Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 29 de junio de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que busca involucrar a 16 mil 728 comunidades, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano del país.

La dimensión histórica de la convocatoria no está solo en el trámite legislativo, sino en la pregunta política de fondo: si México se reconoce como nación pluricultural, ¿está dispuesto a construir leyes desde la voz de los pueblos que dieron origen a su identidad?

La iniciativa tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndolos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, libre determinación y autonomía.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que, por primera vez en la historia del México independiente, existe un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos.

“Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto”, expresó la mandataria.

La frase marca una ruptura institucional de alto calado. Durante siglos, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron tratados por el Estado mexicano como población vulnerable, folclor cultural o destinatarios de programas públicos, pero no necesariamente como sujetos colectivos con capacidad plena para decidir sobre su vida comunitaria, territorio, autonomía y desarrollo.

Sheinbaum señaló que la iniciativa también aborda la discriminación, al garantizar derechos colectivos e individuales. Además, vinculó el proyecto con el Humanismo Mexicano, al señalar que uno de sus pilares está en las grandes civilizaciones que existían antes de la llegada de los españoles y que persisten hasta la actualidad.

El momento político no puede separarse del debate histórico reciente entre México y España. La presidenta recordó la visita del rey Felipe VI y el debate sobre el perdón por los abusos de la Conquista, al sostener que, más allá del gesto diplomático, lo fundamental para México es reconocer la identidad que representan los pueblos originarios.

“Lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos”, puntualizó.

Ahí está el giro más profundo de la nota: el reconocimiento indígena y afromexicano no se presenta solo como reparación histórica, sino como una redefinición de la identidad nacional. México no puede hablar de futuro sin mirar de frente a quienes han sostenido lengua, territorio, memoria, organización comunitaria, trabajo, cultura y resistencia.

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y, tras el proceso de consulta, la iniciativa se prevé presentar ante la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

“Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México, que viene de hace miles de años”, agregó Sheinbaum.

La consulta tendrá un componente lingüístico central: la propuesta será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, con apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Este punto no es menor. Una consulta sin lengua propia puede convertirse en simulación. Traducir la iniciativa implica reconocer que el derecho a participar también depende del derecho a comprender, deliberar y decidir desde la propia lengua, cultura y organización comunitaria.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública nacional.

La propuesta se estructura en ocho libros y un régimen transitorio, que abarcan desde el reconocimiento de comunidades como sujetos de derecho público hasta procedimientos, sanciones y un juicio de amparo indígena y afromexicano.

El primer eje establece las bases para que pueblos y comunidades ejerzan su personalidad jurídica y mantengan una relación de respeto y coordinación con las autoridades del Estado mexicano.

El segundo desarrolla la libre determinación y autonomía, incluyendo temas como restitución de tierras, propiedad intelectual colectiva, Planes de Justicia y caminos artesanales.

Ese punto puede convertirse en uno de los más relevantes y también en uno de los más debatidos. Hablar de autonomía no significa una frase ceremonial: implica revisar territorio, recursos, representación, formas propias de gobierno, consulta previa y relación con proyectos públicos o privados que puedan afectar a las comunidades.

El tercer libro desarrolla derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, con enfoque de inclusión y combate a la discriminación y el racismo.

El reconocimiento afromexicano es indispensable en un país que durante demasiado tiempo invisibilizó su raíz negra. Nombrar al pueblo afromexicano en una ley general no solo corrige una omisión jurídica, también combate una exclusión cultural e histórica.

La iniciativa también contempla derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes indígenas y afromexicanas, con acciones afirmativas y reparatorias para fortalecer participación política, propiedad y posesión de la tierra, así como una vida libre de violencias.

Aquí la ley toca una tensión interna y estructural: no puede haber autonomía plena si dentro de las comunidades persisten violencias, exclusiones o barreras contra mujeres y juventudes. El reto será construir derechos colectivos sin borrar derechos individuales.

Otro bloque aborda a personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad indígenas y afromexicanas, con el objetivo de garantizar inclusión, desarrollo integral, justicia y dignidad.

La propuesta también incluye un apartado sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado, para establecer bases, metodologías y procedimientos ante medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles.

Este puede ser el corazón operativo de la ley. Durante años, comunidades indígenas han denunciado consultas tardías, incompletas o meramente formales. Una ley que pretenda reconocer derechos deberá garantizar que la consulta no sea una firma al final del camino, sino una deliberación real desde el inicio.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que el proceso se divide en cinco etapas: publicación de la convocatoria en el DOF; etapa informativa hasta el 6 de agosto; deliberación comunitaria del 7 de agosto al 13 de septiembre mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo; estudio y adecuación de la iniciativa del 21 de septiembre al 11 de octubre; y presentación formal al Congreso de la Unión el 12 de octubre.

La ruta será amplia, pero su legitimidad dependerá de algo más que la cantidad de asambleas: deberá garantizar participación efectiva, tiempos suficientes, materiales comprensibles, respeto a sistemas normativos internos y capacidad real para incorporar observaciones de las comunidades.

Sheinbaum también destacó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se ha asignado por primera vez un presupuesto directo a pueblos indígenas y afromexicanos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El presupuesto directo es otro punto de transformación institucional. Reconocer derechos sin recursos puede quedarse en promesa; entregar presupuesto sin autonomía puede quedarse en administración centralizada. La clave estará en que los pueblos puedan decidir, ejecutar y vigilar desde sus propias formas organizativas.

La propuesta también contempla responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y un juicio de amparo indígena y afromexicano, con el propósito de que los agravios cometidos en su contra sean sancionados y sus derechos inalienables sean tutelados.

Ese apartado lleva el reconocimiento al terreno de la defensa jurídica. Porque no basta declarar derechos si no existen mecanismos efectivos para reclamarlos cuando sean violados.

La convocatoria firmada por Sheinbaum abre uno de los procesos legislativos más relevantes del sexenio en materia de justicia histórica, derechos colectivos y pluralidad nacional.

La discusión que viene no será sencilla. Habrá tensiones entre autonomía y Estado, entre territorio y megaproyectos, entre derechos colectivos e individuales, entre consulta real y velocidad legislativa, entre reconocimiento cultural y redistribución de poder.

Pero precisamente ahí está su importancia. México no está discutiendo una ley más: está discutiendo si sus pueblos originarios y afromexicanos serán vistos como pasado decorativo o como presente político con derechos plenos.

La pregunta que deja esta convocatoria es profunda y urgente: ¿puede una nación llamarse pluricultural si sus pueblos no tienen poder real para decidir sobre su futuro?

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Por: Redacción LYP Multimedios Sede: Juriquilla, Querétaro

En el marco del proceso legislativo para la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui, el diputado Ulises Gómez de la Rosa sostuvo una reunión de trabajo con representantes y colonos de diversas zonas de Juriquilla. El encuentro tuvo como eje central la exposición de posturas encontradas y el anuncio de medidas legales frente a las decisiones tomadas por la administración municipal.

Oposición y falta de consulta ciudadana

Durante la reunión, Gómez de la Rosa reconoció que un sector de los habitantes de Juriquilla ha manifestado un abierto desacuerdo con la segregación territorial que implica la municipalización. Ante esta situación, el legislador calificó como “indispensable” mantener el diálogo, incluso ante opiniones divergentes, para garantizar la representación de todo su distrito.

El diputado fue enfático al señalar una irregularidad en el proceso: la ausencia de una consulta popular directa al pueblo de Santa Rosa Jáuregui para la creación de dicha delegación. Bajo esta premisa, informó a los colonos que se presentará un recurso de amparo en contra de la decisión municipal.

“Es fundamental no trabajar sobre hechos consumados, sino sobre actos conservativos dentro de los procedimientos legales correspondientes”, puntualizó el legislador, argumentando que la transparencia es esencial en su responsabilidad como representante popular.

Representación frente a opiniones encontradas

El legislador subrayó que su labor legislativa prioriza la escucha activa, independientemente de si las posturas coinciden con el proyecto de municipalización. “Escuchamos a todas y todos, porque representamos a cada persona de nuestro distrito, aunque no siempre estemos de acuerdo”, afirmó.

Finalmente, Ulises Gómez de la Rosa reiteró su compromiso de no permitir que sectores de la ciudadanía queden excluidos del debate público, asegurando que la generación de espacios de participación es la única vía para fortalecer la toma de decisiones colectivas en temas de alto impacto para la zona norte de la capital queretana.

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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2025 — En el marco de la segunda edición del evento “Mentes en Acción: Hecho en México”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, ofreció una rueda de prensa donde delineó los esfuerzos de su dependencia por vincular innovación tecnológica con capital de inversión, al tiempo que abordó los desafíos comerciales que enfrenta México, particularmente con Estados Unidos y otros socios internacionales.

Innovación mexicana con sello propio

Ebrard destacó que el evento reunió a 82 fondos de inversión y múltiples proyectos de innovación nacional, muchos de ellos ya con presencia en el mercado. Desde aplicaciones de salud femenina, como Plena, hasta desarrollos punteros en salud mental infantil, motores eléctricos y nuevos anticuerpos médicos, el secretario enfatizó la diversidad y el potencial de estas iniciativas.

El programa forma parte de una estrategia continua que se repetirá cada dos meses con seguimiento puntual a cada generación de proyectos, incluyendo due diligence, alianzas estratégicas y vinculación con el sector productivo.

IMMEX bajo revisión por fraude fiscal

Al ser cuestionado sobre el programa IMMEX, Ebrard denunció que algunas empresas han incurrido en simulaciones para evitar el pago de impuestos, importando productos sin cumplir con la condición de exportación. “Estamos revisando el padrón, empresa por empresa. Las que mienten están siendo sancionadas”, afirmó. En especial, mencionó sectores como el textil y el siderúrgico donde se han detectado estas malas prácticas.

Aranceles y tensiones con Estados Unidos

Sobre los nuevos aranceles anunciados por EE.UU., el secretario señaló que aún no están completamente definidos ni publicados. Sin embargo, ya se iniciaron conversaciones con el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), en las que México ha expresado su preocupación por la imposición unilateral de medidas que podrían violar lo estipulado en el T-MEC.

Ebrard alertó que el creciente déficit comercial de México con países como China, Corea del Sur e India (que aumentó un 83% entre 2020 y 2024), ha generado la pérdida de más de 130 mil empleos en industrias como la textil y el calzado, y pone en riesgo hasta 320 mil empleos en el sector automotriz. México, dijo, defenderá sus intereses comerciales, siempre dentro del marco multilateral y del respeto a los tratados internacionales.

Relaciones trilaterales y visión estratégica

Al ser consultado sobre una posible bilateralización del T-MEC, Ebrard recordó que, si bien muchos temas son tratados de forma bilateral por la naturaleza de los intereses (como el aluminio con Canadá o el tomate con EE.UU.), hay mecanismos como el de solución de controversias que seguirán siendo trilaterales. México, subrayó, mantendrá su papel activo y estratégico en el tratado.

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