Las comisiones unidas remitirán los proyectos a los 18 ayuntamientos antes de dictaminar

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de agosto de 2026.— Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales iniciaron formalmente el análisis de tres iniciativas que buscan reformar la Constitución Política del Estado en materia judicial. La sesión fue presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero (PAN), con Homero Barrera McDonald como secretario y Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada como integrantes.

Las tres propuestas se dictaminarán de manera conjunta, en un solo documento.

Qué se está analizando

Sobre la mesa hay tres iniciativas: una presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal y dos por diputados del Grupo Legislativo de Morena. Los títulos formales son:

1. Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado —la del Ejecutivo, entregada el 5 de agosto.
2. Iniciativa en materia de armonización judicial y elección de 2028 a los dieciocho municipios del Estado.
3. Iniciativa en materia de reforma judicial.

La sesión contó con la presencia del director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Joel Ibarra Acosta, en representación del secretario Eric Gudiño Torres, además de siete legisladores que no integran las comisiones pero acudieron al análisis.

La ruta procesal: primero los ayuntamientos

La decisión operativa más relevante de la sesión fue de procedimiento. Vega Guerrero instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios remitir las tres iniciativas a los 18 ayuntamientos del estado, para que conozcan formalmente su contenido y designen un enlace institucional que dé seguimiento al procedimiento.

Esto no es un trámite menor. Una reforma constitucional local requiere, además de mayoría calificada en el Pleno, la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Adelantar ese paso permite que los municipios trabajen en paralelo al análisis técnico de las comisiones, en lugar de esperar a que concluya.

Una vez satisfecho ese requisito, la presidencia propondrá acumular las tres iniciativas en términos de los artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para emitir un solo dictamen.

“Lo anterior permitirá garantizar los principios de economía procesal, congruencia legislativa y deliberación parlamentaria integral; evitará la emisión de dictámenes aislados respecto de iniciativas que versan sobre el mismo objeto constitucional; y permitirá que estas comisiones unidas realicen un análisis comparado de todas las propuestas”, explicó Vega Guerrero.

Los cuatro puntos que plantea Morena

La diputada Claudia Díaz Gayou detalló el contenido de las iniciativas de su bancada, que giran en torno a incorporar la reforma federal “en todos sus términos”. Los planteamientos concretos:

Cobertura de vacantes. Que los espacios por ausencias definitivas de jueces y magistrados sean cubiertos por quienes hayan obtenido la segunda votación más alta en la elección correspondiente, y no por un órgano designado.

Escuela de Formación Judicial. Que no participe en el proceso de selección de aspirantes.

Ausencias en el periodo de transición. Que las vacantes de magistrados que ocurran entre la aprobación de la reforma y la elección sean designadas por la Legislatura, y no reguladas en leyes secundarias.

Armonización íntegra. Que la Constitución local incorpore la reforma federal sin adaptaciones locales: “no una reforma a la queretana”, planteó la legisladora.

El diputado Homero Barrera McDonald lo formuló en los mismos términos: “No queramos ser creativos a través de procedimientos, figuras o mecanismos que sean contrarios a la Constitución federal o de los cuales no esté dentro de nuestras facultades. La armonización es muy simple, tan simple, que sería más complicado hacerla diferente.”

La posición de Correa Sada

El diputado Enrique Correa Sada anunció que acompañará la reforma, con una precisión sobre su postura de fondo. Recordó su desacuerdo con el diseño original —señaló que la elección judicial no era compatible con los comicios constitucionales de gobernador, diputados y alcaldes, y que los comités de evaluación no ofrecían garantías suficientes de idoneidad—, pero concluyó:

“Aunque no estoy de acuerdo con la reforma en su totalidad, sí estoy de acuerdo en que hagamos mejoras a estos procesos. Adelanto que acompañaré esta reforma, porque creo que aunque no es la ideal, sí mejora las condiciones para poder llevar a cabo un proceso de elección de jueces y magistrados.”

Es un dato relevante para el aritmética de una reforma que requiere mayoría calificada.

El pendiente inmediato: las vacantes

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez introdujo el asunto que corre en paralelo y que no puede esperar a 2028: existe ya una vacante en la Sala Familiar por jubilación de una magistrada, con expedientes que requieren resolución.

Planteó que las comisiones deben resolver dos cosas: cómo generar suplencias temporales mientras el Consejo de la Judicatura envía propuestas al Congreso, y cómo garantizar que el Pleno pueda elegir por mayoría calificada a quienes cubran esas magistraturas durante el periodo que resta hasta 2028.

“No podemos tener estas ausencias de magistrados”, señaló, al referirse a la necesidad de dar certeza a las partes involucradas en juicios pendientes.

El llamado al acuerdo

El diputado Eric Silva Hernández pidió a los integrantes de las comisiones retomar el diálogo y sostener la congruencia con los planteamientos originales de la reforma federal.

“Debemos comprometernos a defender lo que debemos defender, que son los intereses de la gente”, expresó. “Tenemos que estar del lado de todas aquellas personas que se han quedado esperando una resolución, una sentencia judicial, años, y que la justicia parece no llegarles.”

Barrera McDonald, por su parte, hizo un llamado a la civilidad política y señaló que la obligación de la Legislatura es armonizar el marco local con la Carta Magna, “para que el Poder Judicial se democratice y la justicia sea cercana al pueblo de Querétaro”.

El antecedente del proceso

Esta es la etapa más avanzada de un proceso que lleva más de un año. En febrero de este año, una sesión de comisiones unidas sobre el mismo tema fue cancelada por falta de quórum, tras lo cual la Mesa Directiva conformó un esquema ampliado que sumó a las comisiones de Participación Ciudadana y de Gobernación.

El Ejecutivo estatal entregó su iniciativa el 5 de agosto, con el cambio de fecha de la elección judicial de 2027 a 2028 como uno de sus elementos centrales, además de la creación de un Órgano de Administración Judicial, un Tribunal de Disciplina Judicial y comités de evaluación con exámenes de conocimientos.

Lo que sigue en el proceso

Con las iniciativas remitidas a los 18 ayuntamientos, las comisiones unidas continuarán el análisis técnico y jurídico. La acumulación se procesará una vez cubierto ese requisito, para emitir un dictamen único que deberá votarse en el Pleno por mayoría calificada y, posteriormente, ratificarse por la mayoría de los municipios.

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Legisladores morenistas cuestionaron las reglas para cubrir vacantes, evaluar aspirantes e integrar el órgano encargado de administrar el Poder Judicial; varios de los mecanismos impugnados, sin embargo, proceden del modelo federal aprobado en junio.

Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— Las diputadas Claudia Díaz Gayou y Rosalba Vázquez Munguía, junto con el legislador Eric Silva Hernández, anunciaron que Morena presentará una propuesta alterna para modificar la reforma judicial de Querétaro, luego de que el Poder Ejecutivo estatal promoviera una nueva iniciativa para trasladar a 2028 la elección de jueces y magistrados locales.

El matiz procesal resulta relevante: aunque el encabezado del comunicado legislativo afirma que los diputados “presentan” una propuesta, el propio documento señala que se trata de una iniciativa que “van a presentar” y no proporciona número de expediente ni el texto íntegro del proyecto. Por ahora, lo difundido corresponde a un posicionamiento político y a una enumeración de cambios, no todavía a una reforma formalmente dictaminada.

La nueva discusión se produce apenas cuatro meses después de que Querétaro publicara, el 30 de abril, su primera reforma constitucional en la materia. Ese ordenamiento estableció que la totalidad de las magistraturas y juzgados locales serían sometidos a elección en 2027. Sin embargo, la reforma federal de junio trasladó la jornada judicial al primer domingo de junio de 2028 y obligó a las entidades federativas a volver a armonizar sus constituciones. La Constitución queretana todavía conserva referencias a la elección de 2027, mientras que el decreto federal dispone que la renovación local deberá concluir en 2028.

No se trata, por tanto, de una reforma enteramente nueva, sino de una modificación de la modificación aprobada en abril. Esa segunda oportunidad abrió la puerta para revisar asuntos que exceden el cambio de calendario y reactivó las diferencias entre Morena, el Ejecutivo estatal y la mayoría panista del Congreso.

La disputa por las vacantes judiciales

Uno de los principales desacuerdos se concentra en el artículo 27 de la Constitución local. El texto vigente establece que, ante la ausencia definitiva de una persona juzgadora, la vacante será ocupada por la siguiente candidatura del mismo género con mayor votación.

De acuerdo con Claudia Díaz, la iniciativa enviada por el Ejecutivo pretendería trasladar esa decisión al Órgano de Administración Judicial. La legisladora calificó el mecanismo como un “dedazo” y sostuvo que permitiría conservar en los cargos a perfiles vinculados con la estructura judicial vigente.

La acusación requiere una precisión: el comunicado no reproduce la redacción completa del artículo propuesto ni aclara si el nombramiento del Órgano de Administración sería provisional, interino o por la totalidad del periodo restante. Esa diferencia es indispensable para evaluar su alcance.

El modelo federal tampoco adopta una sola fórmula. El artículo 98 constitucional dispone que las vacantes definitivas en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina sean cubiertas por la candidatura del mismo género que quedó en segundo lugar. Para jueces de Distrito y magistrados de Circuito, en cambio, ordena que el Órgano de Administración declare la vacante y que el cargo se renueve en la elección siguiente.

Por ello, el debate local deberá precisar qué puestos serían sustituidos mediante prelación electoral, cuáles quedarían temporalmente bajo administración institucional y cómo se evitaría que una suplencia transitoria se convierta en un nombramiento discrecional.

La comisión coordinadora sí aparece en la reforma federal

Morena también cuestionó la creación de una comisión integrada por las personas coordinadoras de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según Díaz Gayou, este mecanismo concentraría la definición de los criterios para seleccionar aspirantes y permitiría cerrar el proceso en favor de determinados perfiles.

En este punto, sin embargo, la afirmación de que la medida contradice el espíritu de la reforma federal no encuentra respaldo en el decreto de junio. El artículo 96 de la Constitución federal establece expresamente que las coordinaciones de los tres comités formen una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios, metodologías, evaluaciones y exámenes de conocimientos.

Además, el artículo 116 ordena que los procesos judiciales locales observen, en lo aplicable, las mismas bases, etapas y procedimientos federales, incluidos criterios y metodologías homologadas.

La existencia de una comisión coordinadora no garantiza por sí misma imparcialidad ni transparencia, pero tampoco constituye una desviación automática del modelo federal. El punto sustantivo será conocer quiénes la integrarán, si sus acuerdos serán públicos, cómo se resolverán los conflictos de interés y qué mecanismos permitirán impugnar una evaluación arbitraria.

El papel de la Escuela de Formación Judicial

La propuesta morenista plantea impedir la intervención de la Escuela de Formación Judicial “en ninguna etapa” del proceso electoral. Los legisladores consideran que su participación podría favorecer a integrantes del actual Poder Judicial.

La Constitución queretana vigente otorga a esa escuela atribuciones amplias para diseñar procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización tanto de aspirantes como de integrantes del Poder Judicial.

El modelo federal, en cambio, ubica a la Escuela Nacional de Formación Judicial principalmente en la capacitación y evaluación posterior de las personas juzgadoras electas, en coordinación con el Tribunal de Disciplina. No le entrega expresamente el control de los comités que seleccionan candidaturas.

Existe, por tanto, una discusión válida sobre la conveniencia de separar la capacitación judicial de la selección electoral. No obstante, una prohibición absoluta también tendría que distinguir entre la evaluación de candidaturas y la formación profesional posterior. Sin esa precisión, la propuesta podría excluir a la escuela incluso de tareas técnicas que no implican decidir quién aparece en la boleta.

Una integración que ya había propuesto el Ejecutivo

Otro de los cambios discutidos corresponde al Órgano de Administración Judicial. La Constitución local vigente establece cinco integrantes: uno designado por el Ejecutivo, dos por el Congreso y dos por el Tribunal Superior de Justicia.

La nueva propuesta del Ejecutivo, según Morena, modificaría la distribución a una designación del Ejecutivo, una del Legislativo y tres del Poder Judicial. Díaz Gayou sostuvo que esa integración coincide con una reserva que su bancada presentó previamente y que fue rechazada.

No obstante, el esquema tampoco era exclusivo de Morena. La primera iniciativa judicial enviada por el gobernador Mauricio Kuri en febrero de 2026 ya proponía tres integrantes designados por el Tribunal Superior de Justicia, uno por el Congreso y otro por el Ejecutivo. Durante el proceso legislativo, esa fórmula fue modificada hasta llegar al reparto de uno, dos y dos publicado en abril.

Más que una reivindicación partidista, el cambio exhibe las rectificaciones de una reforma que fue aprobada sin resolver de manera definitiva la distribución del poder administrativo dentro del nuevo sistema judicial.

Una mayoría de integrantes provenientes del Poder Judicial puede proteger la autonomía frente al Ejecutivo y el Legislativo, pero también puede favorecer la reproducción de las jerarquías internas. En sentido contrario, ampliar la participación del Congreso incrementa los contrapesos externos, aunque abre un espacio mayor para el reparto entre fuerzas partidistas. Ninguna integración elimina por sí sola el riesgo de captura.

Plazo de seis meses, una promesa todavía incompleta

Morena propone, además, que los asuntos judiciales sean resueltos en un plazo máximo de seis meses, salvo que exista una justificación válida.

La medida coloca sobre la mesa el rezago y la lentitud judicial, pero el comunicado no define a qué materias se aplicaría, cuándo comenzaría a correr el plazo, qué circunstancias permitirían suspenderlo ni cuáles serían las consecuencias de incumplirlo. Tampoco presenta un diagnóstico sobre cargas de trabajo, personal, presupuesto o infraestructura.

Sin esas reglas, el plazo podría quedarse en una declaración constitucional difícil de ejecutar. La justicia expedita no depende únicamente de imponer una fecha límite, sino de contar con tribunales, personal especializado, sistemas de gestión y recursos suficientes.

Una reforma que aún necesita votos y ayuntamientos

La propuesta morenista también busca incorporar directamente en la Constitución las facultades del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración, además de conservar la prelación electoral para cubrir ausencias definitivas.

Antes de convertirse en norma, el proyecto deberá presentarse formalmente, acumularse con la iniciativa del Ejecutivo, discutirse en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia y someterse al pleno.

El artículo 39 de la Constitución queretana exige el respaldo de dos terceras partes de los 25 integrantes de la Legislatura —al menos 17 votos— y la aprobación de dos terceras partes de los 18 ayuntamientos, es decir, cuando menos 12 municipios.

Hasta que se conozcan los textos completos, la discusión permanece atrapada entre acusaciones de control político y argumentos de armonización federal. El desafío legislativo será abandonar las descalificaciones y demostrar, artículo por artículo, qué modelo reduce la discrecionalidad, protege la independencia judicial y permite que el voto ciudadano tenga consecuencias reales.

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El Ejecutivo entrega su iniciativa de reforma judicial: nuevos órganos, exámenes de conocimientos y una fecha que se recorre

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026.— El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió este martes la iniciativa con la que el Poder Ejecutivo estatal propone reformar la Constitución local en materia judicial. La entregó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, acompañado del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, quien manifestó su conformidad con el contenido.

El dato que define esta iniciativa y que el boletín legislativo no menciona: la elección popular de jueces y magistrados queretanos se realizaría el primer domingo de junio de 2028.

Una fecha que se movió

No es la fecha que se había planteado antes. La iniciativa que se discutió en Comisiones Unidas en febrero de este año contemplaba realizar esa elección en 2027, el mismo año en que Querétaro renovará gubernatura, ayuntamientos y Congreso local. Aquella sesión, cabe recordar, no pudo desarrollarse por falta de quórum.

Con la propuesta entregada ayer, la elección judicial queda fuera del calendario político de 2027 y se traslada a un año en el que no hay comicios locales. El secretario de Gobierno explicó que el objetivo es reducir costos y fomentar la participación al empatar el ejercicio con elecciones federales.

Ese punto merece verificación adicional antes de darlo por sentado: en el calendario electoral mexicano, los comicios federales ordinarios corresponden a 2027 y 2030. Este medio solicitará precisión a la Secretaría de Gobierno sobre con qué proceso federal coincidiría junio de 2028.

Qué crea la reforma

Más allá de la fecha, la iniciativa plantea una reestructuración del aparato judicial estatal con dos órganos nuevos:

Órgano de Administración Judicial. Sería responsable de la gestión, planificación y administración operativa del Poder Judicial, funciones que hoy concentra el propio órgano de gobierno judicial.

Tribunal de Disciplina Judicial. Se encargaría de evaluar de manera continua el desempeño de los juzgadores, supervisar la ética profesional y vigilar su capacitación. En la versión discutida en febrero, este tribunal se integraría por cinco personas electas por voto popular, con sustitución escalonada y sin posibilidad de reelección.

El filtro técnico: exámenes antes de la boleta

El componente que el gobierno estatal ha presentado como su sello propio es el mecanismo de selección de candidaturas. La iniciativa contempla la creación de Comités de Evaluación para revisar los perfiles de quienes aspiren a un cargo judicial, y una Comisión Coordinadora que unificaría los criterios de evaluación y aplicaría exámenes de conocimientos.

Es la traducción operativa de lo que Kuri González planteó en mayo, cuando se publicó una reforma previa en la materia: “No solo que sean votados, que sean los mejores”. La apuesta consiste en que el voto ciudadano opere sobre una lista previamente filtrada por criterios técnicos, no sobre el universo completo de aspirantes.

Lo que significa para quien va a un juzgado

Traducido a la vida cotidiana: si la reforma se aprueba en estos términos, a partir de 2028 la persona que resuelva un juicio familiar, un litigio laboral o un asunto mercantil en Querétaro habrá llegado a ese cargo por voto ciudadano, tras aprobar un examen de conocimientos y ser evaluada por un comité. Y existirá un tribunal específico —también electo— con facultades para sancionarla si incurre en faltas.

Lo que sigue

La iniciativa apenas fue recibida por la Mesa Directiva. Deberá turnarse a comisiones, dictaminarse y votarse en el Pleno, donde una reforma constitucional requiere mayoría calificada y, posteriormente, la aprobación de los ayuntamientos.

Ese es el punto de mayor incertidumbre: la reforma judicial ya se atoró una vez en este Congreso por falta de quórum. Las preguntas pendientes son cuántos votos reúne el Ejecutivo esta vez, si las bancadas de oposición respaldarán el recorrido de la fecha a 2028, y qué observaciones formulará el propio gremio judicial más allá del respaldo expresado por su magistrado presidente.

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