materia de vivienda, las y los participantes advirtieron que el costo de las rentas absorbe una proporción creciente de sus ingresos y retrasa la posibilidad de independizarse. El foro colocó así la vivienda no solamente como un asunto inmobiliario, sino como un componente relacionado con la autonomía económica y el desarrollo personal.

La salud mental apareció como otra preocupación central. Jóvenes asistentes hablaron de ansiedad y depresión, además de la necesidad de contar con servicios profesionales accesibles. El comunicado del encuentro no presentó un diagnóstico específico para la población juvenil de Querétaro.

Como referencia nacional, el Módulo de Bienestar Autorreportado 2025 encontró indicios de ansiedad en 21.3 por ciento y de depresión en 10.5 por ciento de la población urbana adulta consultada. Estos datos tampoco son exclusivos de Querétaro ni de la población joven, pero permiten dimensionar la relevancia pública del problema señalado durante el foro, según el INEGI.

Las y los asistentes también demandaron mecanismos de participación política con efectos concretos. Su petición fue que las consultas juveniles no se limiten a actos protocolarios y que sus propuestas sean incorporadas en la elaboración de leyes, presupuestos y programas gubernamentales.

El diputado Eric Silva anunció la instalación de mesas de trabajo para revisar los planteamientos recabados. Sostuvo que las juventudes deben ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda legislativa y ofreció dar seguimiento a cada una de las propuestas.

Rosalba Vázquez y Claudia Díaz, por su parte, manifestaron su intención de promover reformas en vivienda, empleo y salud mental. Gilberto Herrera también ofreció acompañar las inquietudes presentadas, mientras Astrid Ortega afirmó que desde el gobierno municipal de Cadereyta se buscarán condiciones para favorecer el desarrollo de la población joven.

Rocío Peniche y Fernando Flores coincidieron en que la atención a las juventudes debe trascender periodos administrativos y asumirse como una política de Estado.

No obstante, el comunicado difundido por la oficina del diputado Eric Silva no precisó cuándo comenzarán las mesas de trabajo, cómo se integrarán, qué comisiones legislativas participarán ni de qué manera podrán intervenir quienes no asistieron al foro. Tampoco se anunciaron iniciativas redactadas, metas verificables o partidas presupuestales.

La diferencia entre un ejercicio de escucha y una agenda pública efectiva dependerá, por tanto, de que los compromisos se traduzcan en documentos, iniciativas, calendarios y mecanismos de evaluación. La prueba para las y los legisladores comenzará después del foro: cuando las demandas juveniles tengan que pasar del micrófono al trabajo parlamentario.

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Vecinos y legisladores solicitan suspender la obra; las autoridades no han emitido resolución

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026.— Habitantes de la colonia Álamos, acompañados por el diputado local Eric Silva Hernández (Morena) y el regidor Fernando Flores, solicitaron públicamente la suspensión de la obra Pasaje Álamos, un desarrollo de usos mixtos que se construye sobre Avenida Industrialización. Los vecinos afirman haber detectado inconsistencias en la situación jurídica del predio y advierten que el proyecto colapsará servicios y vialidades de la zona.

Ninguna autoridad ha emitido resolución sobre estos señalamientos, y no se informó de la presentación de una denuncia formal ante instancia competente.

Lo que plantean los vecinos

Eduardo Rodríguez, representante vecinal, expuso que tras consultar la Dirección de Catastro identificaron que el predio registra diversos propietarios: el municipio de Querétaro, una empresa y un particular. Señaló que han ingresado diversos oficios ante autoridades municipales para que se revise la situación y que, hasta ahora, no han obtenido respuesta.

“Esta conferencia de prensa tiene el objetivo primordial de poner en evidencia cómo la situación inmobiliaria y de desarrollo urbano en Querétaro se está dando, no solamente ahorita, sino de años atrás”, expresó. Advirtió que cuando el edificio opere con todo lo proyectado, “colapsará la zona”.

Los denunciantes no exhibieron públicamente los documentos catastrales, escrituras, licencias de construcción ni los oficios que refieren haber presentado. Tampoco proporcionaron números de folio o expediente que permitan su verificación independiente.

El tamaño del proyecto, según sus propios materiales

Para dimensionar la preocupación vecinal conviene revisar lo que el propio desarrollo publicita. Pasaje Álamos se promociona como un proyecto de usos mixtos conformado por dos torres, con 81 departamentos, 57 oficinas, dos pisos de zona comercial y cuatro niveles subterráneos de estacionamiento, ubicado en Avenida Industrialización #9, esquina Roncopollo, a unos pasos del Boulevard Bernardo Quintana. Los precios de preventa parten de 4.4 millones de pesos en departamentos y 3.9 millones en oficinas. La entrega estimada se ha anunciado entre abril de 2027 y el primer trimestre de 2028.

El desarrollo es promovido por OPERA, empresa que en sus propios materiales comerciales se presenta con operación desde 2010 en la Ciudad de México y su zona metropolitana. La empresa no ha sido señalada por autoridad alguna, no enfrenta procedimiento conocido, y este medio se pone a su disposición para publicar su versión.

Sumadas, las 138 unidades habitacionales y de oficina más el área comercial explican por qué los vecinos plantean preocupación por drenaje, alumbrado, tráfico e impacto ambiental en una zona ya consolidada. Esa preocupación, en sí misma, no requiere acreditar irregularidad alguna: es un efecto previsible de la densificación.

Lo que dijo el legislador, y lo que este medio no adopta

El diputado Silva Hernández afirmó que el caso refleja “temas de corrupción” y lo ubicó dentro de lo que denominó el “cártel inmobiliario” que, sostuvo, opera en Querétaro y en municipios de la zona conurbada. Dijo que estos desarrollos se hacen “al amparo y de la mano de las autoridades”, y los vinculó con gentrificación, tráfico y presión sobre servicios básicos.

Es necesario precisar el estatus de esas afirmaciones. “Cártel inmobiliario” es una expresión política empleada por el denunciante; no describe una organización acreditada judicialmente en Querétaro, y este medio no la adopta. La imputación de corrupción no fue acompañada de documentación pública, número de expediente ni denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.

El regidor Fernando Flores anunció que dará continuidad al caso y coincidió en la solicitud de suspensión. Señaló que en el Cabildo “pareciera que hacen oídos sordos”.

La posición del municipio

El gobierno municipal se ha pronunciado antes sobre este proyecto. El 12 de junio de este año, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, afirmó que existe acercamiento y socialización permanente con los habitantes de la colonia Álamos respecto a Pasaje Álamos. “En todo proyecto que el municipio realiza siempre hay acercamiento, hay socialización y Álamos no es la excepción”, declaró, y precisó que la parte técnica corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Al cierre de esta edición, el municipio no había emitido postura específica sobre los señalamientos presentados este miércoles.

Las preguntas que las autoridades pueden responder con documentos

Este caso puede resolverse, en buena medida, con información pública. Las respuestas a estas preguntas permitirían despejar o confirmar lo planteado:

• ¿Cuál es el régimen de propiedad actual del predio y qué superficie corresponde, en su caso, al municipio?
• Si existe superficie municipal involucrada, ¿mediante qué acto jurídico —permuta, venta, comodato, aportación— y con qué acuerdo de Cabildo se autorizó?
• ¿Qué licencia de construcción y qué uso de suelo tiene el proyecto, y en qué fecha se emitieron?
• ¿Existe dictamen de impacto urbano y de impacto ambiental? ¿Qué condicionantes impuso?
• ¿Qué estudio de movilidad respalda la capacidad vial de la zona ante 138 unidades y cuatro niveles de estacionamiento?
• ¿La red de drenaje y el suministro de agua de la zona tienen factibilidad acreditada para el proyecto?
• ¿Qué respuesta se dio a los oficios que los vecinos afirman haber ingresado?

Derecho de réplica

Al cierre de esta edición, LYPmultimedios no localizó una respuesta pública específica del municipio de Querétaro ni de la empresa desarrolladora respecto a los señalamientos formulados este miércoles. Este medio mantiene abierto el derecho de réplica y publicará íntegramente cualquier documentación o postura que permita confirmar, precisar o desmentir lo expuesto.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.— Pocas experiencias generan tanta indefensión inmediata como ver cómo se llevan tu auto en una grúa sin saber cuánto vas a pagar, a dónde lo llevan ni si la persona al volante de esa grúa tiene siquiera concesión para operar. Esa fue, en esencia, la sustancia del foro ciudadano que los diputados locales Eric Silva Hernández y María Blanca Flor Benítez Estrada organizaron ayer para discutir la reforma a la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado, que busca poner reglas donde hoy hay, según los propios asistentes, un vacío que se presta al abuso.

Lo que ya se sabía y lo que se confirmó

Esta no es una reforma que nació en el foro de ayer. Eric Silva la presentó formalmente en mayo, y desde entonces ha circulado con un nivel de detalle técnico que el boletín de este foro no repite pero vale la pena recordar: la iniciativa contempla la creación del Sistema Informático Estatal de Servicios Auxiliares de Transporte (SIESAT), una plataforma que registraría en tiempo real cada servicio de arrastre —distancia recorrida, maniobras, tiempo de estancia en el corralón— para poder calcular objetivamente cuánto debería costar cada uno; además de un padrón público de concesionarios autorizados y un Consejo Ciudadano de Vigilancia para recibir denuncias. No es la única propuesta sobre la mesa: la diputada priista Adriana Meza Argaluza impulsa por separado que nadie tenga que pagar arrastre o corralón cuando la infracción que lo originó termine siendo anulada por la autoridad, y el diputado morenista Homero Barrera ha planteado prohibir el cobro cuando no exista una falta grave de tránsito de por medio. El foro de ayer sirvió, sobre todo, para poner esas propuestas frente a quienes las viven en carne propia.

Lo que contó la gente

Gremios, sindicatos y federaciones de transportistas, junto con ciudadanos que acudieron a título personal, coincidieron en un catálogo de quejas que probablemente le suene familiar a cualquiera que maneje en Querétaro: cobros altos que no corresponden a ninguna tarifa publicada, grúas “pirata” que operan sin concesión, corralones donde los vehículos llegan más dañados de lo que salieron, y la sensación de que no existe a quién reclamar cuando algo de esto ocurre. El diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz, presente en el foro, subrayó que este no es un problema abstracto: dijo que el servicio de salvamento y arrastre afecta a miles de familias queretanas, en particular a las que menos recursos tienen para absorber un cobro imprevisto.

La ausencia que sí importa

El dato más incómodo del foro no salió de ningún participante: salió de la lista de asistencia. De los 18 presidentes municipales del estado invitados a un ejercicio que discute, entre otras cosas, la operación de los corralones que dependen en buena medida de los ayuntamientos, solo una acudió: Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes, quien se pronunció a favor de la reforma y ofreció trabajar desde su municipio para implementarla. La ausencia no distingue colores partidistas: de los otros 17 municipios, gobernados por distintas fuerzas políticas, ninguno mandó representación, algo que los propios organizadores del foro señalaron como motivo de preocupación.

A esa ausencia se sumó otra con más peso específico: la del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, a quien los gremios convocantes calificaron como “un actor clave” por ser precisamente la autoridad responsable de regular este sector. Vale la pena un dato de contexto que no apareció en el boletín: apenas el 6 de julio, Morena presentó una denuncia contra Cuanalo por presuntas conductas que, según el partido, vulneran el principio de equidad de cara al proceso electoral 2027, señalamiento que el funcionario negó públicamente, atribuyéndolo al clima previo a los comicios. No hay manera de establecer, con lo disponible hasta ahora, si esa tensión influyó en su inasistencia al foro; lo que sí es un hecho verificable es que la relación entre la AMEQ y la bancada morenista atraviesa, en estos días, un momento de fricción documentada.

Lo que sigue

Silva y Benítez cerraron el foro con un compromiso concreto: seguir abriendo espacios de diálogo y dar seguimiento a las propuestas recogidas, con la meta de que la reforma se apruebe en comisión. Es una meta razonable, pero también una que depende de algo que el foro de ayer no logró plenamente: la presencia, en la misma mesa, de quienes tendrán que operar la reforma el día que se convierta en ley. Una plataforma digital, un padrón de concesionarios y un consejo ciudadano de vigilancia solo funcionan si los 18 ayuntamientos y la Agencia de Movilidad los adoptan. La pregunta que queda, entonces, no es si la reforma es necesaria —el foro dejó eso claro—, sino quién, además de los legisladores que la impulsan, está dispuesto a hacerla cumplir.

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Santiago de Querétaro, Qro., 8 de julio de 2026.— Habitantes de las comunidades de El Monte, Calamanda y El Pozo, en el municipio de El Marqués, acudieron a la Legislatura del Estado de Querétaro para denunciar la falta de agua potable que enfrentan desde hace años por la ausencia de red hidráulica en sus localidades.

Acompañados por el diputado local Eric Silva Hernández y el diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz, las y los vecinos expusieron que la falta de infraestructura los ha obligado a comprar pipas de agua a precios elevados, una situación que afecta directamente la economía familiar y la vida cotidiana de las comunidades.

La denuncia coloca sobre la mesa una contradicción profunda: mientras El Marqués presume crecimiento industrial, urbano y económico, hay comunidades que siguen viviendo sin el servicio más básico.

Años sin red hidráulica

Durante la rueda de prensa, las y los habitantes señalaron que el problema no es reciente. De acuerdo con su denuncia, llevan años enfrentando desabasto de agua potable y falta de red hidráulica.

También afirmaron que han sostenido reuniones con autoridades municipales para buscar soluciones, sin obtener una respuesta favorable.

El problema, dijeron, los obliga a depender de pipas para cubrir necesidades básicas como cocinar, bañarse, lavar, limpiar viviendas y garantizar condiciones mínimas de higiene.

Cuando una familia depende de pipas, el agua deja de ser un derecho cotidiano y se convierte en un gasto permanente.

La falta de agua potable no solo afecta el bolsillo. También impacta la salud, la educación, el cuidado de personas mayores, la limpieza del hogar, la preparación de alimentos y la estabilidad de quienes deben organizar su vida alrededor de la llegada de una pipa.

Eric Silva: “No es posible que comunidades enteras vivan sin agua potable”

El diputado Eric Silva Hernández se comprometió a acompañar a la población en el seguimiento de sus demandas y sostuvo que las comunidades de El Monte, Calamanda y El Pozo reflejan una problemática más amplia en El Marqués.

“No es posible que mientras Querétaro presume de ser un estado moderno y desarrollado, comunidades enteras vivan sin agua potable. Acompañamos a la gente de El Monte, Calamanda y El Pozo porque su lucha es justa, y desde el Congreso vamos a empujar las soluciones que necesitan”, afirmó.

El legislador señaló que el acceso al agua potable no debe verse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental.

El agua no puede depender del código postal. No puede haber un Querétaro de parques industriales y fraccionamientos de alto valor junto a comunidades obligadas a comprar pipas para sobrevivir.

Desigualdad hídrica en un municipio de alto crecimiento

Silva subrayó la desigualdad que, a su juicio, prevalece en El Marqués.

“Mientras en algunas zonas se construyen lagos artificiales, en estas comunidades ni siquiera tienen agua en sus hogares”, señaló el diputado.

También cuestionó que el municipio argumente falta de recursos para construir red hidráulica en estas localidades.

“¿Cómo es posible que sea una excusa para el presidente municipal de El Marqués decir que ya no hay dinero para poder dotar de una red hidráulica a estas comunidades, siendo que El Marqués es uno de los municipios más ricos y que más dinero recibe del Estado?”, cuestionó.

La declaración apunta a un tema sensible: la distribución de la infraestructura pública en municipios con crecimiento acelerado.

El Marqués ha sido uno de los territorios estratégicos para el desarrollo industrial, logístico, inmobiliario y habitacional de Querétaro. Sin embargo, ese crecimiento no necesariamente se traduce de manera automática en servicios básicos para todas sus comunidades.

El desarrollo que no lleva agua a las casas se queda incompleto. Puede generar inversión, empleo y plusvalía, pero falla en lo más elemental: garantizar condiciones dignas de vida.

Gilberto Herrera acompaña la exigencia

El diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz también refrendó su compromiso con las comunidades y sostuvo que el acceso al agua potable es un derecho que el Estado está obligado a garantizar.

Su presencia junto a Eric Silva busca dar mayor visibilidad política a las demandas de las comunidades y abrir una ruta de acompañamiento desde distintos niveles de representación.

Los legisladores anunciaron que continuarán acompañando a las comunidades de El Marqués en su lucha por el agua.

La exigencia no se reduce a una queja vecinal. Es una demanda de derechos: que el Estado cumpla con llevar infraestructura básica a poblaciones que han esperado durante años.

El derecho humano al agua

El caso de El Monte, Calamanda y El Pozo debe leerse desde una dimensión jurídica y social.

En México, el acceso al agua para consumo personal y doméstico está reconocido como un derecho humano. Eso significa que no basta con que el servicio exista en algunas zonas del municipio; debe garantizarse de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El término “asequible” es clave.

Si una comunidad solo puede acceder al agua comprando pipas caras, el derecho se vuelve limitado para quienes no pueden pagar.

El agua potable no es un lujo urbano. Es la base material de la salud, la dignidad y la vida diaria.

Cuando no hay red hidráulica, las familias quedan atrapadas en una forma de desigualdad silenciosa: pagan más por un servicio que otras personas reciben de forma regular y con menor costo.

El costo oculto de vivir sin agua

La falta de agua potable tiene un costo que no siempre aparece en los presupuestos públicos.

Lo pagan las familias cuando compran pipas.
Lo pagan las mujeres que suelen cargar con mayor parte del trabajo doméstico.
Lo pagan niñas, niños y personas mayores cuando no hay condiciones suficientes de higiene.
Lo pagan las comunidades cuando deben dedicar tiempo y dinero a resolver lo que debería estar garantizado.

La ausencia de agua no solo seca una llave. También consume tiempo, salud, dinero y tranquilidad.

Por eso, la exigencia de estas comunidades no puede tratarse como una demanda secundaria. Es una necesidad estructural que define la calidad de vida.

Una pregunta para el gobierno municipal

La denuncia de los vecinos abre una pregunta directa para las autoridades de El Marqués: ¿cuál es la ruta concreta para dotar de red hidráulica a El Monte, Calamanda y El Pozo?

No basta con reuniones. No basta con diagnósticos generales. Las comunidades requieren fechas, presupuestos, responsables y un plan de obra verificable.

Cuando una autoridad dice que no hay dinero para agua, debe explicar con absoluta transparencia en qué sí se está gastando.

El municipio tendrá que responder si existe proyecto ejecutivo, si hay gestión ante instancias estatales o federales, si se ha solicitado apoyo técnico, si se prevén recursos en el presupuesto y cuál sería el calendario para atender la demanda.

La falta de información también desgasta la confianza pública.

Congreso como espacio de presión política

Al acudir al Congreso, las comunidades buscan sacar el problema del ámbito municipal y colocarlo en una agenda estatal.

El acompañamiento de legisladores puede servir para elevar la presión, solicitar información, promover exhortos, gestionar reuniones institucionales o buscar alternativas de coordinación con autoridades responsables del agua y la infraestructura.

Sin embargo, la solución de fondo requiere algo más que acompañamiento político.

Requiere obra pública, recursos, planeación hidráulica y voluntad institucional.

El agua no llega con discursos. Llega con tuberías, presupuesto, mantenimiento y decisiones de gobierno.

La desigualdad detrás del crecimiento

El caso de El Marqués refleja una tensión que atraviesa a buena parte del desarrollo queretano: crecimiento económico acelerado frente a comunidades que siguen esperando servicios básicos.

Querétaro suele presentarse como estado moderno, competitivo y atractivo para la inversión. Pero ese relato convive con brechas profundas en agua, movilidad, vivienda, servicios públicos y equipamiento comunitario.

Un estado moderno no se mide solo por sus parques industriales. También se mide por si sus comunidades tienen agua en casa.

Esa es la crítica de fondo que sostiene la exigencia de El Monte, Calamanda y El Pozo.

El desarrollo no puede concentrarse en corredores industriales y zonas residenciales mientras comunidades históricas quedan rezagadas.

Lo que sigue para las comunidades

Eric Silva y Gilberto Herrera anunciaron que continuarán acompañando a las comunidades de El Marqués en su lucha por el agua.

El siguiente paso deberá ser convertir la denuncia pública en una ruta institucional concreta.

Eso implica pedir información al municipio, revisar responsabilidades, identificar presupuestos disponibles, analizar la viabilidad técnica de la red hidráulica y establecer una mesa de seguimiento con vecinos.

La ciudadanía no está pidiendo un favor. Está exigiendo que se cumpla un derecho.

La diferencia importa.

Porque cuando una comunidad pide agua potable, no está solicitando una obra de lujo ni un beneficio extraordinario.

Está pidiendo lo mínimo para vivir con dignidad.

Y en un municipio que crece, recauda y presume desarrollo, lo mínimo no debería seguir pendiente.

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Santiago de Querétaro, Qro., 7 de julio de 2026.— La discusión sobre no reelección y nepotismo electoral avanzó un paso dentro del Congreso de Querétaro. La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura aprobó remitir a los 18 ayuntamientos del estado una iniciativa de reforma constitucional local que busca modificar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro.

La iniciativa plantea reformas a los artículos 8, 16, 20 y 35 de la Constitución local, en materia de no reelección y nepotismo electoral.

La sesión fue encabezada por el diputado Homero Barrera Mcdonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, e integrada por los legisladores Eric Silva Hernández y Enrique Correa Sada.

El movimiento legislativo no significa todavía la aprobación de fondo de la reforma, pero sí activa una etapa clave del procedimiento constitucional local: involucrar formalmente a los municipios.

Ayuntamientos conocerán la iniciativa

Durante la sesión, Homero Barrera explicó que la remisión a los municipios se realiza con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo local y tiene como finalidad que los ayuntamientos conozcan formalmente el contenido de la iniciativa.

El legislador señaló que también se busca que cada municipio pueda designar, en su momento, un enlace institucional para dar seguimiento al proceso de reforma constitucional.

La participación municipal es relevante porque una reforma constitucional local no puede tratarse como un asunto aislado del Congreso: toca el diseño político del estado y la vida pública de los municipios.

Barrera precisó que la remisión constituye una actuación preparatoria dentro del procedimiento legislativo, mientras la comisión continúa el análisis técnico y jurídico de otras iniciativas turnadas en la misma materia.

Tres iniciativas, un solo dictamen

El presidente de la comisión informó que actualmente existen diversas iniciativas pendientes de estudio relacionadas con no reelección y prohibición del nepotismo electoral.

Por ello, una vez cumplido el trámite de remisión a los ayuntamientos, propondrá la acumulación de las propuestas para que sean analizadas de manera integral y se emita un solo dictamen.

“Estamos proponiendo el día de hoy que en su momento se proponga un solo dictamen de las tres iniciativas que ya existen”, afirmó Barrera.

De acuerdo con el legislador, dos de esas propuestas ya habían pasado por este proceso dentro de la comisión, mientras que la iniciativa aprobada este martes era la que faltaba enviar a los municipios.

La acumulación legislativa puede evitar dictámenes fragmentados y obligar al Congreso a discutir el tema de fondo: cómo impedir que los cargos públicos se conviertan en patrimonio familiar o en escalones de permanencia política.

El fondo: cerrar la puerta a herencias políticas

Aunque el boletín se centra en el procedimiento parlamentario, el tema tiene una carga política profunda.

La no reelección y el combate al nepotismo electoral apuntan a dos prácticas que han marcado la vida pública mexicana: la permanencia de figuras políticas mediante reelecciones sucesivas y la transmisión de cargos entre familiares, parejas o grupos cercanos.

El problema no es solo legal; es democrático.

Cuando una familia conserva posiciones públicas durante años, cuando un cargo se hereda como apellido o cuando la competencia electoral se vuelve una disputa entre redes de parentesco, la ciudadanía queda en desventaja.

La reforma busca tocar ese punto sensible: impedir que los espacios de representación se cierren alrededor de los mismos nombres.

En términos simples, el debate plantea una pregunta que cualquier ciudadano puede entender: ¿los cargos públicos deben ganarse en las urnas con piso parejo o heredarse mediante estructuras de poder?

Un debate nacional con aterrizaje local

La discusión en Querétaro ocurre en un contexto nacional donde la no reelección y el nepotismo electoral han sido parte de una disputa legislativa más amplia.

A nivel federal, la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum planteó prohibir la reelección inmediata y evitar que familiares de funcionarios en ejercicio o salientes pudieran postularse para el mismo cargo. Sin embargo, durante su trámite en el Congreso de la Unión, la aplicación de la reforma fue aplazada hacia 2030.

Ese antecedente importa porque la discusión local no ocurre en el vacío.

Querétaro también tendrá que definir si quiere esperar los tiempos nacionales o construir reglas locales más claras frente a la reelección y las sucesiones familiares.

En estados y municipios, el nepotismo electoral puede sentirse con mayor fuerza porque la vida pública es más cercana. Las candidaturas suelen construirse en círculos políticos conocidos, las familias pesan, los grupos locales se reciclan y los cargos pueden convertirse en rutas de continuidad entre parientes.

Por eso la reforma local podría tener implicaciones directas en ayuntamientos, diputaciones y otros espacios de elección popular.

Municipios presentes en la discusión

Durante la sesión estuvieron presentes la diputada Teresita Calzada Rovirosa y representantes municipales: la regidora Adriana Novoa, de Ezequiel Montes, así como Laura Rico, Sandra Montes y Rosalba H. Soria, de Tequisquiapan.

Barrera agradeció su participación en los trabajos de la comisión.

En asuntos generales, Adriana Novoa expresó que, como regidores y representantes municipales, es importante contar de primera mano con información sobre un tema de impacto nacional y local.

“Agradecerles la invitación y decirles que en Ezequiel Montes estamos al tanto de todos los temas que tengan una importancia e impacto en nuestra localidad”, afirmó.

La presencia de regidoras en la sesión muestra que el debate no se quedará únicamente en el Congreso: también tendrá eco en los cabildos.

Procedimiento antes que votación de fondo

La aprobación realizada por la comisión no equivale a una reforma aprobada. Lo que se aprobó fue remitir la iniciativa a los ayuntamientos para que conozcan su contenido dentro del procedimiento constitucional.

Después vendrá el análisis integral de las iniciativas, la posible acumulación, la elaboración de un dictamen y, en su momento, la discusión correspondiente.

Ese matiz es importante para evitar confusiones.

El Congreso no está cerrando hoy la reforma; está abriendo formalmente la ruta para discutirla.

Aun así, el paso es significativo porque ordena el proceso y prepara el terreno para que el tema llegue a una definición legislativa.

El costo político del nepotismo

El nepotismo electoral suele defenderse con argumentos de derechos políticos: que cualquier persona puede competir si cumple requisitos, aunque sea familiar de alguien en el poder.

Pero la crítica ciudadana apunta a otra cosa: no todas las personas compiten en igualdad de condiciones cuando unas heredan estructura, recursos, reconocimiento, redes partidistas y capital político familiar.

El apellido puede convertirse en ventaja electoral antes de que empiece la campaña.

Ese es el punto que las reformas buscan enfrentar.

No se trata de castigar parentescos por sí mismos, sino de impedir que el poder público se cierre en clanes, acuerdos internos o sucesiones diseñadas desde el cargo.

La democracia necesita renovación. Necesita competencia. Necesita que los partidos abran espacios y no los reciclen entre los mismos grupos.

Querétaro frente a una decisión de calidad democrática

La reforma en materia de no reelección y nepotismo electoral puede parecer técnica, pero toca el corazón de la representación política.

Si avanza, Querétaro tendría que discutir qué límites quiere imponer a quienes buscan permanecer en el poder y a quienes intentan trasladar cargos a familiares o círculos cercanos.

La pregunta no es menor: ¿la política local está dispuesta a cerrarle la puerta a las herencias electorales?

El Congreso tendrá que resolverlo con claridad jurídica, pero también con responsabilidad democrática.

Porque una reforma mal redactada puede abrir litigios. Una reforma débil puede simular cambios. Y una reforma postergada puede terminar protegiendo aquello que dice combatir.

Por ahora, la Comisión de Puntos Constitucionales dio el primer paso para llevar la iniciativa a los municipios y preparar un dictamen conjunto.

El fondo llegará después.

Y cuando llegue, el Congreso tendrá que decidir si Querétaro quiere una democracia donde los cargos circulen entre la ciudadanía o sigan girando alrededor de los mismos apellidos.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 7 de julio de 2026.— El proceso legislativo de la Ley de Identidad de Género en Querétaro entró en una nueva etapa. La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, acompañada por colectivos defensores de los derechos LGBTQ+, informó que incorporó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal al dictamen de la reforma, con el objetivo de dar mayor claridad jurídica al procedimiento sin modificar su propósito central.

El corazón de la iniciativa se mantiene: garantizar que las personas mayores de edad puedan rectificar sus datos de identidad de género en actas del Registro Civil mediante un procedimiento administrativo.

La reforma busca que una persona adulta pueda contar con documentos que correspondan a su identidad, sin tener que atravesar procesos judiciales largos, costosos o innecesariamente invasivos.

Para las personas trans, un acta no es solo un papel: puede ser la diferencia entre vivir con dignidad o ser expuestas a discriminación cada vez que deben identificarse.

Un nuevo dictamen para atender al Ejecutivo

De acuerdo con lo informado, el nuevo dictamen incorpora todas las observaciones enviadas por el Ejecutivo, privilegiando el diálogo institucional y buscando cerrar márgenes de interpretación que habían generado debate público.

Las y los integrantes de la comisión señalaron que los ajustes fortalecen la seguridad jurídica de la reforma, pero mantienen intacto el reconocimiento del derecho a la identidad de género para personas adultas.

El diputado Eric Silva destacó que, desde su origen, la iniciativa únicamente permitía la rectificación a personas mayores de edad.

Sin embargo, para evitar cualquier interpretación distinta, el nuevo dictamen incorpora el artículo 141 Quáter, donde se establece de manera expresa que las personas menores de edad no podrán solicitar la rectificación de sus datos de identidad de género, ni por sí mismas ni mediante representantes legales.

El cambio busca responder a una de las principales controversias políticas alrededor de la reforma: dejar claro que el procedimiento local aplicaría únicamente para personas adultas.

Derecho para personas adultas, con candados jurídicos

El dictamen también fortalece disposiciones que buscan dar certeza legal sobre los alcances del trámite.

Entre los puntos centrales, se establece que el reconocimiento de la identidad de género no modifica, extingue ni suspende obligaciones, procesos judiciales, investigaciones, responsabilidades penales o resoluciones previamente existentes.

Esto significa que la rectificación de datos en el Registro Civil no podrá utilizarse para evadir responsabilidades legales, procesos en curso o antecedentes jurídicos.

El mensaje legislativo es claro: reconocer identidad no significa borrar obligaciones. Significa garantizar derechos sin abrir espacios de simulación.

También se precisa que el procedimiento será estrictamente personalísimo, por lo que únicamente podrá ser promovido por la persona interesada.

Además, se aclara que la rectificación aplicará solo respecto de las actas en las que la persona solicitante sea titular, sin afectar documentos o actas de terceros.

Con estas precisiones, la comisión busca blindar el dictamen frente a críticas o temores de uso indebido, al mismo tiempo que conserva el objetivo de fondo: reconocer el derecho humano a la identidad de género.

Identidad, dignidad y vida cotidiana

La discusión sobre identidad de género suele quedar atrapada en lenguaje jurídico. Pero su impacto ocurre en la vida cotidiana.

Una persona trans que no cuenta con documentos acordes a su identidad puede enfrentar obstáculos al buscar empleo, inscribirse a una escuela, rentar una vivienda, abrir una cuenta bancaria, recibir atención médica, viajar o realizar cualquier trámite donde se le pida identificación oficial.

Cada documento incongruente puede convertirse en una puerta cerrada, una mirada de sospecha o un acto de humillación.

Por eso, para los colectivos LGBTQ+, la reforma no es un privilegio ni una concesión política. Es una herramienta mínima de reconocimiento legal.

La identidad no debería depender de litigios, diagnósticos, permisos o interpretaciones discrecionales. En una democracia constitucional, el Estado debe garantizar que las personas puedan vivir con documentos que reconozcan quiénes son.

La ruta política: proyecto alternativo y 13 votos

La comisión informó que, una vez aprobado el dictamen, buscará que sea presentado como proyecto alternativo.

De ser reconocido bajo esa figura, solo se necesitarían 13 votos para su aprobación en el Pleno, conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica.

No obstante, el propio grupo legislativo reconoció que este punto dependerá de la interpretación que realice la presidencia del Poder Legislativo, ya que será esa instancia la facultada para determinar si el dictamen puede ser valorado como proyecto alternativo durante el desarrollo de la sesión.

En otras palabras: la reforma no solo enfrenta una discusión de derechos, también una batalla procedimental.

La manera en que la presidencia del Congreso interprete la ruta legislativa podría ser determinante para saber si el dictamen avanza con mayoría simple o enfrenta un umbral político más complejo.

Colectivos acompañan el proceso

La presencia de colectivos LGBTQ+ en la rueda de prensa refuerza el componente social de la reforma.

Durante años, las organizaciones de la diversidad sexual y de género han empujado el reconocimiento de derechos desde el territorio, los tribunales, las calles y los espacios legislativos. Su acompañamiento es clave porque esta agenda no nació en oficinas públicas, sino en experiencias de discriminación, exclusión y lucha por dignidad.

Las leyes de derechos humanos rara vez avanzan solas; avanzan porque hay personas organizadas recordándole al Estado lo que todavía debe reconocer.

En Querétaro, la identidad de género ha sido un tema políticamente sensible. La discusión ha enfrentado resistencias, lecturas conservadoras y preocupaciones jurídicas. El nuevo dictamen intenta responder a esas objeciones sin renunciar al centro de la reforma.

Mayor claridad para evitar desinformación

Uno de los puntos más relevantes del nuevo dictamen es su intento de reducir la desinformación alrededor de la iniciativa.

La comisión insistió en que la reforma no incluía originalmente a niñas, niños o adolescentes. Aun así, decidió incorporar una redacción expresa para eliminar dudas.

También dejó claro que la rectificación de identidad no afecta procesos judiciales, investigaciones, responsabilidades ni actos jurídicos previos.

Estas aclaraciones buscan desactivar dos narrativas frecuentes: que la reforma aplicaría a menores de edad y que podría usarse para evadir obligaciones legales.

El debate público sobre derechos exige precisión. Cuando falta claridad, la desinformación ocupa el espacio.

Por eso, el nuevo dictamen parece moverse en dos direcciones: proteger el derecho de personas adultas a la identidad y, al mismo tiempo, cerrar vacíos de interpretación para hacer viable su aprobación.

Un avance que todavía debe pasar por el Pleno

Aunque la comisión presentó el nuevo dictamen como un paso significativo, la reforma aún debe superar la votación en el Pleno del Congreso.

Ahí se medirá la voluntad política de las fuerzas legislativas.

El tema plantea una pregunta sencilla para las y los diputados: si el procedimiento se limita a personas adultas, es personalísimo, no afecta a terceros y no borra obligaciones legales, ¿cuál sería el argumento para negar el derecho a la rectificación administrativa?

La identidad jurídica no debería ser una carrera de obstáculos. Mucho menos cuando se trata de personas que históricamente han enfrentado exclusión.

El Congreso de Querétaro está ante una decisión de derechos humanos, pero también de modernización institucional. Reconocer la identidad de género mediante trámite administrativo significaría alinear al Registro Civil con una realidad que ya existe en la sociedad.

El sentido de la reforma

La Ley de Identidad de Género no resolverá por sí sola la discriminación que viven las personas trans. No terminará automáticamente con la violencia, el rechazo familiar, la exclusión laboral o los prejuicios sociales.

Pero sí puede eliminar una barrera concreta: la falta de documentos acordes a la identidad de una persona.

Y en derechos humanos, quitar una barrera importa.

Importa para quien busca empleo sin ser cuestionado.
Importa para quien acude a una consulta médica sin ser expuesto.
Importa para quien quiere estudiar sin que su identidad sea discutida frente a terceros.
Importa para quien solo quiere hacer un trámite sin miedo a ser humillado.

El nuevo dictamen intenta construir un punto de equilibrio: reconocer derechos, atender observaciones institucionales y ofrecer certeza jurídica.

Ahora el Congreso tendrá que decidir si Querétaro avanza hacia una ley que reconozca a las personas adultas trans con dignidad jurídica, o si vuelve a postergar una discusión que para muchas personas no es ideológica.

Es profundamente cotidiana.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 6 de julio de 2026.— La venta de predios municipales en Querétaro escaló de una discusión administrativa a una disputa política por el derecho a la ciudad. La diputada Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, exigió que el municipio de Querétaro cancele definitivamente la venta de terrenos otorgados en donación y no se limite únicamente a suspender el proceso.

Acompañada por el diputado Eric Silva Hernández, integrante del Grupo Legislativo de Morena, y por el regidor del Ayuntamiento de Querétaro Fernando Flores, la legisladora sostuvo que estos predios forman parte del patrimonio público y deben conservarse para beneficio social.

La diferencia política es clave: suspender es pausar; cancelar es cerrar la puerta a que esos terrenos terminen en manos privadas.

Díaz Gayou afirmó que la venta de predios donados al municipio representa, desde su perspectiva, un acto ilegal, un abuso de poder y una falta de sensibilidad frente al bienestar de la población.

La diputada señaló que estos espacios eran esperados por comunidades como posibles parques, áreas recreativas, espacios culturales, infraestructura comunitaria o proyectos de beneficio público.

“Nosotros el llamado que estamos haciendo aquí desde este espacio es la cancelación de la venta de estos terrenos”, expresó.

Predios públicos: el suelo que la ciudad no debería perder

El debate toca una fibra profunda en Querétaro: el uso del suelo público en una ciudad que crece rápidamente, donde cada metro disponible puede convertirse en parque, equipamiento comunitario, zona de recarga pluvial o negocio inmobiliario.

Díaz Gayou acusó que, ante una crisis financiera del municipio, la administración encabezada por Felipe Fernando Macías Olvera busca vender terrenos que pertenecen al beneficio de la ciudadanía.

La pregunta de fondo es sencilla, pero poderosa: si el municipio enfrenta presión financiera, ¿por qué la respuesta debe ser vender patrimonio público?

La legisladora pidió que la autoridad municipal busque otras estrategias y alternativas para cubrir sus necesidades financieras, sin trasladar el costo a la ciudadanía mediante la pérdida de espacios que podrían servir a la comunidad.

También señaló que colectivos ciudadanos han exigido espacios abiertos para analizar, discutir y conocer qué se pretende vender, qué se quiere administrar y bajo qué argumentos.

Una ciudad no se construye solo con decisiones de escritorio. También se construye escuchando a quienes viven en las colonias que perderían esos espacios.

“No queremos suspensión, queremos cancelación”

De acuerdo con Díaz Gayou, el alcalde de Querétaro habría informado la suspensión de la venta de terrenos tras la denuncia pública realizada previamente. Sin embargo, la diputada aclaró que esa medida no satisface la exigencia ciudadana.

Su postura es que la suspensión no resuelve el problema de fondo, porque mantiene abierta la posibilidad de reactivar la operación más adelante.

Para la legisladora, el patrimonio público no debe quedar en pausa; debe quedar protegido.

Díaz Gayou acusó que el municipio vive una administración marcada por opacidad y por acciones de “fiestas y folclore”, mientras temas centrales como infraestructura, desarrollo urbano y bienestar social requieren atención prioritaria.

La crítica busca instalar una idea: el gobierno municipal no debe administrar la ciudad como escaparate de eventos, sino como territorio donde las decisiones sobre suelo público afectan la vida de miles de personas.

Eric Silva advierte riesgo urbano e inmobiliario

Durante su intervención, el diputado Eric Silva Hernández coincidió en que los predios donados al municipio deben destinarse al beneficio de las y los queretanos.

El legislador señaló que estos terrenos podrían servir para parques, áreas verdes, zonas de esparcimiento y obras que ayuden a mitigar inundaciones, como espacios de recarga o infraestructura pluvial.

El planteamiento conecta con una discusión urgente para Querétaro: las áreas verdes no son lujo ni decoración; también son infraestructura climática.

Silva advirtió que, ante lluvias cada vez más intensas y problemas de inundación, perder espacios de absorción y áreas verdes puede tener consecuencias urbanas mayores.

“Todas las áreas verdes que tenemos aquí al interior del municipio sirven precisamente para que el día de mañana no estemos sufriendo los temas de las grandes inundaciones que estamos viviendo”, expresó.

El diputado también lanzó una acusación más fuerte: afirmó que los predios podrían venderse a cierto valor para después ser revendidos a un precio mayor, con cambios de uso de suelo que permitirían proyectos comerciales, de servicios o desarrollos habitacionales de mayor densidad.

“Claramente esto es un negocio”, acusó.

Silva sostuvo que este tipo de operación es la forma en que inicia lo que llamó un “cartel inmobiliario”.

Por la gravedad del señalamiento, será necesario que las autoridades municipales aclaren públicamente avalúos, usos de suelo, beneficiarios potenciales, dictámenes técnicos y destino exacto de los recursos.

Fernando Flores cuestiona prioridades del municipio

El regidor Fernando Flores también expuso los argumentos que, dijo, presentó durante la sesión de Cabildo en la que se sometió a votación la venta de los predios.

Flores señaló que los terrenos donados al municipio habrían sido valuados en ciertos montos y se pretende venderlos a precios distintos, por lo que pidió revisar el proceso con transparencia.

También criticó las prioridades presupuestales de la administración municipal, al señalar que el presidente municipal prefiere destinar recursos públicos a eventos sociales en lugar de enfocarlos en infraestructura y obras de beneficio social.

Uno de sus señalamientos se centró en la intención de vender terrenos para financiar la construcción del edificio de la nueva delegación municipal María Justa Aldama.

Según el regidor, esa nueva delegación estaría cerca de la delegación Epigmenio González, pero alejada de comunidades como El Pie y El Tránsito, que formarían parte de esa demarcación y se ubicarían a más de 25 kilómetros.

El cuestionamiento no es solo dónde se construye una oficina pública, sino a quién le sirve realmente y si responde a las necesidades territoriales de la población.

La ciudad como patrimonio, no como caja chica

La discusión sobre predios municipales abre una pregunta mayor para Querétaro: ¿qué tipo de ciudad se está construyendo?

Una administración puede ver un terreno como activo financiero. La ciudadanía puede verlo como el último espacio posible para un parque, una cancha, una biblioteca, una clínica, una casa comunitaria o una obra para contener inundaciones.

El precio de mercado de un predio no siempre refleja su valor social.

En ciudades con presión inmobiliaria, vender suelo público puede generar ingresos inmediatos, pero también puede cerrar oportunidades urbanas durante décadas. Una vez que un terreno público pasa a manos privadas, recuperarlo es mucho más difícil y costoso.

Por eso, la exigencia de cancelación va más allá de un pleito partidista. Toca temas de transparencia, justicia urbana, medio ambiente, planeación, movilidad, servicios y derecho al espacio público.

La ciudad no solo se mide por lo que vende, sino por lo que decide conservar para las próximas generaciones.

Transparencia antes que decisiones cerradas

Díaz Gayou insistió en que el municipio debe transparentar la información necesaria y abrir espacios para que la ciudadanía conozca, analice y discuta el destino de estos predios.

La legisladora afirmó que la crisis financiera no puede resolverse a costa del patrimonio público ni mediante decisiones opacas.

El llamado se suma a otras voces que han pedido publicar avalúos, dictámenes técnicos, justificación financiera, uso actual y potencial de los inmuebles, así como el destino puntual de los recursos que se obtendrían con la venta.

Si la operación es correcta, la transparencia no debería ser amenaza. Debería ser la primera prueba de legitimidad.

La controversia también deja una tarea para el Ayuntamiento de Querétaro: explicar con claridad si la venta está suspendida, bajo qué condiciones, qué predios están involucrados, qué origen tienen, qué restricciones de uso existen y qué mecanismos de consulta se abrirán.

Llamado al Congreso sobre reformas electorales

Al cierre de su intervención, Claudia Díaz Gayou también hizo un llamado a la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la LXI Legislatura para que se turnen a análisis las iniciativas que ha presentado en materia de reforma a la ley electoral, ley de medios de impugnación y mecanismos de transparencia.

La legisladora sostuvo que es necesario avanzar en herramientas legales claras y justas para fortalecer la transparencia.

Aunque este punto se relaciona de manera más amplia con su agenda legislativa, el fondo de su posicionamiento fue el mismo: decisiones públicas con alto impacto social requieren reglas, claridad y mecanismos de control.

Una pausa no basta si el riesgo sigue vivo

La venta de predios municipales ya dejó de ser un expediente técnico. Se convirtió en una disputa por el modelo de ciudad.

Para la administración municipal, puede tratarse de una medida financiera o de gestión patrimonial. Para legisladores y representantes que se oponen, se trata de una posible pérdida de espacios públicos que deberían servir a colonias, comunidades y futuras generaciones.

La diferencia entre suspender y cancelar será el centro de la presión política en los próximos días.

Suspender puede bajar la tensión momentáneamente. Cancelar implicaría reconocer que esos terrenos no deben salir del patrimonio público.

La exigencia de Claudia Díaz Gayou es clara: que el municipio no espere a que el conflicto se enfríe para reactivar la operación, sino que cierre definitivamente la puerta a la venta.

Porque en una ciudad que necesita áreas verdes, infraestructura, espacios comunitarios y obras para mitigar inundaciones, cada predio público importa.

Y cuando se trata de patrimonio ciudadano, la pregunta no debe ser cuánto puede ingresar hoy al municipio.

La pregunta debe ser cuánto perdería Querétaro mañana.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— La salud dejó de ser tratada como un asunto meramente clínico para entrar al terreno laboral, emocional y familiar en el Congreso de Querétaro. La Comisión de Salud de la LXI Legislatura aprobó diversos dictámenes relacionados con periodo digno, licencia menstrual, apoyo psicológico a familias en duelo gestacional y prevención del dengue.

La sesión fue encabezada por la diputada Alejandrina Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud, e integrada por la diputada María Georgina Guzmán Álvarez y el diputado Eric Silva Hernández. También asistieron las diputadas Teresita Calzada Rovirosa y María Blanca Flor Benítez Estrada.

El punto más visible es la licencia menstrual, pero el fondo de la discusión es más amplio: reconocer que hay condiciones de salud que durante años fueron minimizadas, normalizadas o tratadas como “exageración”.

La comisión aprobó el dictamen de iniciativas para reformar y adicionar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en materia de periodo digno y licencia menstrual, propuestas en su momento por las legisladoras Teresita Calzada Rovirosa y Rosalba Vázquez Munguía.

El objetivo es reconocer la dismenorrea incapacitante como una condición de salud que afecta de forma diferenciada a mujeres y personas menstruantes en el ámbito laboral del servicio público.

En caso de avanzar en el Pleno, las personas trabajadoras del Estado que acrediten este padecimiento podrían solicitar una licencia con goce de sueldo de hasta 24 horas por cada ciclo menstrual.

Traducido a la vida diaria: una trabajadora con dolor menstrual incapacitante no tendría que elegir entre presentarse a laborar en condiciones físicas severas o perder ingreso por cuidar su salud.

La propuesta establece que para acceder a esta licencia se deberá presentar un diagnóstico o certificación médica expedida por la institución pública de salud a la que se encuentre afiliada la persona trabajadora, con el fin de acreditar el padecimiento.

Ese requisito busca dar certeza al uso de la medida, aunque también abre un reto práctico: que los servicios de salud reconozcan, diagnostiquen y atiendan con seriedad el dolor menstrual incapacitante, sin estigmas ni trámites imposibles.

La licencia menstrual no es un privilegio. Es una respuesta laboral frente a una condición médica que puede provocar dolor intenso, náusea, fatiga, mareo, vómito o incapacidad temporal para realizar actividades normales.

Durante años, muchas mujeres han aprendido a trabajar con dolor, a esconderlo, a automedicarse o a escuchar frases como “así es la regla” o “aguántate”. El valor de esta discusión legislativa está en decir que el dolor no debe ser requisito silencioso para conservar un empleo.

Sin embargo, el dictamen todavía no significa que la reforma ya esté vigente. Deberá continuar el proceso legislativo y, en su caso, ser votado por el Pleno del Congreso local.

La Comisión de Salud también aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Salud del Estado de Querétaroen materia de apoyo psicológico a familias en duelo gestacional.

La propuesta busca que la atención materno-infantil incluya de manera prioritaria el seguimiento y la atención psicológica en casos de muerte fetal, perinatal o neonatal. Además, plantea que instituciones públicas y privadas lleven un registro específico de estos casos.

Este punto toca una herida de la que muchas familias casi no hablan: perder un embarazo o perder a un bebé al nacer.

El duelo gestacional suele vivirse en silencio. Muchas madres y padres enfrentan dolor, culpa, shock, tristeza profunda o aislamiento, mientras el entorno social no siempre sabe acompañar. A veces se les pide “intentarlo otra vez”, como si una nueva posibilidad borrara la pérdida.

Por eso, incorporar atención psicológica no es un detalle administrativo. Es reconocer que esa pérdida existe, que merece acompañamiento y que las familias no deberían atravesarla solas en un hospital.

El registro de estos casos también puede ayudar a mejorar políticas públicas. Medir con claridad las pérdidas fetales, perinatales y neonatales permite identificar patrones, fortalecer atención médica, revisar protocolos y ofrecer seguimiento emocional más oportuno.

La tercera aprobación fue un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud del Estado de Querétaro para iniciar de manera oportuna acciones de prevención contra el dengue.

Aunque este punto puede parecer menos sensible que los otros dos, tiene importancia sanitaria. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y su prevención depende de acciones anticipadas: limpieza de criaderos, vigilancia epidemiológica, información comunitaria y respuesta rápida ante casos sospechosos.

En salud pública, llegar tarde también cuesta. Por eso la prevención del dengue no debe arrancar cuando los contagios ya están creciendo, sino antes de que la temporada de mayor riesgo golpee a colonias y comunidades.

La sesión de la Comisión de Salud deja una agenda con tres capas distintas, pero conectadas: salud menstrual, salud emocional y prevención epidemiológica.

En los tres casos hay un elemento común: el Estado debe reconocer problemas que muchas veces se viven dentro de casa, en silencio o sin suficiente atención institucional.

La licencia menstrual mira al espacio laboral. El duelo gestacional mira al hospital y a la familia. La prevención del dengue mira al territorio, al patio, al agua acumulada y a la comunidad.

Si los dictámenes avanzan, Querétaro podría dar pasos importantes para construir una política de salud más cercana a la vida real de las personas.

El reto será no quedarse en el gesto legislativo. La licencia menstrual necesitará reglas claras, diagnósticos accesibles y sensibilidad institucional. El apoyo en duelo gestacional requerirá psicólogos, protocolos y trato digno. La prevención del dengue exigirá acciones antes de que los casos aumenten.

Una ley o un exhorto no curan por sí solos. Lo que cura, acompaña o previene es su aplicación real.

La Comisión de Salud ya aprobó los dictámenes. Ahora corresponderá al Congreso definir si estas propuestas llegan al Pleno y si Querétaro convierte estos temas en políticas concretas.

Porque hablar de salud también es hablar de dignidad: dignidad para quien menstrúa con dolor, para quien pierde un embarazo o un bebé, y para las familias que esperan que la prevención llegue antes que la enfermedad.

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Por Redacción LYPmultimedios | Política y Sociedad

LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO. (22 de junio de 2026). – El municipio de El Marqués se ha convertido en el epicentro del descontento social por la gestión del agua en el estado. Durante el décimo Foro Regional por la Nueva Ley de Aguas de Querétaro, celebrado en la comunidad de La Cañada, decenas de pobladores alzaron la voz para denunciar una ironía que lacera su economía: vivir sobre los pozos que abastecen a la metrópoli, pero padecer sed y tarifas exorbitantes en sus propios hogares.

El encuentro fue encabezado por los diputados locales de Morena, Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía, acompañados por el legislador federal Gilberto Herrera Ruiz. El espacio se convirtió rápidamente en un tribunal ciudadano contra la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Los habitantes denunciaron que de su territorio se extrae el líquido de más de cinco pozos para llevarlo a la zona metropolitana de Querétaro, mientras a ellos se les castiga con tandeos severos. La queja más grave apuntó a los cobros desproporcionados: vecinos acusaron que la CEA les exige hasta 50 mil pesos por habilitar una toma de agua doméstica.

“Aquí sobra agua, pero nos la quitan y encima nos la venden carísima”, fue el reclamo unánime de los asistentes, quienes exigieron poner fin a las políticas de mercantilización del recurso.

El antídoto: Los 13 acuerdos ciudadanos

Frente al hartazgo social, el diputado Eric Silva Hernández presentó los ejes centrales de la nueva iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento, construida a partir de los foros del Parlamento Abierto. La propuesta busca desmantelar el actual esquema de concesiones a través de 13 acuerdos ciudadanos, entre los que destacan medidas radicales de justicia social:

1. Fin a la privatización: Prohibir las concesiones privadas y devolver el carácter público y sin fines de lucro al servicio.
2. Mínimo Vital Garantizado: Reconocer el agua como derecho humano, asegurando 100 litros diarios por persona.
3. Tope a las tarifas abusivas: Las nuevas tomas domésticas no podrán rebasar las 40 UMAs ($4,692 pesos). Para poblaciones marginadas, el servicio no costará más del 3% del salario mínimo mensual ($276 pesos).
4. Respaldo a sistemas comunitarios: Otorgarles personalidad jurídica y recursos técnicos para su subsistencia.
5. Combate al “Huachicol” de agua: Persecución legal al robo de agua y a la entrega de concesiones ilegales.
6. Protección a defensores: Garantizar la seguridad de activistas y ciudadanos que defienden el agua y el territorio.

A estos puntos se suman la creación de un Consejo Ciudadano autónomo, la obligación estatal de sanear las cuencas, restringir el uso de agua potable en la industria, y establecer un Sistema Estatal de Información transparente.

El foro concluyó con el respaldo total de los habitantes a la iniciativa legislativa. Advirtieron que mantendrán una vigilancia estricta sobre sus representantes locales para exigir que el dictamen sea aprobado en el Pleno de la Legislatura. Por su parte, la bancada morenista anunció que la gira territorial continuará en los municipios que más han sufrido el “despojo hídrico”, con la intención de que la nueva ley se construya desde la calle y no desde los escritorios.

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