Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 16 de julio de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno federal invertirá 20 mil millones de pesos durante el sexenio para sanear y restaurar tres de los ríos históricamente más contaminados del país: el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula. De ese total, ya se han destinado 2 mil 500 millones de pesos entre 2025 y 2026. El objetivo, dijo la mandataria en la conferencia matutina, no es una limpieza temporal, sino una que perdure: “que queden las plantas de tratamiento y el presupuesto para esas plantas de tratamiento y su operación, para que se mantengan los ríos limpios”.

Por qué estos tres ríos

La elección no fue casual. De acuerdo con la Conagua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula son, históricamente, los cauces más contaminados de México. Sheinbaum explicó que la contaminación proviene principalmente de tres fuentes: drenajes municipales sin tratar, descargas industriales que no cumplen la norma, y el azolve que va asfixiando el cauce de los ríos con el paso de los años. La estrategia combina drenajes marginales, plantas de tratamiento con esquemas biológicos como humedales artificiales, desazolve, reforestación de laderas y trabajo comunitario para reducir los tiraderos clandestinos de basura.

La dimensión del proyecto, en números

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que el programa ya representa un trabajo de campo considerable: se han recorrido más de 340 kilómetros de cauce, muestreado 322 sitios con la participación de más de 6 mil personas, y detectado 3 mil 202 descargas contaminantes, 479 tiraderos clandestinos y 460 industrias potencialmente contaminantes prioritarias. También se identificó que el 22% del suelo de estas cuencas está en riesgo de deforestación.

El proyecto se organiza en cuatro metas concretas. Para mejorar la calidad del agua, se construyen 10 plantas de tratamiento nuevas y se rehabilitan otras 23, con 94 kilómetros de colectores y ocho estaciones automáticas de monitoreo. Para restaurar ecosistemas, se han reforestado 4 mil 639 hectáreas y se han intervenido 8 mil 243 hectáreas en siete áreas naturales. Para prevenir inundaciones, se han hecho obras de desazolve en 41 kilómetros y se han recuperado 253 kilómetros de zona federal en los ríos. Y para reconectar a la población con sus ríos, se han construido nueve parques y más de 40 mil personas han participado en jornadas de limpieza que ya recolectaron 4 mil 667 toneladas de basura.

Querétaro, dentro de la cuenca más grande del proyecto

De los tres ríos, el Lerma-Santiago es, por mucho, el de mayor escala: mil 360 kilómetros de longitud y 21.4 millones de personas beneficiadas en seis estados, entre ellos Querétaro. No es un dato abstracto para la entidad: el propio Río Querétaro, que atraviesa la capital del estado, forma parte de esta cuenca, y ya ha sido objeto de trabajos coordinados entre los tres órdenes de gobierno. El municipio de Querétaro invirtió este año más de 40 millones de pesos en limpieza y desazolve de un tramo de casi seis kilómetros del río, desde la bifurcación del Campo Militar hasta la comunidad de Adjuntas, en el límite con Guanajuato, mientras que la Conagua destinó recursos adicionales para instalar un centro de monitoreo de calidad y cantidad de agua en la capital queretana. Es, en otras palabras, una pieza local de un esfuerzo que hoy la presidenta confirmó a escala nacional.

Río por río: avances concretos

En el Atoyac, la primera etapa —de 63 kilómetros— tiene un avance del 85%, con cuatro plantas de tratamiento, 40 kilómetros de colectores y la reforestación de mil 154 hectáreas. En el Tula, la primera etapa de 74 kilómetros lleva 62% de avance, e incluye la extracción de 110 mil metros cúbicos de lirio acuático de la presa Endhó, una de las intervenciones más visibles del proyecto. En el Lerma-Santiago, la etapa inicial de 65 kilómetros ya alcanza el 90% de avance, con seis plantas de tratamiento —algunas ya operando con paneles solares— y 2 mil 822 hectáreas reforestadas.

El director de la Conagua, Efraín Morales López, adelantó además que el programa se extiende a otras cuencas del país: hay ocho obras en proceso en el río Tijuana, con cinco proyectos adicionales para el próximo año; trabajos de desazolve en los ríos de Acapulco; nuevas plantas de tratamiento en el río Nogales; y acciones que arrancan este año en el río Sonora.

Lo que queda por ver

El reto más grande de este tipo de programas rara vez es la primera limpieza, sino sostenerla. La propia presidenta lo reconoció al insistir en que el objetivo es que las plantas de tratamiento y su operación permanezcan, “no solamente que un año ya limpiamos y al otro año vuelve igual”. Para Querétaro, eso significa que la pregunta relevante en los próximos años no será solo cuánto se invirtió en el Río Querétaro este año, sino si la infraestructura y el presupuesto para mantenerla seguirán ahí cuando la atención mediática ya se haya movido a otro tema.

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CIUDAD DE PUEBLA, PUE. (1 de junio de 2026). – La geografía dejó de ser un obstáculo para convertirse en una vía de progreso en el centro del estado. Después de siete décadas de aislamiento y promesas políticas incumplidas, el Gobierno de Puebla abrió a la circulación el monumental “Puente de la Transformación”, una obra de ingeniería que reescribe la conectividad y el desarrollo económico de la Mixteca poblana.

El proyecto, impulsado como prioridad por el gobernador Alejandro Armenta Mier, conecta de forma directa a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela con la inspectoría de Los Ángeles Tetela. Más que una estructura de concreto, el puente representa el fin de un modelo de marginación institucional que obligaba a los habitantes a perder horas valiosas de su día.

El colapso de “La Panga” y el ahorro de tiempo

Hasta el día de ayer, los pobladores que necesitaban cruzar la zona enfrentaban dos opciones precarias: rodear la Presa “Manuel Ávila Camacho” (un trayecto desgastante de hasta 50 minutos en vehículo) o utilizar el antiguo sistema de “La Panga”, que requería esperas y maniobras de hasta 25 minutos.

Hoy, ese mismo cruce se realiza en tan solo un minuto con 30 segundos en automóvil y cuatro minutos a pie, gracias a los 480 metros de longitud de la nueva estructura.

“Así de marginadas estaban las comunidades, los gobernantes no las veían. El gobierno de Alejandro Armenta Mier no busca reconocimiento, busca justicia”, enfatizó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, durante la apertura de la vía.

Ingeniería avalada por CONAGUA y coinversión histórica

La obra civil requirió de un despliegue de tecnología de vanguardia y trabajos subacuáticos de alta complejidad. El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que el puente se erige sobre 28 trabes y cimentaciones que alcanzan profundidades de entre 29 y 60 metros. Estos ajustes estructurales fueron implementados por recomendación técnica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), garantizando los máximos niveles de seguridad para los usuarios.

El éxito logístico fue posible gracias a un modelo de cooperación institucional sin precedentes, donde el Gobierno del Estado absorbió el 59 por ciento del costo total de la obra, mientras que el Ayuntamiento de Puebla aportó el 41 por ciento restante, demostrando que la sinergia política rinde frutos tangibles.

Con este nuevo corredor, más de 1.7 millones de habitantes de siete municipios (Huehuetlán el Grande, Puebla, Tzicatlacoyan, San Juan Atzompa, Xochiltepec, Teopantlán y San Martín Totoltepec) verán facilitado su acceso a servicios de salud y educación. Además, la obra potenciará la comercialización de productos agrícolas y detonará el turismo en la floreciente Ruta del Mezcal.

“Se crean puentes de bienestar. ¡Nunca más obras faraónicas, hoy la gente manda!”, fue el mensaje que cerró la jornada, a la espera de la ceremonia oficial de inauguración que coronará este hito de justicia social para Puebla.

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CIUDAD DE MÉXICO. – Ante la inminencia de la temporada de lluvias y como respuesta a las afectaciones registradas el año anterior, el Gobierno de México anunció una ofensiva de infraestructura sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la asignación de cerca de 12 mil millones de pesos (mdp) destinados exclusivamente a la prevención de inundaciones, integrados en un macroplan de 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en 2 mil 300 municipios del país.

Esta estrategia, ejecutada a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destaca por una coordinación transversal con los gobiernos estatales y municipales. “Estamos haciendo una obra de agua o de drenaje en prácticamente todos los municipios del país. El objetivo es dar cauce a los ríos, que tengan el diámetro suficiente para captar agua y que no se desborde para afectar a las poblaciones”, puntualizó la mandataria durante “Las mañaneras del pueblo”.

Foco en zonas críticas: ZMVM y el sur-sureste

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, desglosó la operatividad del programa, priorizando la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde las inundaciones en el oriente han sido históricamente devastadoras. Destaca la ampliación de la Laguna El Salado y la construcción del Colector Chalco de Covarrubias, este último con una inversión superior a los mil millones de pesos.

Asimismo, el plan contempla el desazolve de 19 ríos estratégicos con una longitud total de 68.4 kilómetros, incluyendo cauces críticos como el Río de la Compañía, Cuautitlán y el Emisor Poniente.

Inversiones regionales estratégicas

La distribución del presupuesto responde a un diagnóstico de riesgo territorial:

• Veracruz: Recibe una de las mayores partidas con más de 1,500 mdp para la reconstrucción de los ríos Cazones y Pantepec, protegiendo a Poza Rica y Álamo.

• Guerrero: En Acapulco se destinarán 819 mdp para el desazolve del río La Sabana y la creación de presas retenedoras, beneficiando a 120 mil habitantes.

• Hidalgo: El rescate del río Tula continúa con una inversión de 467 mdp en protecciones marginales y bordos.

• Tabasco y Chiapas: Se inyectarán en conjunto más de 1,100 mdp para obras de protección en los ríos Suchiate y diversos afluentes tabasqueños.

Implicaciones para la gobernanza

Este despliegue de obra pública no solo busca la mitigación de riesgos inmediatos, sino consolidar un modelo de “justicia hídrica”. Al intervenir en prácticamente toda la geografía nacional, la administración federal apuesta por reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más marginadas, transformando la infraestructura básica en una herramienta de protección civil y estabilidad social de largo plazo.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO. – Legislar sobre el futuro hídrico de un estado no es tarea de una sola trinchera. Entendiendo que la crisis del agua exige músculo político y coordinación, la diputada local de Morena, Sully Mauricio Sixtos, logró articular un frente interinstitucional inédito desde el municipio de Ezequiel Montes para dar forma a la nueva Ley de Aguas de Querétaro.

El ejercicio marcó un claro precedente de gobernanza al sentar en la misma mesa a los tres niveles de gobierno. A la convocatoria de la legisladora acudieron el presidente municipal, Iván Reséndiz Ramírez; el representante de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el estado, Samuel Mena; y delegados de dependencias estratégicas federales como Conagua, Sader y CFE.

“No simulamos diálogo, construimos soluciones”

La prioridad de este frente común es clara: aterrizar la armonización de la Ley General de Aguas priorizando el binomio “agua/tierra”, con reglas justas que equilibren el abasto para el campo y las ciudades.

“Aquí no estamos simulando diálogo; estamos construyendo soluciones reales”, sentenció Mauricio Sixtos durante el encuentro. La legisladora advirtió que cualquier ordenamiento jurídico diseñado a puerta cerrada está condenado al fracaso. “Una ley que no se construye desde el territorio está destinada a fallar. Por eso estamos aquí, tomando decisiones con base en la realidad que viven nuestras comunidades”.

Al reunir a las dependencias federales que operan los pozos y la energía, junto a las autoridades municipales que enfrentan los reclamos vecinales diarios, Sully Mauricio busca saldar una deuda histórica. El objetivo final es entregar a Querétaro un marco legal que garantice el derecho humano al agua de forma ordenada, justa y, sobre todo, sostenible a largo plazo.

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Santiago de Querétaro, Qro., 20 de enero de 2026.— La diputada local Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, llamó a que la recién aprobada Ley General de Aguas se implemente con un liderazgo firme del Estado, priorizando a las familias y al sector agropecuario, y evitando que la industria continúe acaparando un recurso que —subrayó— debe ser tratado como un derecho humano y no como una mercancía.

La legisladora calificó la nueva ley como un avance histórico al devolver al Estado la rectoría sobre la gestión del agua, pero advirtió que su verdadero impacto dependerá de una reglamentación justa y de una armonización legal que no esté capturada por intereses industriales.

“La gestión del agua no puede quedar en manos de quienes históricamente han acaparado concesiones, mientras el campo y las familias padecen escasez”, afirmó.

Sully Mauricio enfatizó que, mientras la ley no sea publicada ni se emitan sus reglamentos, es indispensable que el Estado asuma un papel activo en la toma de decisiones, estableciendo reglas claras que coloquen en primer lugar el uso doméstico y la producción agropecuaria familiar, antes que el consumo intensivo de la industria.

“No podemos permitir que la armonización se haga pensando primero en el sector industrial y después en la gente. El agua debe alcanzar para los hogares y para quienes producen nuestros alimentos”, sostuvo.

La diputada reconoció los foros regionales y los esfuerzos por llevar la voz del campo a las mesas de diálogo con la CONAGUA, pero insistió en que esta participación debe ser real y vinculante, con un enfoque de justicia social. Entre los puntos que consideró urgentes destacó la actualización de concesiones obsoletas, la revisión de volúmenes autorizados y el combate frontal al acaparamiento del recurso hídrico.

Asimismo, subrayó que la Ley General de Aguas prohíbe la mercantilización del agua y apuesta por un modelo sustentable, por lo que ahora corresponde al Estado garantizar transparencia, datos actualizados sobre los acuíferos y reglas que protejan a las comunidades rurales de los 18 municipios de Querétaro.

Finalmente, Sully Mauricio fue enfática al señalar que la nueva legislación representa una oportunidad histórica para corregir desigualdades estructurales en el acceso al agua.

“Si el Estado lidera y se pone del lado del pueblo y del campo, podremos garantizar agua para todas y todos. Desde Querétaro vamos a vigilar que no se desvirtúe y que no se legisle en favor de intereses industriales por encima del derecho humano al agua”, concluyó.

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La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en estrecha colaboración con la Guardia Nacional, ha intensificado en las últimas semanas una serie de operativos estratégicos en Querétaro para detectar y clausurar pozos clandestinos y frenar las irregularidades en la extracción del recurso hídrico. Esta acción forma parte de una estrategia federal para garantizar el uso legal y sostenible del agua, un bien cada vez más preciado en la región.

Bajo la dirección del Ing. Gregorio Cruz Martínez, delegado estatal de CONAGUA, Querétaro se ha posicionado como un modelo regional en la lucha contra el robo de agua. “No se permitirá el robo del agua que pertenece a todos los queretanos”, advirtió el funcionario, quien ha encabezado personalmente varios de los operativos en distintos municipios del estado.

Durante las inspecciones recientes, se han localizado múltiples pozos en operación sin contar con la debida concesión, especialmente en zonas agrícolas e industriales de El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río. En dichos lugares, se ha detectado la extracción ilícita del recurso, generando un impacto directo en quienes sí operan bajo la normativa vigente y poniendo en riesgo el equilibrio de los acuíferos locales.

Gracias al respaldo de la Guardia Nacional, los operativos no solo han mantenido un carácter técnico, sino que se han llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, lo que ha permitido clausurar pozos ilegales y dar inicio a los procedimientos administrativos correspondientes.

En entrevista para LYPmultimedios, Gregorio Cruz Martínez enfatizó: “El agua es un recurso vital que debemos proteger entre todos. No podemos permitir que unos cuantos se beneficien de manera ilegal, mientras otros padecen la escasez. Vamos a seguir trabajando hasta recuperar cada litro que le pertenece a Querétaro”.

La CONAGUA ha confirmado que los operativos continuarán de manera permanente en todo el estado, como parte de la estrategia nacional para la protección del agua. Asimismo, extendió un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier extracción ilegal a través de los canales oficiales y exhortó a los usuarios a regularizar su situación para evitar sanciones.

Denuncias y reportes anónimos pueden realizarse al teléfono: (442) 256 1700.

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Durante el evento, celebrado en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, Kuri destacó que el agua debe dejar de ser un motivo de disputa y convertirse en un objetivo común, abordado con visión de futuro, sin intereses políticos. Recalcó que el modelo queretano es sustentable, justo y transparente.

Paola Félix Díaz, coordinadora del Acuerdo Nacional, elogió a Querétaro como un modelo de colaboración efectiva entre los tres niveles de gobierno y el sector académico, esencial para fortalecer la gobernanza hídrica. Por su parte, Gregorio Cruz Martínez, director de Conagua en el estado, subrayó los beneficios del acuerdo, que prioriza el uso doméstico sin incrementar la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

En las mesas de trabajo, representantes agrícolas e industriales compartieron sus perspectivas, enfatizando la necesidad de una gestión integral y participativa del recurso. El mensaje fue claro: el acceso al agua debe trascender colores políticos y convertirse en un propósito colectivo.

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