Morena defiende los lineamientos de audiencias; la CIRT dice que no ve censura, pero pide corregir ambigüedades

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.— Morena salió a defender los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y rechazó que impliquen censura, en un debate que lleva una semana abierto y en el que —a diferencia de lo que sugiere el intercambio político— las posiciones no están tan polarizadas como parecen.

El argumento de Morena

En su comunicado, el partido sostuvo que diversos actores políticos y mediáticos construyeron una narrativa falsa al presentar una ampliación de derechos como un intento de censura. Su planteamiento central es una distinción conceptual: “la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México”.

Morena argumentó que los lineamientos no crean mecanismos de censura, sino que desarrollan derechos ya reconocidos en la Constitución: distinguir información de opinión, separar publicidad de contenido editorial, ejercer el derecho de réplica, contar con defensorías de audiencias y garantizar accesibilidad para personas con discapacidad. Subrayó además un punto procesal relevante: la autoridad no revisará previamente las transmisiones, y cualquier procedimiento solo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta.

El partido también recordó un antecedente legislativo: en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN debilitó los derechos de las audiencias, y en 2022 la Suprema Corte invalidó aquel decreto.

Qué dice el anteproyecto, en concreto

Más allá del intercambio político, conviene precisar el contenido. El documento, emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, plantea obligaciones específicas para concesionarios de radio y televisión: publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas en un plazo máximo de 20 días, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimiento.

Un dato que ordena el debate: los lineamientos no alcanzan a los medios digitales. Aplican al espectro concesionado.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el esquema con un argumento que también matiza la discusión sobre las multas: “No es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”.

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo que los lineamientos tutelan derechos que ya están en la Constitución y establecen los mecanismos para garantizarlos con plazos claros. La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, agregó que el objetivo es definir con precisión los conceptos de la ley para evitar laxitud, subjetividad o discrecionalidad en su interpretación.

Lo que realmente dijo la industria

Aquí aparece el matiz que el comunicado de Morena no recoge y que vale la pena registrar con exactitud, porque el debate público lo ha simplificado en ambos sentidos.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) —el actor más directamente afectado— reconoció expresamente que la intención de la CRT no es censurar a los medios y respaldó tanto la protección de las audiencias como la existencia de mecanismos de queja. Su objeción es más acotada: sostiene que algunas disposiciones son ambiguas y podrían derivar en discrecionalidad, sanciones desproporcionadas o injerencia gubernamental en decisiones editoriales, por lo que pidió corregirlas antes de la emisión definitiva.

Es decir: la principal cámara del sector no está denunciando censura. Está pidiendo precisión en la redacción.

Hubo, sin embargo, una objeción de mayor calado. La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) reconoció que la protección de audiencias busca combatir la desinformación, pero advirtió que “el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”. Esa es la crítica de fondo que el debate todavía no resuelve.

El punto donde ambas partes coinciden

Hay un elemento que no está en disputa: la consulta pública existe, está abierta y cualquiera puede participar. Concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía tienen hasta el 21 de agosto para enviar observaciones a través de portal de consultas públicas.

Morena lo planteó como prueba de que no hay imposición: “Quien pretende censurar no consulta al pueblo”. La CIRT, por su parte, respaldó el proceso de consulta aunque cuestione partes del contenido. Que ambos coincidan en la legitimidad del mecanismo sugiere que la discusión real ocurrirá en la letra final del documento, no en la consigna.

Lo que sigue

El texto definitivo se emitirá después del 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor. De ese documento dependerá si la preocupación de la CIRT —discrecionalidad en la interpretación— queda resuelta o si persiste. La pregunta que la consulta debe responder no es si las audiencias merecen protección, algo en lo que casi nadie discrepa, sino cómo se redacta esa protección para que un procedimiento por queja no termine convirtiéndose en un mecanismo de presión sobre líneas editoriales. Esa distinción es técnica, aburrida y decisiva: se juega en la redacción de los artículos, no en los comunicados.

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En conferencia de prensa, la legisladora explicó que, de acuerdo con el calendario planteado, el plebiscito debería realizarse en abril próximo, lo que implicaría cubrir a más tardar en febrero un costo estimado de 30 millones de pesos solicitado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). A su juicio, destinar esa cantidad a una consulta sobre un proyecto que no cuenta con estudios previos ni definición clara resulta irresponsable.

Díaz Gayou subrayó que, si bien la participación ciudadana es un eje fundamental de la vida democrática, no debe utilizarse para validar “ocurrencias” ni proyectos improvisados. Señaló que no existe información precisa sobre los alcances del teleférico, su costo total, el esquema de mantenimiento ni el verdadero beneficio para la movilidad del municipio.

La diputada advirtió que el proyecto podría implicar una inversión superior a los mil millones de pesos, recursos que —dijo— podrían destinarse de manera directa a mejorar servicios públicos en colonias como Menchaca, San José El Alto y Villas de Santiago, donde la población demanda mayor seguridad, alumbrado público, recolección de basura, drenaje y saneamiento.

Asimismo, recordó que la Ley de Participación Ciudadana establece que un plebiscito debe realizarse en todo el municipio cuando involucra recursos públicos municipales, por lo que descartó la posibilidad de consultas parciales para reducir costos. En ese sentido, consideró que el tema de movilidad debe analizarse de forma integral y con planeación, conforme a lo que marca la ley y el Plan Municipal de Desarrollo.

Díaz Gayou también cuestionó la pregunta planteada para la consulta, al considerarla tendenciosa, pues no informa a la ciudadanía sobre el costo real del proyecto ni sobre sus implicaciones financieras. Añadió que una consulta verdaderamente informada debería incluir esos elementos para que la población pueda tomar una decisión con conocimiento de causa.

Finalmente, la legisladora anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de exigir estudios técnicos y proyectos definidos antes de autorizar la realización de plebiscitos, a fin de garantizar procesos participativos responsables y con sustento real.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro.— En un pronunciamiento firme durante la sesión plenaria del Congreso local, el diputado Eric Silva condenó la remoción arbitraria de Anallely Díaz como delegada de San Miguel Palmas, en el municipio de Peñamiller, calificando el acto como una afrenta a la democracia y a la voluntad ciudadana.

El legislador aseguró que la destitución, ocurrida el pasado 30 de octubre en una sesión de Cabildo encabezada por la presidenta municipal y su grupo de regidores, fue ejecutada sin los mecanismos legales establecidos por el Reglamento de Policía y Gobierno. Entre las irregularidades, destacó la omisión de una consulta pública a la comunidad y la negación del derecho de audiencia a la delegada, a quien no se le permitió defenderse de los señalamientos en su contra.

“Este no fue un procedimiento administrativo, sino una maniobra política para acallar voces libres”, señaló Silva desde tribuna. Enfatizó que la destitución refleja un intento deliberado de suprimir la representación popular en una comunidad históricamente marginada.

El diputado manifestó su respaldo total a Anallely Díaz, reconociendo su liderazgo al frente de San Miguel Palmas y su cercanía con la ciudadanía. “Lo que les incomoda es que el pueblo sepa exigir y que una representante auténtica defienda sus derechos”, agregó.

Finalmente, Eric Silva refrendó su compromiso con la defensa de la democracia municipal y advirtió que no se tolerarán más atropellos contra la soberanía del pueblo. “No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de Peñamiller”, concluyó.

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