La emergencia por el sismo de magnitud 7.4 mantiene operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Colombia señaló inicialmente que no requería más personal extranjero especializado, aunque posteriormente definió necesidades de asistencia internacional en hospitales de campaña, agua, alimentos y otros insumos.

Bogotá, Colombia. La cifra de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia aumentó a al menos 224, mientras las autoridades y organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda, atención a personas heridas y evaluación de daños en las regiones más afectadas.

El desastre ha dejado además miles de personas lesionadas, viviendas destruidas y severas afectaciones en infraestructura. La dimensión definitiva de la emergencia todavía no se conoce, debido a que existen comunidades de difícil acceso y continúan las labores de remoción de escombros.

Cali, en Valle del Cauca, y Pereira, en Risaralda, se encuentran entre las ciudades con mayor número de víctimas y daños. En Chocó, municipios cercanos al epicentro, entre ellos San José del Palmar, también enfrentan una situación crítica.

Colombia limita inicialmente la llegada de rescatistas extranjeros

En medio de la emergencia surgió una controversia sobre la gestión de la ayuda internacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que las autoridades colombianas comunicaron que sus equipos de rescate, personal médico y demás cuerpos de emergencia ya se encontraban desplegados, por lo que en ese momento no requerían apoyo adicional de personal extranjero.

Esto no significó un rechazo general a toda la asistencia internacional.

La posición comunicada inicialmente estuvo dirigida principalmente a la incorporación de más equipos extranjeros de rescate, mientras Colombia manifestó necesidades relacionadas con recursos económicos e insumos humanitarios.

Posteriormente, la Cancillería colombiana agradeció las ofertas de apoyo internacional y detalló prioridades como hospitales de campaña, kits de alimentación, elementos de aseo y hábitat, insumos para agua, saneamiento e higiene, así como artículos de cocina y menaje.

También anunció la llegada de los primeros vuelos con ayuda humanitaria.

La evolución de estas decisiones muestra que la respuesta internacional se encuentra en proceso de coordinación y que las necesidades pueden modificarse conforme las autoridades evalúan la magnitud del desastre.

Cali y Pereira concentran parte de la emergencia

Las operaciones de rescate continúan especialmente en Cali y Pereira, donde se registraron colapsos de edificios y graves afectaciones a viviendas.

En Cali permanece además la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

La remoción de escombros avanza en condiciones complejas. Derrumbes bloquearon carreteras y dificultaron el acceso a algunas de las comunidades afectadas, mientras otras zonas enfrentan interrupciones de energía, agua potable y telecomunicaciones.

Esta situación ha complicado tanto el ingreso de suministros como la consolidación de un balance definitivo de víctimas.

Chocó enfrenta dificultades de acceso

La situación también resulta crítica en el departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro.

Habitantes de localidades como San José del Palmar han reportado severos daños en viviendas e infraestructura.

La vulnerabilidad histórica de algunas comunidades del litoral Pacífico añade otro componente a la emergencia: garantizar que la respuesta no se concentre únicamente en las grandes ciudades y que los recursos alcancen a poblaciones rurales y comunidades tradicionalmente rezagadas.

La atención de un desastre de esta magnitud implica no solamente rescatar personas entre los escombros, sino restablecer agua, electricidad, comunicaciones, atención médica, movilidad y condiciones mínimas de alojamiento.

Gobierno declara emergencia económica y social

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias del terremoto.

El mandatario anunció apoyos para las personas que perdieron sus viviendas, comenzando con subsidios de arrendamiento mientras se avanza hacia una etapa posterior de reconstrucción.

También planteó subsidios temporales para el pago de servicios públicos en las zonas afectadas.

“Tengan un poco de paciencia, estamos trabajando a marchas forzadas para lograr superar la tragedia. No los voy a abandonar”, expresó durante una visita a Pereira.

La coordinación gubernamental, bajo escrutinio

La gestión de la emergencia ha generado cuestionamientos políticos.

Legisladores del Pacto Histórico han señalado posibles problemas de coordinación durante los primeros días del nuevo gobierno y han relacionado parte de las dificultades con la ausencia de un proceso de transición con la administración del expresidente Gustavo Petro.

Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos de la oposición y no permiten establecer, por sí mismas, que los problemas registrados durante la emergencia sean consecuencia directa de la transición política.

La respuesta del Estado deberá evaluarse a partir de elementos verificables: velocidad de los rescates, capacidad para llegar a comunidades aisladas, coordinación institucional, distribución de recursos y transparencia sobre las necesidades de asistencia.

Ayuda internacional comienza a movilizarse

Distintos países han expresado su disposición para apoyar a Colombia.

Estados Unidos anunció recursos económicos para atender la emergencia, mientras otros gobiernos ofrecieron personal especializado, insumos y asistencia logística.

México también preparó personal militar especializado para apoyar las operaciones en caso de que las autoridades colombianas requirieran su despliegue.

La respuesta internacional deberá coordinarse con las necesidades determinadas por Colombia para evitar duplicidades y dirigir los recursos hacia las zonas donde resulten más necesarios.

Una emergencia cuyo balance continúa abierto

El terremoto ha dejado una crisis humanitaria que todavía se encuentra en evolución.

La cifra de 224 personas fallecidas constituye un balance provisional y podría cambiar conforme avancen las operaciones de búsqueda y las autoridades logren acceder a las comunidades más afectadas.

Más allá de la discusión política sobre la respuesta gubernamental, la prioridad permanece en localizar a quienes siguen desaparecidos, atender a las personas heridas y garantizar agua, alimentación, refugio y servicios médicos a las poblaciones damnificadas.

Las próximas horas serán determinantes para conocer la dimensión real de la tragedia y para evaluar la capacidad de Colombia de articular sus recursos nacionales con la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.

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Bogotá, Colombia. El número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto aumentó a al menos 169, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas y comunidades afectadas en distintas regiones del país.

El balance de la tragedia ha cambiado rápidamente conforme los organismos de emergencia acceden a las zonas dañadas. Durante el lunes se habían reportado 132 personas fallecidas, 570 heridas y 188 desaparecidas, además de graves afectaciones en viviendas, edificios públicos e infraestructura.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y fue percibido en una amplia extensión del territorio colombiano.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, mientras ciudades como Cali, Pereira y Manizales reportaron daños de consideración.

Búsqueda de sobrevivientes continúa

Las operaciones de emergencia se concentran en la búsqueda y rescate de personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

En Cali, las autoridades habían reportado 188 personas desaparecidas, además de edificios colapsados y miles de viviendas afectadas.

La magnitud de los daños también ha complicado las comunicaciones y el acceso a algunas localidades. Derrumbes sobre carreteras, interrupciones en los servicios de energía y agua y problemas de conectividad dificultan tanto la evaluación de las afectaciones como la llegada de ayuda.

El balance, por ello, permanece abierto y puede continuar modificándose conforme avancen las operaciones de búsqueda.

Un terremoto sentido en buena parte de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano registró numerosos reportes ciudadanos procedentes de diferentes regiones después del movimiento principal.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7.4 y tuvo como epicentro la región de San José del Palmar, en Chocó. La sacudida fue percibida con fuerza en el litoral Pacífico y el Eje Cafetero.

Las imágenes difundidas desde las zonas afectadas muestran daños en viviendas, edificios y vialidades, mientras organismos de emergencia mantienen evaluaciones estructurales para determinar qué inmuebles pueden seguir siendo utilizados.

También se mantiene vigilancia ante posibles réplicas.

Gobierno declara emergencia nacional

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró el estado de emergencia nacional y puso en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta gubernamental.

El mandatario señaló que la prioridad es localizar y rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

De la Espriella se trasladó primero al departamento del Chocó y posteriormente a Cali, mientras integrantes de su gobierno fueron enviados a otras regiones afectadas.

El Ejecutivo anunció además apoyos para las familias que perdieron sus viviendas y medidas destinadas a acelerar la llegada de recursos a las comunidades damnificadas.

La gestión de la emergencia, bajo escrutinio

El terremoto ocurre apenas días después del inicio del nuevo gobierno colombiano y representa su primera gran emergencia nacional.

La diferencia entre los balances difundidos durante las primeras horas evidenció las dificultades para consolidar información procedente de las múltiples regiones afectadas. El lunes, mientras el gobierno federal reportaba 111 fallecimientos en uno de sus cortes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales elevaba posteriormente el balance a 132.

La respuesta institucional y la capacidad de coordinación del nuevo gobierno estarán bajo escrutinio conforme avance la emergencia. Sin embargo, las diferencias entre balances preliminares no permiten, por sí mismas, atribuir responsabilidades políticas: en desastres de esta magnitud las cifras suelen cambiar conforme los equipos ingresan a las zonas afectadas.

Lo que sí resulta central es la capacidad del Estado para coordinar rescates, mantener información pública verificable y garantizar que los recursos lleguen con rapidez a las personas damnificadas.

La emergencia entra ahora en una etapa crítica

Colombia enfrenta simultáneamente la búsqueda de sobrevivientes, la atención de cientos de personas heridas, la evaluación de miles de viviendas y la recuperación de infraestructura esencial.

El aislamiento parcial de algunas comunidades representa otro desafío. Las afectaciones carreteras y las interrupciones de servicios pueden dificultar el ingreso de maquinaria, equipos médicos, alimentos y agua potable.

La ayuda internacional comenzó también a movilizarse ante la dimensión del desastre.

En las próximas horas, la prioridad seguirá concentrada en localizar personas desaparecidas y acceder a comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

La cifra de víctimas, desaparecidos y daños materiales continúa en actualización.

Más allá de los números, la emergencia representa miles de familias que buscan a sus seres queridos, personas que han perdido sus hogares y comunidades que deberán enfrentar un proceso de recuperación que apenas comienza.

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En medio de la emergencia nacional por el terremoto que golpeó a Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un giro de alto impacto en su política exterior: retiró el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y respaldó la soberanía israelí sobre el territorio sirio ocupado desde 1967.

En plena tragedia por el terremoto que sacudió a Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió dar un giro profundo en su política exterior: reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y la de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexado unilateralmente en 1981.

La decisión marca una ruptura con la política exterior del gobierno anterior de Gustavo Petro, que había restablecido el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 2022 y había roto relaciones diplomáticas con Israel en 2024 por la guerra en Gaza.

Respecto al Sáhara Occidental, la Cancillería colombiana informó que el país congelará sus relaciones con la RASD y no mantendrá contactos políticos ni diplomáticos con esta entidad. La medida también implica que Colombia no impulsará intercambio de misiones ni respaldo a la RASD en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

“Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sáhara Occidental y, en ese contexto, la posición del Gobierno de Colombia será congelar las relaciones con la RASD a partir de la fecha”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

La Cancillería defendió que la decisión busca revitalizar la relación con Marruecos, país al que describió como aliado de Colombia desde hace casi 50 años. Según el comunicado, la nueva dinámica bilateral se apoyará en cooperación comercial, promoción de inversiones, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico, así como en el fortalecimiento de la conectividad atlántica entre ambos países.

Sin embargo, el giro no es menor. El Sáhara Occidental continúa siendo uno de los conflictos de descolonización más prolongados del mundo. Naciones Unidas lo mantiene en su lista de territorios no autónomos, mientras Marruecos controla la mayor parte del territorio y el Frente Polisario reclama el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Colombia también respalda a Israel sobre los Altos del Golán

El gobierno colombiano también reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel durante la guerra de 1967 y anexado de manera unilateral en 1981.

La Cancillería sostuvo que el control israelí sobre esa zona es estratégico para la seguridad de Israel ante la persistente inestabilidad en Medio Oriente y vinculó su decisión con las amenazas regionales que se intensificaron tras los ataques del 7 de octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció la decisión y la calificó como “histórica”. También afirmó que el reconocimiento fue resultado del encuentro que sostuvo con De la Espriella en Barranquilla y adelantó que buscará que otros países se sumen a Estados Unidos y Colombia en el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el territorio.

El anuncio colombiano se produjo días después de que Bogotá y Tel Aviv restablecieron relaciones diplomáticas, suspendidas en mayo de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro por el conflicto en Gaza.

La decisión, sin embargo, entra en tensión con la posición mayoritaria de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró en 1981 que la decisión de Israel de imponer sus leyes, jurisdicción y administración sobre los Altos del Golán era nula y sin efecto jurídico internacional.

Un giro diplomático en medio de la emergencia

El momento político del anuncio también genera debate. Colombia atraviesa una emergencia nacional tras el terremoto que dejó decenas de personas fallecidas, daños en infraestructura y una movilización urgente de recursos públicos.

En ese contexto, el gobierno de De la Espriella abrió dos frentes diplomáticos sensibles: por un lado, se alinea con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental; por otro, se suma al reducido grupo de países que reconocen la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

La decisión confirma el viraje internacional del nuevo gobierno colombiano hacia una política exterior más cercana a Marruecos, Israel y Estados Unidos, y más distante de las posiciones que sostuvo Gustavo Petro en torno a Palestina, el Sáhara Occidental y los gobiernos del sur global.

Más allá del comunicado oficial, el fondo del debate es claro: Colombia está redefiniendo su lugar en el tablero internacional justo cuando enfrenta una tragedia interna. Y lo hace tomando postura sobre dos territorios cuya soberanía sigue siendo objeto de disputa, ocupación o revisión en el derecho internacional.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 24 de junio de 2026.— Morena expresó su solidaridad con el líder social y candidato colombiano Iván Cepeda, al tiempo que llamó a defender la transparencia electoral en Colombia ante una contienda presidencial marcada por un margen estrecho, impugnaciones y una intensa disputa política sobre el futuro democrático de ese país.

En el comunicado 070/2026, el partido mexicano sostuvo que los acontecimientos recientes en Colombia ameritan una posición pública de acompañamiento hacia quienes, desde su perspectiva, han levantado la bandera de la paz, la justicia social y la transformación democrática.

El pronunciamiento no se limita a una felicitación política ni a un gesto diplomático: es una lectura regional sobre el avance de la ultraderecha, la disputa por la soberanía popular y el papel de los proyectos progresistas en América Latina.

Morena describió a Iván Cepeda como un hombre “honesto, congruente y comprometido” con las causas de Colombia y América Latina. También destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, la construcción de paz y la dignificación de sectores históricamente excluidos.

“Iván Cepeda es un hombre honesto, congruente y comprometido con las mejores causas para Colombia y las de América Latina”, señaló el comunicado.

El partido afirmó que millones de colombianas y colombianos depositaron su confianza en un proyecto de esperanza, pese a lo que calificó como guerra sucia, presión de poderes fácticos e intervención de intereses contrarios a cambios profundos.

La parte medular del posicionamiento está en la exigencia de certeza electoral. Morena advirtió que, cuando una elección se define por una diferencia menor al 1%, ninguna fuerza política debería apresurarse a clausurar el debate democrático sin agotar los mecanismos legales de revisión.

De acuerdo con el comunicado, el margen señalado sería de 0.9%, equivalente a menos de 250 mil votos, por lo que el partido consideró indispensable revisar cada instancia prevista por la legislación colombiana antes de dar por cerrado el proceso.

“La democracia no puede construirse sobre la prisa de la ultraderecha para generar una narrativa de un supuesto triunfo anunciado desde el exterior. La democracia exige certeza, transparencia y pleno respeto a la voluntad popular”, sostuvo Morena.

El comunicado estableció un paralelismo con la historia electoral mexicana y recordó la elección presidencial de 2006, que el partido calificó como fraudulenta y definida por una diferencia mínima. Para Morena, esa experiencia dejó una herida democrática y una consigna política que aún forma parte de su identidad: voto por voto.

“En México no olvidamos lo ocurrido en 2006: una elección fraudulenta definida por una diferencia mínima que dejó una profunda herida democrática en nuestro país”, planteó el partido.

El texto también reivindicó la lucha de Andrés Manuel López Obrador y del pueblo de México como origen de una cultura política orientada a la defensa del sufragio. Desde esa lectura, Morena sostuvo que si la diferencia en Colombia es menor al 1%, debe realizarse un recuento voto por voto para garantizar que la voluntad popular sea respetada.

La argumentación no se queda en el terreno simbólico. Morena citó como antecedente las elecciones legislativas colombianas de 2022, cuando el escrutinio oficial permitió recuperar cerca de 390 mil votos en favor del cambio que, según el comunicado, habían sido omitidos en el preconteo.

Bajo esa referencia, el partido afirmó que la prudencia política y la legalidad institucional obligan a revisar actas, formularios y las más de 33 mil mesas impugnadas por el bloque que respalda a Cepeda.

“Defender el derecho de los pueblos a que cada voto sea contado y respetado nunca será un exceso; por el contrario, es la esencia misma de la democracia”, señaló Morena.

El posicionamiento también incluyó una advertencia ideológica: el avance de expresiones de ultraderecha en América Latina. El partido sostuvo que esos proyectos buscan reinstalar modelos basados en la exclusión, el odio, la persecución política, el debilitamiento de derechos sociales y el sometimiento de intereses nacionales a poderes económicos.

En esa lectura regional, Colombia aparece como algo más que una elección nacional: se convierte en espejo de una disputa continental entre proyectos de igualdad social y restauraciones conservadoras de alta intensidad.

Morena afirmó que, cuando la ultraderecha llega al poder, las primeras consecuencias suelen recaer sobre comunidades rurales, trabajadores, mujeres, jóvenes, pueblos originarios y sectores que luchan por sociedades más igualitarias.

El comunicado cerró con un llamado a colocar la paz, los derechos humanos y la democracia por encima de cualquier interés político o económico. También reiteró su solidaridad con Iván Cepeda, su movimiento y el pueblo colombiano.

La posición de Morena abre una conversación delicada para la política latinoamericana: cómo defender la transparencia electoral sin desconocer las instituciones, cómo exigir recuentos sin alimentar rupturas democráticas y cómo enfrentar narrativas de intervención extranjera en procesos altamente polarizados.

La elección colombiana deja una pregunta de fondo para la región: cuando una contienda se decide por márgenes mínimos, el problema no es contar de nuevo; el problema sería negarse a despejar toda duda razonable.

En tiempos donde las democracias latinoamericanas se juegan entre urnas, tribunales, redes sociales y presiones internacionales, la exigencia elemental permanece intacta: que cada voto cuente, que cada acta pueda revisarse y que ningún poder sustituya la voluntad popular.

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En una jornada electoral que rompió récords históricos de participación, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella se perfila como el virtual ganador de la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, según los resultados del preconteo oficial. No obstante, el abanderado del progresismo, Iván Cepeda, anunció que dará la batalla legal e impugnará decenas de miles de mesas de votación, dejando el veredicto definitivo en manos de los jueces que realizan el escrutinio final.

Un margen milimétrico y participación histórica

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil —autoridad electoral colombiana—, con el 99.7% de las 122 mil mesas nacionales y del exterior escrutadas, De la Espriella, apodado “El Tigre”, obtuvo 12 millones 956 mil 941 votos (49.66%) frente a los 12 millones 707 mil 117 sufragios (48.7%) conseguidos por Cepeda, líder de la coalición del Pacto Histórico.

La jornada del domingo destacó por un vuelco masivo a las urnas: sufragaron 2 millones 300 mil colombianos más que en la primera vuelta del 31 de mayo. La participación total ascendió a 25 millones 658 mil 433 personas, lo que representa el 64% del padrón electoral, pulverizando la histórica abstención del 52% que ha caracterizado al país.

“Nace una nueva Colombia”: Celebración y respaldo de Washington

A pesar de que el preconteo no posee efectos vinculantes según la legislación local, De la Espriella celebró el triunfo desde Barranquilla. Tras recorrer las calles de la ciudad costera en un vehículo blindado denominado “tigremóvil”, ofreció un discurso ante una multitud en un escenario iluminado por fuegos artificiales.

“Nace una nueva Colombia. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Respetaré la Constitución de manera estricta. Gobernaré para todos los colombianos, así hayan votado por el otro candidato”, exclamó el líder derechista, cuya fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo.

El impacto internacional de los resultados no se hizo esperar. De la Espriella confirmó haber mantenido una conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien le extendió sus felicitaciones y ofreció el apoyo de su gobierno. Horas más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, validó el acercamiento y manifestó el interés de la administración de Trump para colaborar estrechamente en materia de seguridad regional, fortalecimiento económico y el combate a la inmigración ilegal hacia el país norteamericano. Líderes de América del Sur se sumaron también a las felicitaciones.

Cepeda y Petro cierran filas: “Vamos a los escrutinios”

Desde la otra acera, Iván Cepeda reconoció los datos del preconteo pero advirtió que no se dejarán amedrentar. El líder de izquierda aseguró que la coalición protegerá los avances logrados en el país, como el salario vital, el bono pensional y la educación pública.

“Hoy es un gran día, vamos a los escrutinios y vamos con la movilización social… Somos una fuerza resistente”, apuntó Cepeda, al tiempo que convocó a un gran diálogo nacional para asegurar la paz y erradicar la violencia.

La postura legal del Pacto Histórico fue respaldada firmemente por el presidente en funciones, Gustavo Petro, quien a través de la red social X denunció irregularidades y llamó a una movilización masiva de abogados para revisar minuciosamente los formularios E-14, mesa por mesa. Según Petro, la diferencia del 0.3% que actualmente favorece a De la Espriella suele superarse con el conteo de los jueces, afirmando que “se apresuran hoy a darse por ganadores porque temen al escrutinio”.

Tensiones en las calles

Mientras el panorama institucional entra en una fase de profunda incertidumbre legal a la espera del veredicto definitivo de los jueces, la polarización social comenzó a manifestarse de forma violenta. Al cierre de la jornada, se reportaron fuertes disturbios en la ciudad de Cali, donde miles de manifestantes chocaron con la policía y quemaron banderas de Estados Unidos en rechazo a los resultados electorales.

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