La iniciativa mantendría el efectivo y obligaría a instalar terminales en todos los puntos de cobro; todavía deben definirse plazos, sanciones y mecanismos para evitar cargos adicionales

Santiago de Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— El diputado local Enrique Correa Sada presentó una iniciativa para obligar a los estacionamientos públicos de paga en Querétaro a aceptar tarjetas de débito y crédito, como una alternativa adicional al efectivo.

La propuesta busca modificar la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para establecer que todos los puntos de cobro cuenten con una terminal habilitada.

El legislador argumentó que la medida permitiría agilizar la salida de los establecimientos, reducir la circulación de efectivo y ofrecer más alternativas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, turistas y usuarios que emplean habitualmente medios electrónicos.

“En pleno 2026, tenemos que seguir buscando que los servicios que utilizamos todos los días sean más accesibles, modernos y eficientes. Si podemos pagar con tarjeta o desde nuestro celular prácticamente en cualquier lugar, también deberíamos tener esa opción al salir de un estacionamiento”, declaró.

La iniciativa todavía deberá pasar por el proceso legislativo: turno a comisión, elaboración de un dictamen y votación del Pleno. Por tanto, los estacionamientos no están obligados actualmente, por esta propuesta, a instalar terminales.

El efectivo permanecería como opción

El proyecto no plantea sustituir los billetes y monedas. Los prestadores del servicio tendrían que conservar el cobro en efectivo y añadir la alternativa bancaria.

La precisión es relevante porque una obligación exclusivamente digital podría excluir a quienes no poseen una cuenta, tarjeta o dispositivo móvil. La propuesta busca ampliar las formas de pago, no reducirlas.

La legislación vigente sobre estacionamientos ya obliga a los prestadores a contar con suficiente efectivo para realizar sus operaciones cotidianas, además de exhibir tarifas, entregar boletos y disponer de un seguro contra daños y robo parcial o total.

El texto presentado por Correa añadiría a esas responsabilidades la disponibilidad de terminales para procesar tarjetas en cada punto donde se recaude el importe del servicio.

Pagar con tarjeta no siempre elimina las filas

La incorporación de terminales puede evitar que una persona busque monedas o espere cambio, pero su efecto sobre los tiempos de salida dependerá del diseño operativo.

Si el establecimiento dispone de una sola terminal para varias cajas, presenta problemas de conectividad o carece de procedimientos para resolver pagos rechazados, la medida podría trasladar el cuello de botella sin eliminarlo.

La expresión “todos los puntos de cobro” sugiere que cada caja, módulo o espacio habilitado para recibir pagos debería contar con el equipo correspondiente. El dictamen tendrá que determinar si la obligación incluirá cajeros automáticos, casetas de salida, módulos atendidos por personal y servicios de recepción o valet parking.

También deberá establecer qué ocurrirá durante una interrupción de internet, falla eléctrica, mantenimiento bancario o avería del equipo. Una persona no debería quedar imposibilitada para retirar su vehículo por una deficiencia tecnológica atribuible al prestador.

Las comisiones corresponden al establecimiento

El uso de terminales genera costos para los comercios. Las instituciones financieras suelen cobrar una tasa de descuento, generalmente calculada como porcentaje de cada operación.

El Banco de México explica que la institución adquirente cobra al establecimiento por procesar los pagos. Dentro del sistema también existen cuotas de intercambio entre los bancos participantes.

Ese costo no debería añadirse al precio anunciado al usuario. La Procuraduría Federal del Consumidor considera que trasladar al cliente una comisión por pagar con tarjeta constituye una práctica abusiva que puede derivar en sanciones. La Profeco ha reiterado que los establecimientos deben respetar el importe exhibido y abstenerse de agregar recargos por el medio de pago.

Por ello, la reforma debería incorporar expresamente la prohibición de cobrar una tarifa superior a quienes utilicen tarjetas. De otra manera, la nueva opción podría existir formalmente, pero quedar castigada mediante un cargo adicional.

Tampoco debería permitirse un consumo mínimo. En un estacionamiento, las tarifas suelen ser de montos reducidos, particularmente durante estancias cortas, precisamente el tipo de operación en el que algunos comercios intentan imponer restricciones para compensar sus costos bancarios.

La propuesta menciona pagos móviles, pero regula tarjetas

Correa afirmó que actualmente es posible pagar “con tarjeta o desde nuestro celular” en numerosos establecimientos. Sin embargo, la reforma descrita en el boletín solamente menciona terminales bancarias y tarjetas de débito y crédito.

Esto no necesariamente obliga a aceptar transferencias, códigos QR, billeteras digitales u otros sistemas operados desde teléfonos móviles. Algunas terminales admiten pagos sin contacto mediante dispositivos, pero esa capacidad depende de su tecnología y de las plataformas contratadas.

Si el propósito es mantener una legislación tecnológicamente vigente, el Congreso podría analizar una redacción más amplia que reconozca medios de pago electrónicos autorizados, sin restringir la obligación a un tipo específico de aparato o proveedor financiero.

También deberá valorar si la expresión “terminal bancaria” excluye inadvertidamente a los agregadores de pago y empresas tecnológicas no bancarias que ofrecen lectores de tarjetas, particularmente a establecimientos pequeños.

Un posible problema de técnica legislativa

El boletín informa que la propuesta pretende adicionar una fracción XI al artículo 4 de la ley estatal. No obstante, la versión pública del ordenamiento consultada en la biblioteca del Congreso muestra que ese artículo contiene actualmente nueve fracciones.

Si esa versión continúa vigente, la nueva obligación tendría que incorporarse como fracción X, salvo que exista otra modificación en trámite o que la iniciativa contemple una disposición adicional no explicada en el comunicado.

La numeración no altera el fondo de la propuesta, pero deberá corregirse durante la dictaminación para evitar un vacío o una inconsistencia en la estructura del artículo.

¿A qué estacionamientos se aplicaría?

La ley estatal regula los estacionamientos públicos de paga, así como los servicios de recepción, acomodamiento y guarda de vehículos. No debe confundirse “estacionamiento público” con propiedad gubernamental: la expresión incluye establecimientos privados que ofrecen el servicio al público a cambio de una tarifa.

Los ayuntamientos son responsables de expedir los reglamentos, otorgar licencias, fijar tarifas y gratuidades, supervisar el cumplimiento e imponer las sanciones correspondientes.

Si la reforma es aprobada, los municipios tendrían que adecuar sus reglamentos y procedimientos de inspección. El proyecto deberá definir el periodo que tendrán los operadores para adquirir equipos, contratar servicios y capacitar al personal.

También será necesario determinar si existirán reglas diferenciadas para pequeños estacionamientos, pensiones, establecimientos con acomodadores y grandes complejos comerciales. Una obligación uniforme puede resultar sencilla para las cadenas o plazas consolidadas, pero representar un costo proporcionalmente mayor para prestadores con pocas operaciones.

Esa diferencia no justifica privar a sus clientes de medios de pago, pero sí vuelve conveniente establecer un plazo razonable de adaptación y especificaciones técnicamente neutrales.

Una solución cotidiana que requiere reglas completas

La iniciativa atiende una situación frecuente: usuarios que llegan a la salida de un estacionamiento sin efectivo suficiente o que deben buscar un cajero antes de recuperar su vehículo.

La disponibilidad de tarjetas puede ofrecer comodidad, reducir el manejo de efectivo y facilitar el registro de las operaciones. Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá de aspectos que el comunicado todavía no detalla:

• El plazo para instalar los equipos.
• Las consecuencias por incumplimiento.
• Los protocolos ante fallas de conectividad.
• La prohibición de cobrar comisiones o montos mínimos.
• La aceptación de tecnologías distintas a la tarjeta física.
• La autoridad municipal responsable de verificar las terminales.
• La protección de datos y entrega de comprobantes.
• Las posibles reglas de adaptación para establecimientos pequeños.

La propuesta de Correa abre una discusión concreta sobre la modernización de un servicio cotidiano. Su utilidad final no dependerá solamente de ordenar la presencia de una terminal, sino de garantizar que funcione, que esté disponible en cada caja y que utilizarla no resulte más caro para el consumidor.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (18 de mayo de 2026). – En un paso definitivo para la consolidación de los derechos humanos y la paridad de género en la entidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Constitución local en materia de igualdad sustantiva.

La sesión, presidida por el diputado Homero Barrera McDonald e integrada por los legisladores Eric Silva Hernándezy Enrique Antonio Correa Sada, marcó la conclusión del proceso de consulta con los ayuntamientos queretanos, enviando de manera formal la iniciativa al Pleno del Congreso para su votación definitiva.

Consenso municipal y armonización federal

El presidente de la comisión legislativa, Homero Barrera, informó que los 18 ayuntamientos del estado de Querétaro quedaron debidamente notificados del proyecto de dictamen entre el 28 y el 30 de abril pasados. Esto se realizó conforme a los tiempos legales establecidos en la Constitución local para recabar sus opiniones.

Durante el plazo conferido, se recibieron respuestas formales de los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan, Tolimán y Peñamiller. Las demarcaciones manifestaron no tener observaciones respecto a la reforma, salvo el ayuntamiento de Amealco de Bonfil, el cual precisó un ajuste de forma y redacción que ya fue plenamente incorporado al cuerpo del dictamen.

De la paridad simulada al poder real

La aprobación de esta reforma constitucional materializa el mandato federal de armonización de las leyes locales, estableciendo de manera ineludible las bases para la efectiva inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas en el estado.

“Agradezco particularmente a quienes responsablemente se sumaron y aportaron para robustecer esta reforma. Desde esta Comisión seguiremos teniendo como pauta primordial el fortalecer el marco jurídico para proteger a las mujeres de nuestro estado”, expresó Barrera McDonald.

El legislador enfatizó que las nuevas medidas asegurarán que la participación de las mujeres en los espacios de poder y gobernanza en Querétaro “no solo sea formal, sino real y efectiva”. Asimismo, la reforma impone al Estado la obligación ineludible de:

• Diseñar e implementar políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar por completo la violencia de género.
• Garantizar el derecho humano de las mujeres, adolescentes y niñas a vivir una vida libre de violencia.
• Desarrollar y ejecutar mecanismos institucionales eficaces para reducir y erradicar la brecha salarial por razones de género.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Mientras las zonas urbanas debaten sobre infraestructura hídrica, las comunidades originarias de Querétaro llevan años sobreviviendo gracias a sus propios medios. Para saldar esta deuda histórica, la diputada local de Morena, María Eugenia Margarito Vázquez, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Querétaro.

El objetivo de esta propuesta es claro: otorgar reconocimiento jurídico a los modelos de autogestión hídrica que operan en las zonas rurales, garantizando que el Estado respete su autonomía y, por primera vez, les brinde apoyo financiero, técnico y legal.

El abandono institucional en cifras

En su exposición de motivos, la legisladora evidenció una realidad alarmante. De acuerdo con datos del INEGI, en el estado el 26.79% de la población carece de acceso al agua entubada de forma diaria, una carencia que golpea desproporcionadamente a las comunidades campesinas e indígenas.

Frente a la exclusión histórica de los servicios municipales, los pueblos originarios construyeron sus propios sistemas comunitarios. “Constituyen una estrategia complementaria e indispensable para la realización del derecho humano al agua en el territorio queretano, cuyo reconocimiento, protección y fortalecimiento resulta imperativo”, señala el documento.

Consultas obligatorias y paridad de género

Margarito Vázquez, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas en la LXI Legislatura, destacó que la iniciativa está blindada bajo estándares internacionales y la Ley General de Aguas. Entre sus candados más fuertes, establece la consulta previa, libre e informada como un requisito ineludible para cualquier decisión gubernamental o privada que pretenda involucrar el agua de las comunidades originarias.

Asimismo, la ley fomenta la perspectiva de género al garantizar la participación equitativa de las mujeres en los comités de toma de decisiones sobre el agua.

Para consolidar esta propuesta, la legisladora anunció que en las próximas semanas se organizarán foros de consulta directa en los pueblos y comunidades indígenas del estado, invitando a la ciudadanía a enriquecer este marco legal que busca transitar del abandono a la verdadera justicia hídrica.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La revisión de los recursos públicos en Querétaro ha entrado en una fase de choque institucional frontal. Al reanudarse la sesión de la Comisión Especial de Vigilancia, los legisladores de la Cuarta Transformación asestaron un duro golpe a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), determinando oficialmente que su trabajo en la revisión de la Cuenta Pública 2024 no cumplió con las disposiciones legales aplicables.

El Dictamen del Informe General fue aprobado por mayoría con dos votos a favor, emitidos por la presidenta de la comisión, Claudia Díaz Gayou (PT), y el diputado Ulises Gómez de la Rosa (Morena). En contraste, el legislador panista Luis Antonio Zapata Guerrero emitió su voto en contra.

Opacidad y fallas metodológicas de la ESFE

Durante la lectura del documento, la diputada Díaz Gayou fue contundente en las conclusiones: la ESFE no atendió de manera completa los requerimientos de información formulados por la comisión.

El dictamen aprobado señala graves deficiencias en el órgano auditor. Se le exige a la ESFE fortalecer la integración de sus informes, garantizar la adecuada documentación de sus auditorías y, de manera alarmante, observar las leyes de protección de datos personales, acusando que la entidad difundió información confidencial de forma indebida.

Para la comisión, el proceso de fiscalización entregado no satisface los principios rectores que exigen la Ley de Fiscalización de Querétaro y la Constitución federal.

Avanzan 52 entes, Tequisquiapan en vilo y acusaciones del PAN

Previo a la votación general, la comisión aprobó de manera individual los dictámenes de 52 entidades fiscalizadas (que incluyen a la Fiscalía del Estado, el IEEQ, la CEA, la UAQ, dependencias estatales y 16 municipios). Todos avanzaron con la misma votación de 2 a favor y 1 en contra.

Sin embargo, el dictamen correspondiente al municipio de Tequisquiapan quedó en suspenso temporal tras registrarse un empate en la votación, por lo que su situación legal y financiera deberá resolverse en una sesión posterior.

El tono de la jornada subió de nivel durante el bloque de asuntos generales. Mientras el diputado Ulises Gómez respaldaba el rigor del dictamen contra la ESFE, el panista Antonio Zapata justificó su voto en contra lanzando un dardo político: acusó abiertamente a la diputada presidenta, Claudia Díaz Gayou, de actuar bajo un presunto “conflicto de intereses” en el proceso de fiscalización, evidenciando la profunda fractura partidista que envuelve la rendición de cuentas en el estado.

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Por: Redacción | LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 16 de diciembre de 2025

El Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos del Estado, las Leyes de Ingresos de los 18 municipios y la Miscelánea Fiscal correspondientes al ejercicio fiscal 2026, consolidando un paquete económico por 64 mil 617 millones de pesos.

La Ley de Ingresos del Estado fue avalada por unanimidad, con una previsión de crecimiento del 4.8% respecto al ejercicio anterior, sustentado en mayores ingresos propios, participaciones federales y convenios, en apego a la Ley de Disciplina Financiera.

Un presupuesto con ajustes sociales y sin endeudamiento

Durante la discusión, el diputado Arturo Maximiliano García destacó que el dictamen final incorporó modificaciones sustantivas que fortalecen el control legislativo, la autonomía municipal y la justicia fiscal, luego de un proceso de diálogo entre fuerzas políticas.

Entre los principales ajustes logrados destacan:

• 365 millones de pesos adicionales para municipios del Semidesierto y la Sierra Gorda.

• 100 millones de pesos para infraestructura en zonas afectadas por lluvias torrenciales.

• 20 millones de pesos para comunidades indígenas.

• 30 millones de pesos para apoyo a personas con discapacidad.

• Redistribución del IEPS para beneficiar a municipios con mayor rezago.

• Eliminación de incrementos en derechos y aprovechamientos que afectarían a la ciudadanía.

• Recortes superiores al 20% en gasto de Comunicación Social y áreas administrativas.

• No endeudamiento para San Juan del Río y sin aumento en la tarifa de recolección de basura en Querétaro.

Distribución del Presupuesto de Egresos 2026

El Presupuesto aprobado se distribuye de la siguiente manera:

• Transferencias a municipios: 10,483 mdp

• Entidades paraestatales: 27,692 mdp

• Obras y acciones programables: 13,287 mdp

• Poder Judicial: 1,695 mdp

• Organismos autónomos: 2,291 mdp

• Deuda pública: 1,029 mdp

• Jubilaciones y pensiones: 1,584 mdp

Posturas desde la Cuarta Transformación

La diputada Sully Mauricio Sixtos subrayó que el voto a favor no representa un respaldo automático al Ejecutivo, sino una decisión responsable desde la izquierda, priorizando el impacto social del presupuesto y evitando poner en riesgo recursos para el campo, los municipios y los servicios básicos.

Coincidió en que no se trata de un presupuesto perfecto, pero sí uno que permite avanzar, con vigilancia y fiscalización permanentes.

Reservas rechazadas y ajustes fiscales

Durante la discusión en lo particular, se rechazaron diversas reservas relacionadas con la creación del Sistema Estatal de Cuidados, asignaciones específicas a paraestatales y mayores montos etiquetados, al considerarse que algunas propuestas carecían de sustento legal o duplicaban recursos ya contemplados.

Asimismo, se aprobaron reformas a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal y a la Ley de Firma Electrónica Avanzada, con el objetivo de actualizar contribuciones sin perder de vista la capacidad contributiva de la ciudadanía y el equilibrio entre recaudación y beneficio social.

Destaca la aprobación del Artículo 73 Bis, que permite a municipios otorgar subsidios fiscales como herramienta de justicia social, particularmente para apoyar a familias en procesos de regularización patrimonial.

Más recursos para municipios con mayor rezago

La Legislatura también aprobó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal Estatal e Intermunicipal, con nuevos criterios de distribución que favorecen a municipios con mayor rezago social, incluyendo un 2.5% adicional de participaciones federales distribuido de manera inversamente proporcional.

Además, se avalaron las Leyes de Ingresos de los 18 municipios, con ajustes relevantes como la eliminación de la posibilidad de endeudamiento para San Juan del Río y la ratificación de estímulos fiscales en algunos ayuntamientos, aunque varias reservas fueron rechazadas por su impacto financiero.

Llamado a la vigilancia del gasto

En asuntos generales, legisladores exhortaron al Ejecutivo estatal a garantizar que los 465 millones de pesos destinados a la Sierra y el Semidesierto se ejerzan con criterios claros, sin discrecionalidad y conforme al nivel de rezago de cada municipio.

Un paquete económico con equilibrios

El paquete económico 2026 fue aprobado en lo general con 25 votos a favor, reflejando un consenso político que, aunque con diferencias, priorizó la estabilidad financiera, el fortalecimiento municipal y una mayor orientación social del gasto público en Querétaro.

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