El diputado del Sexto Distrito llevará el ejercicio a colonias y comunidades, en el formato anunciado por su bancada

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 20 de agosto de 2026.— El diputado Mauricio Cárdenas Palacios, del Grupo Legislativo del PAN, inició la difusión de su segundo informe de actividades legislativas, en el formato de recorridos por colonias y comunidades que la bancada panista anunció para el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de agosto.

“He estado presente en las colonias y comunidades de mi distrito y en todo el municipio de Querétaro, escuchando y atendiendo a las y los ciudadanos, porque las y los diputados debemos estar en donde está la gente para atender y resolver, porque para eso fuimos electos”, señaló el legislador.

Cárdenas Palacios fue electo por el Sexto Distrito con 44 mil 989 votos.

La iniciativa que ya es ley: injerencia sindical

De las propuestas que reporta, una completó todo el proceso legislativo. Presentada el 18 de febrero de este año y aprobada por unanimidad en el Congreso local, la iniciativa armoniza la legislación queretana con la reforma federal publicada el 15 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Su contenido concreto: modifica la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal para establecer que cualquier acto de injerencia de un servidor público en la vida interna de un sindicato constituye una falta administrativa grave, sujeta a sanción. La reforma federal que le dio origen adicionó el artículo 64 a la Ley General de Responsabilidades Administrativas con ese propósito.

En términos prácticos, significa que un funcionario público no puede intervenir, coaccionar, intimidar ni condicionar recursos para influir en los procesos internos, elecciones o administración de un sindicato. La iniciativa incluye un listado de supuestos que podrían constituir actos de injerencia, y no implica impacto presupuestal por tratarse de una armonización obligatoria para las entidades federativas.

“No debe de tener ninguna injerencia de ningún servidor público en sus procesos internos”, explicó el legislador al presentarla, en referencia a los sindicatos que celebran procesos internos en el estado.

Salud mental como derecho

Cárdenas Palacios presentó también una iniciativa para fortalecer la atención a la salud mental y reconocerla expresamente como un derecho de las y los queretanos.

Su planteamiento operativo es la coordinación entre las instituciones de salud y de juventud, con el propósito de ampliar el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos en todo el estado.

El tema coincide con otras iniciativas en curso en el Congreso local: la convocatoria “Legislatura de la Juventud 2026”, que este año pide a los participantes elaborar precisamente una iniciativa de ley en materia de salud mental, y la discusión nacional sobre el impacto del uso de plataformas digitales entre adolescentes.

La carretera 57 y el suministro eléctrico

En materia de gestión, el legislador presentó un exhorto para reducir las tarifas de peaje y reforzar la seguridad en la carretera federal 57, la vía que conecta a Querétaro con el centro y el norte del país y que atraviesa el estado como su principal corredor logístico.

También solicitó a la Comisión Federal de Electricidad una respuesta y un plan de acción que garantice un servicio eléctrico confiable para las familias queretanas. Esa gestión, según reportó su oficina, derivó en un encuentro de trabajo con directivos de la comisión.

Otras iniciativas del periodo

El informe incluye además dos propuestas en materia laboral y de derechos:

• Que las personas declaradas deudoras alimentarias pierdan la posibilidad de ser trabajadores del Estado.
• La prohibición expresa de la discriminación laboral por embarazo y maternidad.

Ambos temas guardan relación con reformas recientes en el estado: el requisito de no ser deudor alimentario quedó incorporado a las condiciones de elegibilidad para candidaturas en la reforma electoral aprobada en julio, y la protección frente a la discriminación por maternidad ha sido planteada también desde otras bancadas en el marco de la discusión sobre trabajo de cuidados.

El contexto del periodo de informes

Este ejercicio corresponde al segundo año de la LXI Legislatura, instalada el 26 de septiembre de 2024 y que concluirá funciones el 25 de septiembre de 2027.

El coordinador de la bancada panista, Guillermo Vega Guerrero, anunció esta semana que los diputados de ese grupo rendirán sus informes entre el 18 y el 30 de agosto, incorporando el ejercicio a sus recorridos cotidianos en territorio.

“Tras ganar las elecciones me comprometí a regresar a las colonias y comunidades de mi distrito”, recordó Cárdenas Palacios, quien aseguró haber cumplido ese compromiso con un trabajo “cercano, presente y permanente”.

Lo que sigue

Las fechas, sedes y horarios de las presentaciones se difunden a través de la oficina de enlace del legislador. El periodo de informes de la bancada panista concluye el 30 de agosto.

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para ampliar la información que las dependencias y entidades del Gobierno de México deberán publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia, con énfasis en contrataciones públicas, auditorías y operaciones de las filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

El anuncio establece que los contratos celebrados por el Gobierno federal deberán publicarse mensualmente y que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la plataforma incorporará información adicional y herramientas para facilitar la consulta y descarga de documentos.

“Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde sostuvo que el objetivo es impedir que la apertura de información dependa de decisiones aisladas de las personas servidoras públicas.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto está concentrado en cuatro áreas: contrataciones públicas; filiales de Pemex y CFE; fiscalización y auditorías; y la invitación a estados, municipios y otros poderes para adoptar medidas similares.

El texto deberá publicarse en el Diario Oficial

La firma presidencial constituye el anuncio formal de la medida, pero su alcance jurídico completo dependerá del contenido que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Al cierre de esta edición, el comunicado presidencial no proporcionó un enlace al decreto íntegro ni detalló sus artículos transitorios. Por ello, todavía deberá precisarse si el plazo de 30 días hábiles comenzará a contar desde la firma o desde su publicación y entrada en vigor.

El documento completo también permitirá conocer qué dependencias estarán obligadas, cuáles serán los formatos, qué información deberá contener cada registro y qué consecuencias existirán cuando una institución no publique los datos en el plazo establecido.

Los contratos ya son información pública

La publicación de contratos y auditorías no constituye una obligación completamente nueva. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde marzo de 2025, ya ordena a los sujetos obligados divulgar concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias y autorizaciones.

El artículo 65 establece que deben hacerse públicos el objeto del contrato, la empresa o persona contratada, la vigencia, las condiciones, el monto y sus modificaciones. También obliga a difundir los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones, incluida la versión pública de los expedientes y contratos correspondientes.

La misma legislación exige publicar los resultados de las auditorías practicadas al ejercicio presupuestal y las aclaraciones respectivas.

La aportación del decreto sería establecer una periodicidad mensual, concentrar los documentos en la PNT y ampliar la información de interés público. Su utilidad dependerá de que los contratos sean divulgados de manera completa, oportuna y en formatos que permitan buscar, descargar y comparar los datos.

Para mejorar la trazabilidad del gasto, los registros tendrían que identificar al proveedor, el procedimiento de contratación, el monto original, las ampliaciones, los convenios modificatorios, los pagos realizados y la unidad administrativa responsable.

Mayor apertura en Pemex y CFE

El decreto instruye la publicación de estados financieros, informes presentados ante autoridades extranjeras, políticas de operación, información sobre gobierno corporativo y contratos de filiales de Pemex y CFE.

También en este ámbito existen obligaciones previas. El artículo 82 de la ley general vigente contempla información específica para las empresas públicas del Estado y sus subsidiarias, como planes de negocios, deuda, inversiones, utilidades, dividendos, designación de consejeros y actos de sus órganos de gobierno.

La medida anunciada podría ampliar y ordenar esos contenidos, particularmente en las empresas filiales y operaciones que no siempre aparecen concentradas en una misma plataforma.

El grado de apertura podrá determinarse cuando se conozca si se publicarán los contratos íntegros en versión pública o únicamente fichas informativas. También será relevante revisar qué excepciones comerciales o de seguridad serán aplicadas y cómo se justificarán.

Auditorías: del resultado al seguimiento

En materia de fiscalización, el Gobierno federal informó que se publicará el Programa Anual de Fiscalización, la situación de las auditorías, el seguimiento de las observaciones formuladas por los órganos internos de control y el padrón de despachos auditores externos.

Este componente podría ofrecer una perspectiva más completa que la publicación aislada de informes finales. Conocer el estado de las observaciones permitiría identificar si una dependencia corrigió una deficiencia, reintegró recursos, inició un procedimiento administrativo o dejó pendientes las recomendaciones.

Para que la información resulte útil deberá diferenciar entre auditorías programadas, iniciadas, concluidas y solventadas, además de mostrar los montos observados y recuperados. También tendrá que proteger los datos relacionados con investigaciones en curso sin ocultar la existencia y evolución general de los procedimientos.

Las reservas ya requieren justificación

Sheinbaum aseguró que el decreto eliminará la posibilidad de que una persona servidora pública determine discrecionalmente qué información se publica y cuál se reserva.

La afirmación requiere contexto. La legislación vigente ya establece que las reservas deben analizarse caso por caso y someterse a una prueba de daño. El sujeto obligado debe demostrar que la divulgación representa un riesgo real e identificable, que ese riesgo supera el interés público y que la reserva constituye la medida menos restrictiva.

Los artículos 102 al 113 de la Ley General de Transparencia también disponen que los comités de transparencia deben confirmar, modificar o revocar las clasificaciones. Cuando un documento contenga solamente algunas partes reservadas, debe elaborarse una versión pública.

El decreto, según lo anunciado, simplificará y precisará los criterios correspondientes a las 17 causales de reserva relacionadas con interés público y seguridad nacional. Su efecto podría consistir en reducir interpretaciones divergentes entre dependencias, pero será necesario revisar los lineamientos para saber cómo se aplicarán.

El nuevo modelo posterior al INAI

El anuncio ocurre bajo la arquitectura institucional creada después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La reforma constitucional de diciembre de 2024 extinguió al INAI y distribuyó sus funciones entre nuevas autoridades garantes. Desde marzo de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno administra la PNT, mientras que el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo conoce los recursos correspondientes al ámbito del Poder Ejecutivo federal.

La nueva legislación mantuvo la posibilidad de presentar solicitudes, recursos de revisión y denuncias por incumplimiento mediante la plataforma. El decreto legal publicado en marzo de 2025 también establece que las resoluciones desfavorables para las personas solicitantes pueden impugnarse mediante juicio de amparo.

Este contexto institucional es relevante porque la apertura no depende únicamente de aumentar el volumen de documentos disponibles. También exige mecanismos eficaces para corregir omisiones, cuestionar reservas y obligar a las dependencias a cumplir.

Estados y municipios podrán sumarse

El decreto estará dirigido a las dependencias y entidades del Gobierno federal. Para los estados, municipios y otros poderes, el comunicado plantea una invitación a incorporar medidas equivalentes.

La participación de esas autoridades requerirá acuerdos, lineamientos o modificaciones normativas dentro de sus respectivas competencias. El anuncio presidencial, por sí mismo, no sustituye las obligaciones y procedimientos que corresponden a los poderes Legislativo y Judicial ni a los gobiernos locales.

Una homologación nacional podría facilitar que la ciudadanía consulte información con formatos semejantes, aunque tendrá que respetar la distribución constitucional de facultades.

“Transparencia total”, un compromiso sujeto a evaluación

La publicación mensual de contratos, el seguimiento de auditorías y la apertura de información sobre Pemex y CFE pueden facilitar el trabajo de periodistas, organizaciones civiles, empresas y ciudadanía interesada en vigilar el ejercicio del presupuesto.

Sin embargo, la expresión “transparencia total” representa por ahora un compromiso gubernamental y no un resultado comprobable. La evaluación deberá comenzar cuando el decreto sea publicado, concluya el plazo de actualización y aparezcan los primeros reportes mensuales.

Entonces podrá verificarse si los documentos están completos, si las bases pueden descargarse en formatos abiertos, si las modificaciones contractuales son visibles y si las reservas se encuentran debidamente justificadas.

El volumen de información será importante, pero el criterio decisivo será su calidad: datos oportunos, comparables, comprensibles y suficientes para seguir el destino de los recursos públicos.

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Santiago de Querétaro, Qro., 4 de julio de 2026.— La crisis eléctrica en Querétaro dejó de ser una molestia doméstica para convertirse en un reclamo político. Desde la tribuna del Congreso local, el diputado Enrique Correa Sada exigió a la Comisión Federal de Electricidad asumir su responsabilidad ante las fallas en el suministro, variaciones de voltaje y apagones que, dijo, afectan a miles de familias, trabajadores, comercios y empresas en la entidad.

El legislador no habló solo de cifras ni de diagnósticos técnicos. Llevó al Pleno testimonios concretos: familias que modifican sus rutinas por falta de voltaje, personas que pierden electrodomésticos por descargas eléctricas y comunidades donde la energía llega, pero no siempre alcanza para vivir con normalidad.

Porque una cosa es decir “hubo variación de voltaje” y otra muy distinta es tener que levantarse a las cuatro de la mañana para poder usar una lavadora.

Ese fue uno de los casos que Correa presentó desde tribuna. Relató la historia de Alicia, habitante de la comunidad de Cerro de la Cruz, quien —según el diputado— debe madrugar todos los días para lavar ropa, porque solo a esa hora el voltaje de la red es suficiente para encender el aparato.

También expuso el caso de Patricia, quien habría perdido su refrigerador luego de que el motor se quemara tras una fuerte descarga eléctrica.

Ahí está el rostro cotidiano de la crisis energética: no es solo que se vaya la luz; es que se descompone el refrigerador donde una familia guarda comida, se detiene el negocio, se altera el descanso, se pierden medicamentos refrigerados, se afectan tareas escolares y se rompe la vida diaria.

“Dejen de evadir su responsabilidad”: el mensaje a CFE y Morena

Durante su intervención, Enrique Correa acusó a legisladores de Morena de intentar negar la realidad que viven familias y empresas queretanas.

“Es increíble que hoy nuestros compañeros de Morena no quieran reconocer la realidad de lo que está viviendo nuestra entidad. La culpa y la responsabilidad energética es de la Comisión Federal de Electricidad; dejen de evadir su responsabilidad y dejen de culpar a otros de lo que les toca”, señaló desde tribuna.

La frase instala el debate en dos niveles. El primero es técnico: la CFE debe responder por la calidad y continuidad del servicio eléctrico. El segundo es político: los partidos están disputando quién carga con el costo público de los apagones.

Pero para la ciudadanía, la discusión partidista sirve de poco si el foco no prende.

Ese es el riesgo de convertir una falla de servicio en pleito ideológico: que el problema real se pierda entre acusaciones. La gente no necesita que PAN y Morena se repartan culpas en tribuna; necesita saber cuándo se resolverá la baja tensión, qué zonas están afectadas, qué infraestructura se va a reforzar y cómo se atenderán los daños patrimoniales.

La electricidad ya es infraestructura de supervivencia diaria

Durante décadas, hablar de electricidad podía parecer un tema técnico, reservado a ingenieros, subestaciones, transformadores y redes de distribución. Hoy ya no.

La electricidad sostiene prácticamente todo: refrigeración de alimentos, bombas de agua, seguridad, internet, comercios, herramientas de trabajo, cajeros, semáforos, escuelas, hospitales, talleres, fábricas, iluminación pública y comunicación.

Cuando falla la luz, no solo se apaga una casa. Se apaga una parte de la economía familiar.

Una tienda pierde ventas. Una estética no puede trabajar. Un refrigerador quemado representa miles de pesos imposibles de reponer para muchas familias. Una empresa con interrupciones de suministro pierde productividad. Un trabajador que depende de herramientas eléctricas queda detenido. Una persona enferma que necesita equipo o medicamento refrigerado queda en riesgo.

Por eso, cuando Correa habla de “miles de familias y empresas”, el asunto no debe leerse como exageración política, sino como una advertencia sobre el papel central que tiene la energía en la vida cotidiana de Querétaro.

Querétaro crece; la red también debe crecer

Querétaro es uno de los estados donde el crecimiento urbano, industrial y habitacional ha presionado con fuerza los servicios básicos. La demanda de energía ya no responde solo al consumo doméstico tradicional. También está empujada por parques industriales, nuevos desarrollos, comercios, movilidad, tecnologías, oficinas, refrigeración, infraestructura digital y expansión metropolitana.

Una ciudad que crece sin reforzar su infraestructura eléctrica termina pasando factura en las comunidades.

El problema no necesariamente se expresa solo como apagón total. Muchas veces aparece como baja tensión, fallas intermitentes, variaciones, equipos que no arrancan, luces que parpadean, motores que se queman o zonas donde el servicio funciona a medias.

Eso lo hace más difícil de documentar, pero no menos grave.

Para la ciudadanía, la pregunta es directa: si Querétaro presume inversión, industria, crecimiento y competitividad, ¿por qué hay familias que tienen que organizar su vida alrededor de la hora en que “sí alcanza” el voltaje?

CFE debe responder, pero el seguimiento local también importa

La CFE tiene una responsabilidad central en la prestación del servicio eléctrico. Sin embargo, el problema requiere seguimiento institucional más amplio.

El Congreso puede exhortar, exigir y presionar. Los municipios pueden documentar afectaciones, levantar reportes, canalizar casos y acompañar a comunidades. El gobierno estatal puede coordinar mesas técnicas, revisar impactos productivos y exigir soluciones de infraestructura donde existan cuellos de botella.

La electricidad es federal, pero sus fallas se viven en territorio local.

Por eso no basta con decir que “le toca a CFE” y cerrar la conversación. Sí, CFE debe responder. Pero las autoridades locales también tienen que hacer su parte: mapear zonas afectadas, transparentar reportes, dar seguimiento, informar a la ciudadanía y evitar que el reclamo se diluya entre oficinas.

La exigencia de Correa puede abrir una ruta útil si se convierte en seguimiento real y no solo en posicionamiento de tribuna.

¿Quién paga los daños?

Uno de los puntos más sensibles es el daño a electrodomésticos y equipos. Cuando una descarga o variación de voltaje quema un refrigerador, una pantalla, una lavadora o equipo de negocio, la afectación no es abstracta.

Para una familia, perder un refrigerador puede significar perder alimentos, endeudarse o pasar meses sin poder reponerlo. Para un pequeño comercio, puede significar perder mercancía. Para una empresa, puede implicar paros o reparaciones costosas.

La pregunta ciudadana es inevitable: si el daño viene de una falla del servicio, ¿quién responde?

CFE cuenta con procedimientos para reclamaciones por daños, pero muchas personas no saben cómo iniciarlos, qué pruebas deben presentar, en qué plazo hacerlo o qué posibilidades reales tienen de recibir reparación.

Ahí hay otra tarea pública: informar. No basta con pedir paciencia. Las familias afectadas necesitan rutas claras para reportar fallas y reclamar daños cuando correspondan.

El reclamo no debe apagarse

Enrique Correa afirmó que mantendrá la exigencia hasta que las autoridades federales implementen una solución definitiva.

“Esperamos que la Comisión Federal de Electricidad tome cartas en el asunto y no sigan haciendo, como hasta ahora lo han hecho, oídos sordos al reclamo”, concluyó.

Su mensaje conecta con una molestia que puede crecer: cuando los servicios fallan y la ciudadanía siente que nadie escucha, el enojo se acumula.

Los apagones no solo cortan electricidad. También cortan confianza.

Una autoridad puede explicar fallas técnicas. Puede informar sobre mantenimiento. Puede reconocer saturación. Puede presentar calendario de obras. Puede habilitar canales de atención. Puede asumir errores. Lo que no puede hacer es guardar silencio.

Porque el silencio, en medio de una crisis de servicios, se siente como abandono.

La luz como termómetro político

Querétaro ya vive varias discusiones urbanas al mismo tiempo: lluvias, drenaje, venta de predios, movilidad, crecimiento inmobiliario, seguridad, agua y ahora energía eléctrica.

Todas se conectan en una idea: la ciudad está creciendo y sus servicios están siendo puestos a prueba.

La energía eléctrica es uno de los termómetros más claros de esa presión urbana.

Cuando la red falla, no solo aparece un problema técnico. Aparece una pregunta política: ¿la infraestructura está creciendo al ritmo de la ciudad? ¿Las instituciones están coordinadas? ¿Hay inversión suficiente? ¿Las comunidades más alejadas reciben la misma atención que las zonas empresariales? ¿El desarrollo se está planeando con servicios reales o solo con permisos?

Correa llevó el tema a tribuna con una exigencia fuerte a CFE. Ahora corresponde que esa exigencia produzca respuestas medibles.

No basta con que el Congreso reclame. No basta con que CFE reciba exhortos. No basta con que Morena y PAN se acusen mutuamente.

La ciudadanía necesita algo más simple y más importante: que la luz funcione.

Porque al final, la crisis energética no se mide en discursos.

Se mide en la señora que madruga para lavar.
En el refrigerador que se quemó.
En el negocio que cerró temprano.
En la familia que se quedó sin servicio.
En la empresa que detuvo producción.
En la comunidad que siente que nadie escucha.

Y cuando la luz falla tantas veces, lo que termina apagándose no es solo una red eléctrica: es la paciencia ciudadana.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 24 de junio de 2026.— México colocó sobre la mesa una de sus apuestas energéticas más ambiciosas de las últimas décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Crecimiento de Energías Renovables, con el que el país incorporará hacia 2030 32 mil megawatts de nueva capacidad eléctrica, de los cuales el 70% provendrá de fuentes renovables.

El anuncio no se limita a una expansión técnica del sistema eléctrico. La apuesta federal combina transición energética, soberanía nacional, reducción de dependencia del gas natural importado y fortalecimiento del papel del Estado en la generación eléctrica. En otras palabras: México busca crecer energéticamente sin entregar el timón estratégico de su matriz eléctrica.

Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, Sheinbaum calificó el plan como un hecho “histórico” y “único”, al señalar que por primera vez se impulsan proyectos de esta magnitud con una mayoría de nueva capacidad basada en energías renovables.

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts —es algo histórico— en seis años, cinco años, ahora, y el 70 por ciento de ellos son renovables”, sostuvo la mandataria.

La presidenta afirmó que esta ruta permitirá que, hacia 2030, disminuya el consumo de gas natural y aumente la generación eléctrica limpia. El dato tiene una lectura geopolítica: importar menos gas no solo reduce vulnerabilidad energética, también fortalece la capacidad de decisión del país frente a mercados externos.

“Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural”, puntualizó Sheinbaum.

El Gobierno federal sostiene que el cambio de matriz energética permitirá reducir el consumo de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural, asociados a emisiones contaminantes, afectaciones a la salud y gases de efecto invernadero. La transición, en este sentido, se presenta no solo como política energética, sino como política ambiental y sanitaria.

Sheinbaum agregó que las energías renovables han reducido de manera importante sus costos de inversión a nivel mundial, lo que las vuelve indispensables para cambiar la matriz energética del país. “Que dejemos de consumir combustibles fósiles y aumentemos las energías renovables”, expresó.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que los 32 mil MW adicionales contemplan una inversión de 739 mil millones de pesos. Del total, 42.6% será mediante esquema mixto, 36.6% con recursos propiosy 20.8% con participación privada.

Uno de los puntos políticamente más relevantes del plan es que, al final del sexenio, se prevé mantener la prevalencia del Estado con 61% de la generación eléctrica total. La transición energética, bajo este modelo, no se plantea como una privatización verde, sino como una expansión renovable con rectoría pública.

De acuerdo con González Escobar, la meta para 2030 es que 38% de la energía se genere con fuentes renovables. Para lograrlo, se proyecta incrementar en 140% la generación fotovoltaica, en 90% la geotérmica, en 70% la eólica y en 18% la hidroeléctrica mediante mantenimiento de centrales.

La funcionaria detalló que actualmente están en proceso 50 plantas fotovoltaicas, equivalentes a 7 mil 859 MW, y 17 centrales eólicas, con 4 mil 701 MW. Además, están por asignarse 2 mil 159 MW adicionales. Con esta estrategia, el Gobierno federal estima evitar 69 millones de toneladas de CO2 en 2030.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, presentó dos proyectos emblemáticos de la transición energética. El primero es Oasis, en el Sistema Eléctrico Mulegé, Baja California Sur, que combinará energía solar, almacenamiento con baterías e hidrógeno verde.

El proyecto Oasis contempla una central fotovoltaica de 72 MW, un sistema de baterías de 20 MW y almacenamiento de hidrógeno verde en celdas de combustible. La iniciativa beneficiará a 40 mil hogares, producirá 120 metros cúbicos de agua destinados a la población y evitará la emisión de 94 mil 389 toneladas de CO2.

El segundo proyecto es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora. Una vez concluidas sus cuatro etapas, alcanzará una capacidad total de mil MW, lo que la convertiría en la central fotovoltaica más grande de América.

La planta de Puerto Peñasco contará además con sistemas de almacenamiento mediante baterías por 246 MW y una inversión total superior a mil 400 millones de dólares. El almacenamiento es clave: sin baterías, la energía solar enfrenta límites para responder a la demanda cuando no hay radiación suficiente.

El plan federal también abre una conversación de fondo sobre el tipo de transición energética que México quiere construir. No basta con producir electricidad limpia; el desafío es garantizar que esa energía sea suficiente, accesible, estable, soberana y territorialmente justa.

En un país con regiones aisladas, zonas industriales en expansión y una demanda eléctrica creciente, la transición energética tendrá que resolver una ecuación compleja: más generación, menos emisiones, menor dependencia externa, tarifas sostenibles, justicia social y confiabilidad del sistema.

La apuesta de Sheinbaum coloca a la CFE en el centro del nuevo mapa energético. Si el plan se ejecuta con capacidad técnica, transparencia y continuidad, México podría acelerar su entrada a una era donde la soberanía ya no dependa solo de hidrocarburos, sino también del sol, el viento, la geotermia, el agua y la tecnología de almacenamiento.

El reto será monumental: construir, financiar, conectar y operar infraestructura suficiente en menos de una década. Pero el mensaje político ya fue lanzado: la transición energética mexicana no quiere ser solo verde; quiere ser pública, soberana y socialmente útil.

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Por Redacción LYPmultimedios | Sociedad e Infraestructura

CIUDAD DE MÉXICO (17 de junio de 2026). – El Gobierno Federal ha pisado el acelerador en su agenda de infraestructura social. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó su conferencia matutina a presumir un corte de caja enfocado en tres pilares de lo que denomina “justicia social”: acceso a la electricidad, salud de vanguardia y vivienda digna.

El anuncio más ambicioso de la jornada corrió a cargo del sector energético. Aunque México cuenta actualmente con una cobertura eléctrica del 98.5%, el gobierno se ha propuesto erradicar la oscuridad en las zonas rurales más marginadas del país. A través del nuevo Programa de Justicia Energética, la meta es alcanzar el 99.99% de electrificación para el año 2028.

Para lograr esta hazaña territorial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por Emilia Esther Calleja, desplegará más de 45 mil obras con una inversión superior a los 21 mil 377 millones de pesos.

“Las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”, destacó Sheinbaum. El plan dará prioridad absoluta a los pueblos originarios, destinando cientos de millones de pesos a planes de justicia específicos en la Sierra Tarahumara, San Quintín, Michoacán y para el Pueblo Seri.

Xoco: Salud pública con tecnología de ciencia ficción

Mientras en la sierra se instalan postes y cableado, en el corazón de la Ciudad de México la justicia social tomó forma de tecnología médica de primer mundo.

A través de un enlace en vivo, la Jefa del Ejecutivo inauguró la Unidad de Emergencias del Hospital General de Xoco(ahora bajo el modelo IMSS Bienestar), catalogada oficialmente como la más grande y avanzada de toda América Latina.

Este nuevo Centro de Innovación Quirúrgica rompe con el estigma de las carencias en la salud pública. Sus instalaciones operarán de manera 100% gratuita y están equipadas con el primer tomógrafo móvil de América Latina (capaz de hacer reconstrucciones 3D en tiempo real en plena cirugía) y un microscopio especializado para neurocirugía impulsado por Inteligencia Artificial.

Vivienda: El motor en Puebla

Finalmente, la pinza de los anuncios matutinos cerró con el derecho a un techo. Como parte de la estrategia “Miércoles de Vivienda”, Sheinbaum encabezó a distancia la entrega de 96 casas en el desarrollo Lomas de San Miguel, en Puebla, operado por el Infonavit.

Esta entrega es solo el arranque de una maquinaria masiva en la entidad poblana, donde el Gobierno Federal proyecta construir 75 mil nuevas viviendas durante el sexenio. Con una inyección de 44 mil 632 millones de pesos, este proyecto no solo dará hogar a 35 mil familias poblanas, sino que detonará más de 100 mil empleos directos en la industria de la construcción local.

Con estos tres frentes abiertos, la administración de Sheinbaum busca demostrar que el desarrollo del país puede caminar en dos vías: llevando los servicios más básicos a las comunidades olvidadas y, simultáneamente, dotando de tecnología médica de élite a las clases trabajadoras de la ciudad.

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Por Redacción LYPmultimedios | Sociedad y Municipios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (10 de junio de 2026). – El deficiente suministro de energía eléctrica en el semidesierto queretano ha dejado de ser una simple molestia para convertirse en una verdadera crisis de servicios básicos. Ante las quejas generalizadas de miles de familias, la diputada local del Distrito XII, Sully Mauricio Sixtos, lanzó un enérgico exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que detenga los constantes apagones en Pedro Escobedo y Tequisquiapan.

Durante las últimas semanas, la intermitencia en el servicio ha colapsado la vida cotidiana y la actividad económica de la región. La legisladora advirtió que la inacción de la paraestatal está generando un efecto dominó que golpea directamente el bolsillo y el bienestar de los ciudadanos.

Daños colaterales: Sin luz, no hay agua potable

El análisis de las afectaciones revela un panorama preocupante. El daño más grave de estos apagones no es solo la oscuridad, sino el paro forzoso de los sistemas de bombeo de los pozos, lo que ha provocado severos problemas de desabasto de agua potable en diversas comunidades de ambos municipios.

A esto se suma el golpe económico a los pequeños y medianos comercios, quienes han reportado la pérdida de alimentos perecederos por la falta de refrigeración. Aún más alarmante, la legisladora destacó el riesgo inminente para aquellas personas y adultos mayores que dependen de equipos médicos conectados a la corriente para su supervivencia diaria.

CFE: Sin soluciones de fondo y en silencio

Sully Mauricio no solo exigió que se acelere el mantenimiento y el fortalecimiento urgente de la infraestructura eléctrica, sino que puso el dedo en la llaga sobre otro gran problema de la CFE: la falta de empatía y comunicación con los usuarios.

La diputada demandó a la dependencia federal establecer mecanismos de información eficientes, para que la ciudadanía reciba avisos preventivos claros y oportunos antes de que ocurran los cortes, permitiendo a negocios y familias prepararse.

“Las familias tienen derecho a contar con un servicio eficiente y a recibir información clara cuando ocurran fallas. Seguiré acompañando las demandas ciudadanas y gestionando soluciones hasta que existan respuestas concretas para Pedro Escobedo y Tequisquiapan”, sentenció Mauricio Sixtos.

La exigencia está sobre la mesa. Ahora, los habitantes de la región esperan que la Comisión Federal de Electricidad responda con cuadrillas de mantenimiento y no con más recibos de cobro puntuales por un servicio deficiente.

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Ciudad de México, noviembre de 2025.– En el marco de la comparecencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ante la Comisión de Energía del Senado, la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, presidenta de dicha comisión, destacó que México avanza con paso firme hacia un nuevo modelo energético que prioriza la soberanía nacional, la sustentabilidad y el bienestar social.

Robles Gutiérrez subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado ha recuperado su papel rector en materia energética, fortaleciendo a las empresas públicas CFE y PEMEX como pilares del desarrollo nacional. “La Cuarta Transformación ha devuelto al Estado el control de sus recursos y con ello la capacidad de construir justicia social y desarrollo sostenible”, afirmó.

Durante su intervención, la secretaria Luz Elena González presentó un balance de los avances en el sector, destacando que la CFE ya genera más del 72 % de la electricidad del país, mientras que PEMEX mantiene una producción promedio de 1.63 millones de barriles diarios, logros que —dijo la senadora— son prueba del éxito de una política energética soberana y planificada.

Beatriz Robles reconoció el trabajo de la Secretaría de Energía por encabezar una transición justa que combina eficiencia, sustentabilidad y justicia social, al tiempo que hizo un llamado a mantener el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para consolidar el proceso transformador.

“La soberanía no se decreta, se construye con planeación, inversión y visión de Estado. La energía de México no es solo un recurso material, es una fuerza moral que nos une como nación”, concluyó la legisladora morenista.

📍 Con esta visión, México busca encender con luz propia una nueva era de desarrollo energético y bienestar nacional.

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“Este informe no es solo una rendición de cuentas, es una oportunidad para construir alianzas que nos permitan trabajar por un mejor Querétaro y un mejor México”, expresó Dorantes durante la mesa de diálogo celebrada en el Club de Industriales.

En el encuentro participaron representantes de CANACO, COPARMEX, CANACINTRA, el Club de Industriales, la Cámara de la Industria de la Construcción y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Los asistentes abordaron temas estratégicos como la necesidad de mayor participación ciudadana, la creación de incentivos para empresas ahorradoras de agua, y un rediseño operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para responder con eficiencia a las demandas del sector residencial y productivo.

Uno de los puntos más sensibles fue la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Al respecto, Dorantes señaló: “Estoy trabajando con la Asociación Nacional de Migrantes en una propuesta legislativa y una estrategia de acompañamiento. La posición del PAN es clara: apoyar al Gobierno Federal en la negociación con Estados Unidos para lograr mejores condiciones para nuestros connacionales”.

El senador también subrayó la importancia de que los organismos ciudadanos asuman un rol más activo para contrarrestar tendencias de concentración del poder federal y garantizar un sistema democrático más equilibrado.

Alfredo Sahagún Sánchez, presidente de CANACINTRA Querétaro, destacó la disposición del legislador para fomentar el debate y su capacidad para generar consensos: “Es importante que existan espacios como este, donde el intercambio de ideas se convierte en políticas públicas tangibles”.

Dorantes concluyó su mensaje reiterando que este tipo de ejercicios no deben ser excepcionales, sino parte del compromiso continuo entre legisladores, empresarios y sociedad civil para encarar juntos los desafíos que enfrenta Querétaro.

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Las leyes que serán enviadas al Congreso de la Unión incluyen:
✅ Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos
✅ Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad
✅ Ley de Planeación y Transición Energética
✅ Ley del Sector Eléctrico
✅ Ley del Sector Hidrocarburos
✅ Ley de la Comisión Nacional de Energía

Recuperación de la soberanía y justicia energética

Sheinbaum enfatizó que estas leyes sustituyen por completo las reformas aprobadas en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las cuales privatizaron gran parte del sector energético y limitaron la rectoría del Estado en materia de electricidad e hidrocarburos.

“Estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México y garantizando la justicia energética. Ahora, CFE y Pemex son reconocidas nuevamente como empresas públicas de la nación, asegurando energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país”, destacó la mandataria.

La nueva legislación establece un esquema de inversión privada regulada y transparente, permitiendo una participación de hasta 46% en el sector eléctrico, sin los mecanismos de privatización que marcaron las reformas anteriores.

Plan de inversión histórica para la CFE

Sheinbaum anunció además un Plan de Inversión sin precedentes para fortalecer la generación, transmisión y distribución de electricidad en México, con un monto total de 23,400 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:
🔹 12,300 mdd para la generación de 13,000 megawatts
🔹 7,500 mdd para la transmisión de energía
🔹 3,600 mdd para la distribución de electricidad

Este plan permitirá garantizar la estabilidad energética del país y la implementación del Plan México, impulsando el desarrollo industrial y la atracción de inversiones con un suministro eléctrico confiable y accesible.

Un cambio trascendental en la política energética

La Presidenta subrayó que estas reformas no solo revierten las modificaciones aprobadas en 2013, sino también aquellas implementadas desde 1992, consolidando un nuevo modelo energético que refuerza la independencia del sector y blinda a la CFE y Pemex de futuras privatizaciones.

“Estas reformas colocan a México en una nueva era energética, con reglas claras, inversiones estratégicas y un enfoque en la soberanía nacional. Hoy, el sector vuelve a estar al servicio del pueblo, no de intereses privados”, concluyó Sheinbaum.

Con esta decisión, el Gobierno de México reafirma su compromiso con una política energética que garantice electricidad y combustibles a precios justos, impulsando el desarrollo con una visión sustentable y socialmente responsable.

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