Romero advierte un giro autoritario en México; la industria de radio y TV dice que no ve intención de censurar

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Morena defiende los lineamientos de audiencias; la CIRT dice que no ve censura, pero pide corregir ambigüedades

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.— Morena salió a defender los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y rechazó que impliquen censura, en un debate que lleva una semana abierto y en el que —a diferencia de lo que sugiere el intercambio político— las posiciones no están tan polarizadas como parecen.

El argumento de Morena

En su comunicado, el partido sostuvo que diversos actores políticos y mediáticos construyeron una narrativa falsa al presentar una ampliación de derechos como un intento de censura. Su planteamiento central es una distinción conceptual: “la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México”.

Morena argumentó que los lineamientos no crean mecanismos de censura, sino que desarrollan derechos ya reconocidos en la Constitución: distinguir información de opinión, separar publicidad de contenido editorial, ejercer el derecho de réplica, contar con defensorías de audiencias y garantizar accesibilidad para personas con discapacidad. Subrayó además un punto procesal relevante: la autoridad no revisará previamente las transmisiones, y cualquier procedimiento solo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta.

El partido también recordó un antecedente legislativo: en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN debilitó los derechos de las audiencias, y en 2022 la Suprema Corte invalidó aquel decreto.

Qué dice el anteproyecto, en concreto

Más allá del intercambio político, conviene precisar el contenido. El documento, emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, plantea obligaciones específicas para concesionarios de radio y televisión: publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas en un plazo máximo de 20 días, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimiento.

Un dato que ordena el debate: los lineamientos no alcanzan a los medios digitales. Aplican al espectro concesionado.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el esquema con un argumento que también matiza la discusión sobre las multas: “No es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”.

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo que los lineamientos tutelan derechos que ya están en la Constitución y establecen los mecanismos para garantizarlos con plazos claros. La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, agregó que el objetivo es definir con precisión los conceptos de la ley para evitar laxitud, subjetividad o discrecionalidad en su interpretación.

Lo que realmente dijo la industria

Aquí aparece el matiz que el comunicado de Morena no recoge y que vale la pena registrar con exactitud, porque el debate público lo ha simplificado en ambos sentidos.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) —el actor más directamente afectado— reconoció expresamente que la intención de la CRT no es censurar a los medios y respaldó tanto la protección de las audiencias como la existencia de mecanismos de queja. Su objeción es más acotada: sostiene que algunas disposiciones son ambiguas y podrían derivar en discrecionalidad, sanciones desproporcionadas o injerencia gubernamental en decisiones editoriales, por lo que pidió corregirlas antes de la emisión definitiva.

Es decir: la principal cámara del sector no está denunciando censura. Está pidiendo precisión en la redacción.

Hubo, sin embargo, una objeción de mayor calado. La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) reconoció que la protección de audiencias busca combatir la desinformación, pero advirtió que “el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”. Esa es la crítica de fondo que el debate todavía no resuelve.

El punto donde ambas partes coinciden

Hay un elemento que no está en disputa: la consulta pública existe, está abierta y cualquiera puede participar. Concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía tienen hasta el 21 de agosto para enviar observaciones a través de portal de consultas públicas.

Morena lo planteó como prueba de que no hay imposición: “Quien pretende censurar no consulta al pueblo”. La CIRT, por su parte, respaldó el proceso de consulta aunque cuestione partes del contenido. Que ambos coincidan en la legitimidad del mecanismo sugiere que la discusión real ocurrirá en la letra final del documento, no en la consigna.

Lo que sigue

El texto definitivo se emitirá después del 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor. De ese documento dependerá si la preocupación de la CIRT —discrecionalidad en la interpretación— queda resuelta o si persiste. La pregunta que la consulta debe responder no es si las audiencias merecen protección, algo en lo que casi nadie discrepa, sino cómo se redacta esa protección para que un procedimiento por queja no termine convirtiéndose en un mecanismo de presión sobre líneas editoriales. Esa distinción es técnica, aburrida y decisiva: se juega en la redacción de los artículos, no en los comunicados.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 28 de julio de 2026.— Una persona enciende el televisor y escucha a un conductor asegurar que algo ocurrió. Minutos después, descubre que no era una noticia confirmada, sino una opinión.

En otro programa, una marca aparece recomendada con entusiasmo, aunque nadie advierte que pagó por estar ahí. Una información de años atrás vuelve a circular como si hubiera sucedido esa mañana. Una persona sorda intenta seguir una transmisión de interés público, pero no encuentra subtítulos ni interpretación.

Los derechos de las audiencias comienzan en escenas así: en la posibilidad de saber qué estamos viendo, quién intenta convencernos y con qué elementos se presenta una afirmación como cierta.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para establecer nuevas obligaciones a la radio y la televisión. La propuesta busca diferenciar noticias, opiniones y publicidad; fortalecer el derecho de réplica; atender a personas con discapacidad y crear canales para reclamar cuando un medio vulnere los derechos de quienes lo escuchan o miran. 

El objetivo es necesario.

La forma de alcanzarlo exige una discusión menos cómoda que la presentada desde Palacio Nacional.

Porque proteger a las audiencias no debe significar abandonar a la ciudadanía frente a los abusos de los medios. Pero tampoco puede significar entregar al Gobierno la facultad de decidir qué versión de la realidad merece ser transmitida.

Las audiencias no son consumidoras pasivas

Durante décadas, la regulación mexicana trató a la televisión y la radio principalmente como industrias que operaban concesiones del Estado. Las personas aparecían al final de la cadena: escuchaban, miraban y, si algo las inconformaba, cambiaban de estación.

El reconocimiento de los derechos de las audiencias modificó esa relación.

Quien recibe un contenido tiene derecho a identificar cuándo escucha una opinión, cuándo observa publicidad encubierta y cómo puede exigir una aclaración. También tiene derecho a una programación accesible, plural y respetuosa de la dignidad humana.

La propuesta de la CRT obliga a los medios a mostrar plecas, cortinillas o avisos cuando un conductor combine información con opiniones. En radio deberán utilizarse señales sonoras. También deberán distinguir los espacios comercializados del contenido editorial. 

No son exigencias extravagantes.

En un ecosistema donde algunos programas mezclan hechos, propaganda, entretenimiento y negocios sin marcar fronteras, ofrecer claridad constituye una obligación mínima hacia el público.

Un periodista puede opinar.

Un medio puede tener una línea editorial.

Lo que no debería hacer es disfrazar esa posición como un hecho indiscutible.

La palabra “veraz” necesita algo más que buenas intenciones

El punto más delicado se encuentra en el deber de evitar información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”.

A primera vista, pocas personas defenderían el derecho de una televisora a engañar deliberadamente. El periodismo no puede justificar una mentira apelando a la libertad de expresión.

Pero la realidad rara vez se divide con facilidad entre una verdad luminosa y una falsedad evidente.

Una investigación puede contener datos correctos y conclusiones discutibles. Una fuente oficial puede mentir. Una cifra gubernamental puede estar incompleta. Una noticia puede cambiar mientras se transmite. Dos testimonios pueden contradecirse sin que uno haya sido fabricado.

El proyecto intenta limitar el riesgo al señalar que los medios deberán contar, al momento de publicar, con elementos para considerar veraz la información y apegarse a sus propios criterios editoriales. No establece expresamente que la CRT pueda imponer una versión oficial de los acontecimientos.

Aun así, queda una pregunta decisiva:

¿Quién resolverá cuándo una información crítica estaba insuficientemente sustentada y cuándo simplemente incomodó al poder?

La diferencia no debe quedar en manos de interpretaciones políticas.

No es únicamente autorregulación

Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo no es censurar ni dedicarse a multar, sino promover que cada medio se regule mediante su código de ética y su propia defensoría.

La explicación cuenta solo una parte de la historia.

Los códigos serán elaborados por las concesionarias y las personas defensoras serán designadas por ellas. Pero las reglas serán obligatorias, la CRT podrá monitorear transmisiones, requerir información, revisar la actuación de las defensorías e iniciar procedimientos sancionadores. Las multas podrán alcanzar hasta 1% de los ingresos acumulables del medio.

Eso no convierte automáticamente la propuesta en censura.

Sí demuestra que no se trata solamente de autorregulación.

Existe una diferencia entre un medio que adopta voluntariamente principios profesionales y una autoridad con capacidad económica para castigar su incumplimiento.

Las palabras importan. Presentar el proyecto como un mecanismo exclusivamente interno reduce artificialmente el poder que conservará el Estado.

Un regulador dentro del Ejecutivo

La preocupación no se limita al contenido de las reglas, sino a la institución que las aplicará.

La CRT sustituyó parte de las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aunque la ley le reconoce independencia técnica y operativa, la Comisión forma parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y, por tanto, permanece dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. 

Esto coloca al Gobierno en una posición incómoda: puede convertirse simultáneamente en protagonista de la noticia, objeto de la crítica y autoridad vinculada con la vigilancia del medio que la publicó.

La solución no consiste en suponer que toda persona funcionaria actuará de mala fe.

Las instituciones democráticas no se diseñan sobre la confianza personal. Se construyen para resistir incluso cuando llega al poder alguien dispuesto a abusar de ellas.

Por eso, los lineamientos necesitan criterios claros, resoluciones públicas, posibilidad efectiva de defensa, proporcionalidad en las sanciones y mecanismos judiciales capaces de frenar una intervención arbitraria.

No basta con que una norma declare que no habrá censura.

Debe impedir que pueda utilizarse para censurar.

La defensoría puede abrir una puerta que hoy permanece cerrada

La figura más valiosa del proyecto puede ser la persona defensora de las audiencias.

Su tarea será recibir quejas, pedir explicaciones al medio, documentar los casos y emitir recomendaciones. Las concesionarias deberán ofrecerle recursos, pero no podrán interferir en sus decisiones. Además, tendrá que publicar informes semestrales sobre las inconformidades recibidas y la manera en que fueron atendidas. 

Para una persona común, esto puede representar algo concreto: no tener que contratar a un abogado ni comenzar una batalla pública para pedir que una televisora reconozca una equivocación.

Sin embargo, su independencia dependerá de cómo sea nombrada y removida.

Una defensoría financiada por el mismo medio que debe cuestionar corre el riesgo de convertirse en oficina de relaciones públicas. Una defensoría controlada por la autoridad podría transformarse en vigilante gubernamental.

La propuesta necesita protegerla de ambos poderes.

La radio y la televisión quedan bajo reglas que internet no tendrá

Los lineamientos se aplicarán a radio, televisión abierta, servicios de paga y programadoras. La prensa escrita, los portales informativos, las redes sociales y la mayoría de las plataformas digitales quedan fuera de este marco. 

La diferencia genera una paradoja.

Una estación local deberá colocar avisos, contar con una defensoría y responder quejas. Mientras tanto, una cuenta anónima podrá difundir el mismo contenido falso en redes sin cumplir obligaciones equivalentes y alcanzar millones de reproducciones.

No se trata de extender automáticamente el control estatal hacia internet.

Se trata de reconocer que la regulación concentra sus exigencias en medios tradicionales mientras buena parte de la desinformación, la publicidad encubierta y la manipulación política se desplaza hacia espacios digitales.

El resultado puede ser un sistema desigual: reglas estrictas para quienes transmiten mediante una concesión y escasa responsabilidad para actores digitales con mayor alcance que muchas radiodifusoras.

El contexto mexicano obliga a desconfiar del poder

La discusión no ocurre en un país donde la prensa trabaje sin miedo.

ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios durante 2025. El ambiente hostil y el abuso del poder público estuvieron entre los patrones principales; la organización advirtió que amenazas, campañas de desprestigio, procesos judiciales y discursos oficiales producen un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. 

Ese contexto no invalida los derechos de las audiencias.

Los vuelve más complejos.

México debe proteger simultáneamente a la persona engañada por un medio, al periodista que investiga al Gobierno y a la sociedad que necesita información para tomar decisiones.

Defender una de esas libertades destruyendo las otras sería una derrota democrática.

Una consulta abierta, pero no vinculante

Cualquier persona, concesionaria, organización o institución académica puede participar hasta el 21 de agosto. Para enviar comentarios es necesario registrarse en la plataforma de la CRT. Después, la Comisión deberá elaborar un informe sobre las aportaciones recibidas. 

La consulta, sin embargo, es no vinculante.

Esto significa que la participación ciudadana puede influir, pero no obliga a la autoridad a modificar el proyecto.

La legitimidad del proceso dependerá de que la CRT publique las opiniones, responda los cuestionamientos de fondo y explique por qué acepta o rechaza cada propuesta relevante.

Consultar no consiste solamente en abrir un formulario durante veinte días.

Consiste en permitir que la deliberación transforme la norma.

Ni medios intocables ni Gobierno editor

Durante años, grandes concesionarios defendieron la libertad editorial como si también incluyera el derecho a confundir noticias con intereses comerciales, ignorar reclamaciones o cerrar la puerta a quienes fueron afectados por una transmisión.

Esa impunidad no debe continuar.

Pero el remedio tampoco puede ser una autoridad administrativa capaz de vigilar contenidos bajo conceptos amplios y sancionar desde una estructura vinculada con el Ejecutivo.

Las audiencias necesitan poder frente a los medios.

Los periodistas necesitan libertad frente al Gobierno.

La democracia necesita ambas cosas.

El desafío de los nuevos lineamientos no será escribir que la información debe ser veraz. Será garantizar que esa exigencia fortalezca el periodismo responsable sin castigar el periodismo incómodo.

Porque la verdad no pertenece a una televisora.

Pero tampoco pertenece al Gobierno.

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