Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 8 de julio de 2026.— Habitantes de las comunidades de El Monte, Calamanda y El Pozo, en el municipio de El Marqués, acudieron a la Legislatura del Estado de Querétaro para denunciar la falta de agua potable que enfrentan desde hace años por la ausencia de red hidráulica en sus localidades.

Acompañados por el diputado local Eric Silva Hernández y el diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz, las y los vecinos expusieron que la falta de infraestructura los ha obligado a comprar pipas de agua a precios elevados, una situación que afecta directamente la economía familiar y la vida cotidiana de las comunidades.

La denuncia coloca sobre la mesa una contradicción profunda: mientras El Marqués presume crecimiento industrial, urbano y económico, hay comunidades que siguen viviendo sin el servicio más básico.

Años sin red hidráulica

Durante la rueda de prensa, las y los habitantes señalaron que el problema no es reciente. De acuerdo con su denuncia, llevan años enfrentando desabasto de agua potable y falta de red hidráulica.

También afirmaron que han sostenido reuniones con autoridades municipales para buscar soluciones, sin obtener una respuesta favorable.

El problema, dijeron, los obliga a depender de pipas para cubrir necesidades básicas como cocinar, bañarse, lavar, limpiar viviendas y garantizar condiciones mínimas de higiene.

Cuando una familia depende de pipas, el agua deja de ser un derecho cotidiano y se convierte en un gasto permanente.

La falta de agua potable no solo afecta el bolsillo. También impacta la salud, la educación, el cuidado de personas mayores, la limpieza del hogar, la preparación de alimentos y la estabilidad de quienes deben organizar su vida alrededor de la llegada de una pipa.

Eric Silva: “No es posible que comunidades enteras vivan sin agua potable”

El diputado Eric Silva Hernández se comprometió a acompañar a la población en el seguimiento de sus demandas y sostuvo que las comunidades de El Monte, Calamanda y El Pozo reflejan una problemática más amplia en El Marqués.

“No es posible que mientras Querétaro presume de ser un estado moderno y desarrollado, comunidades enteras vivan sin agua potable. Acompañamos a la gente de El Monte, Calamanda y El Pozo porque su lucha es justa, y desde el Congreso vamos a empujar las soluciones que necesitan”, afirmó.

El legislador señaló que el acceso al agua potable no debe verse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental.

El agua no puede depender del código postal. No puede haber un Querétaro de parques industriales y fraccionamientos de alto valor junto a comunidades obligadas a comprar pipas para sobrevivir.

Desigualdad hídrica en un municipio de alto crecimiento

Silva subrayó la desigualdad que, a su juicio, prevalece en El Marqués.

“Mientras en algunas zonas se construyen lagos artificiales, en estas comunidades ni siquiera tienen agua en sus hogares”, señaló el diputado.

También cuestionó que el municipio argumente falta de recursos para construir red hidráulica en estas localidades.

“¿Cómo es posible que sea una excusa para el presidente municipal de El Marqués decir que ya no hay dinero para poder dotar de una red hidráulica a estas comunidades, siendo que El Marqués es uno de los municipios más ricos y que más dinero recibe del Estado?”, cuestionó.

La declaración apunta a un tema sensible: la distribución de la infraestructura pública en municipios con crecimiento acelerado.

El Marqués ha sido uno de los territorios estratégicos para el desarrollo industrial, logístico, inmobiliario y habitacional de Querétaro. Sin embargo, ese crecimiento no necesariamente se traduce de manera automática en servicios básicos para todas sus comunidades.

El desarrollo que no lleva agua a las casas se queda incompleto. Puede generar inversión, empleo y plusvalía, pero falla en lo más elemental: garantizar condiciones dignas de vida.

Gilberto Herrera acompaña la exigencia

El diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz también refrendó su compromiso con las comunidades y sostuvo que el acceso al agua potable es un derecho que el Estado está obligado a garantizar.

Su presencia junto a Eric Silva busca dar mayor visibilidad política a las demandas de las comunidades y abrir una ruta de acompañamiento desde distintos niveles de representación.

Los legisladores anunciaron que continuarán acompañando a las comunidades de El Marqués en su lucha por el agua.

La exigencia no se reduce a una queja vecinal. Es una demanda de derechos: que el Estado cumpla con llevar infraestructura básica a poblaciones que han esperado durante años.

El derecho humano al agua

El caso de El Monte, Calamanda y El Pozo debe leerse desde una dimensión jurídica y social.

En México, el acceso al agua para consumo personal y doméstico está reconocido como un derecho humano. Eso significa que no basta con que el servicio exista en algunas zonas del municipio; debe garantizarse de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El término “asequible” es clave.

Si una comunidad solo puede acceder al agua comprando pipas caras, el derecho se vuelve limitado para quienes no pueden pagar.

El agua potable no es un lujo urbano. Es la base material de la salud, la dignidad y la vida diaria.

Cuando no hay red hidráulica, las familias quedan atrapadas en una forma de desigualdad silenciosa: pagan más por un servicio que otras personas reciben de forma regular y con menor costo.

El costo oculto de vivir sin agua

La falta de agua potable tiene un costo que no siempre aparece en los presupuestos públicos.

Lo pagan las familias cuando compran pipas.
Lo pagan las mujeres que suelen cargar con mayor parte del trabajo doméstico.
Lo pagan niñas, niños y personas mayores cuando no hay condiciones suficientes de higiene.
Lo pagan las comunidades cuando deben dedicar tiempo y dinero a resolver lo que debería estar garantizado.

La ausencia de agua no solo seca una llave. También consume tiempo, salud, dinero y tranquilidad.

Por eso, la exigencia de estas comunidades no puede tratarse como una demanda secundaria. Es una necesidad estructural que define la calidad de vida.

Una pregunta para el gobierno municipal

La denuncia de los vecinos abre una pregunta directa para las autoridades de El Marqués: ¿cuál es la ruta concreta para dotar de red hidráulica a El Monte, Calamanda y El Pozo?

No basta con reuniones. No basta con diagnósticos generales. Las comunidades requieren fechas, presupuestos, responsables y un plan de obra verificable.

Cuando una autoridad dice que no hay dinero para agua, debe explicar con absoluta transparencia en qué sí se está gastando.

El municipio tendrá que responder si existe proyecto ejecutivo, si hay gestión ante instancias estatales o federales, si se ha solicitado apoyo técnico, si se prevén recursos en el presupuesto y cuál sería el calendario para atender la demanda.

La falta de información también desgasta la confianza pública.

Congreso como espacio de presión política

Al acudir al Congreso, las comunidades buscan sacar el problema del ámbito municipal y colocarlo en una agenda estatal.

El acompañamiento de legisladores puede servir para elevar la presión, solicitar información, promover exhortos, gestionar reuniones institucionales o buscar alternativas de coordinación con autoridades responsables del agua y la infraestructura.

Sin embargo, la solución de fondo requiere algo más que acompañamiento político.

Requiere obra pública, recursos, planeación hidráulica y voluntad institucional.

El agua no llega con discursos. Llega con tuberías, presupuesto, mantenimiento y decisiones de gobierno.

La desigualdad detrás del crecimiento

El caso de El Marqués refleja una tensión que atraviesa a buena parte del desarrollo queretano: crecimiento económico acelerado frente a comunidades que siguen esperando servicios básicos.

Querétaro suele presentarse como estado moderno, competitivo y atractivo para la inversión. Pero ese relato convive con brechas profundas en agua, movilidad, vivienda, servicios públicos y equipamiento comunitario.

Un estado moderno no se mide solo por sus parques industriales. También se mide por si sus comunidades tienen agua en casa.

Esa es la crítica de fondo que sostiene la exigencia de El Monte, Calamanda y El Pozo.

El desarrollo no puede concentrarse en corredores industriales y zonas residenciales mientras comunidades históricas quedan rezagadas.

Lo que sigue para las comunidades

Eric Silva y Gilberto Herrera anunciaron que continuarán acompañando a las comunidades de El Marqués en su lucha por el agua.

El siguiente paso deberá ser convertir la denuncia pública en una ruta institucional concreta.

Eso implica pedir información al municipio, revisar responsabilidades, identificar presupuestos disponibles, analizar la viabilidad técnica de la red hidráulica y establecer una mesa de seguimiento con vecinos.

La ciudadanía no está pidiendo un favor. Está exigiendo que se cumpla un derecho.

La diferencia importa.

Porque cuando una comunidad pide agua potable, no está solicitando una obra de lujo ni un beneficio extraordinario.

Está pidiendo lo mínimo para vivir con dignidad.

Y en un municipio que crece, recauda y presume desarrollo, lo mínimo no debería seguir pendiente.

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