“Educación Superior 2026” concentrará opciones para jóvenes que no obtuvieron un lugar en la UNAM u otras instituciones; la plataforma servirá para localizar alternativas, pero no realizará asignaciones automáticas.

Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.— El Gobierno de México anunció la apertura de la plataforma Educación Superior 2026, que concentrará 37 mil 503 lugares disponibles en universidades y distintas carreras, como una alternativa para jóvenes que no consiguieron ingresar a la institución elegida durante el actual proceso de admisión.

La herramienta estará disponible a partir del martes 25 de agosto en educacionsuperior2026.sep.gob.mx y reunirá opciones ofrecidas por instituciones públicas de educación superior, principalmente de la región centro del país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 18 mil 674 de los lugares corresponden a programas presenciales y 18 mil 829 a modalidades virtuales. Esto significa que poco más de la mitad de la oferta anunciada será a distancia, una diferencia relevante para estudiantes que buscan formación dentro de un campus o que no disponen de conectividad y equipo adecuados.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la plataforma como parte de la estrategia de su administración para ampliar el acceso a la educación pública y ofrecer opciones a quienes no fueron admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Vamos a seguir construyendo más universidades y más preparatorias, para que todo aquel joven que quiera estudiar tenga el derecho de estudiar”, declaró durante su conferencia matutina.

La plataforma orientará, pero no asignará lugares

Aunque el Gobierno federal describió los 37 mil 503 espacios como una respuesta para quienes quedaron fuera de la UNAM, la plataforma no funcionará como un sistema centralizado de asignación.

Sheinbaum reconoció que la autonomía de distintas universidades impide que la SEP inscriba directamente a los aspirantes. La herramienta permitirá consultar instituciones, programas y lugares disponibles, pero cada estudiante deberá dirigirse posteriormente a la universidad correspondiente y cumplir sus requisitos, fechas y procedimientos de admisión.

Por tanto, la cifra anunciada no equivale a 37 mil 503 inscripciones garantizadas ni necesariamente a igual número de espacios recién creados. Se trata de lugares que las instituciones reportaron como disponibles y cuya ocupación dependerá de que las personas interesadas concluyan los trámites particulares.

El comunicado tampoco presentó el desglose completo por universidad, entidad federativa o carrera. Esa información deberá conocerse cuando la plataforma comience a operar.

La distinción resulta importante frente al mensaje presidencial de “garantizar” el acceso. La existencia de una vacante constituye una oportunidad, pero la garantía efectiva requiere que el aspirante pueda cumplir los criterios académicos y administrativos, solventar traslados o conectividad y permanecer dentro del programa elegido.

Alternativa ante la insuficiencia de lugares en la UNAM

La presidenta señaló que las personas aspirantes no admitidas en la UNAM no necesariamente carecen de capacidades académicas, sino que enfrentan una disponibilidad de lugares menor a la demanda.

“Para todos aquellos que no son aceptados por la UNAM, les tenemos una buena noticia: hay 37 mil 503 espacios adicionales en las universidades”, expresó.

Sheinbaum defendió el fortalecimiento de las instituciones públicas y sostuvo que estudiar una carrera no debe convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden pagar una universidad privada. También mencionó la creación y expansión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que durante los últimos dos años se abrieron 245 mil 111 lugares en educación superior. El comunicado, sin embargo, no incluyó un desglose por institución, modalidad o ciclo escolar que permita contrastar esa cifra.

Mi Derecho, Mi Lugar asignó a 74.2% en su primera opción

Durante la misma conferencia, la SEP presentó los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar, el sistema de ingreso a bachillerato implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Delgado informó que se recibieron 191 mil 69 solicitudes dentro de la modalidad de acceso directo. De ese universo, 74.2 por ciento fue asignado a su primera opción; 19.7 por ciento, a la segunda; 5.4 por ciento, a la tercera, y 0.7 por ciento, a la cuarta.

Las cifras corresponden específicamente a quienes participaron en la ruta de acceso directo y no deben confundirse con la totalidad de aspirantes que presentaron procesos de selección para instituciones que conservaron examen propio.

El funcionario añadió que en 17 entidades donde se eliminó el examen de ingreso a educación media superior fueron asignados 595 mil 949 estudiantes. De ese grupo, 80.4 por ciento quedó en su primera opción, 12.9 por ciento en la segunda y 3.4 por ciento en la tercera. En conjunto, 96 por ciento obtuvo un lugar dentro de alguna de sus tres primeras preferencias.

El anuncio se produce una semana después de que el Gobierno federal informara que duplicará a 400 mil la meta sexenal de nuevos lugares en bachillerato, incluyendo opciones presenciales, semipresenciales y a distancia, según el comunicado de Presidencia del 17 de agosto.

SEP reporta 657 mil dobles certificaciones

La dependencia también informó que concluyó la primera generación del denominado Bachillerato Nacional, con la expedición de 657 mil 520 dobles certificaciones.

El esquema entrega a cada estudiante un Certificado de Bachillerato Nacional y un segundo documento avalado por una institución de educación superior. El objetivo gubernamental es que las personas egresadas cuenten con una acreditación adicional de los conocimientos o competencias adquiridos.

La apertura de Educación Superior 2026 puede reducir la dispersión de información y acercar alternativas a miles de aspirantes. Su resultado, sin embargo, deberá medirse por el número de jóvenes que formalicen su inscripción y permanezcan estudiando, no únicamente por las vacantes exhibidas en una página electrónica.

La plataforma podrá facilitar el encuentro entre demanda y oferta. Convertir esa posibilidad en un derecho efectivo dependerá de la capacidad académica, presupuestaria y territorial de las universidades que recibirán a las y los estudiantes.

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El gobernador de Sinaloa intentó volver después de 112 días de licencia, pero encontró la desaprobación de Claudia Sheinbaum y un cerco político levantado por Morena. La crisis se desarrolló casi íntegramente en X y ahora coloca bajo presión el regreso presencial al Senado anunciado por Enrique Inzunza.

Ciudad de México.— A Rubén Rocha Moya no le duró 26 horas el regreso a la gubernatura de Sinaloa. Le duró aproximadamente 33. Las primeras 26 transcurrieron entre su anuncio de reincorporación y el mensaje con el que Claudia Sheinbaum, sin mencionarlo por su nombre, convirtió su retorno en una insubordinación políticamente insostenible.

La precisión no es menor. Permite comprender el papel central de la Presidenta en una trama que comenzó como la decisión unilateral de un gobernador cuestionado y terminó como una demostración pública de disciplina dentro del oficialismo.

Rocha Moya anunció en X, a las 8:46 de la mañana del viernes 21 de agosto, que retomaba el cargo después de 112 días de licencia. Un día después, alrededor de las 11:00 horas, Sheinbaum publicó una severa reflexión sobre los límites del poder, la ambición personal y la obligación de colocar al país por encima de cualquier interés particular. Durante la tarde, el gobernador presentó ante el Congreso sinaloense una nueva solicitud para separarse del puesto por tiempo indefinido.

Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo. pic.twitter.com/4QafpoSDPt

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 23, 2026

Entre un mensaje y otro, Morena pasó del desconcierto al deslinde, los gobernadores oficialistas cerraron filas con la Presidenta y las bancadas legislativas pidieron a Rocha reconsiderar su regreso. La rebelión terminó antes de cumplir día y medio.

La cronología de una crisis digital

El origen judicial de la crisis se encuentra en Nueva York. El 29 de abril, la Fiscalía federal del Distrito Sur presentó cargos contra Rocha Moya, Enrique Inzunza y ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.

La acusación sostiene que habrían protegido operaciones de Los Chapitos, facilitado información institucional y recibido beneficios a cambio. Sin embargo, se trata de imputaciones que todavía deben probarse ante un tribunal: los acusados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia. Así lo puntualiza el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tres días después de conocerse el expediente, el Congreso de Sinaloa concedió a Rocha una licencia superior a 30 días y colocó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. Aquella salida fue presentada como una decisión republicana destinada a facilitar las investigaciones y evitar interferencias desde el Ejecutivo estatal.

El viernes, Rocha decidió que ese periodo había concluido.

La absolución que Rocha proclamó, pero la FGR no anunció

El mandatario justificó su regreso con una afirmación políticamente rentable, pero institucionalmente incompleta: aseguró que la Fiscalía General de la República había informado que no existían elementos mínimos para atribuirle una conducta delictiva.

No existe, sin embargo, una comunicación pública de la FGR que declare cerrado el expediente o exonere definitivamente al gobernador. Por el contrario, la Secretaría de Gobernación respondió que las investigaciones contra Rocha y los demás señalados permanecen abiertas.

La diferencia es sustantiva. Que una autoridad no haya judicializado una investigación, solicitado una detención o encontrado hasta ahora elementos suficientes no equivale a una resolución definitiva de inocencia. Rocha convirtió una situación procesal inconclusa en una absolución política anticipada.

Esa interpretación fue desmentida por el propio Gobierno federal. Gobernación calificó la reincorporación como una determinación “de carácter personal”; Morena señaló que su dirigencia no había tenido conocimiento previo y se deslindó del movimiento. La imagen de un retorno acordado con Palacio Nacional comenzó a desmoronarse el mismo día en que fue anunciada.

Rocha alcanzó a reunir a su gabinete y a reincorporar a Yeraldine Bonilla a la Secretaría General de Gobierno. El aparato estatal difundió fotografías y comunicados para transmitir normalidad institucional. Pero aquella normalidad administrativa nunca consiguió convertirse en viabilidad política. El Gobierno de Sinaloa oficializó la reincorporación, mientras el partido gobernante desmontaba públicamente su legitimidad.

Sheinbaum ejerció el poder sin dictar una orden

La intervención decisiva llegó desde la cuenta de X de Claudia Sheinbaum.

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”, escribió la Presidenta. Más adelante agregó una frase que concentró toda la carga del mensaje: “El poder sin principios se vuelve arrogancia”.

Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder.
Porque el poder sin…

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 22, 2026

Sheinbaum no escribió el nombre de Rocha Moya. Tampoco podía destituirlo: la gubernatura de Sinaloa deriva del voto estatal y su separación corresponde al Congreso local bajo las reglas constitucionales. Pero el contexto hacía inequívoco el destinatario político de sus palabras.

La Presidenta construyó así una condena sin orden administrativa y un ultimátum sin membrete. Preservó la distancia jurídica —no instruyó formalmente al Congreso ni al gobernador—, pero dejó claro que el regreso carecía de respaldo presidencial.

El movimiento fue especialmente relevante porque Sheinbaum había dicho que se enteró de la reincorporación mediante la publicación del propio Rocha. La sorpresa se convirtió rápidamente en una prueba de autoridad: permitir que el gobernador permaneciera habría debilitado la narrativa de control político, transparencia y combate a la impunidad del Gobierno federal.

También habría introducido un elemento de fricción con Washington. Las bancadas de Morena advirtieron que ningún interés individual debía comprometer la relación con otros países. No era una fórmula diplomática gratuita: la acusación contra Rocha procede de una corte estadounidense y forma parte de una relación bilateral atravesada por extradiciones, narcotráfico, seguridad fronteriza y cooperación judicial.

No hay evidencia pública de que Estados Unidos haya emitido un nuevo ultimátum durante esas 33 horas. Sí existe un contexto en el que el retorno de Rocha podía interpretarse como un desafío político a una causa judicial abierta en Nueva York. La intervención de Sheinbaum evitó que esa interpretación se transformara en posición oficial del Estado mexicano.

El malestar en Morena dejó de ser rumor

La incomodidad dentro de Morena no se expresó mediante filtraciones anónimas, sino en documentos y pronunciamientos públicos.

La dirigencia nacional se deslindó. Las bancadas del partido solicitaron reconsiderar la decisión. Ricardo Monreal habló de la necesidad de aclarar que el Estado mexicano no había participado en la operación. Finalmente, 23 gobernadores oficialistas difundieron un posicionamiento en el que calificaron el retorno como unilateral y llamaron a Rocha a actuar con “madurez y responsabilidad”.

El comunicado de los mandatarios fue una forma extraordinaria de aislamiento. Los gobernadores suelen cerrar filas para protegerse de acusaciones externas; en esta ocasión cerraron filas para separar a uno de los suyos de la Presidenta.

El mensaje reveló, además, una disputa sobre quién define los costos aceptables para el movimiento. Rocha pretendió ejercer el mandato constitucional que conserva hasta octubre de 2027. Morena respondió que la legalidad formal del regreso no resolvía su inconveniencia política.

En el ámbito local, algunos dirigentes y legisladores sinaloenses respaldaron inicialmente al gobernador. Pero el apoyo territorial fue insuficiente frente al cerco nacional. La fuerza de Rocha dentro de Sinaloa no compensó su soledad en el sistema presidencial y partidista.

X, el salón de crisis de la Cuarta Transformación

Pocas crisis políticas recientes se han desarrollado de manera tan completa en una sola plataforma.

Rocha anunció su regreso en X. Morena circuló ahí su deslinde. Los gobernadores difundieron su pronunciamiento en redes. Sheinbaum publicó el mensaje que terminó de arrinconarlo. Rocha cerró el episodio compartiendo la fotografía de su nueva solicitud de licencia con una frase que funcionó como aceptación de la jerarquía política: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Mofc7YXB0u

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 21, 2026

X operó como gaceta, plaza pública, archivo y mecanismo de presión. La plataforma permitió que cada actor fijara postura en tiempo real sin esperar conferencias, sesiones legislativas o comunicados extensos.

También ofreció una herramienta de ambigüedad. Sheinbaum pudo censurar el regreso sin nombrar al gobernador; Rocha pudo retirarse sin reconocer explícitamente que había sido derrotado. Ambos conservaron una delgada salida retórica, aunque el resultado político no admite demasiadas interpretaciones.

La decisión sustantiva ocurrió primero en las pantallas. El procedimiento institucional quedó detrás: la nueva licencia fue presentada ante la Diputación Permanente y corresponde al Congreso de Sinaloa resolverla y determinar la continuidad del interinato. La red social no sustituyó jurídicamente a las instituciones, pero sí marcó el desenlace antes de que terminara el trámite.

Las teorías: lo comprobado y lo que sigue sin sostenerse

La vertiginosa secuencia produjo numerosas explicaciones. No todas tienen el mismo respaldo.

Un acuerdo secreto con Palacio Nacional. La reacción de Gobernación, Morena, las bancadas, los gobernadores y la propia Sheinbaum contradice esta versión. No puede descartarse que hubieran existido contactos previos, pero no hay evidencia de una autorización presidencial. Los hechos conocidos apuntan a una iniciativa unilateral.

El regreso para recuperar el fuero. Rocha afirmó que durante su licencia enfrentó las investigaciones como ciudadano. Sin embargo, los efectos de una licencia temporal sobre la inmunidad procesal de un gobernador son materia de discusión jurídica. No existe prueba documental de que la recuperación del fuero haya sido el motivo central de su regreso.

Una exoneración de la FGR. Es la teoría menos sostenible. Gobernación confirmó que las investigaciones permanecen abiertas. La ausencia de una orden de captura o de una judicialización inmediata no equivale al cierre definitivo del caso.

Una nueva presión de Estados Unidos. El contexto bilateral vuelve plausible que la relación con Washington pesara en las deliberaciones. Pero hasta ahora no se conoce una comunicación estadounidense que haya provocado directamente la retirada.

Una operación para preservar el grupo político de Rocha rumbo a 2027. La sucesión sinaloense ofrece un incentivo evidente: controlar el gobierno implica conservar influencia sobre candidaturas, estructura territorial y recursos políticos. Es una hipótesis razonable, pero no está demostrada. El regreso pudo buscar recuperar centralidad antes del cierre del sexenio estatal; la reacción presidencial mostró que ese cálculo subestimó el costo nacional.

La detención de Fausto Corrales como detonante. El retorno coincidió con la captura de quien ha sido identificado como testigo relevante en las investigaciones sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. La coincidencia alimentó sospechas, pero no existe evidencia pública que conecte causalmente ambos acontecimientos. Presentarla como certeza sería sustituir la investigación por insinuación.

Inzunza, el siguiente examen para Morena

La retirada de Rocha coloca ahora el foco sobre Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, incluido en la misma acusación estadounidense.

Inzunza anunció que regresará físicamente al Senado el 30 de agosto para participar en la reunión plenaria de Morena y, posteriormente, en el periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre. Aseguró que su ejercicio como senador nunca estuvo en duda y sostuvo que su decisión no se encontraba vinculada con la reincorporación de Rocha.

La precisión institucional importa: Inzunza no lleva 113 días con licencia. Ha estado ausente físicamente durante ese periodo, pero conservó el cargo, salvo una licencia de apenas 22 horas aprobada para los días 28 y 29 de mayo. El registro oficial del Sistema de Información Legislativa confirma aquella separación extraordinariamente breve.

Su regreso presencial fue anunciado antes de que Rocha solicitara nuevamente licencia. Desde entonces, el contexto cambió.

Si Inzunza mantiene su aparición del 30 de agosto, someterá a Morena a una prueba de consistencia: el partido tendrá que explicar por qué considera inviable el retorno de Rocha mientras permite la normalización pública de otro dirigente incluido en la misma acusación. Si retrocede o solicita licencia, la decisión confirmará que el mensaje presidencial no se agotó en Sinaloa.

Por ahora no existe un anuncio de marcha atrás. Inzunza fue convocado, junto con el resto de su bancada, a la plenaria morenista. Al mismo tiempo, su compañero Higinio Martínez afirmó que, de encontrarse en su situación, se separaría del escaño para defenderse. El senador sinaloense se encuentra, por tanto, entre una convocatoria formal y una presión política creciente.

La victoria inmediata de Sheinbaum

Rocha Moya no ha sido condenado y tampoco ha sido exonerado. La nueva solicitud de licencia no resuelve las investigaciones mexicanas ni la causa estadounidense. Mucho menos responde las preguntas acumuladas por la crisis de violencia en Sinaloa, donde organizaciones civiles contabilizan miles de asesinatos y desapariciones desde el estallido de la confrontación interna del cártel.

Lo que sí quedó resuelto, al menos por ahora, fue el desafío político.

Sheinbaum evitó que el regreso se consolidara, alineó a gobernadores y legisladores, preservó la distancia formal de las instituciones y obligó a Rocha a redactar su retirada en los mismos términos empleados por la Presidenta: la nación y el movimiento por encima de las ambiciones individuales.

El episodio exhibe una paradoja. Rocha tenía el derecho formal de terminar su licencia y volver. Pero carecía del respaldo político necesario para permanecer. En aproximadamente 33 horas comprobó que, dentro de Morena, la legalidad de una decisión no la vuelve automáticamente tolerable para la conducción presidencial.

Las 26 horas fueron suficientes para que Sheinbaum fijara el límite. Las siete siguientes sirvieron para que Rocha entendiera el mensaje.

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La convocatoria para producir el Olinia Carga se publica en septiembre; el precio rondará los 150 mil pesos

Por: Redacción de LYPmultimedios

San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.— El gobierno federal presentó el Olinia Carga, un minivehículo eléctrico diseñado para transportar mercancía en trayectos urbanos, y anunció el paso que definirá si el proyecto llega efectivamente a las calles: una convocatoria pública, abierta a empresas nacionales y extranjeras, para constituir la compañía que lo fabrique.

Las bases se publican a finales de septiembre. El registro corre en octubre, la recepción de ofertas en noviembre y el cierre de ronda en diciembre de este año.

Qué es y para quién está pensado

Olinia Carga es el segundo modelo de la familia, después del Olinia Uno de pasajeros presentado el 7 de junio. Está concebido para pequeños comercios, emprendedores y trabajadores que hacen entregas locales: el segmento que hoy se mueve en motocarro, camioneta vieja o servicio de terceros.

Sus especificaciones, traducidas a uso real:

El director del proyecto, Roberto Capuano Tripp, aportó el dato que probablemente más importe a un repartidor: el costo de operación es cuatro veces menor que el de un vehículo ligero de carga, y una tercera parte de lo que cuesta operar un motocarro.

El vehículo incluye además una cajuela baja para guardar material.

Dónde está el proyecto realmente

Conviene precisar la etapa, porque es la diferencia entre un anuncio y un producto. Olinia Carga es un prototipo funcional. No se fabrica en serie, no tiene planta asignada y no puede comprarse todavía.

Lo que se anunció esta semana no es el arranque de la producción, sino el mecanismo para conseguir quién produzca: la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el proyecto Olinia y Nacional Financiera definieron un esquema de inversión mixta para llevar los vehículos a su fase de industrialización.

La secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez explicó que Nafin emitirá la convocatoria “para que empresas públicas y privadas participen en igualdad de condiciones y transparencia”, con el objetivo de constituir una empresa con mayoría de capital mexicano capaz de producir estos vehículos en el país.

La venta al público está proyectada para finales de 2027, con un precio que rondará los 150 mil pesos.

Quién lo desarrolló

El vehículo fue diseñado por más de 80 académicos y técnicos de instituciones públicas de educación superior, con sede de desarrollo en el Centro de Diseño Olinia, ubicado en el Instituto Tecnológico de Puebla.

“Quiere decir vehículos especiales para México y otros países similares al nuestro, diseñados para las características de nuestro país con la mejor ingeniería desarrollada por instituciones públicas de educación superior”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enumeró al Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y universidades autónomas de distintos estados.

La mandataria planteó también el componente financiero: “La idea es que Nacional Financiera pueda ayudar no solo a dar créditos a los micro y pequeños empresarios, sino a permitir un esquema que financie la creatividad de ingenieras e ingenieros mexicanos.”

Por qué esto interesa en Querétaro

La convocatoria busca, en palabras de Capuano Tripp, “empresas con capacidad industrial que aporten”. Ese perfil describe a buena parte del ecosistema manufacturero del Bajío.

Querétaro concentra un clúster automotriz y aeroespacial con proveeduría de alta precisión ya instalada, y esta misma semana fue sede del Primer Congreso Nacional de Clústers, donde el planteamiento central fue precisamente cómo integrar a las pymes en cadenas de valor de mayor complejidad tecnológica.

Un proyecto que arrancaría con alrededor del 50% de contenido nacional y busca llegar al 75% hacia 2030 implica, en los hechos, una demanda futura de proveedores: arneses, estampados, componentes plásticos, ensambles eléctricos. Ese es el renglón donde una empresa queretana podría entrar, con o sin participación en el consorcio principal.

Lo que ya está comprometido

Capuano Tripp adelantó que existen 8 mil unidades comprometidas de las 10 mil que el proyecto prevé generar en su primer año de producción, con la meta de escalar a 50 mil unidades anuales.

También anticipó un tercer modelo: el Olinia Van, que conserva la carrocería cerrada del Olinia Uno pero incorpora una cabina posterior para transportar mercancía con resguardo.

El director general de Nafin y Bancomext, Carlos Torres Rosas, ubicó el proyecto dentro del Plan México: “Se pasa del diseño y la innovación a la generación de empleos.”

Lo que definirá el resultado

Tres variables determinarán si Olinia Carga llega a las calles en el plazo anunciado.

Quién gana la convocatoria. El esquema exige mayoría de capital mexicano, pero abre la puerta a empresas extranjeras. La composición final del consorcio definirá dónde se instala la planta y qué proveedores se integran.

La regulación. Los minivehículos eléctricos de baja velocidad requieren un marco normativo específico para circular legalmente. Ese trabajo corre en paralelo al industrial.

La cadena de suministro. El proyecto reconoce que hoy integra componentes de origen europeo, estadounidense y chino, y que la sustitución por producción nacional será gradual.

El calendario está fijado: bases en septiembre, socios en diciembre, venta a finales de 2027. Las fechas de la convocatoria son verificables mes a mes.

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IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar registraron 31.7 millones de consultas entre enero y julio de 2026. El dato acredita una mayor actividad médica, pero no permite concluir por sí solo que disminuyeron las esperas o mejoraron el abasto, la calidad y los resultados clínicos.

Ciudad de México, 18 de agosto de 2026.— El Gobierno federal reportó un incremento de 60.5 por ciento en las consultas de especialidad otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar durante los primeros siete meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, las tres instituciones pasaron de 19 millones 761 mil 24 consultas entre enero y julio de 2022 a 31 millones 718 mil 713 en el mismo lapso de 2026.

La mandataria calificó el aumento como “histórico” y sostuvo que demuestra una mayor disponibilidad de especialistas y atención para la población. También destacó que el volumen de consultas creció 16 por ciento frente a 2025 y 36 por ciento respecto de 2024.

Los porcentajes más recientes permiten observar que el aumento no depende únicamente de la comparación con 2022. Sin embargo, la presentación no incluyó las bases completas de datos, el desglose por especialidad, entidad, hospital, primera consulta y atención subsecuente, ni el número de pacientes únicos atendidos.

Una persona puede recibir varias consultas durante un mismo tratamiento. Por ello, el número de servicios otorgados no equivale necesariamente al número de personas que consiguieron acceder por primera vez a un especialista.

Más consultas y cirugías

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que las cirugías realizadas por las instituciones federales crecieron 30.1 por ciento.

Entre enero y julio de 2022 se practicaron un millón 450 mil 969 intervenciones, mientras que en el mismo periodo de 2026 se contabilizaron un millón 887 mil 853.

Las consultas generales, según el Gobierno, alcanzaron 101 millones 233 mil 444 entre enero y julio de 2026. El boletín compara esa cifra con 82.9 millones correspondientes a 2023 y atribuye un crecimiento de 28 por ciento.

Esa operación requiere una aclaración: con las cifras publicadas, el incremento aritmético es de aproximadamente 22.1 por ciento, no de 28 por ciento.

Cifras divulgadas y cálculo directo

Las diferencias pueden obedecer a cortes internos, cifras no redondeadas o denominadores distintos que no aparecen en el comunicado. Mientras la Secretaría de Salud no publique la metodología y las series completas, los porcentajes deben leerse con cautela.

El ISSSTE busca superar sus cifras de 2025

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que el instituto realizó 308 mil 579 cirugías durante 2025, por encima de su meta de 300 mil. Para 2026 planteó alcanzar 344 mil procedimientos.

Entre enero y julio se reportaron 200 mil 341 intervenciones y 15 millones 289 mil 876 consultas. La meta anual de estas últimas es de 26 millones 732 mil.

Batres presentó esos resultados como avances de 60 y 59 por ciento, respectivamente. La división directa de los datos difundidos arroja 58.2 por ciento para cirugías y 57.2 por ciento para consultas.

La meta de 344 mil cirugías también representa un crecimiento de alrededor de 11.5 por ciento frente a las 308 mil 579 realizadas en 2025, no exactamente el 10 por ciento señalado durante la presentación.

Estas diferencias no invalidan el crecimiento operativo, pero sí muestran la necesidad de acompañar los anuncios con fichas metodológicas que permitan reproducir los cálculos.

El IMSS concentra el mayor volumen

Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que el instituto realizó alrededor de 1.1 millones de cirugías entre enero y julio de 2026. También reportó 19.7 millones de consultas de especialidad, 64.9 millones de medicina familiar y más de 10.3 millones de atenciones de urgencias.

Las consultas especializadas aumentaron cerca de 37 por ciento respecto de las 14 millones 383 mil 34 registradas en el mismo periodo de 2024. Las de medicina familiar crecieron alrededor de 12 por ciento, al pasar de 58 millones a 64.9 millones.

En el caso de las cirugías, el comunicado compara 841 mil 478 procedimientos de 2024 con “1.1 millones” en 2026 y anuncia un incremento de 36 por ciento. Debido a que el dato más reciente fue redondeado, no es posible reproducir con precisión ese porcentaje.

IMSS-Bienestar y el problema de la comparabilidad

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, reportó 29.8 millones de consultas generales y 4.3 millones de especialidad en lo que va de 2026. Tan sólo en julio se habrían otorgado cuatro millones de consultas generales, el mayor registro mensual de la institución.

En consultas especializadas, el organismo pasó de 291 mil 518 en julio de 2023 a 624 mil 617 en julio de 2026. Esa comparación equivale a un aumento de 114.3 por ciento, aunque la presentación gubernamental habló de un crecimiento de 90 por ciento.

El Gobierno sostuvo que en los estados incorporados al IMSS-Bienestar las consultas de especialidad crecieron 90 por ciento desde 2023, frente a 20 por ciento en las entidades que conservaron sus sistemas locales.

La comparación necesita considerar la ampliación institucional. El organismo público descentralizado IMSS-Bienestar fue creado formalmente el 31 de agosto de 2022 y posteriormente recibió instalaciones, personal, recursos y población usuaria de los estados que aceptaron federalizar sus servicios sanitarios.

Parte del crecimiento puede reflejar una mayor capacidad, pero también la incorporación administrativa de hospitales y consultas que antes se contabilizaban dentro de los sistemas estatales. Para medir productividad sería necesario publicar tasas por población atendida, unidad médica, consultorio y especialista, además de utilizar perímetros institucionales comparables.

Actividad no es lo mismo que calidad

El aumento de consultas y cirugías representa un indicador relevante de producción sanitaria. No obstante, no mide cuánto esperó una persona para conseguir la cita, cuántas consultas fueron canceladas, si recibió medicamentos, si encontró disponible el estudio prescrito o si mejoró su condición clínica.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI ofrece un contraste desde la perspectiva de las personas usuarias. La proporción satisfecha fue de 43.3 por ciento en el IMSS, 45.8 por ciento en el ISSSTE y 47 por ciento en las unidades de IMSS-Bienestar. La encuesta estudia población adulta de ciudades con 100 mil habitantes o más, por lo que no sustituye los registros clínicos, pero sí muestra que el volumen de servicios y la experiencia ciudadana son dimensiones diferentes.

Sheinbaum aseguró que durante su administración se han inaugurado 32 hospitales y que la cifra llegará a 39 al concluir 2026. El boletín no incorporó una relación de las unidades, fechas de apertura, número de camas, plantillas médicas ni distinción entre hospitales nuevos, ampliados, sustituidos o concluidos después de administraciones anteriores.

Para evaluar el alcance de esa infraestructura será necesario conocer cuántos hospitales operan a plena capacidad y qué producción adicional generan.

El dato central presentado por el Gobierno es consistente: las consultas de especialidad aumentaron 60.5 por ciento frente a 2022. El salto es significativo, pero la afirmación de que todo el sistema “va mejor” requiere un tablero más amplio: tiempos de espera, surtimiento de recetas, disponibilidad de personal, diferimiento quirúrgico, mortalidad evitable, satisfacción y resultados de salud.

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La deliberación se realizará el 24 y 25 de agosto en los Consejos Técnicos Escolares. El Gobierno federal busca construir una regulación nacional, aunque todavía no ha presentado el proyecto normativo ni la metodología para procesar las opiniones del magisterio.

Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta nacional a más de un millón de maestras y maestros de educación básica para conocer su postura sobre una eventual regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas.

El ejercicio se desarrollará los días 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, y abarcará más de 200 mil planteles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades federativas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Ya 16 estados de la República lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, pero vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El anuncio no supone, por ahora, una prohibición nacional de los teléfonos dentro de los planteles. Se trata de una etapa consultiva cuyo resultado podría alimentar una propuesta de lineamientos administrativos o una iniciativa legislativa. El comunicado oficial, sin embargo, no precisa cuál será la vía jurídica elegida.

Tampoco se ha detallado si las respuestas se recabarán mediante cuestionarios individuales, acuerdos colectivos de cada Consejo Técnico o relatorías escolares; cómo serán sistematizadas; qué peso tendrá cada plantel ni si los resultados serán públicos y vinculantes.

Regulaciones distintas en los estados

El Gobierno federal sostiene que 16 entidades ya cuentan con alguna regulación sobre dispositivos móviles en las escuelas. No obstante, las medidas locales no son uniformes: algunas restringen su utilización durante las clases, otras durante toda la jornada y varias mantienen excepciones para actividades pedagógicas, emergencias, condiciones médicas o necesidades específicas de accesibilidad.

La diversidad de modelos obliga a distinguir entre regular, restringir y prohibir. Una política nacional deberá resolver quién resguarda los dispositivos, qué responsabilidad tendría la escuela frente a pérdidas o daños y cómo podrán comunicarse las familias con el alumnado durante una emergencia.

También deberá evitar que la aplicación dependa exclusivamente de los recursos de cada plantel. Sin protocolos claros, una misma norma podría operar de manera estricta en algunas escuelas y quedar reducida a una recomendación en otras.

La UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos —58 por ciento de los países monitoreados— ya aplicaban restricciones nacionales al uso de celulares en las escuelas. Sin embargo, el organismo advierte que las prohibiciones, por sí solas, no resuelven los desafíos digitales: también se necesita enseñar a evaluar información, administrar el tiempo de pantalla y comprender el funcionamiento y los riesgos de las plataformas.

Los celulares y las plataformas no son el mismo problema

Sheinbaum vinculó la consulta escolar con un debate más amplio sobre la protección de niñas, niños y adolescentes frente a redes sociales y plataformas digitales. Entre los asuntos señalados se encuentran el desplazamiento infinito de contenido, las recomendaciones algorítmicas, los contactos no solicitados y la exposición a materiales sexuales o violentos.

Aunque están relacionados, se trata de dos ámbitos regulatorios diferentes. Las autoridades educativas pueden establecer reglas para el uso de dispositivos dentro de los planteles; intervenir sobre algoritmos, sistemas de recomendación o diseños digitales requiere legislación federal, atribuciones regulatorias específicas y obligaciones dirigidas directamente a las empresas tecnológicas.

La SEP ha planteado que los foros regionales servirán para reunir evidencia y opiniones de docentes, familias, jóvenes, especialistas e instituciones académicas. El primer encuentro se realizará el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León y será transmitido por los canales digitales de la dependencia.

Evidencia internacional con beneficios y riesgos

Durante la presentación oficial, Ravi Iyer, director del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, citó una investigación de Pew Research Center según la cual 45 por ciento de los adolescentes estadounidenses considera que pasa demasiado tiempo en redes sociales; el mismo porcentaje afirma que estas perjudican su sueño y 40 por ciento señala afectaciones en su productividad.

El estudio, realizado entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos, también ofrece una lectura menos unilateral: 74 por ciento dijo que las plataformas lo ayudan a mantenerse conectado con sus amistades y 63 por ciento las identificó como un espacio para expresar su creatividad. Los resultados muestran que el debate no se reduce a eliminar tecnología, sino a establecer condiciones de uso, protección y alfabetización digital.

La conferencia también recuperó una encuesta de la Comisión de Seguridad Digital de Australia aplicada a 3 mil 454 menores de entre 10 y 17 años. El estudio encontró que 47 por ciento había visto comentarios ofensivos o sexistas contra mujeres y niñas, otro 47 por ciento videos de peleas y 46 por ciento retos peligrosos. Además, 69 por ciento de quienes describieron su exposición más reciente señaló que el contenido apareció accidentalmente en una ventana emergente o en su flujo de publicaciones.

Estos datos documentan riesgos reales, pero proceden de poblaciones estadounidenses y australianas. Para construir una regulación ajustada a México será necesario disponer también de evidencia nacional desagregada por edad, región, condición socioeconómica, tipo de escuela y acceso digital.

Las preguntas que deberá responder la consulta

Una eventual regulación tendrá que precisar si los teléfonos podrán permanecer apagados en las mochilas, si deberán entregarse al ingresar al aula o si su utilización quedará sujeta a la autorización del personal docente.

También tendrá que incorporar excepciones para emergencias, necesidades médicas, discapacidad, herramientas de accesibilidad y actividades educativas. La protección de la concentración y la convivencia escolar no debería convertirse en una barrera para estudiantes que dependen de determinadas tecnologías para comunicarse o participar en clase.

Otro punto pendiente es la intervención directa de estudiantes, madres, padres y personas cuidadoras. La consulta anunciada para el 24 y 25 de agosto estará concentrada en el magisterio, aunque el Gobierno asegura que esos sectores serán escuchados durante los foros regionales.

El caso judicial de Nuevo México contra Meta fue presentado por la administración federal como referencia internacional. Un tribunal de esa entidad estadounidense ordenó a la compañía adoptar medidas sobre verificación de edad, funciones adictivas, interacción de chatbots con menores y protección frente a contactos potencialmente peligrosos. Meta anunció que apelará la resolución, cuya aplicación corresponde a aquella jurisdicción.

La consulta docente abre una discusión pertinente, pero todavía no constituye una política pública terminada. Su legitimidad dependerá de la transparencia de la metodología, la publicación de los resultados y la capacidad del Gobierno para convertir las opiniones recogidas en reglas claras, proporcionales y aplicables, sin confundir la reducción de distracciones con la renuncia a formar ciudadanía digital.

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La presidenta cuestionó la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticamente expuestas de México y sostuvo que, si existen señalamientos por posibles delitos, deben presentarse pruebas. Afirmó que defender la soberanía no implica romper la relación bilateral con Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticas mexicanas tiene un componente político y puede convertirse en una forma de injerencia en los asuntos internos del país, luego de conocerse que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, perdió su visa para ingresar a Estados Unidos.

López Beltrán confirmó públicamente la revocación y cuestionó las razones de la decisión. La Embajada de Estados Unidos en México declinó comentar sobre el caso, debido a las reglas de confidencialidad que rigen los registros de visas.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum sostuvo que Washington no ha presentado públicamente pruebas contra López Beltrán y diferenció una decisión migratoria estadounidense de la existencia de elementos suficientes para iniciar una investigación penal en México.

“No hay nada contra el hijo del expresidente López Obrador y si la hubiera, no vamos a encubrir a nadie si cometió un delito. Pero no vamos a abrir una investigación porque se quite una visa a alguien”, señaló.

Sheinbaum: si existen pruebas, deben presentarse

La mandataria sostuvo que su posición no implica otorgar protección política a integrantes de Morena o personas vinculadas con el movimiento que encabeza.

Aseguró que, si las autoridades mexicanas recibieran información que sustentara la posible participación de algún político en un delito, correspondería actuar conforme a la ley.

Sheinbaum afirmó tener confianza en las investigaciones encabezadas por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y reiteró que su gobierno no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito.

El punto central de su cuestionamiento se dirigió hacia el uso de las cancelaciones de visas cuando éstas alcanzan a figuras políticamente expuestas sin que, paralelamente, se conozcan públicamente acusaciones o pruebas en su contra.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho a lo que le llaman personas políticamente expuestas tiene un sentido político, más que de seguridad porque no es parejo a todos los países”, afirmó.

Reuters y AP confirmaron este viernes la revocación de la visa de López Beltrán y señalaron que el episodio ocurre en un contexto de medidas estadounidenses que han alcanzado a distintas figuras políticas mexicanas.

Soberanía sin romper la relación con Estados Unidos

Sheinbaum buscó separar sus críticas de un posible deterioro general de la relación bilateral.

La presidenta afirmó que México debe mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, pero bajo un principio de coordinación entre países soberanos.

“Busco siempre la mejor relación posible con Estados Unidos, por mi pueblo, por mi patria y porque así debe ser, pero no voy a agachar la cabeza tampoco”, sostuvo.

Para la mandataria, cuestionar una decisión del gobierno estadounidense no equivale a buscar una confrontación diplomática.

“No se va a censurar a nadie, pero se le pide respeto al gobierno de Estados Unidos. Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México”, afirmó.

El episodio abre así una discusión que rebasa la situación migratoria individual de López Beltrán: hasta dónde puede llegar Estados Unidos en sus decisiones sobre figuras políticas mexicanas sin que éstas sean interpretadas como instrumentos de presión política.

Al mismo tiempo, Estados Unidos conserva la facultad soberana de determinar quién puede ingresar a su territorio y mantiene bajo confidencialidad las razones de determinadas decisiones consulares.

Sheinbaum cuestiona las gestiones de políticos mexicanos en Washington

La presidenta amplió sus críticas hacia integrantes de la oposición que han acudido a Estados Unidos para denunciar al gobierno mexicano o solicitar acciones de autoridades estadounidenses.

Mencionó específicamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha realizado distintas visitas a Washington y recientemente presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres integrantes del Instituto Nacional Electoral, en medio de su confrontación política con Morena.

Sheinbaum calificó estas acciones como contrarias a la defensa de la soberanía y cuestionó que las disputas políticas internas busquen resolverse mediante la intervención de autoridades extranjeras.

La mandataria recurrió además a referencias históricas para comparar esas conductas con sectores conservadores del siglo XIX que buscaron respaldo extranjero para intervenir en la vida política mexicana.

Una nueva tensión en la relación México-EU

La controversia ocurre en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una relación intensa en asuntos como seguridad, migración, comercio y combate al tráfico de drogas.

Para Sheinbaum, cooperación no significa subordinación.

Su gobierno sostiene que cualquier señalamiento contra funcionarios o políticos mexicanos debe acompañarse de información que permita actuar a las instituciones nacionales.

La posición presidencial plantea dos principios que deberán coexistir en una relación bilateral particularmente compleja: Estados Unidos tiene facultades para decidir sobre el ingreso de extranjeros a su territorio, mientras México tiene derecho a exigir que cualquier acusación penal contra sus ciudadanos o autoridades esté sustentada en pruebas y se procese mediante los canales institucionales correspondientes.

En el caso específico de Andrés Manuel López Beltrán, hasta este viernes no se ha hecho pública evidencia estadounidense que lo vincule con la comisión de algún delito. La revocación de su visa, por sí misma, tampoco constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal.

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El partido gobernante sostiene que la libertad de expresión no obliga al Estado a proporcionar su tribuna; la controversia surge por una propuesta para someter las conferencias presidenciales al derecho de réplica

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.— Morena rechazó la propuesta del Partido Acción Nacional para que las conferencias presidenciales queden sujetas a mecanismos de réplica y sostuvo que la libertad de expresión no obliga al Gobierno federal a entregar a la oposición “el micrófono, el espacio, los recursos públicos y la audiencia” de las mañaneras.

En un comunicado difundido el 12 de agosto, el partido gobernante respondió al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y aseguró que Acción Nacional ya dispone de prerrogativas, legisladores, tribunas parlamentarias, acceso a medios de comunicación y conferencias propias para expresar sus posiciones.

“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran”, señaló Morena, antes de afirmar que la demanda panista no busca garantizar libertades, sino recuperar privilegios políticos.

El pronunciamiento forma parte de una controversia más amplia sobre los derechos de las audiencias, la regulación de los contenidos informativos y la responsabilidad de las autoridades cuando realizan señalamientos desde plataformas financiadas con recursos públicos.

El PAN pide derecho de réplica, no una tribuna permanente

La respuesta de Morena presenta la pretensión panista como una solicitud para que el Gobierno entregue su espacio de comunicación a la oposición. Sin embargo, la propuesta discutida por Acción Nacional tiene un alcance más específico: incorporar las mañaneras entre los ejercicios sujetos al derecho de réplica cuando en ellas se difunda información falsa o inexacta que cause un agravio.

El derecho de réplica no equivale a entregar de manera permanente una conferencia presidencial a otro partido. Consiste en permitir que una persona o institución directamente aludida responda o solicite la rectificación de información concreta bajo condiciones establecidas por la ley.

La legislación federal vigente regula procedimientos de réplica frente a información falsa o inexacta difundida por medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes. El debate consiste en determinar si un ejercicio gubernamental de comunicación directa, como la mañanera, debe quedar expresamente sujeto a reglas semejantes.

La propuesta del PAN todavía debe transitar por el Congreso y no implica que exista actualmente una obligación de reservar lugares, entregar micrófonos o permitir la participación cotidiana de dirigentes opositores en Palacio Nacional.

Morena contrapone legitimidad electoral y autoridad moral

Morena argumentó que no existe equivalencia política entre los partidos opositores, rechazados —afirmó— en las elecciones de 2018 y 2024, y un movimiento que ha refrendado su respaldo en las urnas.

El comunicado destacó que Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos en la elección presidencial. El dato coincide con los resultados del Instituto Nacional Electoral: la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia recibió 35 millones 924 mil 519 sufragios, equivalentes a 59.75 por ciento de la votación, según los cómputos oficiales del INE.

Esa votación acredita una amplia legitimidad de origen para ejercer la Presidencia. No obstante, una mayoría electoral no vuelve verdaderas por definición las afirmaciones del Gobierno ni reduce los derechos de quienes votaron por otras opciones.

En una democracia, el mandato mayoritario permite gobernar, pero coexiste con el pluralismo, el derecho de las minorías a disentir y la obligación de las autoridades de sustentar la información que difunden. La veracidad de un señalamiento no se determina por el número de votos de quien lo formula.

Morena también atribuyó “autoridad moral” a su presidenta nacional, Ariadna Montiel. Esa valoración pertenece al terreno partidista y no constituye un criterio jurídico para resolver controversias sobre libertad de expresión o derecho de réplica.

El comunicado responde con nuevas descalificaciones

El partido oficial acusó a Romero de pertenecer al denominado “cártel inmobiliario” y llamó “corrupto” al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ambas expresiones deben entenderse como acusaciones políticas formuladas por Morena. El comunicado no incorpora sentencias firmes que permitan presentar a los dos dirigentes como responsables judicialmente acreditados de esos señalamientos.

Esta circunstancia introduce una contradicción discursiva: el partido exige que la oposición no lance acusaciones sin pruebas, pero en el mismo documento emplea calificativos incriminatorios sin exponer los elementos o resoluciones que los sostienen.

La crítica severa, incluso ofensiva, disfruta de una protección amplia dentro del debate político. Sin embargo, la imputación concreta de delitos falsos puede rebasar ese margen y convertirse en calumnia. La diferencia no la establece unilateralmente el partido señalado ni quien emite la acusación: corresponde a las autoridades competentes analizar el contenido, el contexto y las pruebas.

La frontera entre crítica y calumnia

La frase central del comunicado —“no confundan libertad de expresión con derecho a mentir”— contiene un principio atendible, pero jurídicamente incompleto.

La libertad de expresión no protege de manera absoluta la imputación deliberada de hechos o delitos falsos. Al mismo tiempo, tampoco permite que el Gobierno o un partido definan por sí solos qué opinión constituye una mentira y ordenen silenciarla.

La Suprema Corte ha sostenido que los partidos, funcionarios y figuras públicas deben soportar un nivel mayor de escrutinio y crítica. Incluso las expresiones incómodas, vehementes o desagradables pueden quedar protegidas cuando forman parte de la deliberación sobre asuntos públicos.

La calumnia político-electoral requiere un análisis más estricto. El Tribunal Electoral ha señalado que debe existir la imputación de hechos o delitos falsos y, conforme al estándar de malicia efectiva, conocimiento de la falsedad o actuación temeraria frente a ella.

Dos resoluciones recientes muestran que el criterio depende del contenido concreto. En junio de 2026, la Sala Superior confirmó la improcedencia de retirar promocionales del PAN al considerar preliminarmente que contenían opiniones políticas y no imputaciones directas de delitos falsos. La sentencia SUP-REP-26/2026 protegió esas expresiones dentro del debate público.

Días después, el tribunal confirmó medidas cautelares contra otras publicaciones atribuidas al PAN y a Jorge Romero relacionadas con expresiones como “narcopartido” y supuestos vínculos entre Morena y el crimen organizado. En ese caso, la sentencia SUP-REP-27/2026 mantuvo la decisión del INE mientras continuaba el procedimiento.

Los precedentes no autorizan una censura general de la oposición ni establecen que cualquier crítica a Morena sea calumniosa. Confirman que cada expresión debe examinarse individualmente.

¿Debe el Gobierno prestar su micrófono?

Morena tiene razón en un punto limitado: la libertad de expresión no garantiza a ningún partido el uso irrestricto de una plataforma gubernamental. Acción Nacional puede emitir comunicados, organizar conferencias, utilizar sus tiempos oficiales y ocupar las tribunas legislativas.

Pero la discusión planteada por el PAN no se agota en el acceso a un micrófono. La mañanera es una plataforma financiada con recursos públicos, encabezada por la titular del Poder Ejecutivo y reproducida ampliamente por medios y canales institucionales. Desde ese espacio pueden difundirse datos oficiales, opiniones políticas y señalamientos contra personas, empresas, periodistas u organizaciones.

Precisamente por su alcance y naturaleza pública, la conferencia tiene una capacidad de amplificación que no es equivalente a la de una rueda de prensa partidista. Someter determinadas afirmaciones a mecanismos de corrección no necesariamente supondría entregar el control editorial de la mañanera a la oposición.

El problema consiste en diseñar un procedimiento que permita corregir datos demostrablemente falsos sin convertir la réplica en una herramienta para colonizar la conferencia presidencial, bloquear la crítica gubernamental o producir confrontaciones partidistas cotidianas.

Entre los puntos que tendría que resolver una eventual reforma se encuentran:

• Quién puede solicitar la réplica.
• Qué constituye información falsa o inexacta.
• Qué autoridad decide su procedencia.
• En qué formato y plazo debe difundirse.
• Si la respuesta debe aparecer dentro de la conferencia o en una plataforma institucional equivalente.
• Cómo evitar que el Gobierno sea juez de sus propias afirmaciones.
• Qué mecanismo de revisión tendría una negativa.
• Cómo distinguir hechos verificables de opiniones políticas.

El alcance electoral no define la libertad

Morena afirmó que el alcance del PAN es “raquítico” porque perdió la confianza ciudadana. El comunicado no ofrece mediciones de audiencia que respalden esa afirmación.

Aun si la capacidad de convocatoria de un partido fuera reducida, ese dato no definiría la extensión de sus derechos. La libertad de expresión protege tanto a las fuerzas mayoritarias como a las minoritarias; de otro modo, dejaría de ser un derecho y se convertiría en una prerrogativa determinada por la popularidad.

Del mismo modo, los recursos públicos asignados a los partidos y el acceso a tiempos oficiales no resuelven automáticamente el derecho de una persona aludida desde una plataforma gubernamental a responder una afirmación específica.

La controversia exige abandonar dos simplificaciones. La oposición no posee un derecho automático a ocupar la mañanera, pero el Gobierno tampoco puede asumir que su legitimidad electoral lo exime de corregir información falsa.

Morena concluyó que el PAN está confundiendo libertad con privilegios. El debate legislativo deberá determinar si se trata realmente de una demanda de acceso partidista o de una propuesta viable para exigir responsabilidad informativa a la tribuna más poderosa del país.

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El flujo creció 7.7% frente al mismo periodo de 2025; 24.5 millones fueron turistas que permanecieron al menos una noche en el país

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026.— México recibió 51.1 millones de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, un aumento de 7.7 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, informó el Gobierno federal con base en las estadísticas de turismo receptivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el crecimiento durante su conferencia matutina y reiteró la aspiración de colocar al país entre los cinco destinos con mayor número de turistas internacionales.

“Vengan a México, país maravilloso, extraordinario. Somos el país más amigable del mundo, reconocido el año pasado; vengan a México, está de moda”, expresó la mandataria.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó cinco indicadores que, aseguró, alcanzaron máximos históricos durante los primeros seis meses del año: entradas de viajeros internacionales, llegada de turistas, ingreso de divisas, pasajeros de crucero y gasto de cruceristas.

Viajeros y turistas no significan lo mismo

El dato de 51.1 millones requiere una precisión metodológica: no todos los viajeros internacionales contabilizados fueron turistas.

De acuerdo con la definición utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un turista internacional es una persona residente en el extranjero que permanece por lo menos una noche en México. Los excursionistas, en cambio, ingresan al país, pero se retiran sin pernoctar. En este último grupo se encuentran los pasajeros de crucero que desembarcan temporalmente.

La Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi contabiliza ambas categorías para medir el flujo receptor y el gasto asociado a las visitas.

De los 51.1 millones de ingresos registrados entre enero y junio, 24.5 millones correspondieron a turistas internacionales, 4.6 por ciento más que durante el mismo periodo de 2025. Esto significa que alrededor de 26.6 millones fueron excursionistas que no pasaron una noche en el país.

En términos proporcionales, cerca de 48 por ciento de los viajeros contabilizados permaneció al menos una noche, mientras que aproximadamente 52 por ciento realizó una visita sin pernocta. La distinción es relevante porque la clasificación internacional de los países más visitados se construye con llegadas de turistas, no con el agregado total de viajeros.

Ingresaron 18 mil 781 millones de dólares

El ingreso de divisas generado por los visitantes internacionales alcanzó 18 mil 781 millones de dólares durante el primer semestre.

Aunque el comunicado presidencial utiliza la expresión “derrama económica”, el indicador corresponde al gasto efectuado en México por viajeros residentes en el extranjero. No representa necesariamente la totalidad de los efectos económicos del turismo ni permite conocer, por sí solo, cuánto dinero permaneció en las comunidades receptoras.

El dato incluye el gasto de turistas y excursionistas. Por esa razón, no debe dividirse directamente entre los 24.5 millones de turistas para calcular un promedio: parte del ingreso fue generado por visitantes que no pernoctaron.

La calidad económica del turismo también depende de la estancia promedio, el gasto por persona, la distribución regional de los ingresos, las remuneraciones laborales y la participación de proveedores locales. Aumentar el número de llegadas es un indicador favorable, pero no equivale automáticamente a una distribución más amplia de los beneficios.

Creció el turismo de cruceros

Entre enero y junio arribaron 6.6 millones de pasajeros de crucero, 15.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Su gasto conjunto fue calculado en 575 millones de dólares, con un incremento anual de 18.7 por ciento.

A partir de ambas cifras, el desembolso promedio se ubicó cerca de 87 dólares por crucerista.

Estos pasajeros ya están incluidos dentro del universo general de viajeros internacionales, por lo que no deben sumarse nuevamente a los 51.1 millones. Estadísticamente se clasifican como excursionistas debido a que su alojamiento permanece en la embarcación y no en territorio mexicano.

El crecimiento beneficia principalmente a destinos portuarios, pero también plantea retos sobre saturación, infraestructura, manejo de residuos y capacidad para vincular el gasto de los pasajeros con comercios, guías, prestadores de servicios y productores locales.

Junio mantuvo la tendencia

Durante junio ingresaron 8.2 millones de viajeros internacionales, 2.1 por ciento más que en el mismo mes de 2025. De ellos, 4.1 millones fueron turistas internacionales.

El ingreso de divisas del mes ascendió a 2 mil 913 millones de dólares. También llegaron 843 mil 417 pasajeros de crucero, quienes gastaron 73.4 millones de dólares, 30 por ciento más que un año antes.

Los resultados muestran que aproximadamente la mitad de los viajeros contabilizados en junio pernoctó en México. El resto correspondió a visitas de corta duración sin alojamiento dentro del país.

Pasajeros aeroportuarios tampoco equivalen a turistas

La Secretaría de Turismo informó que los aeropuertos mexicanos registraron 93.9 millones de pasajeros nacionales e internacionales durante el semestre.

Esa cifra mide movimientos de pasajeros, no personas únicas ni exclusivamente turistas. Puede incluir viajes domésticos, conexiones y desplazamientos repetidos de una misma persona.

La dependencia destacó aumentos en mercados como Colombia, con 31.5 por ciento; Brasil, 19.3 por ciento; Japón, 17.1 por ciento; Canadá, 7.6 por ciento; Suiza, 6 por ciento; Australia, 3.8 por ciento, y Corea del Sur, 3.5 por ciento.

El comunicado no presenta los volúmenes absolutos correspondientes a cada país, por lo que los porcentajes muestran dinamismo, pero no permiten conocer su peso dentro del mercado turístico total. Un crecimiento elevado puede partir de una base comparativamente pequeña.

Turismo nacional y Tren Maya

En el mercado interno se reportaron 53.6 millones de llegadas de turistas nacionales a habitaciones de hotel, 733 mil más que en el primer semestre de 2025.

Este indicador tampoco representa necesariamente a 53.6 millones de personas distintas. Se trata de registros de llegada a establecimientos hoteleros: una misma persona puede aparecer más de una vez si realizó varios viajes o se hospedó en distintos establecimientos.

El Tren Maya, por su parte, transportó 56 mil 763 pasajeros internacionales, un crecimiento de 35.7 por ciento frente al año anterior. El comunicado no informa cuántos fueron usuarios únicos, cuál fue el ingreso generado ni qué proporción representaron respecto del total de pasajeros del sistema.

México busca pasar del sexto al quinto lugar

Sheinbaum reiteró que su gobierno pretende colocar a México entre los cinco países con más turistas internacionales.

El país ocupó el sexto lugar mundial en 2024, con 45 millones de llegadas, de acuerdo con el tablero de DataTur elaborado con información de ONU Turismo. El objetivo gubernamental implica mejorar una posición en una clasificación que también depende del comportamiento de los destinos competidores.

Por ello, el avance deberá medirse con el dato de turistas que pernoctan —24.5 millones durante este semestre— y no con los 51.1 millones de viajeros totales.

La estrategia de promoción contempla la participación de México en ferias internacionales de París, Tokio, Buenos Aires, Rimini, Las Vegas, Londres y Barcelona, además de caravanas en Vancouver, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas.

El Gobierno también anunció que México albergará durante cinco años consecutivos una edición de ITB en América. La primera se realizará del 10 al 12 de noviembre de 2026, con una asistencia prevista de 5 mil personas, más de 300 compradores internacionales y representaciones de las 32 entidades federativas.

Asimismo, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, con la oferta de más de 280 experiencias.

Las cifras del semestre confirman un mayor flujo internacional y un crecimiento del ingreso de divisas. El siguiente desafío será convertir ese volumen en estancias más prolongadas, mayor gasto, empleos dignos y beneficios verificables para las comunidades receptoras.

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El incremento comenzará en enero de 2027 y comprenderá a atletas de alto rendimiento. El Gobierno federal también pagará estímulos por cada una de las medallas obtenidas en Santo Domingo 2026; todavía no se han publicado los nuevos montos, criterios de asignación ni número de beneficiarios.

Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento a las becas destinadas a deportistas mexicanos a partir de enero de 2027, luego de que la delegación nacional consiguiera 407 medallas y encabezara el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La mandataria informó que también se entregarán premios por cada una de las preseas obtenidas durante la competencia. Esto significa que los atletas que ganaron más de una medalla podrán recibir varios estímulos, a diferencia de esquemas anteriores que limitaban el reconocimiento a una presea por participante.

“Dieron un gran resultado y además se lo merecen”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina. Añadió que el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, presentó una estimación presupuestal que, de acuerdo con la presidenta, puede ser absorbida por el Gobierno federal.

El anuncio no incluyó los montos individuales que recibirán los medallistas ni el porcentaje en que aumentarán las becas. Tampoco se detallaron los criterios para determinar quiénes accederán al programa, la duración de los apoyos o el presupuesto adicional que deberá contemplarse para 2027.

México obtuvo 407 medallas en Santo Domingo

La delegación mexicana terminó la competencia con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce. La suma, 407 preseas, representa el mayor registro de México en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El resultado permitió al país obtener su tercer campeonato consecutivo en la justa regional y el decimocuarto de su historia. La delegación estuvo integrada por 646 deportistas: 322 hombres y 324 mujeres.

Entre las actuaciones individuales destacó la nadadora Celia Pulido, quien consiguió 11 medallas: ocho de oro, una de plata y dos de bronce. La justa deportiva se celebró del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de más de seis mil atletas procedentes de 37 países.

Rommel Pacheco atribuyó el desempeño a la preparación de los atletas y al Plan Anual de Alto Rendimiento. Según las cifras presentadas por la Conade, durante el actual ciclo se destinaron mil millones de pesos a procesos de preparación y clasificación.

El funcionario aseguró que también se otorgó respaldo a más de 50 federaciones deportivas, se capacitó a más de 300 entrenadores y se entregaron 60 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano.

Becas para reducir la precariedad de los atletas

Sheinbaum sostuvo que el aumento busca disminuir la incertidumbre económica que enfrentan deportistas y familias para financiar boletos de avión, entrenamientos, concentraciones, equipamiento y asistencia a competencias.

La presidenta reconoció que el rendimiento deportivo no depende únicamente del esfuerzo individual. Requiere entrenadores, instalaciones, atención médica, recursos para desplazamientos y una estructura de acompañamiento que permita a los atletas concentrarse en su preparación.

El planteamiento responde a una demanda recurrente del deporte mexicano. Incluso atletas con resultados internacionales han denunciado históricamente retrasos en becas, insuficiencia de recursos y dificultades para costear competencias clasificatorias.

El aumento anunciado podrá evaluarse una vez que la Conade publique los montos, padrones de beneficiarios, reglas de operación y mecanismos de permanencia. También será necesario conocer si el apoyo comprenderá solamente a medallistas o incluirá a deportistas en proceso de clasificación para competencias panamericanas, mundiales y olímpicas.

Del deporte social al alto rendimiento

Sheinbaum enmarcó la medida dentro de una estrategia que pretende conectar el deporte comunitario con la competencia profesional. Mencionó las clases nacionales y los semilleros como mecanismos para acercar a niñas y niños a diferentes disciplinas.

La presidenta consideró que los resultados internacionales pueden estimular la participación deportiva de nuevas generaciones y fortalecer una identidad colectiva alrededor de los representantes nacionales.

El desafío será convertir el éxito del medallero en una política deportiva duradera. Los premios extraordinarios reconocen un resultado inmediato, pero el desarrollo de atletas de alto rendimiento requiere presupuestos plurianuales, instalaciones funcionales, ciencias aplicadas al deporte y criterios transparentes para distribuir recursos entre federaciones.

Por ahora, el Gobierno federal confirmó dos decisiones: premiar la totalidad de las medallas obtenidas en Santo Domingo y elevar las becas desde enero de 2027. La dimensión económica y el alcance efectivo de ambas medidas quedarán pendientes hasta que la Conade publique sus lineamientos.

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Ciudad de México.— El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 víctimas, según cifras preliminares presentadas por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los resultados demuestran el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que el objetivo de su administración es garantizar que la población pueda vivir en paz. La reducción equivale a aproximadamente 44 homicidios menos cada día respecto del mes utilizado como punto de partida.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, aseguró que julio de 2026 registró el promedio más bajo para ese mes desde 2015. Al ampliar la comparación a los primeros siete meses de cada año, el promedio diario de 2026 se ubicó en 48.6 homicidios, también el menor desde hace once años.

La comparación requiere distinguir sus bases estadísticas. El descenso de 51 por ciento resulta de confrontar dos meses específicos: septiembre de 2024 y julio de 2026. No representa una reducción acumulada de 51 por ciento en todos los homicidios ocurridos durante el periodo. Las cifras, además, son preliminares y proceden de la información remitida por las fiscalías y procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo.

La tendencia descendente ya aparecía en reportes anteriores. En mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había informado una reducción preliminar de 49 por ciento, al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 44.3. El nuevo reporte prolonga esa trayectoria hasta julio, de acuerdo con los datos difundidos por la SSPC.

Pese al descenso nacional, la violencia letal continúa concentrada territorialmente. Entre enero y julio de 2026, siete entidades reunieron 49 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato, con 8.6 por ciento; Baja California, 8.2; Chihuahua, 8.1; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6; Guerrero, 5.6; y Morelos, 5.5 por ciento.

El Gobierno informó que 30 estados redujeron su promedio diario frente al mismo periodo de 2025. Las caídas porcentuales más pronunciadas se registraron en San Luis Potosí, con 80.5 por ciento; Nayarit, 63.2; Quintana Roo, 60.4; y Zacatecas, 53.2 por ciento.

Figueroa Franco también reportó una disminución de 33 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto, de 636.6 en octubre de 2024 a 424.4 en julio de 2026. La categoría agrupa conductas distintas, por lo que el dato agregado no permite conocer por sí solo la evolución particular de cada delito.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, 518 toneladas de drogas y más de cinco millones de pastillas de fentanilo. Las autoridades reportaron además el desmantelamiento de dos mil 725 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetamina.

En materia de extorsión, el Gobierno contabilizó mil 847 personas detenidas entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026. El comunicado, sin embargo, no indicó cuántas de las detenciones anunciadas derivaron en vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias o absoluciones.

Esa ausencia resulta relevante frente a la afirmación oficial de que “la seguridad y la justicia funcionan”. Los arrestos, decomisos y operativos permiten medir actividad institucional, pero no son equivalentes a resultados judiciales definitivos. Para evaluar el desempeño de la justicia también se requieren datos sobre esclarecimiento de casos, judicialización, sentencias, reparación del daño e impunidad.

La percepción ciudadana muestra una mejoría, aunque todavía revela una brecha entre los indicadores delictivos y la experiencia cotidiana. En junio de 2026, 59.8 por ciento de la población adulta de 91 ciudades consideró inseguro vivir en su localidad. El porcentaje disminuyó de manera estadísticamente significativa frente al 61.5 por ciento de marzo de 2026 y al 63.2 por ciento de junio de 2025.

La percepción de inseguridad alcanzó 65.6 por ciento entre las mujeres y 52.6 por ciento entre los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. La reducción es relevante, pero seis de cada diez habitantes de las principales zonas urbanas todavía consideran insegura su ciudad.

En seguridad carretera, la Guardia Nacional reportó que los robos al autotransporte pasaron de 13 mil 68 en 2018 a seis mil 263 en 2025, una reducción de 52.07 por ciento. Debido a que la comparación comienza seis años antes del actual gobierno, el resultado abarca acciones desarrolladas durante administraciones distintas.

La Estrategia Balam, aplicada en 12 estados, registró una disminución de 37.19 por ciento en el robo al transporte de carga entre 2024 y 2025, mientras que la recuperación de unidades aumentó 26.09 por ciento.

Como parte del despliegue tecnológico, el Gobierno anunció que el C4 carretero comenzará a operar el 1 de septiembre. El sistema contará con 88 estaciones, más de mil puntos de monitoreo, tres mil 15 cámaras y 120 arcos para la lectura automática de placas, además de herramientas de geolocalización y coordinación con la Guardia Nacional y los gobiernos estatales.

El comunicado no detalló los protocolos de conservación de imágenes, protección de datos personales, auditoría tecnológica o acceso a la información recopilada por esta red de vigilancia.

La reducción preliminar de homicidios representa un cambio favorable en uno de los indicadores más graves de la violencia. Su consolidación deberá observarse en las cifras definitivas y acompañarse de avances verificables en investigación criminal, sentencias, extorsión, desapariciones, atención a víctimas y percepción de seguridad.

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